domingo, 15 de julio de 2012

Braga, el primer indagado por la represión en Jujuy, dijo que en 1976 "desconocía" la situación

El acusado en la causa por el secuestro y asesinato del estudiante Julio Rolando Alvares García, Mariano Braga, buscó hoy desligarse del Area 323 de la represión en Jujuy, en la primera indagatoria del juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en esta provincia durante la ultima dictadura.

Braga afirmó que sólo desempeñaba funciones "administrativas" como auxiliar del jefe del Area 323, el coronel Carlos Bulacios, en "la atención a familiares" de presos políticos y detenidos desaparecidos, a la vez que definió como "técnico" su cargo de jefe de inteligencia en el GAM 5, una de las dos unidades del Ejército en Jujuy.

Según dijo, cómo oficial de inteligencia se dedicaba en 1976 a mediciones topográficas, cartografía y otras actividades para "adquirir blancos" hipotéticos de la artillería, y que en los ratos libres era además el bibliotecario de su unidad.

"Desconozco", "jamás supe" y expresiones similares repitió una y otra vez el acusado, en su declaración de casi seis horas, cada vez que fiscales y querellantes le preguntaron sobre la represión terrorista de Estado y se escudó en que era "sólo un teniente".

Sobre el centro clandestino de detención de Guerrero, en el sudoeste provincial, aseveró que supo de su existencia sólo después del retorno a la democracia pero que en 1976, al hacer cortes de ruta, le había llamado la atención la cantidad de vehículos de Gendarmería y de la empresa Ledesma que circulaban por sus inmediaciones.

"Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba gendarmes" desde Guerrero, relató en el juicio que unificó cinco causas, dos de las cuales implican a esa empresa del grupo económico que encabeza Carlos Blaquier, citado a inadagatoria.

También aludió a una "mala relación con Bulacios" y agregó sobre el jefe de la represiva Area 323, ya fallecido: "era, en sentido figurado, dueño de vidas y haciendas en Jujuy. Le teníamos miedo".

Braga sostuvo que las preguntas que le formularon fiscales y querellantes debían haberlas respondido jefes de la represión como el propio Bulacios o Antonio Domingo Bussi, jefe de la V Brigada en Tucumán, de quien dependía el Area 323 de Jujuy, entre otras.

"Ustedes tienen el obstáculo insalvable de los que se murieron", dijo a sus acusadores.

Braga es acusado en la primera causa que se juzgará en Jujuy y la única con una sola víctima, el dirigente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Alvarez García, en la que está imputado por privación ilegítima de la libertad y homicidio, entre otros delitos.

"Lo más interesante de la indagatoria de Braga va a ser analizarla con los testigos que vienen después", dijo Ariel Ruarte, abogado de Inés Peña, la esposa de Julio Rolando Alvarez García y querellante en la causa.

Ruarte consideró que Braga intentó "desvirtuar lo que, por medio de testimonios durante la instrucción, se pudo establecer claramente".

"Estamos abocados a presentarle al Tribunal mediante testigos lo que fue la verdad real, con el fin de que podamos lograr lo que es el fin de esta causa que, aunque lenta, es poder aportar al esclarecimiento de lo que pasó con Alvarez García".

El letrado prefirió no hablar de los testimonios que serán ofrecidos en el debate pero recordó que, en la etapa instructoria, los testigos "han ubicado a este hombre en una posición muy diferente a la que habla él, en un sitio de poder" en el aparato represivo.

Sobre la afirmación de Braga de que estaba en Buenos Aires con licencia especial cuando fue secuestrado y asesinado Alvarez García, en torno al 21 de agosto de 1976, Ruarte dijo que, en la instrucción, "existen claros testimonios que lo ubican en Jujuy".

"Estamos convencidos de que, lo que para nosotros es la verdad real, va a ser así considerada por el Tribunal al final del proceso", concluyó el abogado de Inés Peña.

