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martes, 11 de septiembre de 2018

Juicio represión Mina El Aguilar e Ingenio Ledesma

Testimonios de Fausto Calapeña, Luis Escalante y Mercedes Zalazar. 

Fausto Calapeña contó que fue detenido el 24 de marzo de 1976 en sección Molino. Se desempeñaba como delegado del Sindicato de Obreros de Mina El Aguilar (SOMA). La policía se presentó en su trabajo y le informó que quedaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Lo llevaron a la comisaría del Aguilar y luego tres gendarmes lo trasladaron a San Salvador de Jujuy, donde tuvo un paso fugaz por el Regimiento 20 y posteriormente quedó alojado en el penal de Gorriti. Allí recibió maltratos y al momento de interrogarlo, le preguntaron si tenía que ver con las brigadas rojas, si militaba en algún partido político, por el Aguilarazo y Avelino Bazán. En la cárcel, le hicieron firmar su despido de la empresa. Señaló a López y Arzuaga, gerentes de la mina, como responsables de confeccionar listas de personas a detener. Al momento de su liberación en septiembre de 1976, le advirtieron que no participara ni siquiera en un club de barrio.

Luis Víctor Escalante fue detenido entre la noche del 20 de julio de 1976,” Noche del Apagón”, luego de terminar su jornada laboral en la empresa Ledesma. Declaró que mientras volvía a su casa, Virgilio Choffi le preguntó qué hacía y a dónde iba, que Cachambe trabajaba para la policía de la provincia y que ambos eran agentes de la comisaría de Calilegua. Esa noche la policía ingresó a su domicilio y lo llevó a la comisaría de Calilegua para luego ser trasladado a Ledesma. Posteriormente pasó por el CCD de Guerrero, la Central y el penal de Gorriti. Lo golpearon brutalmente y le hicieron firmar papeles en blanco. Fue trasladado a La Plata y estuvo en Coordinación Federal. Luego de que le negaran el exilio, Bulgheroni lo fue a ver a ese lugar para decirle que estaba en libertad. Fue liberado el 9 de julio de 1978 a medianoche.

Mercedes Zalazar era militante de la Juventud Peronista, cuando supo que su ex novio, Francisco Gallardo, estaba detenido en Ledesma, se subió a un taxi que la llevó hasta la comisaría 24 de esa localidad porque quería saber de él. Allí, fue detenida ilegalmente por el Crio. Lezcano en mayo de 1975, a quien Mercedes responsabilizó por los tormentos y delitos sexuales cometidos contra su persona. Al día siguiente, la trasladaron a la comisaría 9na. de San Pedro donde permaneció unos días y desde ahí, a la central de policía de San Salvador, donde la identificaron y sacaron fotos. Seguidamente, la transfirieron a la cárcel El Buen Pastor, donde estuvo hasta noviembre de 1975 cuando la llevaron hacia Gorriti. En el penal estuvo sola en una celda del pabellón 4 que fue un lugar que improvisaron para mujeres. La testigo víctima señaló Singh y a Lucero como jefes de seguridad, a Mario Marcelo Gutiérrez, a Gallo y al Alférez Pérez como los que hacían las guardias por turnos en el pabellón. Contó que Singh amenazó a Sara Murad, que Ricardo Ortiz era el nexo entre el RIM 20 y el penal y que el otro hermano, Carlos Ortiz, también estuvo en el lugar. En 1976, la trasladaron en avión hacia Devoto (Buenos Aires) donde continuaron las torturas hasta el año 1979 cuando finalmente recuperó su libertad.  (Fuente: elsubmarinojujuy)

jueves, 28 de junio de 2018

Comienza juicio por la represión fabril en Mina Aguilar e Ingenio Ledesma

Víctimas sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos por el terrorismo de estado en Jujuy ayer empezaron a colmar la sala de audiencias con las fotos que interpelan justicia, después de 42 años en Jujuy.

La lectura a elevación a juicio continuará el jueves, luego se escuchará a los imputados y serán cerca de 400 testigos.
Se inició el sexto juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos en centros clandestinos de detención de Libertador General San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya y en esta capital, como Guerrero.

El Tribunal Oral Federal (TOF) es presidido por Federico Díaz, Alejandra Cataldi, Héctor Juárez Almaráz y el cuarto juez Abelardo Basbús que siguió la apertura por teleconferencia desde Santiago del Estero. Este nuevo proceso judicial se inició una hora más tarde por problemas de conexión para las teleconferencias con el Servicio Penitenciario de Ezeiza, la Cámara de Casación Penal, el Tribunal Oral Federal de Salta y Santiago del Estero.

Se empezó a ventilar una "mega-causa" que tiene una serie de casos acumulados, en los que se juzgará la responsabilidad de los acusados por los crímenes cometidos contra trabajadores mineros y azucareros, dirigentes políticos, militantes y estudiantes.

La secretaria de Derechos Humanos del TOF, Mercedes Pfister, dio lectura al extenso requerimiento de elevación a juicio que continuará el jueves próximo, y luego se escuchará a los imputados.

En el estrado del Ministerio Público Fiscal y querellas las fotos de Hugo Condorí y "Rita" Cordero de Garnica (fallecidos) estuvieron presentes, y son algunos de los principales testigos de lo que sucedió en la noche de los apagones en Libertador.

En esta causa son veintitres los imputados que pertenecían a las fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario. En el banquillo de los acusados estuvieron los penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortíz, Herminio Zárate, Oscar Caraballo, Ceferino Narváez y Juan Carlos Salinas. Los policías de la provincia Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Armando Claros, Hugo Ruíz, Juan Carlos Vaca, Juan de la Cruz Kairuz y Bernardo Salinas, expolicía, quien es el único represor acusado por los delitos contra la integridad sexual. Por teleconferencia seguían la audiencia los militares Mariano Braga, Jones Tamayo y el excomisario de la Policía Federal, Rodolfo López, el excomandante de Gendarmería Nacional Raúl Borges Do Canto y el alferez Carlos Pérez.

En esta "megacausa", uno de los casos es la de "Burgos, La noche del Apagón", el principal y tiene catorce acumuladas. En esta causa son 42 víctimas oriundas de Ledesma secuestradas, y cerca de 33 desaparecidos. Los grupos de tareas actuaron entre julio y agosto de 1976, llevaron víctimas por las comisarías del Pueblo Ledesma, Libertador, San Pedro y Calilegua. También al destacamento de Gendarmería Nacional en el Ingenio Ledesma, y luego las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de Guerrero. Allí las víctimas padecieron privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, violaciones, y muchas de ellas desaparecieron en ese lugar.

Otra causa, investiga la segunda parte de la causa Burgos, con víctimas secuestradas en el departamento Ledesma por grupos de tareas de la policía.

Otra causa "Salinas, Bernardo por privación ilegal de la libertad y violación", el expolicía de la provincia es el único procesado por delitos de abuso sexual y violación agravada contra dos víctimas secuestradas en Guerrero.

Otra causa "Kairuz, Juan de la Cruz por delitos cometidos por la privación ilegitima de la libertad de Luis Arédez y allanamiento".

Algunos imputados llegan a este juicio con prisión domiciliaria y varios ya fueron juzgados por delitos de lesa humanidad.

jueves, 21 de julio de 2016

Marcha y homenaje por los 40 años de la Noche de los Apagones en Jujuy

Entre el pasado y el presente

Organizaciones de derechos humanos, sociales y gremiales se movilizarán desde Calilegua hasta Libertador. Recordarán a los desaparecidos y pedirán el cese de la represión a los trabajadores.

 Por Adriana Meyer

“Ledesma está militarizada, espero que podamos marchar sobre la ruta, como hacemos desde hace 34 años”, teme Ricardo Arédez sobre la histórica movilización por un nuevo aniversario de la noche de los Apagones, de los que mañana se cumplirán cuatro décadas, en memoria de las víctimas de aquel operativo represivo ocurrido durante la dictadura. Lo dice porque la semana pasada los trabajadores de Libertador General San Martín, donde se ubica la planta principal del ingenio azucarero Ledesma, fueron ferozmente reprimidos cuando protagonizaban medidas de fuerza en reclamo de aumento salarial. “Diputados del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda se están comunicando con el gobernador Gerardo Morales para que garantice que podamos realizar la marcha en paz”, explica el hijo del desaparecido Luis Arédez, quien fue médico del ingenio y también intendente de Libertador. “Tal como sucedía en aquellos años, hoy el aparato represivo sigue trabajando para (el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro) Blaquier”, agrega Gabriela Ríos, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 se produjeron cortes de suministro eléctrico en forma simultánea en las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar. El Ejército, la Gendarmería y la policía provincial desplegaron un operativo conjunto, con la participación directa de la empresa Ledesma, que aportó sus camiones y las listas negras para el secuestro de cientos de obreros y estudiantes, 33 de los cuales permanecen desaparecidos.

Los familiares de las víctimas, que mantuvieron el reclamo de memoria, verdad y justicia, habían puesto todas sus expectativas en la causa en la que estuvo imputado Blaquier, por su activo rol en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, pero la falta de mérito que le dictó la justicia produjo en todas las agrupaciones que los nuclean una profunda desazón. Sin embargo, ahora renovaron su energía en la convocatoria para la marcha por los Apagones del Terror, que comenzará a las 14.30 e irá de Calilegua hasta Libertador, en cuya plaza será el acto central.

