jueves, 28 de junio de 2012

Los agentes encubiertos de Blaquier

El juez federal de Jujuy Mariano Cardozo hizo lugar a un recurso de amparo colectivo, basándose en un informe del área de Vigilancia de la empresa, que reconocía haber realizado tareas de inteligencia sobre la Marcha del Apagón de 2005.

 Por Alejandra Dandan

La empresa Ledesma usó “agentes encubiertos” provenientes de Salta, San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín para llevar adelante las acciones de inteligencia sobre la Marcha del Apagón de 2005. Así lo dice una resolución de la Justicia Federal jujeña que invoca al propio informe en el que la empresa reconoce que un departamento suyo, llamado “Vigilancia”, dice haber operado de esa manera. El juzgado concluye: “Es decir que operaron agentes encubiertos, fuera de la ley que los autoriza y sin la intervención judicial que prevé el artículo 6 de la Ley 24.424”. Por esa razón, el juez Mariano Wenceslao Cardozo decidió hacer lugar a un amparo colectivo en línea con el pedido presentado por quienes participaron de la marcha y fueron espiados. En la resolución, Cardozo ordena a la empresa “cesar toda investigación ilegal que pudiera estar desplegando sobre terceros”.

El caso del espionaje ilegal desplegado por el ingenio de Pedro Blaquier en 2005 cobró de esa manera una nueva base de solidez. El juzgado se expresó en una de las dos causas que se abrieron sobre el tema. Una fue la causa penal impulsada por el juzgado de Fernando Poviña para investigar si hubo una violación a la ley de seguridad nacional, una causa que fue y vino de la fiscalía federal a cargo de Mario Snopek y no avanzó. Y la otra empezó con un pedido colectivo de hábeas corpus presentado por otro fiscal, Domingo Batule, e integrantes de las organizaciones de derechos humanos y políticas y funcionarios nacionales que participaron de aquella marcha.

Es en esta segunda causa que se produjeron las novedades. Y pese a que el amparo no tiene efectos penales, la resolución debería impulsar la otra causa, porque está construida sobre un nutrido cuerpo de pruebas. El dato más llamativo y preocupante para los organismos de derechos humanos es la supuesta conexión con lo que parece toda una red desplegada de “agentes encubiertos” al servicio de este tipo de actividades.

Así lo manifestó el propio fiscal en el pedido de investigación. El informe, de doscientas páginas, con la minuta de la marcha se encontró en un allanamiento ordenado en uno de los edificios de la compañía. En el allanamiento apareció además un legajo con un informe de inteligencia de un ex delegado de la empresa, secuestrado y desaparecido durante la dictadura. El fiscal retomó ese antecedente para decir que “por lo menos en el año 2005 la empresa continuó con acciones de espionaje como la realizada (durante la dictadura al dirigente sindical) Jorge Weisz, que configuran una gravísima violación a los derechos humanos”. El fiscal reparó en que desde el propio “Departamento de Vigilancia de Ledesma” se escribió ahí mismo, en ese informe, sin reparos, que el material se elaboró “a través de agentes encubiertos provenientes de Salta, San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín”. Batule pidió que se investiguen los datos porque entendió que podían ser agentes de policía de Salta, de Jujuy, de la Federal o de Gendarmería.

A lo largo de varias semanas, el juzgado recabó información de esos ámbitos. Todas las respuestas fueron negativas. El Ministerio de Seguridad nacional indicó que ni la Policía Federal ni la Gendarmería tuvieron requerimientos judiciales de inteligencia criminal en 2005 en relación con los hechos. Lo mismo informó el Ministerio de Gobierno y de Seguridad de Salta. Y agregó que no existe registro alguno de que se hayan enviado “agentes encubiertos”. Lo mismo hizo Jujuy, aunque el Ministerio de Gobierno y de Justicia de esa provincia advirtió que en enero de 2011 se incineró toda la documentación anterior al año 2007.

Cardozo indagó a continuación entre los directivos de la compañía, que respondieron de forma desconcertante. Desconocieron el informe. Dijeron que “el directorio de la firma no estaba enterado de su existencia ni de su contenido, del que tomó conocimiento al acceder a las copias facilitadas por el juzgado”. De forma bastante contradictoria aseguraron de todos modos que “la persona o entidad pública o privada (sic) que lo hubiese hecho no ha vulnerado ningún precepto legal ni producido la afectación de ningún derecho de los actores” porque “es una recopilación de información de dominio público”.

