viernes, 23 de agosto de 2013

Empieza el juicio por la desaparición y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta

En septiembre empieza el juicio por la detención y asesinato de la docente Dominga Álvarez de Scurta. Su hija Claudia Scurta dijo a El Submarino que "la expectativa es enorme". Es el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy en la última dictadura militar.

Estarán en el banquillo de los acusados el interventor del Servicio Penitenciario por esos años, Antonio Vargas —que fue condenado a 25 años de cárcel en el juicio anterior— y cinco jefes carceleros: los hermanos Ortiz, Carlos y Ricardo, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz.

La docente y militante Dominga Álvarez de Scurta fue secuestrada por las fuerzas represivas que actuaron en la provincia el 26 de mayo de 1976, de su domicilio en avenida Fascio de esta ciudad, por personal del Ejército Argentino. Estuvo cautiva en el centro clandestino que funcionaba en el Departamento Central de la Policía Provincial y luego fue trasladada a la cárcel de Villa Gorriti.
 
"El de mi madre es un caso particular porque nunca fue desaparecida", relató a El Submarino Claudia Scurta, que tenía 15 años en 1976 y fue detenida junto con Dominga. "A ella la secuestraron el 26 de mayo y la matan al mes. La primera vez que apareció el cuerpo, fue en territorio militar, arriba del GAM 5. Pero Nadie la reconoció porque nadie sabía nada, y ahí la entierran en Yala como NN en 1982", relató Claudia.

"La expectativa ante este juicio es enorme, porque por fin después de tanto tenemos la oportunidad de que se haga justicia", señaló Claudia Scurta, y agregó: "Espero que esta historia se termine, se cierre el círculo, y cuando eso pase esta historia ya no va a ser mía, va a ser de todo el país, porque aunque no lo quieran reconocer, esto nos tocó a todos".

Al momento de la detención de Dominga Scurta, Claudia tenía apenas 15 años. Creció con sus abuelos maternos y su hermano Raúl. "Fue de terror, en una sociedad que niega mucho. Se cerraron puertas, tuve muy poca contención, pero esas cosas me han fortalecido, veo la vida desde otro lugar. Ahora hay que empezar a contar esta historia a los chicos, a mi hijo de siete años, porque esta gente afectó hasta a la generación de él. Pero soy feliz, aunque parezca una locura, porque aposté a la vida".

Claudia Scurta está ansiosa de que empiece el juicio por el secuestro y asesinato de su madre para "dar mi testimonio, mi granito de arena para que se haga justicia".

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, en diálogo con El Submarino lamentó que en este juicio se ventile solo un caso, el de Álvarez de Scurta: "Nos hubiese gustado una acumulación de causas, que hubiera más imputados y más víctimas, pero no queremos demorar más las cosas. Tenemos la expectativa de que haya condena y que los imputados tengan la posibilidad de defenderse con todas las garantías constitucionales".

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy tendrá una nueva composición, tras el retiro de Vicente René Casas. Está integrado por Fátima Ruiz López y Daniel Morín, quienes estuvieron en el primer juicio, a los que se suma Federico Díaz.

Peña confirmó además que aún se está buscando el espacio físico en el que se desarrollarán las audiencias de este juicio, pues el anterior estará afectado al operativo electoral de octubre. "Vimos espacios en Tribunales, la Biblioteca, el Concejo Deliberante y el Ministerio de la Producción, en Bajo La Viña. Este puede ser, porque cumple con varios requisitos. Hace falta la infraestructura tecnológica para las videoconferencias, dos entradas de auto independientes, porque los imputados tienen que circular por un lugar especial...", detalló Peña.

Sobre otros temas pendientes, la dirigente de derechos humanos dijo que están esperando que se cumpla la promesa del gobernador de trasladar el Departamento Central de Policía, para instalar allí un espacio de memoria, al igual que en otros doce centros clandestinos que falta señalizar en la provincia. "Esperamos un pronunciamiento sobre eso, porque la provincia no tiene una política activa, comprometida con el tema. Pero no vamos a permitir que quede en el olvido".

viernes, 26 de julio de 2013

Marcha por la Noche del Apagón

La movilización unió Calilegua y Libertador General San Martín.
 