Después de Braga declaraba esta tarde por videoconferencia desde un hospital el acusado Antonio Vargas, quien integró un Grupo de Tareas del Ejército en Jujuy durante el terrorismo de Estado, y posteriormente lo hará Inés Peña, la primera testigo de la acusació.

jueves, 12 de julio de 2012

Estos son los genocidas


Inicio en Jujuy el primer juicio por delitos de lesa humanidad

“Era una utopía que se está cumpliendo”

Chicanas de último momento transformaron la primera audiencia del proceso en una muestra de la resistencia a juzgar a los acusados por la represión ilegal en el ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Antonio Vargas, José Bulgheroni y Mariano Braga, en el banquillo.

 Por Alejandra Dandan

Desde San Salvador de Jujuy

La lectura de los cargos para los acusados es uno de los ejes más importantes de cualquier primera jornada de juicio. Sin la lectura de cargos no puede empezar el debate. En Jujuy la lectura de esos crímenes para tres acusados –que en cualquier otro lugar podrían haber demorado unas tres horas– se convirtió en un pozo de arenas movedizas que en ocasiones pareció dispuesto a tragarse de un golpe todo lo que costó llegar hasta aquí. El primer juicio de lesa humanidad en esta provincia finalmente arrancó. En la sala de audiencias estuvieron las imágenes de los desaparecidos desplegadas como banderas frente a los represores. Estaban las hijas que por primera vez les veían las caras a quienes se habían llevado a sus padres, y quienes todavía no pueden creer haber llegado hasta aquí. Pero en ese contexto el debate se frenó varias veces, hubo cuartos intermedios interminables, idas y vueltas de un acusado del hospital a la sala, y temas de conexión con el debate. La escena que mostró las explicaciones de por qué hasta hace tres días se buscó la manera de chequear los partes médicos que absolvían de su presencia a los represores que no querían estar en la sala parecía ilustrar en una perfecta imagen en vivo las tensiones que llevaron a la demora infinita de este inicio y lo mucho que todavía queda de acá en más.

Cuando la audiencia llevaba algo más de dos horas de lectura y cuatro de intervalos de descanso, el presidente del Tribunal Oral Federal, René Casas, volvió a convocar a todos a la sala. Eran ya las tres de la tarde. Alguien dijo algo sobre un nuevo problema y el tribunal volvió a suspender el juicio una vez más. “¡Es una burla!”, dijo con la voz que sacó del pecho Adriana Arédez, parada en medio de la sala, con la foto de su padre levantada en las manos. La hija del ex intendente de General San Martín Luis Arédez, una de las víctimas de esta causa, dijo más: “¡Esto no puede ser! ¡Treinta y seis años hemos esperado para esto!”.

El juicio empezó a las nueve de la mañana. Desde las ocho, Jujuy tenía desplegados sus dos frentes internos, que a estas alturas funcionan como mecanismos de reaseguro para estos casos. Afuera de la sala, las agrupaciones de la Tupac Amaru avanzaban por las calles y preparaban con las banderas y los cuerpos el comienzo del juicio. Adentro de la sala, empezaban a congregarse los organismos de derechos humanos. Los que llegaban de Buenos Aires como Taty Almeida de Madres-Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares y ex detenidos políticos. Y los jujeños, sobrevivientes, ex detenidos, viudas de los desaparecidos y sus hijos.

Mariana, la hija de Julio Alvarez García, se puso en las filas de adelante. Le veía por primera vez la cara a Mariano Rafael Braga, “Cara cortada”, que en agosto de 1976 encañonó a los que estaban en la casa para llevarse a su padre. La foto de Julio estaba a un costado, como si estuviese ahí mismo haciéndose un espacio. Eva Arroyo, de HIJOS, estaba en la fila de atrás. A la mañana se levantó pensando en su padre. “Son sentimientos confusos –decía–, porque por un lado esto es el placer de hacerlos rendir explicaciones, sentarlos y condenarlos, y a la vez es una tristeza, porque la verdad es que yo hubiese querido que mi viejo esté acá para verlo.”

