Organismos de derechos Humanos denuncian una psicosis generalizada en Ledesma por los delitos de lesa humanidad y se presentó un habeas corpus para proteger a testigos.
Familiares, madres e hijos de desaparecidos, revelaron una campaña mediática de la Empresa que dirige Carlos Blaquier, tendiente a amedrentar a la sociedad de Libertador General San Martín, actuando contra testigos de las distintas causas por delitos de lesa humanidad que ventila el Tribunal Oral N° 2.
También se confirmó la presentación de un recurso de Habeas Corpus, tendiente a que la justicia proteja los testigos claves de la causa Ledesma y la Noche del Apagón, que también estarían siendo amenazados y amedrentados de distinta maneras.
En conferencia de prensa brindada en la Sede del INADI, Inés Peña, Eva Arroyo y dirigentes de organismo de derechos humanos, pusieron en conocimiento de la sociedad los distintos métodos que utiliza la gente de Blaquier para culpar a estas entidades por la “psicosis” generalizada que hay en Ledesma, con temor a la pérdida de fuentes laborales, presiones a entidades públicas, etcétera.
“Estamos preocupados por la campaña de la empresa Ledesma, contra nuestros principios y nuestros postulados como organismo de Derechos Humanos, de Verdad, Memoria y Justicia, que hace 36 años venimos sosteniendo. Hay una sola voz, la de este empresario poderoso y las voces nuestras que están acalladas, porque tiene tanto poder que ha comprado medios, compra el espacio público, campañas de amedrentamiento y desinformación a la población” resaltó Inés Peña.
“También pretende negar un hecho tan importante y tan doloroso y costoso para los organismos, como ha sido la noche del apagón. No tenemos recursos como para sacar una solicitada, como hace la empresa, por eso es que recurrimos a este medio para informar”, agregó Peña.
Eva Arroyo, aclaró que “se está dando una situación de manipulación bastante importante, específicamente en Libertador General San Martín. Consiste, en la vieja extorsión de la posibilidad de quedarse sin trabajo. Eso obviamente a las personas que se han criado en ese lugar, tiene una representación especial, se sienten como contrariadas en el contexto que se está dando en relación a los juicios”.
Reclamó Arroyo que Blaquier rinda cuenta en el lugar donde se cometieron los hechos y no desde Buenos Aires, porque demostró tener un buen estado de salud. “Si él habla tanto de la paz y la reconciliación, que deje que la justicia actúe y que no esté hostigando, alentando a la gente que vive allí y que depende de la empresa, alimentando el odio como lo alimentan él y deje que la justicia transite por los caminos que tenga que transitar.
Insistió Arroyo en que Blaquier tiene que venir a declarar a Jujuy. “Nosotros queremos que venga aquí a declarar, porque tuvo la capacidad de venir hace dos días atrás a hacer una conferencia de prensa en Ledesma. Entonces, si no está enfermo puede venir a Jujuy. Para venir aquí a declarar está enfermo y hay falta de seguridad. Para dar una conferencia de prensa no” sostuvo.
También se pidió que se investigue y se sancione al Dr. Olivera Pastor, el ex juez que tenía en su mano las causas de lesa humanidad y que demoró los juicios por más de siete años.
Finalmente resaltaron su preocupación por la seguridad de los compañeros que deben declarar por la causa Ledesma. “Estuvimos conversando y la mayoría de las víctimas y sobrevivientes están siendo amedrentados, amenazados y están como creando un clima de hostilidad y psicosis contra cualquier persona. Con tanto bombardeo mediático, están creando un clima de psicosis, contra cualquier compañero militante de derechos humanos” sostuvieron Peña y Arroyo.
El Dr. Ariel Ruarte, con respecto a la presentación del Habeas Corpus para proteger a los testigos, dijo que “Presentamos hoy en horas de la mañana en el juzgado del Dr. Poviña un habeas Corpus destinado a proteger a las personas que están siendo víctimas de acoso y persecución. Tratamos de lograr un nivel de tranquilidad que para nosotros es muy necesario porque estamos en la búsqueda de la verdad real.
Consideró que “la idea es tratar de dar una cierta protección jurídica a las personas que nosotros estamos interesados que no sufran las consecuencias de esta presión, que se está provocando de parte del sector empresarial de Ledesma”.
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