Un certificado oficial revela que el dueño del Ingenio Ledesma, cuyo procesamiento por complicidad en delitos de lesa humanidad acaba de ser ratificado por la Cámara Federal de Salta, era propietario del inmueble donde se reunía en los ’70 el Grupo Azcuénaga.
Por Alejandra Dandan
La causa del Ingenio Ledesma incorporó una nueva prueba: el certificado del registro de propiedad de un petit hotel de la calle Azcuénaga 1673, en la Ciudad de Buenos Aires. El petit hotel es un lugar legendario en la historia de las articulaciones políticas previas al golpe. Dio nombre al llamado Grupo Azcuénaga, creado en 1973, desde donde tras la muerte de Perón salió la “mesa chica” de intelectuales orgánicos de la dictadura nucleados en lo que se conoció como “Grupo Perriaux”. Según el registro, la residencia perteneció a Carlos Pedro Blaquier entre 1971 y 1977. La Cámara Federal de Salta acaba de confirmar el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy por complicidad con crímenes de lesa humanidad. En su indagatoria, Blaquier negó conocer el llamado Grupo Azcuénaga. El documento, que muestra su relación con la casa de la calle Azcuénaga y por lo tanto con ese grupo, refuerza las pruebas de su vínculo con el gobierno militar, al mostrar su compromiso con “el grupo de apoyo y sostén teórico de la dictadura” de la que se aprovechó económicamente.
Lejos de Jujuy, el impulso que tenga la investigación sobre esta nueva prueba puede a su vez servir en Buenos Aires para destrabar otra causa que tramita sin pena ni gloria desde los años ’80. Se trata de una causa que intentó “desentrañar la complicidad civil” en la “rebelión” o golpe de Estado de marzo de 1976. Tuvo un avance en 2007 y un dictamen en 2011 del fiscal Federico Delgado, quien intentó darle algo de movimiento pero aún no lo logró (ver aparte).
El grupo
El Grupo Azcuénaga y el grupo Perriaux formaron parte de una serie de clubes y ateneos que emergieron con distintos nombres y, a grandes rasgos, con los mismos integrantes, a partir del primer peronismo. La historia de esas trayectorias fue reconstruida, entre otros, por Vicente Muleiro en su libro fundamental 1976: El golpe civil. Sus datos integran el análisis jurídico que hizo la Justicia federal de Jujuy para reconstruir las características del contexto histórico en que el Ingenio Ledesma aportó camionetas para los secuestros de marzo y julio de 1976.
Quienes aparecen en ambos grupos son funcionarios de las distintas dictaduras o empresarios que integraron grupos de lobby antes y después del golpe de marzo de 1976. Forman parte de lo que algunos describen como el sistema de “puertas giratorias”: un mecanismo que siempre dejó puertas abiertas y cruzadas entre los grupos económicos y el Estado.
Como indica uno de los investigadores de la causa en Buenos Aires, “a vuelo de pájaro y sin mayor rigor metodológico, esos ‘civiles’ son los mismos que protagonizaron el proceso de la deuda externa y los que, a la hora presente, están ligados al último canje de deuda y a los litigios que hacen bailar al país en Nueva York”.
En términos históricos, no fue lo mismo el Grupo Azcuénaga que el Perriaux, pero tuvieron un mismo origen. “El Grupo Azcuénaga se conforma en 1973 –dice Muleiro a Página/12– con el gorilaje desorientado tras el rotundo triunfo del peronismo. Se lo denomina así porque funcionaba en el petit hotel de Azcuénaga 1673. “Daban charlas, conferencias y había reuniones semanales con debates de dos horas. Pasaban unas 40 personas: abogados, militares, periodistas. A medida que el gobierno peronista, tras la muerte de su líder, entra en crisis y se debilita, la actividad del grupo se acelera. Uno de los contertulios era Jaime Perriaux, que saca de allí una ‘mesa chica’, que se reúne en Recoleta, donde sale la pata civil del videlismo con eje en José Alfredo Martínez de Hoz y la participación de Mario Cadenas Madariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, Enrique Loncan y Armando Braun.”
Perriaux era abogado, pero suele ser retratado como un intelectual, conservador, operador de acuerdos políticos, con dotes de filósofo, amigo y representante en Buenos Aires de Ortega y Gasset y alterado en el contexto de los años ’70 por “el ascenso del movimiento de masas”. Hombre de fortuna, fue representante de una empresa alemana llamada Staud y Cía, cruzada por sus relaciones con el nazismo. Perriaux fue ministro de Justicia de Levingston en 1970 y 1971, de Lanusse entre 1971 y 1973 y creador de la Cámara Federal en lo Penal, el “Camarón”, diseñado en los primeros años ’70 para perseguir a la oposición política, ya bajo la figura de la “subversión”. Amigo de José Alfredo Martínez de Hoz, fue además una figura clave en los acuerdos y consensos políticos entre los sectores de la derecha y el ala militar videlista antes del golpe.
Muleiro recuerda en su libro que, mientras se aceleraba las crisis en el peronismo tras la muerte de Perón, Perriaux convocaba a los integrantes de la “mesa chica” a reuniones en su estudio de Pueyrredón y Vicente López o en su fastuosa casa de Gelly y Obes.