Adriana Arédez, con el pañuelo en la cabeza, replicaba la imagen de Olga, su madre. “Para mí es maravilloso verle la cara al genocida de Bulgheroni, con treinta años más, por supuesto, y poder pararme enfrente y mostrarle la foto de mi viejo, aunque sé de todos modos que para él no es nada, por supuesto porque da vuelta la cara.”

Mientras pasaban las horas, el debate que arrancó empezó a complicarse por las discusiones en torno de la presencia de uno de los detenidos: la sala, los querellantes y los fiscales que sostuvieron el avance.
La ciénaga

El juicio contiene cinco expedientes por 43 víctimas, de distintos territorios y procedencias políticas: militantes del PC, de la Juventud Peronista, trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Llegaron a juicio sólo cuatro acusados. Luciano Benjamín Menéndez quedó apartado por razones de salud. Y los tres represores locales: algunas de las caras más simbólicas de la represión todavía están con vida. Antonio Orlando Vargas es el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti, la cárcel que funcionó con la lógica de centro clandestino. José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga tenían cargos de tenientes, integraron las patotas de secuestros e interrogatorios y están acusados de privación ilegal de la libertad y homicidios.

Bulgheroni y Braga llegaron temprano a la sala. Braga con un enorme par de anteojos negros de sol que nunca se sacó. Se tapó con una bufanda a cuadritos durante toda la audiencia esa parte más baja de la cara, marcada por la enorme cicatriz por la que los sobrevivientes siempre lo llamaron Cara cortada. Bulgheroni pasó el tiempo con el cuerpo doblado en dos partes, como escondiéndose de los estandartes de la sala.

Vargas nunca estuvo demasiado tiempo, pero llegó. Apenas empezó la audiencia, los defensores del hombre sobre el que pesa buena parte de las causas –la de Luis Arédez pero también la de Avelino Bazán– anunciaron que estaba internado por un cuadro de neumonía basal. A partir de ese momento se desató una tormenta. Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo –entrenados en dilaciones– pidieron un perito del Cuerpo Médico Forense para chequear esa información porque, dijeron, “sabemos de las maniobras que existieron hasta acá para dilatar el juicio”.

Hasta tres días antes, era Bulgheroni el que supuestamente no podía estar en la sala por otro examen médico. Una información que fue corregida con un nuevo examen el fin de semana pasada. Cuando Vargas parecía repetir el mismo camino, a la fiscalía se sumaron las voces de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la de los abogados de Arédez y el Codesedh.

Vargas finalmente llegó a la sala, aunque estuvo por un rato. Lo trajeron con médico y oxígeno, pero después de dos horas de lectura se lo volvieron a llevar al hospital San Roque. Allí quedó instalado un equipo de transmisión para que él pudiera seguir la lectura desde la cama, pero entre una y otra decisión pasó toda la audiencia.

En ese sentido, el tribunal funcionó bajo el fuego de las querellas y de los fiscales pero además bajo lo que quedó planteado como su propio fuego interno, en una escena que vale la pena mirar. El tribunal está integrado por tres jueces y una jueza suplente. El presidente es René Casas, jujeño; luego están Mario Marcelo Juárez Almaraz de Salta y Daniel Morin, designado por Casación en Buenos Aires. La jueza suplente es Fátima Ruiz López. Casas y Juárez Almaraz son los que funcionan de locales. Solían hacerse las consultas mutuamente. Incluso cuando tenían que decidir si llevar a Vargas o no a la sala. Finalmente lo aceptaron, pero antes escucharon la voz del tercero de los jueces: Morín tomó delicadamente el micrófono y dijo: “Esto es una decisión que tiene que tomar todo el tribunal”.