Así las cosas, el juzgado elaboró una respuesta con su resolución. “Lo cierto es que tal informe –dice– menciona entre los ‘medios explotados’ por el Departamento Vigilancia de la Empresa para su confección al ‘Intercambio de información con diferentes Organismos de Inteligencia’, enumera como ‘Despliegue de medios de obtención’ a ‘agentes encubiertos’ provenientes de Salta, San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Libertador. Es claro que, si se le secuestró a Ledesma y está referido a dicha empresa, el pretendido desconocimiento que se intenta en el descargo no tiene credibilidad.”

Analizó así la Ley 25.520 de Inteligencia y los alcances. Entendió que “de lo que sigue que la actividad de inteligencia emergente de los informes secuestrados colisiona con las disposiciones legales contenidas en la ley”. Y expresa: “Hay ilegalidad manifiesta”.

Otro punto que estudió fue qué se entiende por “agente encubierto”, por si quedaran mayores dudas. El juez dice que están enmarcados en la Ley 24.424 y así se llama a “un funcionario policial o de las fuerzas de seguridad que hace una investigación dentro de una organización criminal, muchas veces bajo una identidad modificada” para investigar delitos, o preparación o desarrollo.

Eso es lo que, según esta lógica, los “agentes encubiertos” fueron a buscar a la marcha. Uno de los puntos flacos de la resolución, sin embargo, sería el encuadre: la diferencia entre el hábeas corpus pedido por quienes impulsaron la solicitud y el “amparo” que salió. Entre el hábeas corpus y el amparo lo que existe es una diferencia de derechos a proteger. Con uno se garantiza la libertad individual y el otro protege derechos en un sentido más amplio. El hábeas corpus está cargado simbólicamente con las demandas de las víctimas de la dictadura. Y una resolución que hubiese estado construida en esa línea también generaría una continuidad entre este presente y aquel momento. Cardozo lo evitó usando otra vía.

Fuera de eso, lo que aún queda es que el amparo tal como está obliga a la empresa a cesar en su acción, pero además debería impulsar las investigaciones pendientes en el espacio de la fiscalía. “Más allá de las consideraciones legales, para nosotros es importante que un juez federal de Jujuy esté diciendo que la empresa está haciendo estas cosas, que eran una práctica común en los años ’70 y se reeditaron en el 2005 en la Marcha del Apagón”, dice Luis Paz, abogado de la agrupación de Milagro Sala, una de las espadas en la Marcha. “Ahora es importante que esa investigación continúe en un ámbito que está parado desde el comienzo.”

martes, 26 de junio de 2012

Blaquier en perfectas condiciones para ser indagado

Blaquier ya tiene otra cita con el juez

A partir de las pericias realizadas, el juez Poviña consideró que el empresario está en condiciones de ser indagado en Jujuy.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Blaquier volvió a ser convocado por la Justicia por su presunta complicidad con delitos de lesa humanidad cometidos durante la llamada Noche del Apagón, en 1976. Luego de evaluar los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense, de las querellas y de la defensa, el juez federal Fernando Poviña entendió que el empresario azucarero está en condiciones físicas de declarar y resolvió citarlo nuevamente a indagatoria para el 10 de julio próximo, a las 8 de la mañana. La otra novedad es que le tomará declaración en San Salvador de Jujuy –y no en Buenos Aires–, como solicitó la querella de los organismos de derechos humanos: “Para nosotros es importante que Blaquier declare en Jujuy y tenga que dar explicaciones aquí, ante la gente de aquí”, dice Hilda Figueroa, una de las víctimas de la Noche del Apagón. En tanto, para enfrentar lo que parece un largo camino judicial, el empresario acaba de hacer un nuevo movimiento que puso en conocimiento del juzgado: su abogado y ex juez federal de la provincia, Horacio Aguilar, acaba de sumar como socio y defensor de Blaquier al abogado Jorge Valerga Aráoz, ex camarista del Juicio a las Juntas 
 
El 10 de julio, Blaquier contará con una infraestructura médica que le garantice buenas condiciones de salud. El requisito no lo pidió especialmente el médico de parte, ni el del Cuerpo Médico Forense, sino el médico Claudio Capuano, perito de la querella, de la fiscalía de Domingo Batule y de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración, a cargo de Jorge Auat. A raíz de sus sugerencias, el juzgado pondrá en la puerta del edificio una ambulancia y una mochila de oxígeno por si se presenta alguna dificultad.

