lunes, 30 de julio de 2012

La amplitud de la impunidad

Una asociación que integra un camarista salteño defendió la inocencia del dueño de Ledesma. Blaquier tiene como amigo a Rabbi Baldi

La Cámara de Apelaciones de Salta interviene como tribunal de alzada en las causas por delitos de lesa humanidad. Uno de sus integrantes firmó un apoyo a Pedro Blaquier. Las denuncias contra el empresario podrían llegar a su tribunal.

 Por Alejandra Dandan

Desde hace tiempo se sabe que el Poder Judicial Federal de Jujuy permitió durante años que no avanzaran las causas de lesa humanidad, entre otras que no se allanaran los edificios del Ingenio Ledesma y no se llamara a indagatoria a Pedro Blaquier hasta hace dos meses. Lo que nunca termina de sorprender es cómo las formas que garantizaron la impunidad durante tantos años vuelven a tener intentos de reproducirse. A mediados de julio, una institución llamada Academia Nacional de las Ciencias Morales y Políticas difundió a través del diario La Nación un mensaje de solidaridad con el empresario de “intachable trayectoria” como llamaron a Blaquier. La Academia que rinde homenajes al contraalmirante Isaac Rojas y se pronuncia contra los proyectos del aborto legal tiene al propio Blaquier como “tesorero”. El tema, sin embargo, llamativo es que desde comienzos de julio, la institución sumó a sus filas a Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Cámara de Apelaciones de Salta, que es el tribunal de alzada de Jujuy, donde son apeladas las causas por delitos de lesa humanidad como la que involucra a Blaquier.

Las causas que llevan el nombre de Blaquier avanzan pese a que todavía no tiene fecha su nuevo llamado a indagatoria. En simultáneo, aumentan los artículos sin firmas que intentan presentar a Blaquier como víctima de una campaña de persecución. El fin de semana apareció un reportaje sin firma publicado con ese espíritu en el diario El Tribuno de Jujuy, cuya redacción está a cargo de Carlos Ferraro, ex gobernador, pero además jefe de prensa de la provincia durante la dictadura: un diario que hasta hace muy poco les prohibía a sus redactores escribir el nombre de Pedro Blaquier en las causas de lesa humanidad, debían suplantarlo a lo sumo con la mención genérica de “la empresa”. Ese mismo tono de la víctima es el espíritu del artículo que publicó el diario La Nación el 13 de julio, bajo el título “Repudian la agresión a Blaquier”, en el que difundió el mensaje de dos asociaciones. Por un lado, el conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Montevideo, referido por este diario como el que en 1976 sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República. La otra voz es la de la Academia Nacional de Ciencias Morales.

La institución, dice el diario, expresó su “‘profunda preocupación’ por las agresiones que sufrió el empresario Carlos Pedro Blaquier en Jujuy la semana pasada, cuando se presentó a declarar en una causa en la que se investigan presuntos delitos cometidos durante la dictadura”. La entidad se solidarizó con “el presidente de Ingenio Ledesma” al que “se lo pretende involucrar en ‘hechos que no guardan la debida relación de causalidad con su actividad empresaria y su intachable trayectoria’”.

La Academia agrega un dato ex profeso que parece puesto para destilar tinta oscura sobre la trayectoria de los organismos de derechos humanos jujeños. Las organizaciones tuvieron como abogado a Pablo Pelazzo, quien fue nombrado fiscal ad hoc por el ministerio público fiscal para reforzar las causas que estaban sostenidas por un solo fiscal, en un paso que tiene antecedentes en Bahía Blanca o en La Plata, donde uno de los ex abogados del CELS es ahora fiscal ad hoc de la causa del circuito Camps. El punto que la Academia cuestionó no fue ése –que sí cuestionaron los abogados de Blaquier en una recusación presentada contra el abogado y que la semana pasada el juez de la causa rechazó–. El artículo, sin dar su nombre, lo acusa por “la presunta participación” en las agresiones que sufrió Blaquier el día del fracasado llamado a indagatoria. El dato quedó descartado cuando el juez federal Fernando Poviña rechazó la recusación de Pelazzo y además, por las consultas que hizo este diario, se comprobó que era falso.
Rabbi Baldi

A comienzos de julio, el diario El Tribuno de Salta anunció en una nota que a sus filas se incorporaba Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Según una nota del 25 de julio de 2010 del diario La Nación, Rabbi Baldi “tiene las manos blancas, delicadas, y un vocabulario que salta del francés al latín, pasando por el alemán y el inglés, sin esconder el acento salteño que lo acompaña desde la cuna”. Integra la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el tribunal que actúa como cámara de alzada de Salta y de Jujuy, y se atiende los expedientes federales entre los que están los de lesa humanidad. Una y otra vez su actuación trajo cola. La Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración de Nación lo denunció ante el Consejo de la Magistratura cuando llamó a la Policía de Seguridad Aeronáutica para que “allanen con cuidado” la casa de su cuñado, el represor Alejandro Osvaldo Marjanov, segundo jefe del Batallón de Comunicaciones de Bahía Blanca, que estaba siendo buscado por la justicia de ese distrito.

