domingo, 23 de agosto de 2015

Los Blaquier judicializan la protesta gremial en el Ingenio Ledesma

Trabajadores del Ingenio Ledesma que cumplieron el jueves la tercera jornada del paro de 72 horas dispuesto por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) en el municipio jujeño de Libertador General San Martín, recibieron a intimaciones judiciales, administrativas y una denuncia penal de la empresa del grupo Blaquier.

La denuncia del Grupo Blaquier recayó contra Rafael Vargas, Secretario General del SOEAIL y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Jujuy, el sindicato que representa a los trabajadores azucareros que cumplieron un paro de 72 horas el martes, miércoles y jueves de la semana pasada en respaldo de reclamos salariales y laborales.

“Me notificaron el martes por la noche de esta nueva denuncia penal, que se suma a la que la empresa me hizo en el 2013″ en represalia por otro paro, confirmó Vargas a Télam.

Consultado sobre declaraciones del administrador del Ledesma, Federico Gatti, en el sentido de que Vargas “está a las puertas de un juicio oral” por estas denuncias penales de la empresa, el titular del SOEAIL respondió: “Yo le preguntaría cómo es que estoy a las puertas de un juicio oral, y el dueño de Ledesma (Carlos Blaquier), que fue imputado por complicidad en el genocidio, sigue libre y sin ir a juicio”.

El dirigente sindical relató además que una asamblea multitudinaria de trabajadores del Ledesma votó el paro de 72 horas por “salarios y condiciones de vida dignas, estabilidad laboral y más tiempo de trabajo para (obreros) temporarios y eventuales”.

Un comunicado de prensa del SOEAIL expresó que los asambleístas “decidieron de manera unánime proseguir con el paro y la permanencia en los accesos de la planta de gas, a pesar de las presiones, algunas operaciones de prensa e intimidaciones que se registraron en la primera jornada de las medidas de fuerza”.

Sobre las maniobras de la empresa para impedir el paro mediante una medida de conciliación obligatoria provincial, Vargas reiteró que “ya se agotaron todas las instancias a nivel nacional, con el Ministerio de Trabajo, tanto la ordinaria de 15 días como la extraordinaria de 5 días más de conciliación obligatoria”.

La última asamblea rechazó además la intimación de una fiscal de apellido Faral para que los huelguistas desalojaran el ingreso a la planta de gas del ingenio, con la amenaza de usar la fuerza si no lo hacían voluntariamente.

“Responsabilizamos por esta situación a la empresa Ledesma y a la fiscal Fara, ya que lo que en realidad necesitamos es una propuesta de parte de la empresa, en lugar de seguir amenazando como siempre lo hace”, subrayó un comunicado del SOEAIL posterior a la asamblea.

Cabe consignar que el miércoles, durante la segunda jornada de paro, se hicieron presentes en Libertador General San Martín Pablo Micheli y Ricardo Peidro, Secretario Geneal y Adjunto de la CTA Autónoma, respectivamente, para respaldar la justa lucha de los trabajadores azucareros de Ledesma.

Convocan a asamblea

Tras cumplirse con éxito el paro de 72 horas, este lunes tendrá lugar una nueva reunión entre representantes de Ledesma S.A.A.I. y los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, en busca de acercar posiciones en cuanto a recomposición salarial y condiciones de trabajo.

Lo que surja de esa reunión se informará en detalle el día siguiente, martes 11 de agosto, en asamblea que se llevará a cabo en la sede del SOEAIL-CTA, sita en Avenida Antártida del Barrio Teodosio López de la ciudad de Libertador, a partir de las 17.30 horas.

Se ha pedido puntualidad y no faltar para que sigan siendo los trabajadores los que tengan la ultima palabra.

* Equipo de Comunicación del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA)

lunes, 27 de julio de 2015

Multitudinaria marcha en Jujuy, a 39 años de la Noche de los Apagones

Con el pedido de que Blaquier sea juzgado

Los manifestantes exigieron el inicio del juicio contra el dueño de la empresa Ledesma y su ex administrador Alberto Lemos. Ambos están acusados por su presunta complicidad con el secuestro de más de 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas.

“Los crímenes de lesa humanidad del departamento de Ledesma siguen impunes, basta de complicidad del Poder Judicial, Blaquier y Lemos al banquillo.” Bajo este lema marchó ayer una multitud en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, a 39 años de la llamada Noche de los Apagones, cuando durante la dictadura cortaron la electricidad y secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 33 permanecen desaparecidas. Organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles exigieron el inicio del juicio contra Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ex presidente y ex administrador de la empresa Ledesma, por su presunta complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquellas noches.