Con consignas de repudio a la impunidad, a 30 años de la primera marcha encabezada por Olga Arédez para reclamar justicia, se realizó ayer en Jujuy una multitudinaria movilización desde Calilegua a Libertador General San Martín. Más de 50 mil personas homenajearon a las víctimas de la Noche del Apagón y pidieron que se condene al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y al ex administrador general, Alberto Lemos, que están procesados por estos hechos.

La marcha se realizó a 37 años de la Noche del Apagón, como se conoce al accionar de las fuerzas conjuntas de la policía provincial, la federal, efectivos de Gendarmería Nacional y del Ejército, que irrumpieron en las localidades de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar tras producir cortes en el suministro de energía eléctrica y en las que entre el 20 y el 27 de julio de 1977 secuestraron a unas 400 personas de las cuales 33 permanecen todavía desaparecidas.

Junto a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y los pueblos originarios participaron de la marcha Milagro Sala, de la Tupac Amaru; Hilda Figueroa ex detenida y Hugo “Coya” Condorí, de la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, la hija de Olga Arédez, los diputados Horacio Pietragalla y Gabriela Alegre, entre otros.

Según dieron cuenta distintas investigaciones y testimonios, los detenidos desaparecidos, entre los que se encontraba el intendente Luis Arédez, eran alojados en la Comisaría 41 de Calilegua, en la 21 ubicada en el interior del Ingenio Ledesma, y en la sede de Gendarmería Nacional, además de utilizarse galpones de la fábrica de azúcar.

viernes, 14 de junio de 2013

Dos directivos de Mina El Aguilar, procesados por delitos de lesa humanidad

Luis Arzuaga y Telésforo Zurita están acusados de ser partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad de ex mineros

El juez Fernando Luis Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, dictó el procesamiento a dos ex jerárquicos de lo que fue la compañía Mina El Aguilar, Luis Arzuaga (ex administrador) y Telésforo Zurita (ex encargado en Tres Cruces) durante la última dictadura cívico-militar, por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad. El magistrado los consideró responsables como partícipes secundarios de delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de obreros mineros de dicha empresa y vinculados al gremio, durante el año 1976.

Los procesados mantendrán libertad provisional, bajo las condiciones impuestas, teniendo prohibido salir del país.También le trabaron embargos a Arzuaga sobre bienes de su propiedad por un millón de pesos a fin de garantizar eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas procesales. En tanto que a Zurita, el embargo es por 50 mil pesos, también sobre bienes de su propiedad.

Arzuaga es considerado responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada (27 hechos), cometido en perjuicio de Bazán, Bejarano, Cárdenas, Cari, Colmenares, Díaz,Guzmán, Paredes. También de Quispe, Rodríguez,Rodríguez, Rozo, Sosa, Subelza, Valeriano, Zapana y Romitti. La lista continúa con Aramayo, Farfán, Calapeña, Aguilar, Espinoza, González, Mendoza, Quiroga, Troncoso y Ovalle.

La acusación sobre Zurita es por un hecho cometido en perjuicio de Troncoso, en calidad de partícipe secundario.El juez declaró la falta de mérito para procesar, por lo que sobreseyó a Eduardo López con relación a los hechos por los que fuera indagado, y oportunamente imputado, sin perjuicio de continuar la investigación según su estado.