El Centro Popular y de Derechos Humanos Capoma fue creado tras el fallecimiento de Olga Márquez de Arédez, esa mujer que durante años marchó con su pañuelo blanco junto a otras Madres de desaparecidos, exigiendo la aparición con vida de su esposo. Y comenzó a denunciar la contaminación ambiental del ingenio y otras formas de abuso de poder. Capoma no tiene financiamiento, con la autogestión sostienen la casa donde vivieron los Arédez para conservar el archivo de Olga, que transformaron en biblioteca y videoteca, lugar de reuniones de las organizaciones y también sitio donde los últimos años reciben denuncias sobre casos de gatillo fácil, trata de personas, femicidios y contaminación. “Se acercan madres porque en la comisaría no les toman la denuncia, meten presos a pibes que salen del colegio sólo para amedrentar, en patrulleros en los que los policías van con los de seguridad privada del ingenio, es la misma impunidad y estructura represiva que sigue a su servicio”, denuncia la dirigente.

Ríos cuenta que también reciben muchas denuncias de contaminación ambiental por el amoníaco de los piletones que usan para procesar la caña de azúcar y el bagazo -el desecho de la caña que produce un olor nauseabundo– conocido por sus efectos contaminantes aunque no aún diagnosticado como tal por los médicos locales. “En dos oportunidad hubo grietas que contaminaron los ríos y los campos de siembra del lugar, algo que Ledesma, como siempre, negó. Y lo mismo hace con los filtros para el bagazo, los ponen sólo para la época de la marcha”, describe. “En la facultad de Medicina estudian el bagazo de México, como si en Argentina no hubiera”, se lamenta la dirigente, que milita en la sede porteña de Capoma. “Armamos con Ricardo (Arédez) la Comisión de Apoyo a las Madres de Ledesma, hacemos actividades para que se conozca quién es Blaquier, hicimos escraches, primero al museo donde Nelly Arrieta era presidenta de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, junto a otras organizaciones dejamos en evidencia la complicidad civil, que apenas se escuchaba en aquellos años, seguimos en el camino que nos trazó Olga, y muchos otros que hoy ya no están”, apunta Ríos.


Las actividades

Las actividades por las noches de los Apagones comenzaron el domingo pasado, con la proyección de documentales sobre sindicalismo clasista, al borde de la ruta donde los trabajadores del ingenio deciden en asamblea los pasos de su reclamo. También hubo pintadas de pañuelos en la plaza del pueblo, una vigilia con actividades culturales y la señalización del viejo edificio donde funcionó el sindicato azucarero. Hoy a las 9 será el acto en la escuela Normal, en memoria de los ex alumnos desaparecidos. Y a las 14.30 comenzará la movilización desde Calilegua hasta Libertador. Mañana tendrá lugar un homenaje a Jorge Weiss en el Monolito de la Memoria. Entre las consignas de la marcha están la “continuidad a los juicios de lesa-humanidad en Jujuy y Argentina, Blaquier al banquillo de los acusados, no a la falta de mérito y apertura de todos los archivos. Repudio al desfile “cívico-militar” de los festejos del Bicentenario y de toda reivindicación del terrorismo de Estado”. También convocan a marchar contra “la criminalización de la protesta, en repudio a la represión de los trabajadores azucareros de Ledesma, por el desprocesamiento de los dirigentes sindicales y sociales, la libertad a los presos políticos como Milagro Sala, y por justicia por los crímenes del Triángulo que cometió Ledesma y la policía provincial”. También convocaron a la misma marcha Madres y Familiares de Detenidos-desaparecidos Jujuy, organismos de la Mesa contra la Violencia Institucional y de la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión, además de las dirigentes Fabiola Suárez, de CTA y Natalia Morales, de ATE.

viernes, 27 de noviembre de 2015

SOEAIL se presentó como querellante en la causa por delitos de lesa humanidad

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA), se presentó como querellante en la causa de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar en la provincia de Jujuy. Estuvieron presentes Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma y Freddy Berdeja, secretario de la Central jujeña, así como otros dirigentes de ATE y CTA nacional y provincial. ACTA dialogó con Rafael Vargas, secretario general del SOEAIL sobre el importante logro.

-¿Qué significa haberse presentado como querellantes en la causa?
- Antes que nada quiero agradecer la presencia de Pablo Micheli y de Freddy Berdeja. Nosotros solicitamos ante el juez ser querellantes en la causa Burgos, Aredes y Bernard.
-¿Lo decidió la Comisión Directiva?
- Sí, de manera unánime ha decidido dar este paso. La gente ha perdido el miedo a la persecución, de a poco hemos ido construyendo la confianza necesaria en los compañeros.
-¿Cómo ha sido este camino de construcción?
- Hemos hecho y hacemos regularmente asambleas, elección de delegados, discutimos permanentemente con los trabajadores. Pero también es fundamental la contención de la Central jujeña y nacional y también de ATE, así como toda la actividad que tiene ATE en los sindicatos azucareros.
-Y la empresa Ledesma sigue maltratando a los trabajadores
- Sí, seguimos denunciando a la empresa por trato laboral indigno, hace dormir a los trabajadores en el piso, las casas en el campo sólo tienen letrinas y los trabajadores tienen que vivir en condiciones infrahumanas con sus mujeres y sus hijos. En nombre de todo eso y por los compañeros que dieron su vida por pelear por estos temas, hoy damos este paso que llevamos adelante en la capital jujeña.
-¿Quiénes fueron Burgos y Bernard? (porque la historia de Aredes es más conocida)
- Fueron compañeros, asesores legales de la obra social y del sindicato, miembros de la Comisión Directiva, trabajadores y delegados desaparecidos en Jujuy. Siempre decimos que la actuación del gobierno militar no fue al azar, tuvo que existir la complicidad del poder económico como el de la empresa Ledesma, con los recursos, la finca y todo lo que hizo falta para que nuestra gente quedara diezmada y desapareciera con el proceso sistemático para destruir nuestro sindicato que en ese tiempo fue muy combativo.
-¿Cómo sigue el proceso legal de acá en adelante?
- Los tiempos de la justicia no los manejamos pero sí vamos a aportar pruebas desde donde podamos para que la causa avance. Vamos a hacer todo lo posible para que alcance su objetivo.
* Equipo de Comunicación de la CTA - por Inés Hayes 

Hallan legajos de minero de 1976 en El Aguilar

Son 29 y pertenecen a trabajadores detenidos- desaparecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad solicitó un procedimiento en lo que era Mina El Aguilar (hoy Minera Aguilar), donde hallaron legajos de 29 trabajadores secuestrados el 24 de marzo de 1976 por fuerzas conjuntas de seguridad. 
El hecho que se investiga es la detención y torturas en Jujuy de los detenidos y su traslado a La Plata.
El fiscal federal Pablo Pelazzo destacó la buena voluntad de la empresa actual de aportar la documentación que es de gran valor para la causa que se investiga "Avelino Bazán y otros", a cargo de la instrucción del juez federal Fernando Poviña. Si bien en el primer juicio de lesa humanidad estuvo referido a las detenciones de los mineros, condenándose a Antonio Vargas, teniente del Ejercito Argentino que luego falleció, los testimonios de las víctimas reconstruyeron la complicidad de la empresa y de la Gendarmería, cargando culpas al gerente de Personal, Eduardo López, y el gerente administrativo Luis Arzuaga (fallecido) y al jefe del Escuadrón de Gendarmería, Jorge do Canto. A López le dictaron falta de mérito, ya que presentó una prueba que en ese tiempo se encontraba en otra provincia.

La investigación de la causa avanza, por el testimonio de las víctimas se pudo reconstruir, aunque los altos directivos de la empresa están muertos.

Entre los legajos hallados se encuentra el del dirigente sindical Avelino Bazán -quien está desaparecido- , el grupo de trabajadores fue secuestrado y detenido por un operativo conducido por el entonces jefe del Escuadrón de Gendarmería, Jorge Borges do Canto.
A los mineros se los trasladó en camionetas que pertenecían a la firma St. Joseph Lead Co, empresa de capitales estadounidenses que, en esos años, explotaba la mina. Los trabajadores de El Aguilar quedaron a disposición del Poder Ejecutivo, permanecieron detenidos un año y luego fueron liberados.

Bazán había sido elegido delegado en 1970 y, en 1973 encabezó una huelga (El Aguilarazo). Fue liberado en 1978 en La Plata, y después fue secuestrado en la capital jujeña, permaneciendo aún desaparecido.

Por estos traslados, conocidos como "Operativo Aire 718", se condenó en julio a 11 represores a penas de entre 14 a 12 años de prisión.

domingo, 23 de agosto de 2015

Los Blaquier judicializan la protesta gremial en el Ingenio Ledesma

Trabajadores del Ingenio Ledesma que cumplieron el jueves la tercera jornada del paro de 72 horas dispuesto por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) en el municipio jujeño de Libertador General San Martín, recibieron a intimaciones judiciales, administrativas y una denuncia penal de la empresa del grupo Blaquier.

La denuncia del Grupo Blaquier recayó contra Rafael Vargas, Secretario General del SOEAIL y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Jujuy, el sindicato que representa a los trabajadores azucareros que cumplieron un paro de 72 horas el martes, miércoles y jueves de la semana pasada en respaldo de reclamos salariales y laborales.

“Me notificaron el martes por la noche de esta nueva denuncia penal, que se suma a la que la empresa me hizo en el 2013″ en represalia por otro paro, confirmó Vargas a Télam.