Con el apoyo de los vehículos de la poderosa empresa del azúcar y el papel, las fuerzas policiales realizaron en 1976 operativos de secuestro también en las localidades de Calilegua y El Talar, y entre los detenidos estuvo el intendente de Libertador Luis Arédez, que también había sido perseguido desde su desempeño como médico para Ledesma, acusado de beneficiar a los obreros recetando “remedios caros”. Inés Peña, presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de San Salvador de Jujuy rememoró que las primeras marchas fueron protagonizadas por Olga Márquez de Arédez, al principio con otras Madres y luego en soledad, siempre denunciando en forma directa al poderoso empresario como cómplice del terrorismo de Estado. Peña también destacó a Eulogia Cordero de Garnica, cuyos hijos siguen desaparecidos. “Con el paso de los años la lucha se fue nacionalizando e incorporando familiares y ex presos políticos, se consiguió el acompañamiento de Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru. “La del Apagón fue una noche muy larga para todos nosotros, todavía vivimos las consecuencias económicas del nefasto paso de la dictadura, pero no queremos venganza sino justicia”, dijo Sala.

Hugo Condorí, único sobreviviente de la obra social del sindicato de trabajadores del azúcar, expresó que “la lucha de muchos años da resultado, es importante que se juzgue a los empresarios que fueron cómplices”.

Además de la Tupac y Familiares, encabezaron la marcha Rosa Schonfeld, mamá de Miguel Bru, Dolly Demonti, mamá de Ezequiel Demonti, Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón y Eugenia Vázquez, mamá de Andrea Viera, junto a la Red de Organizaciones Sociales y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.

También se movilizó la Asociación de Ex Presos Políticos, la Red por la Identidad, América Joven Insurgente y el Ceprodh, en coincidencia con la consigna de “juicio y cárcel al empresario genocida Blaquier”, a la que agregaron el pedido de “apertura de los archivos de Inteligencia”, y la solidaridad con los obreros del Ingenio La Esperanza y los trabajadores de transporte de la Línea 60.

domingo, 19 de julio de 2015

Secuestrada en la Noche del Apagón en Jujuy, tiene a sus dos hijos detenidos-desaparecidos

“No fue el demonio, fue Blaquier”

Eublogia “Rita” Cordero de Garnica fue una de las testigos históricas en el Juicio a las Juntas y una voz central en el caso contra los Blaquier. Ahora vino a la Capital a pedir a la Corte Suprema que los dueños del ingenio no sigan libres e impunes.

 Por Alejandra Dandan

En Libertador General San Martín todos le dicen doña Rita. A los 53 años, Eublogia Cordero de Garnica declaró en el Juicio a las Juntas. Cuando le preguntaron por las generales de la ley ella dijo sin dudar “enemigos”. Doña Rita, de quien todavía se ríen por su respuesta, aclaró: “¿Pero cómo iba a decir que eran amigos? ¡No! Más que yo no los conocía, porque había estado atada. Salió una revista con toda mi declaración. A mi nieta le dije: ‘¡El día que yo me muera no estés quemando esto!’. Esto es sagrado. Todo lo tengo yo bien encarpetado”. Exactamente treinta años después, con 83 años, doña Rita volvió a Buenos Aires. Ahora lleva un bastón, casi no puede moverse, usa el pelo sin canas, toma una pastilla para cada parte del cuerpo y casi no ve. Cada tanto, puebla su historia de enérgicos comentarios sobre los “sinvergüenzas” y “desgraciados”. Con fuerza, intenta que los integrantes de la Corte Suprema le den una entrevista.

–¿Que va a pedirles, doña Rita?

–Yo lo que quiero es Justicia. Quiero que lo traigan también a Blaquier porque él ha sido el promotor de tantas cosas que pasaron en Calilegua. Hoy ya no puedo verlo, pero tengo mis hijos para que me digan: “Mamá ahí está, ahí está el criminal ese”.

–Hace unos años usted parecía esperanzada con el proceso de Justicia, ¿qué pasó?

–Pensaba, por ahí se podía hacer Justicia pero por otro lugar. Porque decía: éste tiene plata y va a hacer lo que quiere, en cambio el pobre, no. ¡Ya ha pasado tanto tiempo...! Mire, desde el ’76 hasta la fecha. Y lo único que quisiera, antes de morirme, es que me devuelvan los restos de mis hijos y que me digan por qué, por qué se los llevaron, ¡por qué los mataron! Si uno tenía 20 años y el otro 23. Los dos tenían sus hijos. ¿Cómo no vieron eso, ellos? Por eso voy a seguir buscándolos. Voy a quedarme tranquila el día que sepa que ese sinvergüenza está preso.

Primera planta de un hotelito viejo de Avenida de Mayo. Rita anda acompañada de dos mujeres de su pueblo. Lleva un sacón pesado de color azul con las fotos de sus hijos Miguel Angel Garnica y Domingo Horacio. La mano siempre adelante cuando camina, tanteando con el bastón. Doña Rita aparece en el Nunca Mas como secuestrada el 20 de julio de 1976, hace exactamente 39 años. Ese día, se llevaron a las tres de la tarde a Miguel Angel del club de Ledesma donde trabajaba; un poco más tarde se la llevaron a ella y a Domingo Horacio. Su esposo, Donato, estaba en la cárcel desde 1974 y en las noches siguientes, mientras el pueblo desaparecería transportado en vehículos del Ingenio Ledesma, como dio por confirmado después de años la Justicia, también se llevaron a un yerno. Rita pasó por los centros clandestinos y salió del penal de Villa Devoto un año después.