En esa “élite” o “mesa chica” había otra figura clave: el general retirado del Ejército Hugo Mario Miatello, muy amigo de Videla, que había sido jefe de Inteligencia del Ejército en 1970 y jefe de la SIDE entre 1971 y 1973. Muleiro lo evalúa como figura en espejo de Perriaux. Especialista en técnicas de contrainsurgencia, “sovietología”, Perriaux trabó con él vínculos mientras ambos estuvieron en funciones en la gestión de Lanusse: uno en la SIDE y el otro en Justicia. En el Grupo era un enlace con el “ala militar”. “Como réplica anticipada y también paralela de la dupla Videla-Martínez de Hoz, otro monstruo bifronte representa la dupla cívico-militar que prohijó el golpe –dice Muleiro–. Es la que conformaron el abogado Jaime Perriaux como coordinador del núcleo duro de civiles que conspiraron y prepararon planes para el golpe de Estado y el general de inteligencia (Miatello), enlace ante su amigo Videla.”
Es siguiendo el camino de estos dos nombres y los de la “mesa chica” que el libro va describiendo en clave de prueba la intervención de los civiles en el golpe. Revisa las políticas de desgaste sobre el gobierno peronista impulsadas desde las organizaciones empresarias, los lockouts patronales, la construcción de consensos o la legitimación del golpe de Estado desde las usinas políticas y sobre todo desde los medios de comunicación.
Muleiro también revisa en ese sentido la autoría del programa económico que puso en marcha Martínez de Hoz, un dato que también fue analizado en busca de indicios en la causa de la “rebelión” en Buenos Aires. El libro señala reuniones, entre ellas una previa al golpe y que juntó al Perriaux con Martínez de Hoz y un equipo llamado “Equipo Compatibilizador Interfuerzas”. Recuerda una declaración de García Belsunce padre en el diario La Prensa o un editorial del diario La Nación de 1979 en el que se indica que “el plan económico comenzó a gestarse poco después de la muerte del ex presidente”, por cinco personas, que son las mismas que Muleiro menciona como integrantes de la “mesa chica” del Perriaux.
La lista
Entre esos nombres pueden pensarse dos grupos: una parte fue “orgánica” del Ministerio de Economía de la dictadura y otra aparece entre los grupos de poder que antes del golpe actuaron en el desgaste del gobierno peronista y luego se beneficiaron con las políticas económicas. O, como dice Muleiro, “recuperando el paraguas estatal para engordar sus negocios”. Estos son:
1) Mario Cadenas Madariaga, que será futuro secretario de Agricultura en el período de Jorge Videla.
2) Horacio García Belsunce (padre), abogado, había sido secretario de Hacienda en 1962 y 1963 y presidente, síndico y director de diversas empresas privadas, entre ellas, Acinplast, Maltería Quilmes, Philips, Santa Rosa, Coroplast y Fiat Argentina.
3) Guillermo Zubarán será secretario de Energía durante la presidencia de Jorge Videla.
4) Enrique Loncan, abogado y economista, en los años ’60 dictó clases en la Escuela Superior de Guerra, entre los años 1966 y 1970 fue embajador en Sudáfrica y luego asesor de la Cámara Argentina de Comercio. También presidió empresas mineras. Años después fue el fundador de Barrick Gold Exploraciones Argentina, puso en marcha el proyecto de La Alumbrera y fue director del Banco General de Negocios.
5) Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio, es parte de Apege, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, caracterizada por sus campañas de desgaste, y donde confluyeron los sectores agropecuarios y comerciales cuyos integrantes todavía resuenan en el presente: la Sociedad Rural, Carbap, CRA, Jorge Zorreguieta. “La arremetida de la Apege fue intensa, durísima y pública”, escribe Muleiro sobre el combate al gobierno durante 1975 y los preparativos para el lockout de febrero de 1976. “Las figuras retóricas eran reiteradas y sonaban como tambores de guerra: ‘disolución nacional’, ‘camino al marxismo’, ‘falta de autoridad’, ‘violación de la propiedad privada’, ‘estatismo’, ‘privilegios irritantes’”. En febrero, Armando Braun decía: “De poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vida de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva”.
El procesamiento
Blaquier está procesado por haber entregado los vehículos a las fuerzas de seguridad para los secuestros de dirigentes sindicales y referentes sociales de la industria del azúcar en marzo y julio de 1976. La Cámara Federal de Salta confirmó ese procesamiento el viernes pasado. Las imputaciones están sostenidas sobre distintos testimonios pero, además, pruebas documentales. Estos elementos refuerzan lo que el derecho menciona como “responsabilidad objetiva” y “subjetiva” en el delito. La nueva prueba del certificado es vista como un elemento más para reforzar el “carácter subjetivo” de su intervención, su compromiso con el grupo de operadores que entendió que el golpe era necesario. Esto es importante sobre todo al cotejar los argumentos de la defensa, que luego de negar el aporte de camionetas ahora intenta mostrarlo en todo caso como un elemento “inocuo” de alguien que eventualmente colaboraba sin saber.