Consultado sobre declaraciones del administrador del Ledesma, Federico Gatti, en el sentido de que Vargas “está a las puertas de un juicio oral” por estas denuncias penales de la empresa, el titular del SOEAIL respondió: “Yo le preguntaría cómo es que estoy a las puertas de un juicio oral, y el dueño de Ledesma (Carlos Blaquier), que fue imputado por complicidad en el genocidio, sigue libre y sin ir a juicio”.

El dirigente sindical relató además que una asamblea multitudinaria de trabajadores del Ledesma votó el paro de 72 horas por “salarios y condiciones de vida dignas, estabilidad laboral y más tiempo de trabajo para (obreros) temporarios y eventuales”.

Un comunicado de prensa del SOEAIL expresó que los asambleístas “decidieron de manera unánime proseguir con el paro y la permanencia en los accesos de la planta de gas, a pesar de las presiones, algunas operaciones de prensa e intimidaciones que se registraron en la primera jornada de las medidas de fuerza”.

Sobre las maniobras de la empresa para impedir el paro mediante una medida de conciliación obligatoria provincial, Vargas reiteró que “ya se agotaron todas las instancias a nivel nacional, con el Ministerio de Trabajo, tanto la ordinaria de 15 días como la extraordinaria de 5 días más de conciliación obligatoria”.

La última asamblea rechazó además la intimación de una fiscal de apellido Faral para que los huelguistas desalojaran el ingreso a la planta de gas del ingenio, con la amenaza de usar la fuerza si no lo hacían voluntariamente.

“Responsabilizamos por esta situación a la empresa Ledesma y a la fiscal Fara, ya que lo que en realidad necesitamos es una propuesta de parte de la empresa, en lugar de seguir amenazando como siempre lo hace”, subrayó un comunicado del SOEAIL posterior a la asamblea.

Cabe consignar que el miércoles, durante la segunda jornada de paro, se hicieron presentes en Libertador General San Martín Pablo Micheli y Ricardo Peidro, Secretario Geneal y Adjunto de la CTA Autónoma, respectivamente, para respaldar la justa lucha de los trabajadores azucareros de Ledesma.

Convocan a asamblea

Tras cumplirse con éxito el paro de 72 horas, este lunes tendrá lugar una nueva reunión entre representantes de Ledesma S.A.A.I. y los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, en busca de acercar posiciones en cuanto a recomposición salarial y condiciones de trabajo.

Lo que surja de esa reunión se informará en detalle el día siguiente, martes 11 de agosto, en asamblea que se llevará a cabo en la sede del SOEAIL-CTA, sita en Avenida Antártida del Barrio Teodosio López de la ciudad de Libertador, a partir de las 17.30 horas.

Se ha pedido puntualidad y no faltar para que sigan siendo los trabajadores los que tengan la ultima palabra.

* Equipo de Comunicación del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA)

lunes, 27 de julio de 2015

Multitudinaria marcha en Jujuy, a 39 años de la Noche de los Apagones

Con el pedido de que Blaquier sea juzgado

Los manifestantes exigieron el inicio del juicio contra el dueño de la empresa Ledesma y su ex administrador Alberto Lemos. Ambos están acusados por su presunta complicidad con el secuestro de más de 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas.

“Los crímenes de lesa humanidad del departamento de Ledesma siguen impunes, basta de complicidad del Poder Judicial, Blaquier y Lemos al banquillo.” Bajo este lema marchó ayer una multitud en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, a 39 años de la llamada Noche de los Apagones, cuando durante la dictadura cortaron la electricidad y secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 33 permanecen desaparecidas. Organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles exigieron el inicio del juicio contra Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ex presidente y ex administrador de la empresa Ledesma, por su presunta complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquellas noches.

Con el apoyo de los vehículos de la poderosa empresa del azúcar y el papel, las fuerzas policiales realizaron en 1976 operativos de secuestro también en las localidades de Calilegua y El Talar, y entre los detenidos estuvo el intendente de Libertador Luis Arédez, que también había sido perseguido desde su desempeño como médico para Ledesma, acusado de beneficiar a los obreros recetando “remedios caros”. Inés Peña, presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de San Salvador de Jujuy rememoró que las primeras marchas fueron protagonizadas por Olga Márquez de Arédez, al principio con otras Madres y luego en soledad, siempre denunciando en forma directa al poderoso empresario como cómplice del terrorismo de Estado. Peña también destacó a Eulogia Cordero de Garnica, cuyos hijos siguen desaparecidos. “Con el paso de los años la lucha se fue nacionalizando e incorporando familiares y ex presos políticos, se consiguió el acompañamiento de Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru. “La del Apagón fue una noche muy larga para todos nosotros, todavía vivimos las consecuencias económicas del nefasto paso de la dictadura, pero no queremos venganza sino justicia”, dijo Sala.

Hugo Condorí, único sobreviviente de la obra social del sindicato de trabajadores del azúcar, expresó que “la lucha de muchos años da resultado, es importante que se juzgue a los empresarios que fueron cómplices”.

Además de la Tupac y Familiares, encabezaron la marcha Rosa Schonfeld, mamá de Miguel Bru, Dolly Demonti, mamá de Ezequiel Demonti, Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón y Eugenia Vázquez, mamá de Andrea Viera, junto a la Red de Organizaciones Sociales y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.

También se movilizó la Asociación de Ex Presos Políticos, la Red por la Identidad, América Joven Insurgente y el Ceprodh, en coincidencia con la consigna de “juicio y cárcel al empresario genocida Blaquier”, a la que agregaron el pedido de “apertura de los archivos de Inteligencia”, y la solidaridad con los obreros del Ingenio La Esperanza y los trabajadores de transporte de la Línea 60.

domingo, 19 de julio de 2015

Secuestrada en la Noche del Apagón en Jujuy, tiene a sus dos hijos detenidos-desaparecidos

“No fue el demonio, fue Blaquier”

Eublogia “Rita” Cordero de Garnica fue una de las testigos históricas en el Juicio a las Juntas y una voz central en el caso contra los Blaquier. Ahora vino a la Capital a pedir a la Corte Suprema que los dueños del ingenio no sigan libres e impunes.

 Por Alejandra Dandan

En Libertador General San Martín todos le dicen doña Rita. A los 53 años, Eublogia Cordero de Garnica declaró en el Juicio a las Juntas. Cuando le preguntaron por las generales de la ley ella dijo sin dudar “enemigos”. Doña Rita, de quien todavía se ríen por su respuesta, aclaró: “¿Pero cómo iba a decir que eran amigos? ¡No! Más que yo no los conocía, porque había estado atada. Salió una revista con toda mi declaración. A mi nieta le dije: ‘¡El día que yo me muera no estés quemando esto!’. Esto es sagrado. Todo lo tengo yo bien encarpetado”. Exactamente treinta años después, con 83 años, doña Rita volvió a Buenos Aires. Ahora lleva un bastón, casi no puede moverse, usa el pelo sin canas, toma una pastilla para cada parte del cuerpo y casi no ve. Cada tanto, puebla su historia de enérgicos comentarios sobre los “sinvergüenzas” y “desgraciados”. Con fuerza, intenta que los integrantes de la Corte Suprema le den una entrevista.

–¿Que va a pedirles, doña Rita?

–Yo lo que quiero es Justicia. Quiero que lo traigan también a Blaquier porque él ha sido el promotor de tantas cosas que pasaron en Calilegua. Hoy ya no puedo verlo, pero tengo mis hijos para que me digan: “Mamá ahí está, ahí está el criminal ese”.

–Hace unos años usted parecía esperanzada con el proceso de Justicia, ¿qué pasó?

–Pensaba, por ahí se podía hacer Justicia pero por otro lugar. Porque decía: éste tiene plata y va a hacer lo que quiere, en cambio el pobre, no. ¡Ya ha pasado tanto tiempo...! Mire, desde el ’76 hasta la fecha. Y lo único que quisiera, antes de morirme, es que me devuelvan los restos de mis hijos y que me digan por qué, por qué se los llevaron, ¡por qué los mataron! Si uno tenía 20 años y el otro 23. Los dos tenían sus hijos. ¿Cómo no vieron eso, ellos? Por eso voy a seguir buscándolos. Voy a quedarme tranquila el día que sepa que ese sinvergüenza está preso.

Primera planta de un hotelito viejo de Avenida de Mayo. Rita anda acompañada de dos mujeres de su pueblo. Lleva un sacón pesado de color azul con las fotos de sus hijos Miguel Angel Garnica y Domingo Horacio. La mano siempre adelante cuando camina, tanteando con el bastón. Doña Rita aparece en el Nunca Mas como secuestrada el 20 de julio de 1976, hace exactamente 39 años. Ese día, se llevaron a las tres de la tarde a Miguel Angel del club de Ledesma donde trabajaba; un poco más tarde se la llevaron a ella y a Domingo Horacio. Su esposo, Donato, estaba en la cárcel desde 1974 y en las noches siguientes, mientras el pueblo desaparecería transportado en vehículos del Ingenio Ledesma, como dio por confirmado después de años la Justicia, también se llevaron a un yerno. Rita pasó por los centros clandestinos y salió del penal de Villa Devoto un año después.