Los trabajadores mineros fueron detenidos por fuerzas conjuntas del Ejército, Gendarmería y policías, trasladados algunos al Escuadrón 21 de La Quiaca, comisarías de la Quebrada de Humahuaca, al RIM 20 y a la Jefatura de la Policía provincial y Delegación de la Federal, tras lo cual fueron llevados a la Unidad Penitencia 1 de Jujuy, que funcionó como centro clandestino de detención donde padecieron torturas y tormentos. La mayoría de los mineros declararon en el primer juicio de lesa humanidad que condenó a los represores Rafael Braga, Eduardo Bulgheroni y al ex interventor de la Unidad Penitenciaria, Antonio Vargas ( Mariana Mamani)

Fuente: El Tribuno

jueves, 16 de mayo de 2013

Destrabada la causa del Ingenio Ledesma, frenada desde noviembre

Blaquier ya tiene tribunal

Un juez que era conocido del empresario fue recusado por las querellas y había decidido apartarse. La defensa aprovechó para protestar y logró frenar la causa que finalmente, gracias a un fallo de la Cámara de Casación, se puso en marcha esta semana.

 Por Alejandra Dandan

Nuevamente se abre una etapa clave en la causa del Ingenio Ledesma. En noviembre del año pasado, la Justicia federal de Jujuy procesó a Carlos Pedro Blaquier en dos causas por complicidad en grado primario de 29 secuestros ocurridos durante la última dictadura. La fiscalía, las querellas y los defensores del dueño del Ingenio Ledesma apelaron los fallos y las causas pasaron a la Cámara Federal de Salta. La presencia en esa Cámara del juez Renato Rabbi-Baldi Cabanillas –denunciado por el área de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración y que comparte por lo menos un espacio social y académico con el empresario– demoró hasta ahora la decisión de ese tribunal sobre estas causas. Rabbi-Baldi fue recusado por las querellas y él mismo decidió apartarse de los expedientes por “violencia moral”. La Cámara aceptó la separación, pero lo insólito es que la defensa de Blaquier cuestionó ese apartamiento, primero en Salta y luego acudió en “queja” hasta la Cámara de Casación Penal de la Nación. El lunes, la Sala IV de Casación, en una resolución acelerada, confirmó finalmente el despegue de Rabbi-Baldi de las causas del Ingenio Ledesma y esa decisión ahora acelera los tiempos de definiciones sobre el empresario. Un pedido pendiente es la prisión preventiva.

La Sala IV recibió el pedido de resolución a las 9 de la mañana del lunes y la tomó como prioritaria para dar una señal sobre estos planteos que deben ser excepcionales pero se convirtieron en una forma de paralizar el avance de las causas. En un plazo “sumarísimo” los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borisnky y Gustavo Hornos rechazaron las quejas interpuestas por la defensa de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, el entonces gerente administrativo de la empresa, y confirmaron así el apartamiento de Renato Rabbi-Baldi Cabanillas para intervenir en causas de lesa humanidad vinculadas con el Ingenio Ledesma.

En la práctica, la resolución significa no sólo que Rabbi-Baldi va a quedar fuera de estas causas. Señala, además, que está aprobada la integración del nuevo tribunal que se conformó para reemplazar su presencia. Allí se quedan dos de los jueces de siempre: Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea y como tercer integrante ingresa Federico Díaz, santiagueño y desde diciembre del año pasado titular del Tribunal Oral Federal de Salta. Ellos serán ahora los que deberán pronunciarse sobre el caso. Finalmente el fallo es importante porque también está diciendo dos cosas: 1) por un lado la celeridad indica un posicionamiento de la Cámara frente pedidos que suelen servir en la práctica para paralizar las causas; 2) los camaristas también están legitimando el avance del proceso porque indican que en este caso no se da ninguna de las situaciones de excepción que hicieron posible en otros casos, alegados por la defensa, la inhibición del apartamiento de un juez.
Lo que queda pendiente