Entre unos y otros momentos, Enriqueta de Narváez, con el pañuelo de las Madres atado en la cabeza, dejó la silla para irse de la sala: “¿Qué sensación tengo?”, decía. “Vergüenza tengo, por los payasos que han traído: porque al final ¿a quién vienen a defender, a los asesinos, a los criminales? Treinta y seis años para venir a escuchar esto: éstos se han equivocado de teatro, tendrían que haberlos llevado al Colón.”
El final

La sala volvió a los tiempos normales de otros juicios después de las seis de la tarde. Los abogados plantearon las cuestiones preliminares y entre ellas la defensa de Braga recusó al fiscal Pelazzo, porque antes fue abogado de las querellas. Ese fue otro de los momentos de los fuegos cruzados. En este caso intervino el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Ya lo había hecho antes, cuando el tribunal quería volver a detener la audiencia por otra hora siempre por el mismo tema de Vargas. Auat, que llegó para reforzar este comienzo, había dicho en ese momento lo que a esa altura aparecía más cercano a la cordura que a las ganas de terminar con lo que se hundía en una especie de pesadilla: por el modo en el que se elevó la causa, con sus cinco expedientes, era posible separar a Vargas de este comienzo y seguir con los otros acusados sin continuar interrumpiendo el debate. Es decir, era hora de que los tiempos de la audiencia dejaran de marcarlos los acusados. En este caso, habló de Pelazzo. Dijo que un abogado de las querellas no es el querellante. Explicó diferencias entre nuevos y viejos códigos y se detuvo en las excepciones que las mismas leyes contemplan, pero que la defensa casualmente no había mencionado. El tribunal finalmente no aceptó la recusación. Y hoy será tiempo de que declaren los imputados. Luego de eso, empiezan a escucharse las voces de las víctimas y de los testigos. Inés Peña va a ser la primera en declarar. Inés es la madre de Mariana, la compañera de Julio Rolando Alvarez García y una de las referentes de los organismos de derechos humanos cuya voz se ha sentido más en todos estos años.

“Me siento como que esto era una utopía que al final se está cumpliendo –dice ella–: un sueño de los que nosotros teníamos en la década del ’70 de alcanzar cosas como esto, me parece que la utopía se va a cumplir, y eso también va a depender de las penas.”

miércoles, 11 de julio de 2012

Señalización del Ingenio Ledesma


La marca indeleble del mal

“Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” La planta de Pedro Blaquier es presentada desde ayer con ese cartel.

 Por Alejandra Dandan

Desde Libertador General San Martín

En el camino, alguien habló de la leyenda. Aquello de que frente a la casa de Pedro Blaquier está “el Familiar”. En algunas historias, un perro sin cabeza que tiene cadenas y sale a buscar a un empleado del Ingenio cuando empieza o termina la zafra, para entregárselo al diablo y asegurar buenos resultados en la próxima cosecha. Con esa imagen del diablo todavía acechando, a la entrada del pueblo donde viven los hombres poderosos del ingenio Ledesma y donde comienza el polo de la fábrica, en esa frontera ubicada sobre la Ruta 34, se colocó finalmente un enorme cartel como los que marcan en todo el país los sitios asociados a la dictadura, como un conjuro contra los males que siguen vigentes.

“Ingenio Ledesma –se lee–: Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Abajo, en ese monumento de dos metros de alto por tres de ancho que ahora quedó establecido en la ruta como nombre de un nuevo paisaje, los sellos del gobierno nacional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación construyeron el contexto de lo que aparece así como política de Estado. Entre los párrafos y leyendas, en medio del mensaje, los relatos de los “detenidos ilegales, obreros, ex trabajadores y delegados sindicales”, con “sus familias y militantes políticos y sociales” que durante años se transmitieron de boca en boca intentando demostrar lo que era cierto, quedaron escritos. Y se los sitúa como quienes “reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa”.