Cuando regresó a su casa, que era del Ingenio, un juez la desalojó con la Gendarmería porque ya no eran trabajadores conchabados por los Blaquier. A Donato lo soltaron en 1982, pero a sus hijos no los volvieron. Sus hijas mujeres solían salir a esperarlos a la plaza del pueblo como se espera la vuelta de los combatientes en los relatos de las guerras. Doña Rita en cambio una vez agarró un remise para buscarlos en los 113 kilómetros de monte entre Libertador y San Salvador de Jujuy. “Porque yo decía por ahí los han tirado semimuertos, sabía que los torturaban y los tiraban –explica–. Después de años, lo soñé a Miguelito que me decía: ‘No te aflijas que nosotros estábamos allá, era un hotel que queda cerca del Talar, de Valle Grande. No te aflijas que dentro de 15 días vamos a volver’. Yo le dije a mi marido, ‘Si vos conocés ese lugar, andá, andá en un colectivo, andá ver. Vos que sos mas amiguero, preguntá por ahí’”.

Pero no, no fue así. En otro lugar, le dijeron a Rita que había una familia con el apellido Garnica. “Yo me enteré un día en el banco, le digo al que me lo contó que le daba una foto. Hágame un gran favor: ¿me averigua usted quién es y quiénes son los padres de este hombre? Pero tampoco.”

–¿Cómo recuerda la noche de los operativos?

–Fue el 20 de julio del ’76. Golpearon la puerta. Entonces yo salgo a ver quién es y no me dejaron ni hablar ni nada. Me metieron adentro de un empujón. “¿Acá vive Donato Garnica?”, dijeron. Como yo estaba contra la pared, les digo: “¿Ustedes dicen que son de la Policía? ¿Porque si ustedes son de la Policía, entonces deben de saber que mi marido lleva cuántos años preso? Porque él está preso desde el ’74 por ser sindicalista”.

–¿Su marido era del Sindicato de Calilegua?

–Fundador del Sindicato Azucarero de Calilegua, Fundador de la Caja de Obreros y empleados de Calilegua, la Caja mutual. ¡Y fue comisionado municipal de jovencito! A él le gustaba eso. Se metió en el Sindicato, le gustaba defender a los obreros como él que andaba pelando caña.

–¿Ledesma tenía caña en Calilegua?

–Ledesma tiene cañas en todos lados. ¡Si no pone abajo de la cama, no sé por qué! Tiene cañas por todos lados. Y yo no sé cómo cedió lugar para que hagan casas.

–¿Entonces, cómo siguió la cosa en el operativo?

–Yo les dije: “Ustedes saben muy bien que mi marido está preso. ¿Por qué vienen a buscarlo a la casa?”. A mí me han pegado un empujón, me han pegado una trompada en la cara. Y justo mi otro chico, de 12 años, sale. Y justo sale el otro hijo, este –dice y señala una de las fotos, la de Domingo–. Durante la charla volverá hacerlo seguido. En general no menciona los nombres. Los señala en la foto. Y entonces ellos aparecen así, de golpe, con sus caras y todo, metidos en la conversación. Domingo ese día andaba de pantalón pijama porque salía de bañarse–. Le dije, papito, ponele algo en la espalda a tu hermano. Pero no, así nomás, lo han sacado a los empujones, a las trompadas y las patadas nos han sacado. Ahí afuera, en la calle estaban los vehículos. Me han dicho que eran vehículos de Ledesma. Estaba la Policía, Gendarmería y no sé que más.

–¿A dónde los llevaron?

–Me dijeron que eran celulares de la policía. Estaba lleno de gente. Todos iban bien atados y a no hablar. Nos llevaron hasta la Policía de Calilegua y ahí nos pusieron los números. A mí me pusieron el número en la frente, pero no me acuerdo cuál. De ahí otra vez al vehículo. Y después nos llevaron hasta el Ingenio donde estaba la otra gente metida, que nos estaban sacando. Y después cuando ya nos sacaron del celular y nos metieron a otro, no se fijaron, pero yo tenía una ventanita, apenitas alcanzo a distinguir los trailer de Ledesma con gente adentro. Muy poca cosa, ¡pero vi! Yo no sabía qué nos iba a suceder. Cuando nos llevan a ese lugar (Guerrero), yo lo escuché al Bebe Córdoba (uno de los desaparecidos al que secuestran en Tucumán). “Mamita –me decía– dame agüita que me muero.” Gritaban. Uy, Dios, dónde estamos, por Dios. Y ya estábamos en Guerrero.