Blaquier y Lemos están procesados por 29 hechos, en dos causas distintas. La primera es la llamada causa “Arédez y otros”, que se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976. Entre ellos está el médico Luis Arédez, que en 1973 fue intendente de Libertador General San Martín (donde está ubicado el ingenio) a pedido de los vecinos y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Arédez había sido asesor del sindicato y de la mutual. No son las únicas víctimas de esa causa, pero sí por las que fue procesado Blaquier. Estos secuestros tuvieron como característica que fueron particularizados, las personas eran referentes reconocidos, estaban en listas negras y a cada uno fueron a buscarlos a sus casas. La segunda causa es la llamada causa “Burgos”, conocida como las Noches de los Apagones, por la serie de secuestros producidos en julio de 1976 durante noches de apagones en los tres pueblos que rodean al ingenio. La mayor parte de las víctimas estaban sindicadas por algún vínculo familiar con el ingenio o con el movimiento sindical o social. El juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como partícipes primarios, probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados y les imputó privación ilegal de la libertad. Pero dejó en suspenso otras imputaciones pedidas por querellas y fiscalía como violación de domicilio, tormentos y homicidio, para el caso de las víctimas de las Noches de los Apagones que permanecieron en el centro clandestino que funcionó en un hotel de Guerrero, y que están desaparecidas.

La fiscalía y las querellas apelaron entonces ante la Cámara de Salta para que incluya estas figuras. Y tanto las querellas como el fiscal general ante la Cámara, Eduardo Villalba, pidieron la detención efectiva de Blaquier como lo habían hecho los fisales en la primera instancia. En tanto, la defensa de Blaquier y de Lemos pidió la falta de mérito y el sobreseimiento. Sobre esto deberá expresarse la Cámara en los próximos días. Según lo que pudo saber este diario, la causa Arédez se encuentra más avanzada en el análisis que la otra. Y es sobre la que primero podría haber novedades.

viernes, 3 de mayo de 2013

A pesar que fuera probado el plan sistemático, las condenas no son por genocidio

Condenados represores en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy condenó a los represores Rafael Braga y José Bulgheroni a prisión perpetua y a Antonio Vargas a 25 años de cárcel, en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura.

Las penas impuestas por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin coincidieron con las solicitadas por la fiscalía y los querellantes, y su lectura fue recibida con una ovación y consignas dentro y fuera de la sala de audiencia.
Antes de leer la parte dispositiva de la sentencia, el TOF rechazó todas las nulidades presentadas por las defensas de los acusados y consideró los hechos juzgados como "delitos de lesa humanidad", por lo tanto imprescriptibles.

La lectura de la condena comenzó cerca de las 18.30, mientras unas 30.000 personas se agolpaban en los alrededores, hasta llegar a los vallados policiales desplegados en todos los accesos a unos 100 metros de la colmada sala de audiencia, próxima al microcentro de la capital provincial.

"Los pedacitos de historia e indicios que se han ido planteando en este juicio han logrado esta condena", dijo Hilda Figueroa, sobreviviente de La Noche del Apagón, cuando fueron secuestrados cientos de obreros y vecinos del ingenio Ledesma en julio de 1976.

Figueroa dijo  "unos los vimos (a los acusados), otros no los vimos y así se va armando la verdad", después de recordar que los sobrevivientes de aquella represión masiva, como en su caso, estaban "vendados, atados, con la mayor indefensión que se puede tener, como animales en un centro clandestino".

El abogado Néstor Ruarte, querellante por familiares de las víctimas en dos de las cinco causas acumuladas en este juicio, señaló a su vez que "la prueba fue directa y clara, no quedó ninguna duda sobre la participación de estas tres personas".

"Ninguna duda sobre su participación en el plan sistemático criminal en Jujuy", agregó sobre la represión con 130 desaparecidos y muchas más víctimas en la provincia, al cabo del juicio que condenó a tres acusados de delitos de lesa humanidad contra 43 víctimas, dos de las cuales fueron asesinadas.

Ruarte agradeció "a la lucha de los organismos de derechos humanos desde el 76 a esta parte" y dijo que "con la participación de las organizaciones sociales hemos logrado estas condenas. Ahora es la verdad real para la justicia argentina".

"Esta condena es resultado de muchos años de lucha, de trabajo, y el inicio de los próximos juicios. Creo que estas penas están a la altura de los hechos" juzgados, dijo a su vez Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc nombrado por la Unidad Fiscal de seguimiento a las causas por crímenes de lesa humanidad.

