domingo, 15 de julio de 2012

Braga, el primer indagado por la represión en Jujuy, dijo que en 1976 "desconocía" la situación

El acusado en la causa por el secuestro y asesinato del estudiante Julio Rolando Alvares García, Mariano Braga, buscó hoy desligarse del Area 323 de la represión en Jujuy, en la primera indagatoria del juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en esta provincia durante la ultima dictadura.

Braga afirmó que sólo desempeñaba funciones "administrativas" como auxiliar del jefe del Area 323, el coronel Carlos Bulacios, en "la atención a familiares" de presos políticos y detenidos desaparecidos, a la vez que definió como "técnico" su cargo de jefe de inteligencia en el GAM 5, una de las dos unidades del Ejército en Jujuy.

Según dijo, cómo oficial de inteligencia se dedicaba en 1976 a mediciones topográficas, cartografía y otras actividades para "adquirir blancos" hipotéticos de la artillería, y que en los ratos libres era además el bibliotecario de su unidad.

"Desconozco", "jamás supe" y expresiones similares repitió una y otra vez el acusado, en su declaración de casi seis horas, cada vez que fiscales y querellantes le preguntaron sobre la represión terrorista de Estado y se escudó en que era "sólo un teniente".

Sobre el centro clandestino de detención de Guerrero, en el sudoeste provincial, aseveró que supo de su existencia sólo después del retorno a la democracia pero que en 1976, al hacer cortes de ruta, le había llamado la atención la cantidad de vehículos de Gendarmería y de la empresa Ledesma que circulaban por sus inmediaciones.

"Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba gendarmes" desde Guerrero, relató en el juicio que unificó cinco causas, dos de las cuales implican a esa empresa del grupo económico que encabeza Carlos Blaquier, citado a inadagatoria.

También aludió a una "mala relación con Bulacios" y agregó sobre el jefe de la represiva Area 323, ya fallecido: "era, en sentido figurado, dueño de vidas y haciendas en Jujuy. Le teníamos miedo".

Braga sostuvo que las preguntas que le formularon fiscales y querellantes debían haberlas respondido jefes de la represión como el propio Bulacios o Antonio Domingo Bussi, jefe de la V Brigada en Tucumán, de quien dependía el Area 323 de Jujuy, entre otras.

"Ustedes tienen el obstáculo insalvable de los que se murieron", dijo a sus acusadores.

Braga es acusado en la primera causa que se juzgará en Jujuy y la única con una sola víctima, el dirigente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Alvarez García, en la que está imputado por privación ilegítima de la libertad y homicidio, entre otros delitos.

"Lo más interesante de la indagatoria de Braga va a ser analizarla con los testigos que vienen después", dijo Ariel Ruarte, abogado de Inés Peña, la esposa de Julio Rolando Alvarez García y querellante en la causa.

Ruarte consideró que Braga intentó "desvirtuar lo que, por medio de testimonios durante la instrucción, se pudo establecer claramente".

"Estamos abocados a presentarle al Tribunal mediante testigos lo que fue la verdad real, con el fin de que podamos lograr lo que es el fin de esta causa que, aunque lenta, es poder aportar al esclarecimiento de lo que pasó con Alvarez García".

El letrado prefirió no hablar de los testimonios que serán ofrecidos en el debate pero recordó que, en la etapa instructoria, los testigos "han ubicado a este hombre en una posición muy diferente a la que habla él, en un sitio de poder" en el aparato represivo.

Sobre la afirmación de Braga de que estaba en Buenos Aires con licencia especial cuando fue secuestrado y asesinado Alvarez García, en torno al 21 de agosto de 1976, Ruarte dijo que, en la instrucción, "existen claros testimonios que lo ubican en Jujuy".

"Estamos convencidos de que, lo que para nosotros es la verdad real, va a ser así considerada por el Tribunal al final del proceso", concluyó el abogado de Inés Peña.

Después de Braga declaraba esta tarde por videoconferencia desde un hospital el acusado Antonio Vargas, quien integró un Grupo de Tareas del Ejército en Jujuy durante el terrorismo de Estado, y posteriormente lo hará Inés Peña, la primera testigo de la acusació.

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