Calilegua y Libertador general San Martín son dos localidades separadas por cinco kilómetros de ruta, ubicadas en la zona del ramal. Sus poblaciones son parte de un territorio conformado bajo el dominio de Ledesma, como lo planten las ciencias sociales que lo piensan como “sistema de fábrica con villa obrera”. Fabrica, escuela, hospital, las viviendas, un sistema que controla y alimenta la reproducción de la mano de obra permanente y temporaria en la esfera doméstica y en el espacio de la fábrica. Libertador es el corazón del ramal, puerta de entrada del corredor de Las Yungas, centro político de Ledesma, con la planta central, el barrio de los obreros y separado, las casas de los gerentes y la Rosadita, la mansión que replica la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo construida por los Blaquier, amurallada en los últimos años. Los trabajadores secuestrados antes y durante la dictadura pertenecen a estos territorios. En las escuelas todavía dicen que se los llevó El Familiar, esa especie de demonio de las leyendas populares que se come a tres obreros en el comienzo de la cosecha y al final. “¡¡Que me lo venga a decir a mí que ha sido El Familiar!!” suelta doña Rita en la mesa. Eso le contestó a su nieto uno de esos días cuando volvió de la escuela con esa historia. “Que acá el Familiar es Pedro Blaquier”.

En la semana del 20 de julio de 1976 se produjeron una serie de secuestros sin número claros, con apagones en las calles. Los detenidos desaparecidos eran delegados o trabajadores del sindicato o movilizados por él, estudiantes y hasta una maestra de las escuelas de un pueblo donde todo es Ledesma. Ese día, Rita perdió el contacto con su hijo Domingo inmediatamente. Hasta días antes, el centro clandestino de Guerrero adonde los trasladaron había sido parte de las propiedades del obispado. “Tuvimos diez días ahí. Nos separaron a las mujeres de un lado y los varones a del otro. Las mujeres fuimos a parar a la cárcel de Gorriti en Jujuy. Estuve dos meses. El 8 de octubre a las siete de la mañana dicen: ‘preparen sus cosas, hay traslado’. Ni sabíamos qué traslado era. Nos preguntábamos una a otra. Vino el celador y dijo: ‘Se las llevan a la cárcel en Buenos Aires, ahí van a estar bien’.”

“De ahí nos transportaron a Devoto y los hombres a otro lugar. De mi marido ya no sabía nada. Por boca de otros, me decían: está bien, porque era un hombre grande. Yo la pasé un año en Devoto. ¿Por qué? No sé hasta la fecha –dice–. Pero lo que más siento son los hijos. Eso es lo que siento yo. Ellos estudiaban. ¿Y estudiaban dónde? En la Escuela Técnica de Ledesma. Ahí estudiaban. Y yo me acuerdo bien clarito, que un día, a la hora del almuerzo, mi marido me dijo: Rita, porque a me dicen Rita nomás, me llamó el (Alberto) Lemos (antiguo administrador del Ingenio) para la beca de los chicos. Entonces, él (y señala la foto de Domingo) que era orgulloso, dijo: ‘No papá. Usted y la mamá trabajan para que nosotros estudiemos muy bien. Esclavos de Ledesma, no. No papá. Nosotros vamos trabajar por cuenta nuestra’.”

Domingo tenía una hija de ocho meses cuando lo secuestraron. Su esposa se había muerto cinco meses antes. Esa niña que se crió con Rita, hoy tiene 36 y es a la que Rita le implora por sus papeles sagrados. Domingo había estudiado mecánica automotor y electricista en la escuela de Ledesma. Para 1976 estudiaba por otro lado para dibujante de planos, pagado por su familia. Miguel Angel estudiaba “tractores, esos grandes, pero no para Ledesma. Nosotros le pagábamos para que aprenda. Y sí, cuando lo necesitaban lo llamaban para portero del Club de Ledesma. Había una pileta en el verano. Lo llamaban porque decían que era el único que iba bien presentable, porque tenía que ir bien presentable”.

El 20 de julio a las tres de la tarde su hijo estaba trabajando en el club. A las siete de la tarde un vecino la empezó a buscar. El hombre vivía a dos cuadras de su casa y al encontrarla le dijo “del Ingenio han llamado a la Policía y su hijo Miguel Angel está detenido”.

Rita le pidió a su hija mayor que averigüe y con la esposa de Miguel fueron al Ingenio a ver qué pasaba. Vieron “cómo venían los vehículos. Nos dijeron: ‘nosotros los cruzamos en el puente. Lleno de milicos está’. Eso me dijeron cuando yo ya salí. Mientras estuve detenida, yo preguntaba por mis hijos. A uno, a otro. A la policía. Me decían: ‘Ya van a salir, ya van a salir’. Pero seguro que ya los habían hecho boleta. ¿Por qué? No sé. ¿Porque el padre era sindicalista? ¿Porque defendía a los obreros? No, por eso lo que yo digo, sea como sea voy a seguir saliendo a buscarlos. Me voy a quedar conforme el día que yo sepa que ese sinvergüenza esté preso. A mí me han quemado con cigarrillo y me han hecho lo que se les dio la gana. Me han pegado en la cara, me han hecho saltar la dentadura. ¿Por qué? Porque me preguntaban por personas que yo ni conocía”.