Entre batucadas, trompetas de la Tupac Amaru, las banderas de La Cámpora y miles de cantos ensayados en los micros de los que viajaron desde Buenos Aires, la ceremonia tomó el tono de una fiesta. Cuando los cantos hablaban de lo que sucedió entre Ledesma y el pueblo de Calilegua, o repetían el como “...a los nazis” pero en clave de Ledesma, las voces de los sobrevivientes, de los ex detenidos políticos, de las hermanas de los desaparecidos se sucedieron en el escenario improvisado en la ruta. Hablaron dirigentes nacionales y representantes de los organismos de derechos humanos de todo el país. “Creemos que esto no es un simple cartel colgado al costado de un camino”, dijo Horacio Pietragalla, nieto recuperado, diputado nacional, uno de los impulsores de lo que hasta hace dos meses ni siquiera existía como proyecto y hace años ni siquiera como posibilidad. “Este es un cartel que estamos colocando en la entrada de la impunidad –dijo–. Es un cartel que dice que el Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos, que dice que las organizaciones sociales, que los organismos de derechos humanos, estamos diciendo que Ledesma fue cómplice de la dictadura militar que nos tocó sufrir a todos los argentinos.”

Allí mismo, uno de los ex detenidos tomó la palabra. Ernesto Samán pertenece a la asociación de ex detenidos, desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado de la regional Ledesma y es uno de los ex obreros de Ledesma. “En esta zona, como vienen diciendo, la represión empezó en el año ’74 con la detención de Donato Guernica, creador del sindicato de Calilegua, la detención de los hermanos Díaz y otros compañeros”, recordó. “Les hablo porque a mí también me han sacado de la fábrica: a estos que dicen que no tienen nada que ver, el 24 de junio, siendo un trabajador, un empleado del departamento de Abastecimiento, dentro de la fábrica, mi jefe, a las 10 de la mañana, me dice: ‘Samán, retírese: tiene que ir a la oficina de personal porque ahí quieren hablar con usted’.”

Samán, que estudiaba en Tucumán y volvía a pasar algunas temporadas en el pueblo, encontró entre los que llegaron de todo el país, La Turca Reneé Ahualli de Tucumán y Miriam, la madre de Sebastián Bordón, parte del grupo que sigue llevando adelante cada mes de julio las marchas del Apagón, desde la muerte de Olga Arédez. Miriam llegó con una foto de Sebastián en el pecho y la de Olga colgada en los brazos. “Soy la investigada”, se presentó porque volvía a Ledesma, el lugar en el que ahora sabe que un grupo del ingenio la espió durante los preparativos del Apagón de 2005. Alrededor estuvieron Taty Almeida, en representación de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Lita Boitano, de Familiares y ex detenidos políticos.

La tarea de señalización llevó buena parte del día. Se instalaron cuatro placas en los lugares más simbólicos de la represión: la comisaría 41 de Calilegua, donde se produjo el mayor número de detenidos el 20 de julio de 1976 y la razón por la que, según quedó dicho en el escrito, se conoce a esa noche como la Noche del Apagón.

“Durante varios meses, cortes intencionales de luz dejaron a oscuras en forma intermitente a las localidades de Calilegua, Libertador y El Talar –dice el cartel–, a fin de allanar, en medio de un clima de terror, el accionar de las fuerzas conjuntas del Ejército, la Gendarmería, las policías Federal y provincial, que secuestraron de sus viviendas y dentro del mismo Ingenio a 400 personas, la mayor parte el 20 de julio de 1976, durante la denominada Noche del Apagón”.

También se señalizó la comisaría 24 y la sede de Gendarmería de Ledesma, los dos edificios ubicados uno al lado del otro, a algunos kilómetros de ahí, ya en Libertador General San Martín, el territorio de la planta.

La peregrinación

El tránsito de uno a otro lugar tomó la forma de una peregrinación religiosa. Mientras cada uno ocupaba su espacio, las banderas e inscripciones de HIJOS con los carteles de genocidas marcaron en el primer tramo del día la fachada de la primera comisaría. Por ahí estaba la hermana anciana del dirigente minero Avelino Bazán, Rosa Dina, que se puso abajo del arco de entrada con la imagen de su hermano. “A pesar de que la verdad la sé –dijo–, yo quiero saber dónde está su cuerpo, dónde lo tienen, dónde lo enterraron, eso es lo que quiero saber.”