La indagatoria está prevista para las 8 de la mañana y se hará en el marco de las dos causas en las que es investigado. En ambas se lo convoca por su –en términos legales– presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos. En el primero de los casos es por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón, que se sucedieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Ledesma, Calilegua y General San Martín, las tres localidades que entonces componían la zona de influencia del ingenio. La otra causa es la referida al ex intendente de General San Martín, Luis Arédez, secuestrado en mayo de 1977 y aún desaparecido.

El empresario Blaquier había sido convocado para declarar por esas causas el 18 de mayo pasado, pero cuando llegó el momento de hacerlo, mientras las organizaciones políticas y los organismos de derechos humanos preparaban una movilización para esperar una presentación exigida desde hace más de 35 años, sus abogados llevaron un escrito al juzgado en el que indicaron que no iba a asistir por problemas cardíacos, por los cuales debía ser tratado en el exterior. Lo que siguió fue digno de una novela. El primer empresario del país convocado en el contexto de una causa de lesa humanidad para dar cuenta de los términos de su asociación con la dictadura ya había dejado el país, en un trámite que sólo se hizo público gracias a la información que difundieron los medios no hegemónicos, incluido este diario. Mientras Blaquier pasaba de Inglaterra a Francia, el juzgado de Poviña les indicó a sus abogados que por “única vez” posponía la indagatoria y envió con carácter “muy urgente” a los peritos de la Corte a examinarlo. Las querellas y la fiscalía pusieron sus refuerzos en el examen que finalmente se hizo en Buenos Aires, en la sede del Cuerpo Médico Forense, y contó con dos evaluaciones. Al finalizar, el Cuerpo Médico indicó que Blaquier está en condiciones de declarar. Capuano sugirió lo mismo. Lo mismo sucedió con los médicos de la defensa que, sin embargo, explicaron que necesitan un tiempo para agregar algunas condiciones. El juzgado esperó una semana para que lo hagan y, viendo que no lo hacían, decidió cerrar el asunto por su gravedad, y convocarlo.

La cita del 10 de julio coincide con uno de los momentos más esperados en el calendario de los juicios de lesa humanidad: el 12 empieza en la capital jujeña el primer juicio oral de la provincia, cuyo inicio se demoró durante años por la política de dilación de las causas que llevó adelante hasta el mes de marzo el único juez federal que estuvo a cargo de los procesos y aún permanece como secretario de uno de los juzgados, Carlos Olivera Pastor. Como sucedió para la primera convocatoria a indagatoria, el juzgado les pidió a los responsables políticos de las organizaciones territoriales que intenten dejar liberadas las calles de acceso al edificio del juzgado, para que Blaquier o sus abogados no encuentren obstáculos o una excusa para no acercarse. En mayo, las organizaciones que marcharon en repudio porque el empresario no se había presentado se manifestaron a partir del movimiento encabezado por Milagro Sala y los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Planificaron una concentración desde las afueras de la capital y confluyeron en la plaza del centro político, con un acto multitudinario. En ningún momento atravesaron la zona del juzgado.

Hilda Figueroa, integrante de los organismos de derechos humanos, dice que todos los viernes se preguntan por este tema. Cada vez que se reúnen. “¿Y? ¿Va a venir? ¿Está o no está en condiciones? Nosotros esperamos que venga porque queremos mirarle la cara –dice–, pero también queremos que vea qué nos pasó. Se habló de que la indagatoria podía verse por videoconferencia, pero yo digo que si está en condiciones de pedirse empanadas a través de uno de los aviones que tiene acá, se las hace llevar desde acá de Jujuy para comer un domingo allá, como un delivery, ¿no va a venir? Tiene que venir porque realmente no es lo mismo una videoconferencia a que venga. Ahora tiene todas las garantías del Estado de derecho, que nos vea cómo estamos.”

sábado, 16 de junio de 2012

Reclaman que Pedro Blaquier declare en Jujuy

“Tiene que rendir cuentas acá”