Al salir de Devoto y sin casa propia, doña Rita volvió a su provincia dispuesta a vivir “bajo un puente, si hace falta”. Su padre, que vivía en Yute, le dijo: “Hija venite, te hago una hermosa casita con baño y todo para que estés con tus hijos. Le dije que no, porque acá yo me voy a descolgar. Yo quiero estar cerca de dónde puedo buscar a mis hijos”. “Entonces volví a Calilegua porque enojada y todo, les dije que iba a desocupar cuando encuentre dónde ir. Mi hija, la mayor, que era casada, me dice: ‘Viejita, vení a vivir con nosotros hasta cuando venga el papá’. ¡Porque nadie me quería alquilar una pieza! ¡Nadie! Nadie, fíjese como he andado yo mendigando una pieza. Yo trabajaba, mi profesión es modista. Trababa con el costura en la casa y después trabajaba en el hotel Artaza, de Libertador, que es el más grande que hay y me la pasé trabajando para poder criar a los tres que me quedaban.”

–¿Cómo siguió la búsqueda?

–Con las otras madres, nos reuníamos. Caminamos a las cárcel de Salta, de Jujuy, Tucumán y a pie con semejante tierra, con semejante sol. A buscar. Pero no había nada. “No hay subversivos”, decían ellos. Yo decía, que la recontra, pero no importa: hay un Dios. Hemos andado... mire, por ahí nos pillaba el agua y seguíamos. Creo yo que soy la única madre que queda.

–¿Consiguió trabajo su marido?

–Ni de sereno le querían dar trabajo en Libertador. Ni la indemnización le pagaron. Cuando salió para reclamarla le dijeron que tenía un plan de espera y después que no correspondía porque se había pasado el tiempo.
El juicio

“Donde había una comisión, ahí estábamos todas a declarar y decir lo que habíamos pasado.” Fueron a ver a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 cuando pasaron por Tucumán. Estuvo con la delegación de la Conadep que viajó a San Salvador. Y más tarde declaró en el Juicio las Juntas. “Me llamaron a declarar a Buenos Aires cuando estaba Alfonsín de presidente. El doctor (Julio Cesar) Strassera ha sido mi abogado. Primero mandó dos secretarios a Jujuy y me citaron por la Policía de Calilegua que vaya al Juzgado Federal N°1. Le dije a mi marido que me iba sola, porque estaba cerca. Fui y estaban los secretarios del doctor Strassera. Se presentan. Y me dijeron que tenía presentarme a declarar allá y que voy a tener mi abogado y todo. Yo no quería venir, por mis hijos y porque no conocía a nadie, pero ellos me ayudaron.”

domingo, 14 de junio de 2015

La causa por la responsabilidad del empresario Carlos Pedro Blaquier

Un desafío para la Corte

Fiscalía y querellas recurrieron en queja para que se revise el desprocesamiento del dueño de Ledesma. Ricardo Lorenzetti dijo que se quedaba como presidente para manejar las presiones sobre “los juicios de lesa humanidad en el campo empresarial”.

 Por Alejandra Dandan

Llegó la hora de la Corte. El presidente del supremo tribunal de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, expresó en una carta al periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, que se quedaba como presidente para manejar las presiones sobre la Corte que “deberá decidir causas importantes”, como “los juicios de lesa humanidad en el campo económico-empresarial”. En estos días se abrió esa oportunidad histórica. Ante los rechazos de la Sala IV de la Cámara de Casación –que negó a querellas y fiscales un recurso extraordinario para acudir al máximo tribunal y revisar la falta de mérito que benefició y desprocesó al zar del azúcar Carlos Pedro Blaquier–, los fiscales generales ante Casación y las querellas insistieron con un nuevo planteo de “queja” destinado a la Corte. Señalan que la decisión de los camaristas es “arbitraria y autocontradictoria”. Cuestionan la forma, el cuándo y cómo puede meterse Casación en una causa de este tipo y reclaman a la Corte que en medio de la puja por elevar los estándares probatorios que hasta ahora permitieron enjuiciar a los militares, se expida acerca de cómo la Justicia argentina va a entender la participación del campo empresario en estos crímenes. O que reenvíe la causa para que se discuta en juicio oral.

La decisión de Casación fue “manifiestamente arbitraria y autocontradictoria –señaló el fiscal general Javier de Luca en su presentación– respecto de lo decidido por la misma sala en todas las causas de lesa humanidad y con lo decidido en esta misma causa”.