Cuando regresó a su casa, que era del Ingenio, un juez la desalojó con la Gendarmería porque ya no eran trabajadores conchabados por los Blaquier. A Donato lo soltaron en 1982, pero a sus hijos no los volvieron. Sus hijas mujeres solían salir a esperarlos a la plaza del pueblo como se espera la vuelta de los combatientes en los relatos de las guerras. Doña Rita en cambio una vez agarró un remise para buscarlos en los 113 kilómetros de monte entre Libertador y San Salvador de Jujuy. “Porque yo decía por ahí los han tirado semimuertos, sabía que los torturaban y los tiraban –explica–. Después de años, lo soñé a Miguelito que me decía: ‘No te aflijas que nosotros estábamos allá, era un hotel que queda cerca del Talar, de Valle Grande. No te aflijas que dentro de 15 días vamos a volver’. Yo le dije a mi marido, ‘Si vos conocés ese lugar, andá, andá en un colectivo, andá ver. Vos que sos mas amiguero, preguntá por ahí’”.

Pero no, no fue así. En otro lugar, le dijeron a Rita que había una familia con el apellido Garnica. “Yo me enteré un día en el banco, le digo al que me lo contó que le daba una foto. Hágame un gran favor: ¿me averigua usted quién es y quiénes son los padres de este hombre? Pero tampoco.”

–¿Cómo recuerda la noche de los operativos?

–Fue el 20 de julio del ’76. Golpearon la puerta. Entonces yo salgo a ver quién es y no me dejaron ni hablar ni nada. Me metieron adentro de un empujón. “¿Acá vive Donato Garnica?”, dijeron. Como yo estaba contra la pared, les digo: “¿Ustedes dicen que son de la Policía? ¿Porque si ustedes son de la Policía, entonces deben de saber que mi marido lleva cuántos años preso? Porque él está preso desde el ’74 por ser sindicalista”.

–¿Su marido era del Sindicato de Calilegua?

–Fundador del Sindicato Azucarero de Calilegua, Fundador de la Caja de Obreros y empleados de Calilegua, la Caja mutual. ¡Y fue comisionado municipal de jovencito! A él le gustaba eso. Se metió en el Sindicato, le gustaba defender a los obreros como él que andaba pelando caña.

–¿Ledesma tenía caña en Calilegua?

–Ledesma tiene cañas en todos lados. ¡Si no pone abajo de la cama, no sé por qué! Tiene cañas por todos lados. Y yo no sé cómo cedió lugar para que hagan casas.

–¿Entonces, cómo siguió la cosa en el operativo?

–Yo les dije: “Ustedes saben muy bien que mi marido está preso. ¿Por qué vienen a buscarlo a la casa?”. A mí me han pegado un empujón, me han pegado una trompada en la cara. Y justo mi otro chico, de 12 años, sale. Y justo sale el otro hijo, este –dice y señala una de las fotos, la de Domingo–. Durante la charla volverá hacerlo seguido. En general no menciona los nombres. Los señala en la foto. Y entonces ellos aparecen así, de golpe, con sus caras y todo, metidos en la conversación. Domingo ese día andaba de pantalón pijama porque salía de bañarse–. Le dije, papito, ponele algo en la espalda a tu hermano. Pero no, así nomás, lo han sacado a los empujones, a las trompadas y las patadas nos han sacado. Ahí afuera, en la calle estaban los vehículos. Me han dicho que eran vehículos de Ledesma. Estaba la Policía, Gendarmería y no sé que más.

–¿A dónde los llevaron?

–Me dijeron que eran celulares de la policía. Estaba lleno de gente. Todos iban bien atados y a no hablar. Nos llevaron hasta la Policía de Calilegua y ahí nos pusieron los números. A mí me pusieron el número en la frente, pero no me acuerdo cuál. De ahí otra vez al vehículo. Y después nos llevaron hasta el Ingenio donde estaba la otra gente metida, que nos estaban sacando. Y después cuando ya nos sacaron del celular y nos metieron a otro, no se fijaron, pero yo tenía una ventanita, apenitas alcanzo a distinguir los trailer de Ledesma con gente adentro. Muy poca cosa, ¡pero vi! Yo no sabía qué nos iba a suceder. Cuando nos llevan a ese lugar (Guerrero), yo lo escuché al Bebe Córdoba (uno de los desaparecidos al que secuestran en Tucumán). “Mamita –me decía– dame agüita que me muero.” Gritaban. Uy, Dios, dónde estamos, por Dios. Y ya estábamos en Guerrero.

Calilegua y Libertador general San Martín son dos localidades separadas por cinco kilómetros de ruta, ubicadas en la zona del ramal. Sus poblaciones son parte de un territorio conformado bajo el dominio de Ledesma, como lo planten las ciencias sociales que lo piensan como “sistema de fábrica con villa obrera”. Fabrica, escuela, hospital, las viviendas, un sistema que controla y alimenta la reproducción de la mano de obra permanente y temporaria en la esfera doméstica y en el espacio de la fábrica. Libertador es el corazón del ramal, puerta de entrada del corredor de Las Yungas, centro político de Ledesma, con la planta central, el barrio de los obreros y separado, las casas de los gerentes y la Rosadita, la mansión que replica la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo construida por los Blaquier, amurallada en los últimos años. Los trabajadores secuestrados antes y durante la dictadura pertenecen a estos territorios. En las escuelas todavía dicen que se los llevó El Familiar, esa especie de demonio de las leyendas populares que se come a tres obreros en el comienzo de la cosecha y al final. “¡¡Que me lo venga a decir a mí que ha sido El Familiar!!” suelta doña Rita en la mesa. Eso le contestó a su nieto uno de esos días cuando volvió de la escuela con esa historia. “Que acá el Familiar es Pedro Blaquier”.

En la semana del 20 de julio de 1976 se produjeron una serie de secuestros sin número claros, con apagones en las calles. Los detenidos desaparecidos eran delegados o trabajadores del sindicato o movilizados por él, estudiantes y hasta una maestra de las escuelas de un pueblo donde todo es Ledesma. Ese día, Rita perdió el contacto con su hijo Domingo inmediatamente. Hasta días antes, el centro clandestino de Guerrero adonde los trasladaron había sido parte de las propiedades del obispado. “Tuvimos diez días ahí. Nos separaron a las mujeres de un lado y los varones a del otro. Las mujeres fuimos a parar a la cárcel de Gorriti en Jujuy. Estuve dos meses. El 8 de octubre a las siete de la mañana dicen: ‘preparen sus cosas, hay traslado’. Ni sabíamos qué traslado era. Nos preguntábamos una a otra. Vino el celador y dijo: ‘Se las llevan a la cárcel en Buenos Aires, ahí van a estar bien’.”

“De ahí nos transportaron a Devoto y los hombres a otro lugar. De mi marido ya no sabía nada. Por boca de otros, me decían: está bien, porque era un hombre grande. Yo la pasé un año en Devoto. ¿Por qué? No sé hasta la fecha –dice–. Pero lo que más siento son los hijos. Eso es lo que siento yo. Ellos estudiaban. ¿Y estudiaban dónde? En la Escuela Técnica de Ledesma. Ahí estudiaban. Y yo me acuerdo bien clarito, que un día, a la hora del almuerzo, mi marido me dijo: Rita, porque a me dicen Rita nomás, me llamó el (Alberto) Lemos (antiguo administrador del Ingenio) para la beca de los chicos. Entonces, él (y señala la foto de Domingo) que era orgulloso, dijo: ‘No papá. Usted y la mamá trabajan para que nosotros estudiemos muy bien. Esclavos de Ledesma, no. No papá. Nosotros vamos trabajar por cuenta nuestra’.”

Domingo tenía una hija de ocho meses cuando lo secuestraron. Su esposa se había muerto cinco meses antes. Esa niña que se crió con Rita, hoy tiene 36 y es a la que Rita le implora por sus papeles sagrados. Domingo había estudiado mecánica automotor y electricista en la escuela de Ledesma. Para 1976 estudiaba por otro lado para dibujante de planos, pagado por su familia. Miguel Angel estudiaba “tractores, esos grandes, pero no para Ledesma. Nosotros le pagábamos para que aprenda. Y sí, cuando lo necesitaban lo llamaban para portero del Club de Ledesma. Había una pileta en el verano. Lo llamaban porque decían que era el único que iba bien presentable, porque tenía que ir bien presentable”.

El 20 de julio a las tres de la tarde su hijo estaba trabajando en el club. A las siete de la tarde un vecino la empezó a buscar. El hombre vivía a dos cuadras de su casa y al encontrarla le dijo “del Ingenio han llamado a la Policía y su hijo Miguel Angel está detenido”.

Rita le pidió a su hija mayor que averigüe y con la esposa de Miguel fueron al Ingenio a ver qué pasaba. Vieron “cómo venían los vehículos. Nos dijeron: ‘nosotros los cruzamos en el puente. Lleno de milicos está’. Eso me dijeron cuando yo ya salí. Mientras estuve detenida, yo preguntaba por mis hijos. A uno, a otro. A la policía. Me decían: ‘Ya van a salir, ya van a salir’. Pero seguro que ya los habían hecho boleta. ¿Por qué? No sé. ¿Porque el padre era sindicalista? ¿Porque defendía a los obreros? No, por eso lo que yo digo, sea como sea voy a seguir saliendo a buscarlos. Me voy a quedar conforme el día que yo sepa que ese sinvergüenza esté preso. A mí me han quemado con cigarrillo y me han hecho lo que se les dio la gana. Me han pegado en la cara, me han hecho saltar la dentadura. ¿Por qué? Porque me preguntaban por personas que yo ni conocía”.