 Por Adriana Meyer

Mientras crece la expectativa por la definición de la Justicia de Jujuy respecto de cuándo y dónde será la declaración indagatoria de Pedro Blaquier, Página/12 recogió la inquietud de las partes para que no se consolide “un nuevo acto de impunidad”, en caso de que logre no ser interrogado en el juzgado federal de esa provincia. “Lo estoy esperando con los brazos abiertos”, dijo Adriana Arédez desde Tilcara, y puso en evidencia el escenario que el poderoso empresario quiere evitar. Ante la estrategia de la defensa de Blaquier, que estaría intentando que la medida se produzca en Buenos Aires, la Unidad Especial de la Procuración manifestó que, si esto se concreta, significaría que “sigue la lógica de los privilegios de la que gozó durante estos 30 años”, según expresó el abogado de ese organismo, Lisandro Pellegrini.

Aunque no trascendió el contenido de los informes médicos a los que fue sometido el dueño del ingenio Ledesma, imputado de 27 privaciones ilegítimas de la libertad en las causas por la Noche del Apagón y Arédez, los especialistas habrían coincidido en que su estado de salud no sería impedimento para ser interrogado por el juez federal Fernando Poviña. Este magistrado ya recibió los informes del perito de la parte querellante, el de la defensa y el que elaboró el Cuerpo Médico Forense. Blaquier no se presentó a la indagatoria que había fijado Poviña para el 18 del mes pasado, hubo rumores de que estaba en el exterior y recién apareció el 31 de mayo con sus abogados y asesores ante ese organismo, que depende de la Corte Suprema y tiene sede en Capital Federal. Tras varios estudios, el jueves llegaron las conclusiones al juzgado de San Salvador de Jujuy, que la semana próxima debería fijar la fecha de la indagatoria pendiente.

La Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de las causas por violaciones a los derechos humanos presentó su propio informe sobre la incidencia de la salud del empresario en la concreción de la medida judicial, pero no difundió su contenido. Sin embargo, expresó que si estuvieran dadas las condiciones médicas para que Blaquier declare, esto debería suceder en Jujuy porque la ley procesal no le da al imputado la opción de elegir dónde será interrogado. “Sería un mal precedente para el juicio oral, y afectaría la regularidad de este proceso si se diera ese privilegio porque se seguiría reproduciendo la lógica de la impunidad que los responsables civiles vienen manteniendo en las últimas décadas”, dijo Pellegrini. “Además, afectaría a las víctimas que se han esperanzado con que finalmente estas causas se hayan reactivado y sentirían que los poderosos no pierden sus ventajas, pero se puede esperar una decisión razonable del juez, que no ha tomado medidas arbitrarias y se está manejando a la altura de las circunstancias”, completó.

“Mi mamá (Olga Márquez de Arédez) lo denunció a él y a su mujer, que son dueños del ingenio, ante Baltasar Garzón, y desde entonces no paró. Acá el juez Olivera Pastor lo cajoneó, por eso no aportábamos prueba, no había garantías, en cambio (Fernando) Poviña viene actuando bien. Pero los delitos los cometió acá y tiene que rendir cuentas acá, junto a los demás miembros del directorio, y no sólo por privación ilegal de la libertad sino también por los tormentos que sufrió mi padre y los demás desaparecidos”, dijo una de las hijas del matrimonio Arédez, que se mudó especialmente a Jujuy para seguir el juicio.

jueves, 14 de junio de 2012

El ex juez que ahora es parte

La relación del empresario Pedro Blaquier con su defensor Horacio José Aguilar
Hasta ahora el abogado Aguilar había negado que, cuando era juez, hubiera intervenido en causas por delitos de lesa humanidad que involucraran a Blaquier, su actual defendido. Pero al menos dos documentos revelan lo contrario.

Por Alejandra Dandan

Los familiares de las víctimas de la Noche del Apagón todavía se preguntan si alguna vez Pedro Blaquier se sentará a prestar declaración indagatoria. El empresario, que cuando debía sentarse en el Juzgado Federal de Jujuy estaba fuera del país, contrató como abogado defensor a uno de los ex jueces federales de una provincia a la que la Unidad de la Procuración Fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad definió como la “capital de la impunidad”. Horacio José Aguilar pasó de ser juez federal a subrogante de la Cámara de Apelaciones de Salta. Dejó el juzgado en manos de uno de sus secretarios, el luego juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que jamás avanzó con las causas. Pero lo que hasta ahora negó Aguilar es que él mismo tuvo en sus manos las causas de la represión que estaban apuntando a Blaquier, ahora su defendido. Así lo demuestran los documentos judiciales recogidos por las querellas en los expedientes y a los que accedió este diario. Los documentos muestran sus firmas tanto de juez como de camarista, y lo mismo sucedió con su socio. Hoy, mientras tanto, se reunirán en la sede del Cuerpo Médico Forense los peritos oficiales y los de las partes para definir si el empresario está o no en condiciones de declarar y si puede ser trasladado para esos fines a Jujuy (ver aparte).