La Sala IV que intervino en el caso Blaquier estuvo compuesta por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. En contra del modo de valorar la prueba que hasta ahora tienen las causas de lesa humanidad asentadas en mandatos del máximo tribunal, el último mes de marzo la sala desprocesó a Blaquier y Alberto Lemos, administrador del ingenio durante la dictadura. Ambos tenían procesamientos confirmados por la primera instancia y por la Cámara Federal de Salta. Los dos estaban, además, sin prisión preventiva; la causa no estaba cerrada; se hallaba en plena investigación y a punto de ser elevada a juicio oral. Casación suele intervenir en estas causas solo cuando los casos se cierran con sentencias o ante hechos de gravedad institucional. En este caso, la Sala IV se apoyó en un amicus curiae presentado por la defensa que planteó la gravedad institucional por el nombramiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Así se metió en la causa, pero evaluó no sólo esa designación sino el fondo de la prueba como si fuese un tribunal de juicio. Esto es lo que cuestionaron fiscales y querellas. Y ahora vuelve a cuestionar el nuevo planteo. La sala se metió de lleno en la discusión aún pendiente y reservada al debate oral. Dio por probado el uso de las camionetas del Ingenio Ledesma para el traslado ilegal de los prisioneros, pero insólitamente consideró ese aporte “neutral” y dijo que no se podía probar el “dolo” o conocimiento de los imputados sobre el para qué iban a usarse los vehículos. Dictó la “falta de mérito” que si bien, formalmente, no cierra la causa, es leída como una absolución encubierta equiparable a un fallo definitivo.

Fiscales y querellas presentaron un recurso extraordinario en Casación para ir a la Corte. Pero la Sala IV, con Mariano Borinsky en lugar de Riggi, rechazó esa apelación. Los camaristas dijeron casi irónicamente que como la causa sigue, no hay sentencia definitiva que habilite la jurisdicción de la Corte. Y que no hay gravedad institucional porque nadie habló del tema del fiscal en estos planteos. Borinsky hizo voto aparte y aclaró adoptar esa misma posición porque había quedado “sellada la suerte” en la resolución de marzo.

En ese contexto de idas y vueltas, en el que las víctimas ven que los ropajes jurídicos tapan posiciones políticas, las querellas y los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler volvieron a batallar. Presentaron el pedido de “queja” directo a la Corte. “La Cámara utiliza como excusa un argumento impertinente porque la decisión sobre la continuidad del fiscal subrogante no tiene ninguna influencia” en el “auto de procesamiento de Blaquier y Lemos ni en el de la decisión que les había dictado la falta de mérito”, dicen. El argumento “no resiste las leyes de la lógica común y su falacia está a la vista: cuando la Cámara deseaba abrir la instancia para tratar la situación procesal de los imputados, se valió de la designación del fiscal y dijo que estaba enlazada a lo primero; pero cuando resolvió la situación procesal a favor de los imputados, ya no necesitó más de ese lazo con la cuestión del fiscal. La contradicción de la sala, su fundamentación aparente, puede verla hasta los legos, que no podrán entender cómo la misma cuestión se consideró equiparable a sentencia definitiva para unos y no para los otros. Bajo esa falacia que operó como ‘llave’, la sala abrió la instancia a la defensa para discutir un procesamiento sin prisión preventiva que ya tenía un doble conforme, pero a esta parte fiscal y a las víctimas nos niegan la posibilidad de discutir la resolución que los revoca y dicta las faltas de mérito”, señalan y advierte que contradice de forma “flagrante” el principio de igualdad.

Ahora a la Corte debe decidir si va a apartarse de sus propias tradiciones. Desde hace tiempo, el máximo tribunal se expide en temas penales sólo a través del articulo 280, que permite confirmar las sentencias de Casación tal como les llega y a la vez señala que la Corte entiende que no tiene cuestiones de envergadura institucional que deba discutir. El 280 puede ser una (penosa) alternativa para decidir sobre uno de los casos más simbólicos de la responsabilidad empresaria. Otra alternativa distinta sería abrir un pronunciamiento o enviar la causa a juicio oral. Es decir, asumir este momento como parte de los nuevos desafíos jurídicos que presenta el avance del proceso de Justicia.