Más cerca de las causas de Jujuy, la Procuración volvió a mencionarlo, esta vez cuando las causas de lesa humanidad aún estaban en manos del juez subrogante –y ahora renunciado– Carlos Olivera Pastor. Olivera Pastor hizo todo lo que pudo para frenar “sistemáticamente” el avance de esos expedientes. Rechazó indagatorias de los militares más reconocidos y no sólo no ordenó los allanamientos a los edificios de Ledesma, sino que además, en vez de hacerlo, les pedía los informes a la compañía. La Cámara de Salta convalidó sus decisiones.

“El tema de la impunidad en Jujuy no pasa exclusivamente por el juez Olivera Pastor, sino que hay una responsabilidad de la Cámara Federal de Salta”, señaló en abril de este año a Página/12 Pablo Parenti, coordinador con Jorge Auat de la Unidad de Fiscales. “El juez Olivera Pastor es un secretario que fue designado a cargo del juzgado por la Cámara Federal de Salta; fue protegido mediante diversas gestiones por el camarista federal Rabbi Baldi Cabanillas. Ese camarista, a principios de 2011, se presentó ante la Comisión Interpoderes para juicios de lesa humanidad e intentó demostrar mediante sofismas que las causas en Jujuy marchaban bien”, indicó. Todos los integrantes de la Comisión Interpoderes rechazaron en duros términos ese intento de Rabbi Baldi.

La relación de Rabbi Baldi con la Academia ahora lo pone en línea directa con Blaquier. El escenario se complicaría si el camarista empieza a intervenir en las causas que le lleguen por elevación desde Jujuy y tengan a Blaquier entre sus objetos. En principio, en la mañana de hoy vencen los plazos para que los abogados de Blaquier apelen la decisión de Poviña de rechazar la recusación de Pelazzo.

domingo, 29 de julio de 2012

Familiares de Avelino Bazán recuerdan al dirigente desaparecidos en 1978

“La desigualdad lo impulsó a luchar”

Mientras se desarrolla el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, Mirta y Rosa Bazán, la hija y la hermana de Avelino, recorren la trayectoria de éste en el Sindicato Obrero Mina El Aguilar y luego en el municipio, antes de ser secuestrado dos veces.

 Por Ailín Bullentini

Mirta Bazán no baja nunca el cartel que muestra una foto viejísima de un hombre al que se le parece mucho. “Mi papá siempre luchó por equilibrar un poco los diferentes niveles sociales, por achicar el sufrimiento de los obreros y sus familias. Por eso lo desaparecieron”, confía con voz firme antes de exigir, en susurros, que lo que “sería bueno” es que hubiera “justicia”. Entre testimonio y testimonio del primer juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy, Mirta toma del brazo a su tía, Rosa Bazán, y la saca de la sala a tomar un poco de sol. “Aquí lo dejaron estos hombres. Avelino era una persona bella, buena. Así era”, recordó esa otra mujer a la que los años no pudieron sacarle las ganas de saber qué pasó con su hermano. No lo vio más desde octubre de 1978. Ambas escucharon con detenimiento y asombro los testimonios que siete víctimas de las vejaciones de la última dictadura brindaron el pasado viernes, en la primera audiencia en que se trató la causa –una de las cinco que integran ese juicio histórico– por sus secuestros. Como ellos, Avelino Bazán sobrevivió a aquella primera detención, que incluyó amenazas, torturas y acusaciones de subversivos, guerrilleros y comunistas. Pero no a una segunda, desde la cual sus familiares le perdieron el rastro.

Ese segundo secuestro y la desaparición de Avelino Bazán no son materia de análisis en este juicio, aunque la investigación no olvida el destino final que la dictadura le reservó sólo a él, del grupo de obreros mineros que formaron parte del Sindicato Obrero Mina El Aguilar (SOMA). Su figura, tanto desde la dirigencia gremial como desde su labor de funcionario municipal, se relaciona con los reclamos más fuertes que los trabajadores de esa empresa llegaron a realizar antes de que el apriete de las fuerzas de seguridad a disposición de la compañía minera los acallara para siempre. La huelga que paralizó la mina en 1973, conocida como “El Aguilarazo”, es el hecho histórico que permite comprender, en el marco de esta causa y en el probable avance de la investigación a futuro, por qué algunas de las 27 víctimas fueron trasladadas a La Plata, otras liberadas en la capital jujeña y Bazán, finalmente, fue desaparecido en 1978 (ver aparte).