Entre las sonorísimas batucadas de los tupaqueros y las banderas, Carolina Luna, una de las chicas de La Cámpora del mismo barrio de Ledesma decía que había estado haciendo un documental y que había trabajado con recortes de diarios de la época. El 28 de julio de 1974, dijo, Blaquier denunció “una escalada izquierdista en la zona” y pidió ayuda al gobierno nacional. El 28 de agosto de ese año, un mes más tarde, se llevaron a Guillermo Díaz, uno de los primeros caídos.

Tres mujeres hablaron en ese escenario montado en medio de la comisaría, que parecía vacía. Los policías ni siquiera salieron. Judith Said, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estableció en ese comienzo el sentido de las marcas. “Marcar estos lugares donde fueron trasladados los compañeros quiere decir, nos permite decir, que en estos nueve años estamos consiguiendo lo que buscamos –dijo–: que la sociedad supiera que estos crímenes tuvieron la complicidad o la participación de estos lugares para que fueran posibles.”

Antes y después hablaron dos ex detenidas políticas. Lita Córdoba denunció que los detenidos y desaparecidos de Calilegua fueron sacados en trailer de la empresa. Hermana de un desaparecido y con los ojos en lágrimas se sacó del medio del cuerpo la denuncia de su propia violación. “Hoy es un día muy especial porque la justicia del hombre y la de Dios están llegando”, dijo. “Yo fui violada: miren lo que hicieron conmigo, me llevaron, me arrestaron, por eso yo voy a seguir en esta lucha, el tiempo que haga falta.” Con el estallido de bombos en frente, con ese modo de prestarle el cuerpo, la marea respondió: “Como a los nazis les va a pasar / hasta Ledesma los iremos a buscar”. Lita todavía siguió, como quien habla con la mirada entrenada: “Algunos hombres de Blaquier están acá disfrazados: de traje o de mendigos, pero no les tengo miedo”, explicó.

Enseguida, porque las palabras de cada una de ellas importa y porque en estas mismas calles cuando pasan los trailers de la empresa todavía hay quienes tiemblan pensando que son puestos de vigía, el micrófono pasó a Hilda Figueroa, detenida en esa misma comisaría cuando se la llevaron el 20 de julio de 1976, cuando era una estudiante. “Las señalizaciones van a permitir que todos nosotros, no solamente las víctimas directas, sino todo el pueblo, vamos a saber o hablar y dejar el silencio de décadas por el terrorismo de Estado, porque la política empresarial del silencio –que usó a las Fuerzas Armadas genocidas para llenarse los bolsillos de riqueza–, ya se terminó.”

En Ledesma, frente al polo, la marcha volvió a concentrarse hacia la una de la tarde para hacer la marcación principal. Estaba el intendente de Libertador General San Martín, Jorge Ale. Después de Franco Vitali del programa Memoria en Movimiento, de Nación, entonces Milagro Sala habló de la voz y del poder del diablo. “Sabemos que somos claros cuando decimos quién es Blaquier”, dijo ella. “A nosotros que no nos vengan a chamuyar y nos digan que el diablo nos va a llevar, que el Familiar nos va a llevar, porque tenemos claro que el único Familiar que existe acá, en Ledesma, es Blaquier y no es otro que él porque él contamina, porque él roba, porque él mata a la gente.”

A pocas cuadras de ahí, el empresario remodela su casa de La Rosadita. Es una réplica pomposa de la Casa Rosada. Hace meses construye un muro a toda velocidad.

miércoles, 4 de julio de 2012

Histórico juicio sin acusados presentes

A pesar de la trascendencia del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, el debate oral podría comenzar la semana próxima  sin ninguno de los tres acusados presente en la sala. La Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos presentó ayer dos oficios para tratar de garantizar la comparecencia de Mariano Braga, José Bulgheroni y Antonio Vargas ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy.