Repudio de los organismos

Luego de un encuentro organizado en la Universidad Nacional de Jujuy, a la luz de las últimas decisiones de la Sala IV de la Cámara de Casación penal, los organismos de derechos humanos de la provincia hicieron un comunicado en el que denunciaron los “tecnicismos jurídicos” que “no sólo son un privilegio inaceptable”, sino que otorgan impunidad a los empresarios. Víctimas de la Noche del Apagón y de otras causas de Jujuy, organismos como Madres de Plaza de Mayo de esa ciudad, H.I.J.O.S. y militantes de organizaciones populares y sociales señalan no sólo a la Casación sino a las respuestas dadas desde el Poder Judicial. “Nos encontramos en un momento de incertidumbre y de angustia, en un camino que vuelve a tornarse incierto, y no es sólo por la evidente parcialidad de la Casación que con sus fallos se muestra renuente a juzgar a los responsable económicos del terrorismo de Estado, sino también porque vemos igual conducta de una parte del Poder Judicial que es impermeable ante la tragedia padecida y el hostigamiento continuo que sufren las familias de los desaparecidos, los sobrevivientes y las víctimas del terrorismo de Estado”. “Los organismos de derechos humanos de Jujuy expresamos nuestro más enérgico repudio a la última resolución de la Sala IV que rechaza los recursos de nuestros abogados querellantes y de la fiscalía y una vez más benefician, en una actitud de otorgar impunidad, a los procesados Blaquier y Lemos”.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Con una sola audiencia por semana se inicia el jueves el tercer juicio

Se trata del traslado de 93 presos políticos del penal Villa Gorriti en octubre de 1976 a La Plata y Villa Devoto.El único detenido desaparecido de ese traslado es Armando Tilca Barreix Un sola audiencia por semana...

Por Mariana Mamani

El jueves próximo se iniciará el tercer juicio, la audiencia será a partir de las 14 y se realizara una por semana, así se confirmó tras una audiencia preparatoria entre el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°1, el Ministerio Público Fiscal, querellas, y la defensa de los imputados.

El retraso en este juicio oral y público se debió a la fragmentación de estas causas que son complejas y la nefasta instrucción del ex juez Carlos Olivera Pastor, actualmente de licencia por razones de salud desde el 29 de marzo de 2012, dilatan estos procesos judiciales y las victimas, familiares fallecen sin tener justicia, así también represores, cómplices sin ser juzgados.

La causa que se ventilará es “Marengo I y Marengo II, estas fueron desdobladas en la instrucción y ahora son acumuladas. Se buscara saber lo que sucedió en “los vuelos de la muerte”, a 38 años de lo que hizo la dictadura cívico militar y eclesiástica. Se trata del traslado de los detenidos en el Penal de Villa Gorriti el 7 de octubre de 1976 al aeropuerto “El Cadillal” y llevados a la Unidad 9 de La Plata y a la Unidad Penitenciaria de Devoto

Fueron 93 víctimas, hombres y mujeres, de estos traslados en un avión Hércules y el operativo fue comandado por personal del Servicio Penitenciario Federal, quienes fueron los que golpearon, torturaron a los detenidos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy Nº1, está integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz, quienes por sus actividades judiciales en Tucuman y Salta, diseñaron que el tercer juicio se realize con sola audiencia por semana, lo que no tiene antecedentes en el NOA.

Varios testimonios serán incorporados directamente y cerca de 47 se escucharan en la sala de audiencia. La brevedad del mismo es fundamental para fijar fecha al juicio al empresario Pedro Blaquier, cuya instruccion la lleva adelante el juez federal subrogante Fernando Luis Poviña.

En el tercer juicio que comienza se buscara saber que sucedió con el único detenido desaparecido Armando Tilca Barreix, quien fue trasladado y no llegó a La Plata. Entre las víctimas de este juicio, que estuvieron en ese numeroso traslado fueron los detenidos desaparecidos Avelino Bazán, dirigente minero de la empresa El Aguilar y el médico Luis Arédez, que trabajó en la Empresa Ledesma, que fueron desaparecidos posteriormente.

Los imputados son: Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc la mayoría agentes penitenciarios y el único ex militar Domingo Horacio Marengo

Los delitos por los que se los acusa son privación ilegal de la libertad y tormentas, en perjuicio de los ex presos políticos.

Las partes que van a intervenir ante el TOF están compuestas por los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo; los abogados querellantes, María José Castillo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Andrea Lupiañez por HIJOS ; y los abogados particulares Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carreras, por Eublogia Cordero de Garnica, cuya familia fue devastada por los militares.

Por su parte la defensa de los imputados está constituida por Matías Gutiérrez Perea (defensor oficial), junto a las abogadas María Victoria Nager y María Esther Retondo.

lunes, 21 de julio de 2014

Reclamo por la causa que involucra a Blaquier

Las trabas al juicio

Organismos de derechos humanos jujeños pidieron que se elevara a juicio oral la causa por las responsabilidades civiles en las desapariciones de trabajadores de Ledesma.

En el día provincial de los derechos humanos, que conmemora La Noche del Apagón, los organismos jujeños manifestaron su preocupación por la demora en elevar a juicio oral y público la causa por las responsabilidades civiles de los secuestros y desapariciones de trabajadores en el departamento de Ledesma, en la que son investigados el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador Alberto Lemos.

Los organismos se quejaron concretamente de que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta como a la Cámara Nacional de Casación Penal “obstaculizan y lentifican el procesamiento de Blaquier y Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de julio del año 1976”.