Al salir de Devoto y sin casa propia, doña Rita volvió a su provincia dispuesta a vivir “bajo un puente, si hace falta”. Su padre, que vivía en Yute, le dijo: “Hija venite, te hago una hermosa casita con baño y todo para que estés con tus hijos. Le dije que no, porque acá yo me voy a descolgar. Yo quiero estar cerca de dónde puedo buscar a mis hijos”. “Entonces volví a Calilegua porque enojada y todo, les dije que iba a desocupar cuando encuentre dónde ir. Mi hija, la mayor, que era casada, me dice: ‘Viejita, vení a vivir con nosotros hasta cuando venga el papá’. ¡Porque nadie me quería alquilar una pieza! ¡Nadie! Nadie, fíjese como he andado yo mendigando una pieza. Yo trabajaba, mi profesión es modista. Trababa con el costura en la casa y después trabajaba en el hotel Artaza, de Libertador, que es el más grande que hay y me la pasé trabajando para poder criar a los tres que me quedaban.”

–¿Cómo siguió la búsqueda?

–Con las otras madres, nos reuníamos. Caminamos a las cárcel de Salta, de Jujuy, Tucumán y a pie con semejante tierra, con semejante sol. A buscar. Pero no había nada. “No hay subversivos”, decían ellos. Yo decía, que la recontra, pero no importa: hay un Dios. Hemos andado... mire, por ahí nos pillaba el agua y seguíamos. Creo yo que soy la única madre que queda.

–¿Consiguió trabajo su marido?

–Ni de sereno le querían dar trabajo en Libertador. Ni la indemnización le pagaron. Cuando salió para reclamarla le dijeron que tenía un plan de espera y después que no correspondía porque se había pasado el tiempo.
El juicio

“Donde había una comisión, ahí estábamos todas a declarar y decir lo que habíamos pasado.” Fueron a ver a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 cuando pasaron por Tucumán. Estuvo con la delegación de la Conadep que viajó a San Salvador. Y más tarde declaró en el Juicio las Juntas. “Me llamaron a declarar a Buenos Aires cuando estaba Alfonsín de presidente. El doctor (Julio Cesar) Strassera ha sido mi abogado. Primero mandó dos secretarios a Jujuy y me citaron por la Policía de Calilegua que vaya al Juzgado Federal N°1. Le dije a mi marido que me iba sola, porque estaba cerca. Fui y estaban los secretarios del doctor Strassera. Se presentan. Y me dijeron que tenía presentarme a declarar allá y que voy a tener mi abogado y todo. Yo no quería venir, por mis hijos y porque no conocía a nadie, pero ellos me ayudaron.”

domingo, 14 de junio de 2015

La causa por la responsabilidad del empresario Carlos Pedro Blaquier

Un desafío para la Corte

Fiscalía y querellas recurrieron en queja para que se revise el desprocesamiento del dueño de Ledesma. Ricardo Lorenzetti dijo que se quedaba como presidente para manejar las presiones sobre “los juicios de lesa humanidad en el campo empresarial”.

 Por Alejandra Dandan

Llegó la hora de la Corte. El presidente del supremo tribunal de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, expresó en una carta al periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, que se quedaba como presidente para manejar las presiones sobre la Corte que “deberá decidir causas importantes”, como “los juicios de lesa humanidad en el campo económico-empresarial”. En estos días se abrió esa oportunidad histórica. Ante los rechazos de la Sala IV de la Cámara de Casación –que negó a querellas y fiscales un recurso extraordinario para acudir al máximo tribunal y revisar la falta de mérito que benefició y desprocesó al zar del azúcar Carlos Pedro Blaquier–, los fiscales generales ante Casación y las querellas insistieron con un nuevo planteo de “queja” destinado a la Corte. Señalan que la decisión de los camaristas es “arbitraria y autocontradictoria”. Cuestionan la forma, el cuándo y cómo puede meterse Casación en una causa de este tipo y reclaman a la Corte que en medio de la puja por elevar los estándares probatorios que hasta ahora permitieron enjuiciar a los militares, se expida acerca de cómo la Justicia argentina va a entender la participación del campo empresario en estos crímenes. O que reenvíe la causa para que se discuta en juicio oral.

La decisión de Casación fue “manifiestamente arbitraria y autocontradictoria –señaló el fiscal general Javier de Luca en su presentación– respecto de lo decidido por la misma sala en todas las causas de lesa humanidad y con lo decidido en esta misma causa”.

La Sala IV que intervino en el caso Blaquier estuvo compuesta por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. En contra del modo de valorar la prueba que hasta ahora tienen las causas de lesa humanidad asentadas en mandatos del máximo tribunal, el último mes de marzo la sala desprocesó a Blaquier y Alberto Lemos, administrador del ingenio durante la dictadura. Ambos tenían procesamientos confirmados por la primera instancia y por la Cámara Federal de Salta. Los dos estaban, además, sin prisión preventiva; la causa no estaba cerrada; se hallaba en plena investigación y a punto de ser elevada a juicio oral. Casación suele intervenir en estas causas solo cuando los casos se cierran con sentencias o ante hechos de gravedad institucional. En este caso, la Sala IV se apoyó en un amicus curiae presentado por la defensa que planteó la gravedad institucional por el nombramiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Así se metió en la causa, pero evaluó no sólo esa designación sino el fondo de la prueba como si fuese un tribunal de juicio. Esto es lo que cuestionaron fiscales y querellas. Y ahora vuelve a cuestionar el nuevo planteo. La sala se metió de lleno en la discusión aún pendiente y reservada al debate oral. Dio por probado el uso de las camionetas del Ingenio Ledesma para el traslado ilegal de los prisioneros, pero insólitamente consideró ese aporte “neutral” y dijo que no se podía probar el “dolo” o conocimiento de los imputados sobre el para qué iban a usarse los vehículos. Dictó la “falta de mérito” que si bien, formalmente, no cierra la causa, es leída como una absolución encubierta equiparable a un fallo definitivo.

Fiscales y querellas presentaron un recurso extraordinario en Casación para ir a la Corte. Pero la Sala IV, con Mariano Borinsky en lugar de Riggi, rechazó esa apelación. Los camaristas dijeron casi irónicamente que como la causa sigue, no hay sentencia definitiva que habilite la jurisdicción de la Corte. Y que no hay gravedad institucional porque nadie habló del tema del fiscal en estos planteos. Borinsky hizo voto aparte y aclaró adoptar esa misma posición porque había quedado “sellada la suerte” en la resolución de marzo.

En ese contexto de idas y vueltas, en el que las víctimas ven que los ropajes jurídicos tapan posiciones políticas, las querellas y los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler volvieron a batallar. Presentaron el pedido de “queja” directo a la Corte. “La Cámara utiliza como excusa un argumento impertinente porque la decisión sobre la continuidad del fiscal subrogante no tiene ninguna influencia” en el “auto de procesamiento de Blaquier y Lemos ni en el de la decisión que les había dictado la falta de mérito”, dicen. El argumento “no resiste las leyes de la lógica común y su falacia está a la vista: cuando la Cámara deseaba abrir la instancia para tratar la situación procesal de los imputados, se valió de la designación del fiscal y dijo que estaba enlazada a lo primero; pero cuando resolvió la situación procesal a favor de los imputados, ya no necesitó más de ese lazo con la cuestión del fiscal. La contradicción de la sala, su fundamentación aparente, puede verla hasta los legos, que no podrán entender cómo la misma cuestión se consideró equiparable a sentencia definitiva para unos y no para los otros. Bajo esa falacia que operó como ‘llave’, la sala abrió la instancia a la defensa para discutir un procesamiento sin prisión preventiva que ya tenía un doble conforme, pero a esta parte fiscal y a las víctimas nos niegan la posibilidad de discutir la resolución que los revoca y dicta las faltas de mérito”, señalan y advierte que contradice de forma “flagrante” el principio de igualdad.

Ahora a la Corte debe decidir si va a apartarse de sus propias tradiciones. Desde hace tiempo, el máximo tribunal se expide en temas penales sólo a través del articulo 280, que permite confirmar las sentencias de Casación tal como les llega y a la vez señala que la Corte entiende que no tiene cuestiones de envergadura institucional que deba discutir. El 280 puede ser una (penosa) alternativa para decidir sobre uno de los casos más simbólicos de la responsabilidad empresaria. Otra alternativa distinta sería abrir un pronunciamiento o enviar la causa a juicio oral. Es decir, asumir este momento como parte de los nuevos desafíos jurídicos que presenta el avance del proceso de Justicia.

Repudio de los organismos

Luego de un encuentro organizado en la Universidad Nacional de Jujuy, a la luz de las últimas decisiones de la Sala IV de la Cámara de Casación penal, los organismos de derechos humanos de la provincia hicieron un comunicado en el que denunciaron los “tecnicismos jurídicos” que “no sólo son un privilegio inaceptable”, sino que otorgan impunidad a los empresarios. Víctimas de la Noche del Apagón y de otras causas de Jujuy, organismos como Madres de Plaza de Mayo de esa ciudad, H.I.J.O.S. y militantes de organizaciones populares y sociales señalan no sólo a la Casación sino a las respuestas dadas desde el Poder Judicial. “Nos encontramos en un momento de incertidumbre y de angustia, en un camino que vuelve a tornarse incierto, y no es sólo por la evidente parcialidad de la Casación que con sus fallos se muestra renuente a juzgar a los responsable económicos del terrorismo de Estado, sino también porque vemos igual conducta de una parte del Poder Judicial que es impermeable ante la tragedia padecida y el hostigamiento continuo que sufren las familias de los desaparecidos, los sobrevivientes y las víctimas del terrorismo de Estado”. “Los organismos de derechos humanos de Jujuy expresamos nuestro más enérgico repudio a la última resolución de la Sala IV que rechaza los recursos de nuestros abogados querellantes y de la fiscalía y una vez más benefician, en una actitud de otorgar impunidad, a los procesados Blaquier y Lemos”.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Con una sola audiencia por semana se inicia el jueves el tercer juicio

Se trata del traslado de 93 presos políticos del penal Villa Gorriti en octubre de 1976 a La Plata y Villa Devoto.El único detenido desaparecido de ese traslado es Armando Tilca Barreix Un sola audiencia por semana...