Luego de que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fuera apartado del juicio por problemas médicos, el 21 de junio pasado el Cuerpo Médico Forense estableció que el estado de salud del ex teniente Bulgheroni tampoco le permite presenciar el histórico debate.

El fiscal general Jorge Auat y el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, reclamaron al presidente del Tribunal que utilice con la mayor urgencia posible “los medios necesario para asegurar la comparecencia de Vargas y Braga (cuyas facultades para estar en el juicio se encuentran fuera de controversia)”.

En el mismo oficio, los fiscales cuestionaron la pericia médica realizada a Bulgheroni ya que “no alcanza ni mínimamente el nivel de fundamentación con que habitualmente se respaldan esas afirmaciones”.
En ese sentido, pidieron al Tribunal y al Cuerpo Médico Forense la intervención de manera urgente de una junta médica que revise las posibilidades del acusado para presenciar el debate.
El primer juicio oral que comenzará el jueves de la próxima semana en Jujuy ventilará la desaparición de Julio Rolando Álvarez García, Avelino Bazán, Luis Aredez, Dante Robinson Torres, Narciso Santiesteban y Rosa Santos Mamaní

martes, 3 de julio de 2012

Convocatoria juicio oral en Jujuy

Dentro de poco tiempo lograremos uno de los objetivos fundamentales de la lucha que llevamos adelante junto a compañeros de distintas organizaciones: conseguir que en nuestra ciudad sean condenados algunos de los responsables directos de la feroz represión implementada por el terrorismo de estado contra cientos de jóvenes luchadores populares.
 
También decimos que nos enorgullecemos de nuestros queridos compañeros, que con su valiente testimonio, con su memoria intacta, a pesar de los momentos angustiantes que vivieron, y de la dura realidad que significa la demora perversa de la instrucción de las causas llevadas a cabo por el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor todavía tienen la decisión de no callarse y están preparados para señalar -ante el tribunal oral y la opinión pública- lo peor y más sanguinario de la represión del terrorismo de estado en nuestra provincia.
 
Lograr la condena de los asesinos -por primera vez en la ciudad de Jujuy- pone de relieve que en estos 37 años jamás cesamos en nuestra búsqueda de justicia para nuestros queridos compañeros y familiares que estos siniestros personajes, desde la impunidad más absoluta, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer
Pero llegó el día y jueves 12 de julio, a las 9,30 comenzará la lectura de elevación a juicio por la desaparición de Julio Rolando Alvarez García, Avelino Bazán, Luis Ramón Aredez, Dante Robinson Torres, Narciso Santiesteban y Rosa Santos Mamaní.
Entre los acusados figuran los genocidas  Luciano Benjamín Menendez,  Mariano Rafael Braga,José Eduardo Bulgheroni y Antonio Vargas.
 
También, en días posteriores, escucharemos los alegatos y luego los testimonios de las víctimas y testigos, el veredicto y la sentencia. que esperamos sea ejemplar, a cargo del Tribunal que los juzgarán con absolutas garantías en el estado de derecho.
Convocamos a todas las organizaciones y personas a estar presentes ese día donde se inscriba el inicio del histórico primer juicio que marcará el principio del fin de tantos años de lucha, de espera, de compromiso militante.
 
Es para nosotros muy importante no sólo recordar a quienes fueron las víctimas directas de estas atrocidades, sino también recordar con profundo amor a los familiares, madres, amigos que a lo largo de estos 37 años lucharon junto a nosotros, pero no lograron llegar con vida a este día, disfrutando de comenzar este nuevo camino, poniéndole fin a tanta impunidad.
 
*Inés Irene Peña,  Oscar Alfaro,Juan Bosco,Mariana Alvarez García, Mirta Mamani…siguen las firmas.