Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez, explica que el empresario no sólo apoyó a la dictadura, sino que tuvo un papel clave en la represión provincial.
Por Daniel Enzetti
Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez y representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a nivel nacional, solicitará esta semana ampliar la denuncia contra Antonio Orlando Vargas, jefe del penal jujeño de Villa Gorriti donde permaneció secuestrado el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, en 1976. En este proceso, el represor figura como imputado por "privación ilegítima de la libertad calificada", un cargo que Rodríguez definió de "ridículo, si tenemos en cuenta la información de mayor gravedad que incorporaron los últimos testimonios".
Vargas tiene hoy 70 años, sus camaradas siempre lo llamaron "Tono", y se retiró de las Fuerzas Armadas con el grado de mayor. En los años de plomo fue el hombre fuerte puesto por la dictadura en el Servicio Penitenciario de Jujuy, que eligió Gorriti como una de las principales cárceles clandestinas de la región. "Lo vamos a acusar por torturas y tormentos –adelantó el letrado a Tiempo Argentino–, porque surgieron datos que demuestran el castigo no sólo sufrido por Aredez, sino además por el grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron secuestrados junto con él."
La causa iniciada en los tribunales que encabeza el juez federal Fernando Poviña se caratula "Aredez, Luis Ramón y otros", e investiga, además del caso del ex intendente, las detenciones ilegales de Ramón Luis Bueno, Antonio Felliú, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
La querella buscará la mayor pena posible para el genocida, pero en realidad sus expectativas están puestas en las pruebas que este expediente viene aportando para el juicio que tendrá como protagonista al empresario Pedro Blaquier, dueño de Ledesma. "El material que se agregó el mes pasado es suficiente como para que a Blaquier lo procesen ya mismo", explicó Rodríguez a este diario. Y agregó: "Son muchísimos los datos que estamos utilizando para fundamentar la idea que Blaquier, además de colaborar con la dictadura, fue un engranaje fundamental dentro del aparato represivo de la provincia."
El secuestro de Aredez y el grupo de operarios, según la reconstrucción de los hechos, fue comandado por el coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y del Área 323. El operativo contó con camionetas de Ledesma, personal de la policía provincial y efectivos del Ejército. Otra de las tareas de los abogados querellantes apunta a determinar el papel que desempeñaron varios integrantes de las fuerzas de choque, como el mayor Donato Arenas, un comisario de Libertador de apellido Alfaro, y el teniente primero Horacio Domingo Marengo. Este último fue el que ordenó el traslado de los detenidos de Gorriti al aeropuerto El Cadillal, para ser llevados en avión a la Unidad 9 de La Plata. "Fueron golpeados con palos y patadas, les vendaron los ojos, los amenazaron con ser tirados del avión", y en la U9 "fueron objeto de severos castigos por parte del personal penitenciario", quedó asentado en el escrito judicial.
"A Aredez le ataron las manos y los pies con alambres –relató Rodríguez–, lo golpearon y tenía toda la ropa desgarrada. Cuando entró al penal de Villa Gorriti pesaba 80 kilos, y al salir no llegaba a 60. No tenemos dudas que esas fueron las consecuencias de la tortura."
En la comisaría instalada dentro del Ingenio, Gainza recibió una advertencia: "Es mejor que acá te portes bien porque si no, te reventamos", le dijo el comisario.
A medida que se acerca el procesamiento de Blaquier, las contradicciones entre los miembros del Ingenio sobre el famoso tema de las camionetas se agudizan. Alberto Lemos, administrador de Ledesma, reconoció que la empresa puso a disposición de la dictadura sus vehículos para los operativos, con la idea de "limpiar el país de indeseables". Pero ahora, la fábrica fogonea la versión de que en la Noche del Apagón "las camionetas habían sido donadas", y "ya no pertenecían a la planta". El abogado afirma que "estamos frente a una maniobra bastante burda, y es evidente que quieren confundir. Dicen que los camiones no eran de ellos, a pesar de que mostraban la identificación. Pero olvidan un detalle: los choferes que manejaban, que también pertenecían a Ledesma. Ahora, lo único que falta es que Blaquier diga que los había despedido, y que en el momento de los secuestros ya no formaban parte de su personal."
Rodríguez lleva adelante la querella contra Blaquier junto a su colega Pablo Pelazzo y a un grupo de letrados que asesoran en la causa, como Juan Manuel Sivila (representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Ernesto Moreau, Beinusz Szmukler, Antenor Ferreyra y Carlos Slepoy.
"Si yo tuviera que definir el siguiente paso en el tema Derechos Humanos y Justicia –afirma–, pondría el acento en investigar y llevar a juicio a la pata civil de la dictadura, y no estoy hablando sólo de actores económicos. Los médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos e intervinieron en partos clandestinos, y los jueces que acomodaron o taparon procesos en aquella época, son otros ejemplos de ese engranaje represivo. Y no olvidemos los casos de San Nicolás, de Tandil, y de la complicidad de la empresa Loma Negra."
"La indagatoria a Blaquier –sostiene– y la posibilidad de procesarlo, son cosas trascendentes en una provincia donde la impunidad duró décadas enteras. Pero hay que estar atentos, porque el poder empresario vinculado a esa impunidad sigue bien parado. El mensaje mafioso a Antenor fue una advertencia." La semana pasada, Tiempo informó sobre una serie de amenazas sufridas por Ferreyra en su estudio y casa particular, de donde robaron celulares con datos referidos a la causa jujeña y otras en las que interviene el representante de la APDH. En uno de los llamados anónimos, al hijo del abogado le dijeron que su padre estaba secuestrado, y que como prueba recibiría "un dedo". Los apretadores habían hecho inteligencia: sabían que Ferreyra estaba en Mendoza recorriendo cárceles y recibiendo denuncias por torturas a detenidos, y lo dejaron claro en otra de las comunicaciones telefónicas.
"Cada juicio de lesa humanidad es un gran acto pedagógico –explica Rodríguez–, y por eso es tan importante que se multipliquen. Porque ahí vos tenés a las víctimas, a los que sufrieron, que te cuentan todo de primera mano. Es la única forma de dimensionar lo terrible que fue la dictadura. Como decía Jean Paul Sartre, hay una diferencia sustancial entre conocer y comprender. Uno puede conocer aspectos de la represión, los asesinatos, el robo de bebés, pero comprender sólo se logra mirando a las víctimas a los ojos, y escuchándolas."
Y finaliza: "Nunca antes, desde el progresismo, habíamos pensado al Derecho como interpelador del poder, y los tiempos actuales dan esa posibilidad. En Jujuy confluyeron varias cosas para que eso se esté logrando. Por un lado, el trabajo de los organismos de Derechos Humanos y de la gente movilizada, y, por otro, la decisión política de un Estado Nacional que supo canalizar ese esfuerzo."