Los hechos se produjeron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en las localidades Talar, Calilegua y Libertador General San Martín. Con cortes de energía en las tres localidades, la dictadura secuestró a cerca de cuatrocientas personas utilizando camiones pertenecientes al Ingenio Ledesma; treinta y tres de ellas continúan desaparecidas.

“Estamos convencidos de que a 38 años de la fatídica Noche del Apagón es hora de justicia para sus víctimas. El pasado reciente nos muestra que la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas por la última dictadura cívico-militar”, expresaron la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y el Centro de Apoyo Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma).

En contraposición, valoraron el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal, que ha dado impulso y la activación a las causas por delitos de lesa humanidad. Esto, señalaron, “ha implicado en muchos casos reabrir expedientes dormidos y empantanados por más de 30 años en los archivos judiciales”.

“Nos preocupa enormemente que algunos sectores de la Justicia, a través de sus denuncias y cuestionamientos a la tarea que vienen realizando los fiscales ad hoc, en todo el país, estén intentando frenar el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad”, agregaron las agrupaciones, que acompañan a la querella en la causa por el secuestro de trabajadores y delegados sindicales.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, recordó que “muchos testimonios reflejan que se utilizaron camionetas de la empresa Ledesma para llevar a las personas. Los secuestrados fueron llevados al centro clandestino de Guerrero, a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Setenta de ellos, con sus testimonios, colaboraron en esclarecer los hechos investigados en los dos primeros juicios de lesa humanidad en Jujuy”.

Durante toda la semana habrá en Libertador y Calilegua una serie de actividades para pedir justicia y recordar La Noche del Apagón: presentaciones de libros, proyecciones, exposiciones de fotos y materiales de la memoria. Entre los libros a ser presentados están En el nombre de sus sueños, de Tatiana Sfiligoy; En la misma vereda, de Beatriz Villar, y Radiografía de Ledesma - pañuelos en rebeldía. También, el martes 22, a las 17, habrá una charla debate sobre la cobertura de los medios sobre derechos humanos, organizado por la Afsca Jujuy. El jueves 24 se realizará la tradicional Marcha del Apagón, que recorrerá Calilegua y Libertador San Martín.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Jujuy: Para la querella del juicio, la colaboración inter-fuerzas habla de un "plan sistemático"

En el área 323 colaboraron miembros del Ejército, la Federal, la provincial, Gendarmería

 El secuestro de Dominga Alvarez de Scurta respondió a "un plan sistemático" del terrorismo de Estado, afirmó hoy el abogado de los hijos de la víctima, Ariel
Ruarte, tras una nueva audiencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Los secuestros, torturas y desapariciones (de las siete víctimas comprendidas en este juicio) no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a un plan sistemático" ejecutado por "un aparato aceitado que actuó en forma sistemática", subrayó.
"Ha quedado demostrado también en Jujuy que hubo una estudiada relación entre fuerzas de seguridad provinciales y el Ejército", en la represiva "Area 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacio", dijo  el abogado que representa a la querella de los hijos de Dominga, una de las siete víctimas en este juicio.
  
Ruarte subrayó además que seis de los ahora imputados fueron nombrados por testigos en el primer juicio de lesa humanidad que concluyó en mayo último en Jujuy.
  
Videos con estos testimonios fueron reproducidos en la audiencia de hoy para ganar tiempo pero, sobre todo, "para evitar la revictimización de los testigos", quienes más adelante podrán responder "preguntas concretas", explicó.
  
Uno de los videos exhibidos en esta audiencia correspondió a las declaraciones de Ramón Bueno, prisionero político de la dictadura y, en esa época, dirigente del Sindicato del ingenio azucarero Ledesma, empresa perteneciente a la familia Blaquier. El testimonio de Bueno aludió a la detención y posterior desaparición del médico Luis Aredez, exjefe comunal de Libertador San Martín, la localidad jujeña donde se encuentran la planta principal de Ledesma y "La Rosadita", residencia de los Blaquier.

También fueron reproducidos en video los testimonios del médico, asesor del mismo Sindicato y ex preso político Carlos Cardozo, recientemente fallecido, y del sacerdote Juan Bosco Mecchia, quien implicó en hechos represivos al obispo José Miguel Medina.

Los imputados en este segundo juicio por secuestros, torturas y homicidios son Antonio Orlando Vargas, exoficial de Ejército, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio; el suboficial de la misma fuerza César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
  
Con excepción de Vargas, que se encuentra en el Penal de Ezeiza,  el resto de los imputados estuvo en la sala en esta audiencia.
  
Además de Dominga Alvarez de Scurta, las víctimas en este segundo juicio son Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
  

El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió que este jueves y el miércoles de la semana próxima prosiga la exhibición de videos con declaraciones de testigos.El jueves 21, realizará inspecciones oculares en la Jefatura de Policía y la cárcel de Gorriti, entre otras reparticiones que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.