Pelazzo añadió que quedan por delante "el resto de las causas y los imputados que no han estado sentados en este juicio", que aportó "un poco de justicia para tantos años de impunidad en esta provincia".

"Esta sentencia abre una nueva página en la historia no sólo de los juicio de lesa humanidad en Jujuy, que los inaugura", señaló por su parte Juan Manuel Sivila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para Inés Peña, esposa del militante de la JP Julio Rolando Álvarez García, por cuyo secuestro y homicidio fue condenado Braga, dijo que el fallo marca "un día histórico, una condena ejemplar, que nos insta a continuar e ir por más condenas".

"Sentimos una gran emoción, eran las condenas merecidas y las que esperábamos", declaró a esta agencia Adriana Aredez, hija del desaparecido Luis Aredez, ex intendente de la localidad de Ledesma, ahora Libertador General San Martín.
Acompañada por sus tres hermanos y por nietos, Adriana subrayó que los tres condenados "tuvieron los derechos que no nos dieron a nosotros, ni aun en democracia, porque recién en los gobiernos de Néstor y Cristina hemos podido gozar de plena justicia".

"Los familiares seguimos la lectura de la sentencia acompañados por organizaciones sociales, por Milagro Sala, por  nuestros abogados, por gente solidaria", agradeció.

"Ahora vamos por el otro juicio, que es a los jerarcas de la empresa Ledesma, otros civiles y miembros de la Iglesia" que fueron "cómplices de la dictadura", y "en eso estamos trabajando todos los días", subrayó.

Por su parte, la dirigente político-social jujeña Milagro Sala sostuvo que las condenas de este juicio "demuestran que no hay impunidad, que los familiares, hijos y todos los compañeros que venimos luchando teníamos razón".
"Recién le decíamos a un compañero: `¿Te acordás cuando éramos pocos? Y hoy fijate todos los que somos, porque hemos creído, porque nunca dejamos de estar en una marcha y cada vez éramos más, porque tomamos conciencia de que, si no nos juntábamos todos los sectores, estos tipos se iban a quedar impunes`", añadió.

Sala dijo finalmente que "muchos creían que no se iba a hacer justicia y se hizo justicia acá en Jujuy, una provincia muy sufrida. Ahora vamos por (el dueño del ingenio Ledesma, Carlos) Blaquier y por todos los represores, militares y civiles".

En cuanto a los tres condenados en este juicio, Bulgheroni y Braga eran oficiales de inteligencia del Area 323 de represión, durante el terrorismo de estado, y Vargas se desempañaba como interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, convertido entonces en un centro clandestino de detención.

Los dos primeros fueron condenados por homicidios calificados y el tercero por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra numerosas víctimas.

jueves, 4 de abril de 2013

Organismos de derechos humanos repudian la liberación de un represor implicado en delitos lesa humanidad

Se trata del Capitán retirado Jorge Ripoll, que era segundo de Bulacios

Para los familiares de las víctimas del Apagón, la Cámara sigue apañando y protegiendo a represores de probada conducta criminal.

Organismo de derechos humanos repudiaron hoy la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de liberar "por falta de méritos" al capitán (re) Jorge Isaac Ripoll, segundo en la cadena de mandos del Área 323, cuyo jefe era el coronel Néstor Bulacios. "Expresamos con indignación nuestro profundo repudio a la decisión de la Cámara, integrada por los jueces Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada, de liberar por "falta de mérito" a uno de los represores emblemáticos de nuestra provincia durante la dictadura militar, el capitán (re)Jorge Isaac Ripoll, quien era Jefe del RIM 20", señalaron en un comunicado. Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Álvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, esposa de Alvarez García detenido desaparecido el 21 de agosto de 1976, dijo  que Ripoll está “implicado en otras causas y esta decisión de la Cámara puede sentar precedente en las causas en las que está vinculado Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma”.