Por Mariana Mamani

El jueves próximo se iniciará el tercer juicio, la audiencia será a partir de las 14 y se realizara una por semana, así se confirmó tras una audiencia preparatoria entre el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°1, el Ministerio Público Fiscal, querellas, y la defensa de los imputados.

El retraso en este juicio oral y público se debió a la fragmentación de estas causas que son complejas y la nefasta instrucción del ex juez Carlos Olivera Pastor, actualmente de licencia por razones de salud desde el 29 de marzo de 2012, dilatan estos procesos judiciales y las victimas, familiares fallecen sin tener justicia, así también represores, cómplices sin ser juzgados.

La causa que se ventilará es “Marengo I y Marengo II, estas fueron desdobladas en la instrucción y ahora son acumuladas. Se buscara saber lo que sucedió en “los vuelos de la muerte”, a 38 años de lo que hizo la dictadura cívico militar y eclesiástica. Se trata del traslado de los detenidos en el Penal de Villa Gorriti el 7 de octubre de 1976 al aeropuerto “El Cadillal” y llevados a la Unidad 9 de La Plata y a la Unidad Penitenciaria de Devoto

Fueron 93 víctimas, hombres y mujeres, de estos traslados en un avión Hércules y el operativo fue comandado por personal del Servicio Penitenciario Federal, quienes fueron los que golpearon, torturaron a los detenidos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy Nº1, está integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz, quienes por sus actividades judiciales en Tucuman y Salta, diseñaron que el tercer juicio se realize con sola audiencia por semana, lo que no tiene antecedentes en el NOA.

Varios testimonios serán incorporados directamente y cerca de 47 se escucharan en la sala de audiencia. La brevedad del mismo es fundamental para fijar fecha al juicio al empresario Pedro Blaquier, cuya instruccion la lleva adelante el juez federal subrogante Fernando Luis Poviña.

En el tercer juicio que comienza se buscara saber que sucedió con el único detenido desaparecido Armando Tilca Barreix, quien fue trasladado y no llegó a La Plata. Entre las víctimas de este juicio, que estuvieron en ese numeroso traslado fueron los detenidos desaparecidos Avelino Bazán, dirigente minero de la empresa El Aguilar y el médico Luis Arédez, que trabajó en la Empresa Ledesma, que fueron desaparecidos posteriormente.

Los imputados son: Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc la mayoría agentes penitenciarios y el único ex militar Domingo Horacio Marengo

Los delitos por los que se los acusa son privación ilegal de la libertad y tormentas, en perjuicio de los ex presos políticos.

Las partes que van a intervenir ante el TOF están compuestas por los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo; los abogados querellantes, María José Castillo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Andrea Lupiañez por HIJOS ; y los abogados particulares Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carreras, por Eublogia Cordero de Garnica, cuya familia fue devastada por los militares.

Por su parte la defensa de los imputados está constituida por Matías Gutiérrez Perea (defensor oficial), junto a las abogadas María Victoria Nager y María Esther Retondo.

lunes, 21 de julio de 2014

Reclamo por la causa que involucra a Blaquier

Las trabas al juicio

Organismos de derechos humanos jujeños pidieron que se elevara a juicio oral la causa por las responsabilidades civiles en las desapariciones de trabajadores de Ledesma.

En el día provincial de los derechos humanos, que conmemora La Noche del Apagón, los organismos jujeños manifestaron su preocupación por la demora en elevar a juicio oral y público la causa por las responsabilidades civiles de los secuestros y desapariciones de trabajadores en el departamento de Ledesma, en la que son investigados el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador Alberto Lemos.

Los organismos se quejaron concretamente de que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta como a la Cámara Nacional de Casación Penal “obstaculizan y lentifican el procesamiento de Blaquier y Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de julio del año 1976”.

Los hechos se produjeron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en las localidades Talar, Calilegua y Libertador General San Martín. Con cortes de energía en las tres localidades, la dictadura secuestró a cerca de cuatrocientas personas utilizando camiones pertenecientes al Ingenio Ledesma; treinta y tres de ellas continúan desaparecidas.

“Estamos convencidos de que a 38 años de la fatídica Noche del Apagón es hora de justicia para sus víctimas. El pasado reciente nos muestra que la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas por la última dictadura cívico-militar”, expresaron la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y el Centro de Apoyo Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma).

En contraposición, valoraron el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal, que ha dado impulso y la activación a las causas por delitos de lesa humanidad. Esto, señalaron, “ha implicado en muchos casos reabrir expedientes dormidos y empantanados por más de 30 años en los archivos judiciales”.

“Nos preocupa enormemente que algunos sectores de la Justicia, a través de sus denuncias y cuestionamientos a la tarea que vienen realizando los fiscales ad hoc, en todo el país, estén intentando frenar el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad”, agregaron las agrupaciones, que acompañan a la querella en la causa por el secuestro de trabajadores y delegados sindicales.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, recordó que “muchos testimonios reflejan que se utilizaron camionetas de la empresa Ledesma para llevar a las personas. Los secuestrados fueron llevados al centro clandestino de Guerrero, a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Setenta de ellos, con sus testimonios, colaboraron en esclarecer los hechos investigados en los dos primeros juicios de lesa humanidad en Jujuy”.

Durante toda la semana habrá en Libertador y Calilegua una serie de actividades para pedir justicia y recordar La Noche del Apagón: presentaciones de libros, proyecciones, exposiciones de fotos y materiales de la memoria. Entre los libros a ser presentados están En el nombre de sus sueños, de Tatiana Sfiligoy; En la misma vereda, de Beatriz Villar, y Radiografía de Ledesma - pañuelos en rebeldía. También, el martes 22, a las 17, habrá una charla debate sobre la cobertura de los medios sobre derechos humanos, organizado por la Afsca Jujuy. El jueves 24 se realizará la tradicional Marcha del Apagón, que recorrerá Calilegua y Libertador San Martín.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Jujuy: Para la querella del juicio, la colaboración inter-fuerzas habla de un "plan sistemático"

En el área 323 colaboraron miembros del Ejército, la Federal, la provincial, Gendarmería

 El secuestro de Dominga Alvarez de Scurta respondió a "un plan sistemático" del terrorismo de Estado, afirmó hoy el abogado de los hijos de la víctima, Ariel
Ruarte, tras una nueva audiencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Los secuestros, torturas y desapariciones (de las siete víctimas comprendidas en este juicio) no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a un plan sistemático" ejecutado por "un aparato aceitado que actuó en forma sistemática", subrayó.
"Ha quedado demostrado también en Jujuy que hubo una estudiada relación entre fuerzas de seguridad provinciales y el Ejército", en la represiva "Area 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacio", dijo  el abogado que representa a la querella de los hijos de Dominga, una de las siete víctimas en este juicio.
  
Ruarte subrayó además que seis de los ahora imputados fueron nombrados por testigos en el primer juicio de lesa humanidad que concluyó en mayo último en Jujuy.
  
Videos con estos testimonios fueron reproducidos en la audiencia de hoy para ganar tiempo pero, sobre todo, "para evitar la revictimización de los testigos", quienes más adelante podrán responder "preguntas concretas", explicó.
  
Uno de los videos exhibidos en esta audiencia correspondió a las declaraciones de Ramón Bueno, prisionero político de la dictadura y, en esa época, dirigente del Sindicato del ingenio azucarero Ledesma, empresa perteneciente a la familia Blaquier. El testimonio de Bueno aludió a la detención y posterior desaparición del médico Luis Aredez, exjefe comunal de Libertador San Martín, la localidad jujeña donde se encuentran la planta principal de Ledesma y "La Rosadita", residencia de los Blaquier.

También fueron reproducidos en video los testimonios del médico, asesor del mismo Sindicato y ex preso político Carlos Cardozo, recientemente fallecido, y del sacerdote Juan Bosco Mecchia, quien implicó en hechos represivos al obispo José Miguel Medina.

Los imputados en este segundo juicio por secuestros, torturas y homicidios son Antonio Orlando Vargas, exoficial de Ejército, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio; el suboficial de la misma fuerza César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
  
Con excepción de Vargas, que se encuentra en el Penal de Ezeiza,  el resto de los imputados estuvo en la sala en esta audiencia.
  
Además de Dominga Alvarez de Scurta, las víctimas en este segundo juicio son Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
  

El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió que este jueves y el miércoles de la semana próxima prosiga la exhibición de videos con declaraciones de testigos.El jueves 21, realizará inspecciones oculares en la Jefatura de Policía y la cárcel de Gorriti, entre otras reparticiones que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.

jueves, 14 de noviembre de 2013

19° Audiencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy

Exhibición del registro audiovisual de testimonios del primer juicio de Jujuy a los imputados

Se desarrolló en la sala del Tribunal Oral Federal con la exhibición del registro audiovisual de testimonios del primer juicio cuyos dichos tienes relevancia para las causas del que actualmente se realiza.