“No tuve nunca ninguna intervención en alguna causa que involucrara a la empresa Ledesma o sus directivos, porque no había ninguna presentación de este tipo en el juzgado a mi cargo.” Eso dijo Aguilar en mayo pasado, ante una pregunta de una periodista del diario Perfil. Aguilar fue juez desde 2002 hasta 2004 –según explicó–, luego fue subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hasta 2009: “Nunca tuve que resolver ninguna cuestión vinculada a Ledesma”, insistió.

Los documentos muestran lo contrario. A modo de ejemplo, este diario accedió a dos resoluciones firmadas por Aguilar. Una del 19 de septiembre de 2005 en la que aparece su firma debajo del sello de “juez federal del juzgado número 2” de Jujuy (ver imagen). Y el otro documento es de un año más tarde, del 29 de septiembre de 2006. Aguilar firma como juez de Cámara subrogante. En los dos documentos la cuestión en análisis es el expediente 394/05, titulado “Arédez, Luis Ramón s/su desaparición”, referido al simbólico secuestro del ex intendente del departamento de General San Martín, el lugar donde está asentado el Ingenio Ledesma. Arédez fue secuestrado en mayo de 1977, permanece desaparecido y su familia siempre apuntó que detrás de la trama de su desaparición estaba el Ingenio Ledesma. Por esa causa, junto a la de las víctimas de la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, el empresario Blaquier fue citado a indagatoria por el nuevo juez Fernando Poviña por su presunta participación en delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.

¿Qué dicen las resoluciones firmadas por Aguilar? La de 2005 estaba dirigida al “señor jefe de la policía de la provincia” para que averigüe la identidad de tres personas de la localidad de General San Martín. Allí consta que esas actuaciones se ordenaron en el marco de la causa Arédez y se menciona con su firma que el expediente estaba en manos de la “secretaría número 4 a cargo del doctor Carlos Olivera Pastor”, que fue quien después lo sucedió en el cargo.

El otro documento es de 2006, cuando Aguilar ya era juez de Cámara subrogante. Allí aparece resolviendo una situación de planteos distintos entre el juez Carlos Olivera Pastor y el fiscal de Jujuy. La resolución también es sobre la causa Arédez. En ese caso, Olivera Pastor pedía que se aplicara el código viejo y que la denuncia de la mujer del ex intendente pasara a la Justicia ordinaria. La fiscalía invocaba la caducidad de las leyes de obediencia debida y de punto final y pedía que siguieran por código nuevo. La Cámara en ese caso le dio la razón a la fiscalía.

De la lectura de estos dos únicos documentos no se puede inferir cómo procedió Aguilar cuando tuvo a cargo esas causas. En ambas resoluciones no aparece, en principio, nada técnicamente objetable. Lo que quienes siguen la causa cuestionan es en realidad un procedimiento que no es ilegal, sino que es no ético o poco apropiado moralmente para los abogados. Según pudo saber este diario, varios códigos de ética de colegios de abogados de distintas provincias indican que un abogado no puede intervenir en causas en las que en otro momento haya representado intereses de alguna de las partes. El hecho de que Aguilar haya intervenido en la causa Arédez lo inhibiría, según esta lógica, de representar al empresario en la causa. Aguilar lo hizo como juez y además como camarista. Fue juez y ahora es parte.

“Esto demuestra de alguna manera la forma de impunidad en la que Blaquier se sigue moviendo”, dice la abogada Paula Alvarez Carreras, de la querella. “Si bien en el año 2005 y el 2007 el fiscal no había solicitado la indagatoria de Blaquier, las familias y querellantes desde un inicio pidieron que se cite al empresario porque consideraban que la empresa había sido cómplice del operativo del Apagón. Las dos causas se fueron investigando simultáneamente, en la misma época, y los hijos de Olga Arédez denunciaban la complicidad empresarial.”