Recordó que el día que secuestraron a su esposo fue al RIM 20 junto con la madre de Julio Rolando y “nos atiende Ripoll y nos dijo que no sabía dónde estaba mi marido, que había sido llevado en un automóvil a esa unidad, según testimonios en el juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en Jujuy".
  
"Ripoll arribo a Jujuy para formar parte del área 323 y recibía a los familiares en el regimiento cuando íbamos en búsqueda del paradero de nuestros seres queridos, compartiendo estructuras, espacio y tiempos con otros represores", destacaron en el comunicado.
  
En Jujuy son juzgados los represores Mariano Braga, Eduardo Bulgheroni y Antonio Orlando Vargas, imputados por secuestro, torturas y homicidios calificados en cinco causas unificadas.

"“Pretender hacernos creer que Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar, es un absurdo"”, adviertieron. Explicaron que "bajo el argumento de falta de prueba directa la Cámara monta una nueva estrategia para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad". Recordaron que "de la misma manera lo hizo anteriormente quien fuera su protegido, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quién demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia".
  
"Olivera Pastor fraccionó las investigaciones e imputaciones en la etapa de instrucción de las causas. Esta ha sido la principal causa, que determino que el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy cuente con tan solo tres imputados", señalaron.
  
Precisaron que "la Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones y además con este accionar evitó investigar a los cómplices civiles como Blaquier, presidente de la empresa Ledesma. A quien,  curiosamente ahora, es esta Cámara la que debe resolver sobre su procesamiento".

lunes, 11 de marzo de 2013

Jujuy: Querellantes pidieron prisión perpetua para "Caracortada" Braga y 16 años para Bulgheroni

Destacaron lo muy acreditada que está su crueldad
 
 Las querellas particulares de los detenidos-desaparecidos Narciso Santiesteban y Julio Rolando Álvarez García, pidieron hoy (  por el viernes) penas de cadena perpetua para el teniente coronel (R) Rafael Mariano Braga, y de 16 años para el capitán (R) José Eduardo Bulgheroni, que lo reemplazó como interrogador y torturador en el penal del barrio de Gorriti.Paula Álvarez Carreras, abogada querellante de la familia Santisteban en la causa "Reynaldo Aragón y otros", recordó que Narciso fue detenido en Libertador General San martín el 13 de abril de 1977 y llevado a la cárcel de Gorriti, y no volvió a saberse de él.

La abogada recordó que Bulgheroni era trístemente conocido por su crueldad, y recordó particularmente las declaraciones  del ex diputado justicialista y actual Defensor del Pueblo adjunto, Hugo Eleit.
 
Entre las pruebas aportadas para pedir dichas condenas se encuentran documentos militares sobre la función de Bulgheroni en inteligencia del Área 323. En ellos  consta que el entonces teniente 1º  Bulgheroni reemplazó a Braga porque según sus jefes éste "ya era muy conocido". Lo que coincide con los testimonios de detenidos en el Penal.

Álvarez Carreras pidió para Bulgheroni la pena de 16 años de prisión efectiva en cárcel común por asociación ilícita agravada y privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por uso de violencia.

El abogado Ariel Ruarte, querellante por Julio Rolando Álvarez García, militante de la JUP y de Montoneros, pidió "cadena perpetua" para Braga por acumulación de penas, por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y además por ser partícipe necesario y coautor de homicidio.

La detención ilegal y posterior detención de Alvarez García ocurrió el 21 de agosto de 1976 en su domicilio de calle Libertad del barrio Ciudad de Nieva, en presencia de sus padres, hermanos , sobrinos y amigos, quienes reconocieron a Braga como el jefe del operativo de las fuerzas conjuntas que ingresaron a la vivienda.

Ruarte dijo a Télam que Braga, apodado "Cara cortada" era el represor más nombrado por todos los detenidos que testimoniaron, al igual que el comisario Ernesto Jaig, que dirigía el centro clandestino de detención desde un espacio reservado para el área 323 en la propia Jefatura de Policía.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy, convocó a audiencia de alegato a los fiscales para el jueves de la próxima semana.