Estuvieron presentes en la sala por primera de tiempo completo los imputados penitenciarios Carlos y Ricardo Ortíz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y el oficial del Ejército César D Díaz. En cambio Antonio Orlando Vargas optó por que se le envíen los videos al Hospital de Ezeiza donde permanece internado.

El Presidente del TOF en ejercicio, Dr. Daniel Morín, inició la audiencia con la presencia además, del fiscal adhoc Pablo Pelazzo y los abogados querellantes Paula Alvares Carreras, María José Castillo y Ariel Ruarte.  No presenciaron los defensores.

Se programaron para hoy los testimonios del ex  sindicalista de Ledesma Luis Ramón Bueno que vio detenido a Luis Aredez, de espaldas y vendado. Supone, ya que nunca nadie le dijo porque fue dos veces detenido, que su actividad sindical molestaba al Ingenio y esa era la  manera de aquietar al sindicalismo. En segundo lugar fue la testimonial del recientemente fallecido Dr. Carlos Cardozo, presidente del Colegio Médico, Secretario de APUAP, pero fundamentalmente comprometido con los problemas sociales de la población. Destacó “el valor y la inocencia de los chicos de Tumbaya” , “los Mineros de Aguilar no han perdido la conciencia de clase ni de raza” y sostuvo el recuerdo de algunos de sus torturadores:  los Ortíz y Vargas. En contrario a lo que en la audiencia 17° había declarado el médico del penal Oscar Bracamonte,  cuando sufrió isquemia cerebral transitoria no tuvo atención ni medicación.

Otra de las testimoniales en la jornada fue la Juan Bosco Meccia, religioso de la orden de La Salle, detenido a fines de 1976 estuvo 15 días en  la policía de la provincia y hasta marzo de 1978 cuando elige el exilio, en el penal de Gorriti. Sus recuerdos tiene presente a muchos de sus compañeros , muchos de ellos desaparecidos como Jorge Weisz, Carlos Patrignani, Reynaldo Aragón, los jóvenes del grupo “Tumbaya”, Armando Tilca, Narciso Santiesteban. Destacó que entre el personal carcelario que más castigaba a los presos estaba “Lacsi, Zárate, Aguaysol y Gutierrez”. Y recordó  que” el “Negro” Vale(fallecido)  mencionó como responsable de tortura y picana al penitenciario Zárate cuando lo trajeron  golpeado”. En el final Juan B Meccia reivindicó su ideales de lucha por los que estuvo detenido y tuvo que irse de su patria.

Finalmente estuvo el testimonio de Eladio Mercado, personal de la morgue del hospital Pablo Soria que trabajó desde 1973 y aseguró que a partir del golpe de Estado, las irregularidades en su sector eran comunes. Cuando llegaba por la mañana se encontraba con cadáveres NN que los traían de tarde o de noche. Habló de traslados de cadáveres al cementerio de Yala en dos ocasiones por parte de la personal de la policía, uno se trataba  de” una mujer que tenía un abrigo a cuadros y botones marrones, lleno de barro supe que era la señora de Scurta”. En El Cucho y en El Chingo se llevaba cadáveres de pacientes “porque se pedía autorización a la Justicia pero llamaba la atención que el trabajo de cavar la zanja de 50 100mts y tirarlos lo hacía la policía”.

Compartir una sala tan pequeña como la del Tribunal Oral Federal con imputados que se negaron estar en las audiencias acogiéndose a los derechos que les corresponde en cumplimento de leyes, era un momento ansiado en razón de querer saber cuáles son sus reacciones frente a la acusación de los testigos o a las dudas y contradicciones de sus colegas. Encontramos cinco detenidos poco demostrativos, por ejemplo  a quién se lo vió muy atento anotando los datos que los favorecían fue a Ricardo Ortíz, su hermano Carlos parecía aburrido. En cambio Herminio Zárate se notaba  preocupado aunque los bostezos acudían a él. César Díaz miraba las pantallas y en un momento con señas a los penitenciarios indicaba que no quería aire acondicionado(al contrario de  los demás presentes). La nota particular la puso Mario Gutierrez que no paró de comer y tomar jugo en lo que duró la audiencia. Permanecieron sentados uno al lado del otro sin esposas ni grilletes.

Por:  Equipo de comunicación. Prensa  -- juiciosdejujuy@gmail.com

jueves, 31 de octubre de 2013

El obispo Medina me apuntó” testimonió Eblogia Cordero de Garnica de 81 años

 El obispo Medina me apuntó” dijo Eblogia, quien estuvo junto a su nieta que tenía 8 meses cuando desapareció su hijo.

Por Mariana Mamani
Fuerte testimonio de una gran luchadora
Una jornada muy fuerte se vivió en una nueva audiencia de este segundo juicio oral y público con testimonios dolorosos de tres expresas políticas Martina Chávez y Ninfa Hokofler que declararon a través de videoconferencia desde el Consulado de Argentina en Francia; y luego Eblogia Cordero de Garnica firme con su pañuelo blanco declaró ante el Tribunal Oral Federal en lo criminal Nº 1 de Jujuy. Momentos muy emocionantes en la sala ya que por video conferencia las tres se saludaron y se reanimaron para buscar la verdad y la justicia con una firme memoria.

Martina Chávez declaró por primera vez, emocionada y por primera vez relataba en castellano el horror del infierno de su detención, ya que fue Francia quien la acogió después del destierro que padeció en 1980 y tuvo que integrarse a otra lengua, otra cultura. “Hablar francés fue sobrevivir de nuevo. Las palabras no son suficientes para describir el horror, el despojo, la soledad”

Martina, secuestrada en 1975 en San Pedro de Jujuy. La llevaron a la seccional de Gendarmería de Ledesma, vendada y atada donde fue humillada, golpeada, torturada fue interrogada por su compromiso político. Ella era alfabetizadora de los zafreros y eso parecía un “delito”.

Luego trasladada al Buen Pastor hasta noviembre y tras un gran operativo bélico llevada a Villa Gorriti.

Relató que vio a Dominga Álvarez, Alicia Ranzoni y Juana Torres llegar al centro clandestino de Villa Gorriti el 1 de junio, muy golpeadas, “estaban torturadas tenían hematomas, muy humilladas”, dijo. Las sacaban a cualquier hora del día y de la noche en comisiones. “Me impresionó que guardaban su dignidad hasta el final. Una celadora les había contado que a las chicas las llevaban al RIM 20 área 323 y al centro clandestino de Guerrero. La última noche antes que se las llevarán, estaban aterrorizadas, esa noche tenían el presentimiento que no volvían. Juana entregó a Artunduaga una medallita y un mensaje a su beba - Laura López- “Si yo no vuelvo es porque deseaba una sociedad justa” dijo Martina ante el tribunal y resaltó que pertenece a una generación diezmada. En varias oportunidades destacó el acuerdo tácito que tenían las detenidas, ante el plan de exterminio de los militares; por ello se daban fuerza, no se quebraban ante tanto maltrato físico, psíquico, aislamiento, requisas violentas, sin atención médica, interrogatorios. Los militares iban de día y de noche al pabellón Singh, Braga, los hermanos Ortíz “yo lo ví varias veces sacarlas a torturar”. También entraba el obispo Miguel Medina que tenía posibilidad de entrar. Los Ortíz amenazaban, requisaban, “eran dueños de nuestras vidas decían que íbamos a salir locas”, afirmó. Describió que las celdas eran una tumba, tapiadas sin noción del día la noche. Salían una vez al baño, tenían un tarro para sus necesidades.

Relató su exilio con mucho dolor, destacó la humanidad que recibió de los franceses. Sostuvo que “no nos destruyeron, los sobrevivientes seguimos denunciando el sistema terrorista argentino. Reivindicamos nuestra lucha por otro mundo posible de solidaridad”.

Calvario de las madres

También testimonió Ninfa Hokofler, detenida en 1975 en San Pedro del hospital Paterson la sacan apuntando la llevan al ingenio La Mendieta, luego a la seccional de San Pedro y al Buen Pastor. En noviembre la llevan a Gorriti. Relató el calvario de las madres para ver a sus hijos pidiendo permiso al coronel Bulacio jefe del Area 323. Después del golpe del 76 llevaron muchas mujeres detenidas, vendadas de Ledesma, Quebrada. La recordó a Eblogia, Hilda Figueroa, Olga Demitropulos, Marina Vilte entre otras. Otro día llegaron las tres chicas Dominga, Juana y Alicia golpeadas y que Ernesto Jaig las sacaba a torturar. Ninfa pidió hablar con el obispo Miguel Medina que le dijo que tuviera paciencia, y también se encontró con Bulacios quien le preguntó si estaba de acuerdo con el gobierno militar y si no lo estaba la enviaría a la Antártida donde están los desaparecidos.

Al finalizar pidió justicia y que entreguen los cuerpos a los familiares.

“Medina me apuntó”

Eblogia Garnica, con mucha entereza a sus 81 años se traslado hasta este juicio para declarar y pedir justicia por sus hijos Domingo y Miguel Angel, desaparecidos. “No quiero que me devuelvan los huesos quiero a mis hijos” dijo destrozada a 37 años de la desaparición.