El problema de todos modos no termina ahí. Mientras las querellas no encuentran eco en la provincia para que alguien se avenga a indicar que este hecho no es éticamente justificable, encontraron que no es el único problema. Aguilar comparte la defensa con Diego D’Andrea Cornejo. Los dos defienden, además, a Alberto Lemos, el ex gerente de la empresa que también declaró en indagatoria sospechado de los mismos cargos que Blaquier. Otra de las fojas de los expedientes lo muestran a D’Andrea firmando otro escrito. En este caso es del 14 de febrero de 2007 y D’Andrea firma como “secretario” del Juzgado Federal 2 de Jujuy. El papel está dirigido al jefe de la Comisaría 19 de la Policía Federal, en el marco de la “causa 394/05 caratulada Arédez, Luis Ramón s/su desaparición”. Para entonces el secretario enviaba una nota buscando los nombres de quienes habían integrado la comisaría entre noviembre de 1977 y marzo de 1978 para conocer quiénes habían hallado el auto de Arédez que terminó apareciendo en la Ciudad de Buenos Aires, seis meses después de su secuestro.

martes, 5 de junio de 2012

El “Tucumán chiquito” clama por justicia

Así es llamada Tumbaya debido al encarnizamiento de la represión de la dictadura sobre esa pequeña localidad jujeña.

Más de 35 años después de que secuestraran y desaparecieran a Paulino y Crescente Galean en la localidad jujeña de Tumbaya, su hermano Federico espera que durante el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en esa provincia se pueda conocer dónde están sus restos. “La importancia del juicio penal, que impulsa la Comisión de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, es esa: saber por lo menos donde están los cuerpos de mis hermanos”, dijo Federico Galean en diálogo con Tiempo Argentino.
Federico es querellante en el juicio que comenzará el próximo 12 de julio en los tribunales jujeños. La causa Galean, que incluye a 17 víctimas de Tumbaya, es una de las cinco que integrarán el debate. Allí sólo formarán parte cuatro de los 25 represores acusados por esos hechos ya que el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor rechazó sistemáticamente la imputación del resto de los acusados.  
 
La semana pasada, siete ex policías, prefectos y penitenciarios imputados por esos hechos fueron detenidos e indagados por el juez subrogante Fernando Poviña por los crímenes de Tumbaya. Son el ex sargento de la policía Francisco Espindola, el ex agente Catalino Soto junto a el ex cabo primero de la Policía Federal Jorge Ernesto Mendoza, alias “Gaucho Martin”, un reconocido represor jujeño. También fueron detenidos Emiliano Portal, los ex integrantes del Servicio Penitenciario Felix Batalla y Federico Colmenares y el subprefecto Ramón Armando  Herrera.
“Recibimos bien la noticia de estas detenciones, porque por lo menos se está haciendo justicia, pero ha pasado mucho tiempo. En 2001 hemos hecho un juicio por la verdad, años después recién comienza el juicio penal. Esto tendría que haberse hecho antes porque muchos de los represores ya no están”, señaló Galean, quien relató que con las nuevas detenciones también volvió la preocupación por la seguridad de los testigos y sobrevivientes. “El jueves pasado, cuando salió la noticia en los diario sobre las detenciones, me llamó por teléfono una señora que era hermana del ‘Gaucho Martin’ y me dijo que era mi culpa que lo hubiesen detenido. No es fácil para nosotros, tenemos miedo a las represalias”, contó.
Los habitantes de Tumbaya sufrieron la represión más encarnizada: durante la última dictadura con sólo 300 habitantes una veintena de ellos fueron secuestrados y seis permanecen desaparecidos. “Por la cantidad de gente, fueron muchos de los detenidos”, recordó Galean e indicó que al pueblo llegaron a llamarlo “Tucumán chiquito” por la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado.
 
Ese ensañamiento se puede explicar por la gran cantidad de miembros del Partido Comunista que había en Tumbaya, más de 50 en esa localidad.
“Paulino era el ideólogo. Hacía reuniones, encuentros. Yo lo empecé a acompañar en 1972 como comisionado municipal”, rememoró Federico sobre su hermano mayor. El 24 de agosto de 1976, Paulino Galean fue secuestrado por primera vez en la Central de Policía de Jujuy, donde funcionó un centro clandestino de detención. Luego de pasar un mes detenido, el 20 de septiembre fue liberado pero sólo para ser apresado una vez más el 19 de octubre. Un día antes desapareció su hermano menor Crescente. Según los testimonios de sobrevivientes del grupo Tumbaya, los hermanos Galean fueron vistos en el regimiento 20 de Jujuy y por última vez en el penal de Gorriti.
 