Esta línea del “compromiso” consciente está reforzada por otros antecedentes. Una solicitada de Ledesma en la que saludaba el primer aniversario del golpe. O la carta destinada a “mi querido Joe”, en la que Blaquier escribe a José Alfredo Martínez de Hoz y analiza cómo conseguir fondos entre los empresarios para sostener una campaña de prensa en el exterior que diluya las críticas hacia la Argentina. El regreso a la historia del Grupo Azcuénaga es así un nuevo elemento de peso.
UNA CAUSA POR LA COMPLICIDAD CIVIL EN EL GOLPE
La investigación por la “rebelión”
Por Alejandra Dandan
En los años ’80, en Buenos Aires, se abrió una investigación para revisar la participación civil en el delito de “rebelión contra el orden constitucional” o golpe de Estado. Esta causa fue llevada adelante por la jueza Amalia Berraz de Vidal, más recordada quizá porque en 2007 renunció mientras formaba parte de la “sala militar” de la Cámara de Casación Penal, denunciada por los organismos de Derechos Humanos y el Ejecutivo por tabicar el avance de las causas de lesa humanidad. En 1980, la jueza había llamado a declarar en el expediente de la “rebelión”, según recuerdan en Tribunales, a “ricos y famosos” y a algunos integrantes del grupo Perriaux, que negaron los vínculos con el complot, según señalan quienes revisaron esa causa. Finalmente, la causa terminó investigando sólo a los tres primeros integrantes de la Junta Militar.
Durante los ’90, el expediente se congeló por las leyes de impunidad. La causa volvió a reactivarse en 2007, con el impulso de las investigaciones tras la derogación de las leyes de impunidad, pero tuvo un límite procesal: debía dictar sentencia sólo sobre la actuación de los comandantes Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intentó abrir un nuevo camino de investigación sobre el papel de los civiles en el golpe y pidió abrir una causa para “desentrañar la complicidad de civiles en el delito de rebelión o, lo que es lo mismo, golpe de Estado”.
Pero en el año 2011, mientras ese pedido todavía debía ser resuelto por la Corte, la fiscalía de Federico Delgado decidió revisar la causa, compulsó testimonios y emitió un dictamen en el que sugirió la apertura de la investigación. Delgado entregó el dictamen al juzgado de Ariel Lijo, donde espera una respuesta definitiva.
Delgado señala que, así como está planteada la acusación, la “lógica jurídica” no tiene “prueba directa” para imputar el posible delito a los civiles, pero despliega una serie de indicios a través de los cuales muestra que hace falta seguir adelante con la investigación.
Para llegar a esta síntesis, analizó el origen del plan económico y reconstruyó la historia del grupo Perriaux y el Azcuénaga. Señaló que el indicio más fuerte de la participación civil podría surgir del camino que siguieron los nombres de quienes formaron parte del grupo Azcuénaga y Perriaux y luego del nuevo gobierno (ver lista aparte). Sin embargo, a su criterio la lista no aporta de momento más que eso: es una lista que en sí misma no podría vincularse con la idea de la “rebelión”. Por todas estas razones, el fiscal entiende que más que mirar el “antes del 24 de marzo” habría que mirar las políticas públicas posteriores y a sus beneficiarios para reconstruir el modo que asumió esa articulación.
En ese contexto pueden leerse varios tramos de su dictamen. Por un lado, un análisis de “caso” sobre la estatización de la compañía de energía Italo, que aparece en clave de “corrupción” y entonces como elemento que puede ser investigado. Pero por otro lado, en su aporte quizá más importante, lo que aparece es un análisis acerca de las formas en las que puede ser pensado el Estado represor y la articulación con los grupos económicos.
“Esas transformaciones que se observan al considerar sólo el primer año de la dictadura militar reafirman la importancia de la centralización del capital y que la oligarquía diversificada no compartió el control estatal durante la dictadura, sino que lo poseyó de una manera irrestricta y determinó el sentido de las transferencias directas e indirectas vinculadas no sólo a la valorización financiera sino también a la inversión, las compras de bienes y servicios, el financiamiento interno, etc. En otras palabras, la pieza clave no fue el mercado sino el control sobre el Estado, que permitió inicialmente asegurarse una acelerada expansión, en detrimento de las restantes fracciones del capital y de los sectores populares”. En otro momento dice: “Muchas veces narramos historias que se naturalizan como ‘oficiales’ y adquieren tanta autoridad como pecan de resultar en tremendas simplificaciones. Vaya un ejemplo: reducir el 24 de marzo de 1976 al diletantismo militar. Es por ello que cada tanto tiene algún sentido montar relatos con independencia de que exista o no un real potencial punitivo”.
El dictamen de Delgado no es categórico, señala que no hay pruebas de la “rebelión” pero también habla de un Estado “poseído” por estos sectores. Y finalmente, según explica él mismo, lo que pretende es mostrar que es necesario seguir trabajando sobre esta causa. Como se dijo, el dictamen se entregó en 2011, no está resuelto, pero además ahora se encuentra en un limbo jurídico, dado que el único imputado todavía vivo, que era Videla, ahora también murió.