Eblogia fue detenida en 1976 por la noche junto a su hijo Domingo, y luego su hijo Miguel Angel detenido por Gendarmería. Su esposo había sido detenido el 28 de agosto de 1974 era fundador del Sindicato de Cañeros de Calilegua. Cuando la detiene le ponen un número y le quitan su documento, los llevan a Gendarmería de Ledesma y luego a Guerrero donde estuvo 10 días. Luego a Villa Gorriti, incomunicada, celdas individuales. Relató que estuvo a punto de perder la mano, “un enfermero me tiraba agua con kerosene y en Devoto me terminaron de curar” lastimaduras de ataduras en Guerrero. Al comisario Jaig dijo haberlo visto cuando visitaba a su marido en la cárcel y decían que estaba en Guerrero. También lo vio a Braga en el traslado a Villa Devoto a cargo del operativo. Recordó a Medina “se murió el desgraciado, estaba en Guerrero, no podía levantarme. Tenés que confesarte le dijo, qué hacía su familia y sacó una pistola y me apuntó. Si es ministro de Dios donde están mis hijos”.

jueves, 3 de octubre de 2013

La maestra Gladys Artunduaga fue la última presa que vio con vida a Juana Torres Cabrera

"Le puse a Juana un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño"

Jujuy.- La maestra Gladys Artunduaga relató ayer las últimas horas de la detenida-desaparecida Juana Francisca Torres Cabrera en el penal de Villa Gorriti, al declarar como testigo en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Le pedí a la celadora que le permita a Juanita estar unos minutos en mi celda y ella (Torres Cabrera) me dijo: `esta noche me van a boletear`. Le puse un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño", contó Gladys, sollozante, al Tribunal Oral Federal de Jujuy.
Artunduaga fue la última presa política que vio con vida a Torres Cabrera, horas antes de que fuera sacada del penal de Gorriti junto a María Alicia del Valle Ranzoni y Dominga Alvarez de Scurta, las tres desaparecidas desde el 10 de junio de 1976.

"Lo único que tengo es esta cadenita", le dijo en ese último encuentro Juana Francisca Torres Cabrera y le pidió que se la hiciera llegar a su hija Laura. "Estaba plenamente consciente de que las iban a matar a las tres", contó Gladys. La maestra declaró además que celadoras de la cárcel de Gorriti decían en aquella época que las personas que eran trasladadas al centro clandestino de detención en el paraje de Guerrero, eran ejecutadas.
  
Gladys Artunduaga estuvo detenida desde mayo de 1975 en la cárcel del Buen Pastor y luego en la de Gorriti, donde vio llegar a las tres desaparecidas, bárbaramente torturadas, tormento que también padecieron en esta última prisión. Dijo que Alicia Ranzoni pudo mostrarle quemaduras en sus manos y decirle que sufría un insoportable dolor de oídos, consecuencia de ese martirio.
También contó que Dominga Alvarez de Scurta estaba "muy dolorida" y acostada en la celda, a raíz de sesiones diarias de tortura. Coincidente con las declaraciones de Mercedes Susana Salazar, otra testigo víctima en este juicio, Artunduaga identificó a los carceleros imputados Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz y Néstor Sing como los responsables del pabellón de mujeres.
  
Caminaban "metiendo mucho miedo y decían a las detenidas que les quedaba poco tiempo, siempre con esas expresiones", acotó y dijo que la relación de los hermanos Ortiz con los represores militares era de "subordinación".
  
Artunduaga expresó además que su permanencia en el penal hasta noviembre de 1976 fue "de terror y angustia. Nos desesperábamos cuando abrían una celda, teníamos la idea de que nos sacaban para aniquilarnos". "La sensación era que estábamos en manos de asesinos, porque lo manifestaban con palabras y hechos", puntualizó.
  
Eulogia se negó a recibir al obispo Medina

La testigo aludió también al caso de Eulogia Cordero de Garnica, detenida de Ledesma y con dos hijos desaparecidos, quien le relató que el obispo José Miguel Medina había querido confesarla en la cárcel de Gorriti. "Ella se negó y Medina le dijo entonces: `si tus hijos están en algo, van a tener lo que se merecen`", contó.
  
En esta audiencia declaró también como testigo Carlos Alberto Villarroel, que era guardiacárcel y a quien otros testigos de la defensa lo sindicaron como la persona que llevaba los registros de ingresos a los pabellones de los detenidos. Según los citados testimonios de la defensa de los acusados, también tenía a su cargo el libro de los vehículos que ingresaban o egresaban.
  
En su declaración testimonial, Villarroel incurrió en repetidas contradicciones en torno a los mecanismos de funcionamiento interno del penal del barrio de Gorriti.

Por ejemplo, aseguró que desconocía la existencia de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y "presos subversivos", y a la vez dijo que habían recibido la instrucción de "no asomar la nariz" en el pabellón 3, de prisioneros políticos y sociales.
  
Entre los acusados en este juicio por delitos de lesa humanidad, el represor Antonio Orlando Vargas era oficial del Ejército, a cargo del Servicio Penitenciario jujeño desde el 24 de marzo de 1976, y fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio. Los restantes imputados son los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, algunos de ellos integrantes del Area 323 que coordinó la represión terrorista estatal en Jujuy.
  
En este segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy se investigan las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Una testigo relató que vio a tres víctimas en su lugar de detención

En una nueva audiencia por el segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy, declaró Mercedes Susana Zalazar, quien fue apresada en 1975 y pudo ver durante su detención a tres de las víctimas cuyas causas se ventilan en estas audiencias.

Mercedes Susana Zalazar, quien ya había declarado en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy como testigo de contexto histórico, relató hoy ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy su largo cautiverio en calidad de detenida-desaparecida, que se inició en 1975.

Testimonió que el primero de junio de 1976 vio entrar a la cárcel de Villa Gorriti a Dominga Álvarez de Scurta, Juana Francisca Torres Cabrera y María Alicia del Valle Ranzoni, entre otros detenidos, y que durante los diez días posteriores las mujeres eran sacadas de penal para ser torturadas. "Siempre regresaban muy golpeadas, y estaban amenazadas de muerte", recordó. Contó luego que un día vio cómo un policía se llevaba a las tres mujeres, y nunca las volvió a ver.

 Zalazar dijo que luego, por comentarios de las celadoras, se enteró de que las habían entregado al comisario Ernesto Jaig, que era el enlace entre la fuerza policial jujeña y el ejército argentino que operaba en la provincia.

 Juana Francisca Torres Cabrera y María Alicia del Valle Ranzoni permanecen aún en calidad de desaparecidas, mientras que el cuerpo de Dominga Álvarez de Scurta fue identificado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido depositado como NN.

 En la época de su detención, Zalazar pertenecía a la Juventud Peronista, lo que era "una molestia" para el comisario Morales, el jefe policial de San Pedro de Jujuy, y para el dirigente político Eusebio Macías.

 Su detención se produjo en 1975 en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, cuando fue a preguntar por el paradero de su novio, Francisco Gallardo, que habia sido apresado. En ese momento, el jefe de la seccional policial de esa localidad, de apellido Lescano (actualmente preso), la detuvo. "Me apuntó con un arma y me amenazó, me dijo que si no hablaba, me violaban. Ese hombre cumplió con su palabra”, narró Zalazar.

 Luego fue trasladada junto a su novio, que estaba muy golpeado por los tormentos sufridos, y Juan Giménez, a San Pedro de Jujuy. Más tarde, la llevaron al hogar El Buen Pastor y posteriormente a la cárcel de Villa Gorriti, donde fue alojada en un pabellón junto a Dora Weisz, que tuvo a su hija en cautiverio, Soledad López, Gladys Artunduaga, Ninfa Coffler, Martina Chavéz e Hilda Figueroa.

Relató que cada vez que podía se subía a un banco que había en su celda para ver cómo Dora criaba a su hija 'Poty' en el patio de la cárcel.

Reveló que luego del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, las celadoras contaron que algunos oficiales del servicio penitenciario habían ido al regimiento militar a ocupar puestos de inteligencia y actuar como nexos entre el penal y el Área 323, que comandaba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 20 el coronel Carlos Bulacio. Tres de estos oficiales eran Ricardo Ortiz, su hermano Carlos y Herminio Zárate, tres de los acusados en este proceso.

Finalmente, la mujer relató que en octubre de ese año fueron trasladadas a Villa Devoto en avión, y que durante el vuelo, además de castigarlas físicamente, las amenazaban con tirarlas al vacío.

El segundo testimonio de la jornada fue el del penitenciario Santos Jesús Vásquez, quien calificó a los procesados Ricardo Ortiz, Carlos Ortiz, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez como "excelentes compañeros de trabajo”.

Sin embargo, aseguró no recordar los hechos de aquellos tiempos, aunque ante la insistencia del tribunal evocó que el 25 de marzo de 1976 prestaba servicio en la guardia externa del penal, que todos los puestos allí estaban ocupados por soldados y que un oficial de guardia, cuyo apellido olvidó, le había dicho que no podían "tomar contacto con los presos políticos".

Antes de finalizar la audiencia, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo pidió al tribunal la comparecencia de Ninfa Coffler y Martina Chávez, ambas exdetenidas que actualmente viven en Francia y podrían testimoniar por videoconferencia gracias a un acuerdo que existe con el Consulado de ese país.

En este juicio se están ventilando las causas por el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, una docente miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuyo cuerpo apareció en el cementerio de Yala, y “Giribaldi, Osvaldo Gregorio y otros”. En esta última causa, se investiga la detención y desaparición de, además de Giribaldi, de Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

La próxima audiencia será el miércoles venidero, donde testimoniará otro testigo-vícitma del horror y ex miembros del servicio penitenciario, que son convocados por la defensa de los procesados.

Fuente: http://elsubmarinojujuy.com.ar