Entre agosto y diciembre de 1976 fueron secuestrados otros 15 pobladores de Tumbaya, cuatro de ellos siguen desaparecidos: Rosa Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Toconás y Américo Vilca.
Por Gerardo Aranguren

lunes, 4 de junio de 2012

Siete represores fuerion detenidos en Jujuy por el secuestro de militantes del Partido Comunista

Los secuestradores de Tumbaya

Los ex militares y policías fueron arrestados por seis desapariciones ocurridas entre agosto y diciembre de 1976 en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca. Expectativa por la indagatoria de Blaquier.
 
Luego de años de parálisis y reclamos, las causas vinculadas a la última dictadura se reactivaron en Jujuy.
Por Adriana Meyer

La reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, con el llamado a indagatoria del empresario Pedro Blaquier como suceso emblemático, sigue generando un efecto dominó de novedades procesales. Ayer fueron detenidos siete ex militares y policías, por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia, involucrados en un tramo de la causa denominada Galeán que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura. En tanto, Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, destacó la “expectativa” de la parte querellante en la megacausa por los crímenes de La Noche del Apagón sobre los resultados de la pericia médica a la que fue sometido Blaquier.

El mandamás de Ingenio Ledesma, imputado en ese expediente, estaría en condiciones físicas y mentales de ser interrogado, al menos así lo consideraron quienes lo examinaron el miércoles en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Sin embargo, el informe oficial se conocerá recién el jueves próximo y a partir de entonces el juez federal Fernando Poviña decidiría si lo cita para interrogarlo. “Esa indagatoria será un hecho histórico, no sólo porque permitirá dilucidar una de las causas más emblemáticas de derechos humanos en Jujuy, sino porque además permitirá revelar la vinculación entre el poder económico y el represivo”, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos. Y recordó la consigna “el poder económico también fue la dictadura”, que puso en relieve la colaboración empresaria en el terrorismo de Estado, que se había propuesto garantizar la liberalización económica y para eso fue necesario eliminar a todos los sectores que resistieron, que se opusieron y que “alentaron un proyecto de país inclusivo y con justicia social”.

Peña también informó que en otra causa el mismo juzgado ordenó las detenciones del sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal. Están acusados por el secuestro, tortura y desaparición de los hermanos Crecencio y Paulino Galeán, Rosa Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Roconás y Américo Vilca Vera, entre otros militantes del PC y trabajadores rurales. El hecho ocurrió en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca, entre agosto y diciembre de 1976. La mayoría de los secuestrados en la localidad quebradeña fueron trasladados al Servicio Penitenciario de Jujuy, según testimonios de quienes compartieron la prisión desde donde desaparecieron. De acuerdo con los testimonios, Mendoza habría intervenido en el secuestro de Galeán.

Ludmila Da Silva Catela, investigadora en derechos humanos del Conicet junto a Elizabeth Yelín, relata que el lugar donde hubo más desaparecidos en Jujuy fue Tumbaya, porque sobre una población de 200 personas había seis. “Hablé con Federico Galeán, guardián de esa memoria, y me fui enterando de que en el momento del secuestro se llevaron a veinte hombres y que muchos de ellos habían estado afiliados al PC. Los primeros entrevistados, familiares y personas que estuvieron presas temblaban porque estaban contando algo que era muy pesado en su historia, y lo interesante es pensar que en ese pasado hubo gente con un proyecto político, que tenían libros y escuchaban discos de súper avanzada”, contó en una entrevista a la revista digital El Ojo de la Tormenta. “El cambio que hubo en Tumbaya respecto de la memoria es significativo, ahora hay una placa y, como dice Galeán, lo que cambió es que nos sentimos mucho más seguros y que la gente tiene mucho menos miedo para hablar”, afirmó Da Silva Catela.

En tanto, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy se reunió con el director de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, quien fue a interiorizarse del estado de las causas vinculadas al terrorismo de Estado en Jujuy.