Rosa Bazán recuerda que a los 15 años, su hermano varón más chico –eran siete– se fue a trabajar a El Aguilar. En una de las vetas de la mina trabajaba su cuñado. “Ha dejado escrito el sufrimiento que sintió sobre su propia piel, el que veía en la cara de su hermana y su cuñado, la desprotección y el abuso de la compañía. Mi papá sufrió mucho, y su familia también, esa brutal desigualdad tan honda y quizá fue eso lo que lo impulsó a luchar por la gente que más necesitaba. Esa fue siempre su causa”, recordó Mirta.

Avelino continuó en la mina, en cuyo pueblo –un conjunto de casas precarias que servían de techo para los empleados y que se llamó, claro, igual que la compañía– vivió con su mujer y sus dos hijas hasta que comenzó a pensar en “un espacio mejor” para su familia: “En el Norte, allí en esos pueblitos chiquititos y pobres como El Aguilar, no había más posibilidad para las personas que el trabajo. Y mi papá quería que nosotras estudiáramos. Entonces nos vinimos para San Salvador mientras él iba y venía de su trabajo a nuestra casa”, contó la mayor de las hijas del minero desaparecido. Para entonces, Avelino ya era un fervoroso dirigente sindical. En 1958 fue elegido secretario gremial del SOMA del sindicato de la mina. En 1965 renunció a la mina y ya no se presentó para las elecciones del sindicato, pero su huella quedó en sus compañeros. O por lo menos así lo recordaron los siete que declararon en la audiencia del viernes pasado.

Entonces se estableció en la casa familiar del barrio capitalino Ciudad de Nieva, en donde se reunió con su mujer y sus hijas. En 1966 fue diputado provincial y luego director municipal de Trabajo. Luego se hizo cargo de la Dirección de Trabajo de San Salvador. Allí trabajaba cuando sus compañeros de El Aguilar se alzaron en “El Aguilarazo”. Desde su oficina regresaba cuando, el 29 de marzo de 1976, el ex gendarme Juan Carlos Jones Tamayo lo detuvo. Aunque ya no formaba parte del hogar paternal, Mirta reconstruyó lo que su mamá le contó: “Lo esperaba para almorzar, pero no volvió ese día. Entonces empezaron a recorrer con un tío mío las comisarías y a los días presentaron un hábeas corpus. A los días nos dijeron que estaba en la comisaría de Villa Gorriti (de San Salvador de Jujuy), en donde estuvo incomunicado 40 días”.

Por lo que contaron los testigos ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, se encontraron en Villa Gorriti con el ex dirigente gremial, quien compartió con algunos el estremecedor viaje en un Hércules a la Unidad 9 de La Plata. “Después de que lo blanquean y lo largan, él vuelve a su casa en Ciudad de Nieva, a donde lo íbamos a visitar con mi mamá”, apuntó Rosa. Julio de 1978. Bazán permaneció en la U9 de La Plata casi un año y medio más que el resto de los trabajadores mineros de El Aguilar que viajaron con él desde Jujuy. De nuevo en libertad, el ex funcionario no puede volver a trabajar, pero tampoco cuenta con demasiado tiempo para reacomodarse. “¿Cuánto duró? Julio, agosto, septiembre, octubre... y ahí ya no lo vimos más”, sentenció su hija mayor.

El 26 de octubre de 1978, luego de almorzar con su familia, su hermana y su madre, Bazán decidió salir a caminar. Luego, había prometido, volvería a buscar a su mujer y a su hija menor para ir al cine. “Siempre le decíamos que saliera acompañado, pero decía: ‘¿Por qué tengo que tener miedo si yo no he hecho nada de malo?’”, apuntó Rosa. “El sentía que le habían dado la libertad, pero que algo todavía no estaba bien”, completó su sobrina.

Pese a que aún restan pasos por resolver hasta que las responsabilidades de la desaparición de Bazán puedan dirimirse ante la Justicia, los familiares del dirigente sienten el alivio de que la balanza está empezando a equilibrarse: “No es justo que ellos han hecho lo que han querido con nuestros seres queridos y han seguido viviendo libres mientras que uno peregrinó con las lágrimas en los ojos sin saber qué han sido de muchas personas –concluyó Mirta–. Tienen que tener un castigo los responsables de todas esas atrocidades”.

jueves, 26 de julio de 2012

Recuerdan a los desaparecidos de la “Noche del Apagón” en una marcha multitudinaria


Organismos de derechos humanos encabezaron la 29 "Marcha del Apagón" en homenaje a los más de 30 desaparecidos y 400 detenidos por grupos de tareas de las Fuerzas Armadas que contaron, según acusan las víctimas, con la colaboración del Ingenio Ledesma entre el 20 y el 27 de julio del año 1976.

La marcha, que unió la localidad de Calilegua con la ciudad de Libertador General San Martín, se realizó en el marco del inicio de juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura en la provincia y la convocatoria, hasta ahora frustrada, para que Carlos Pedro Blaquier se presente a declaración indagatoria por la responsabilidad de Ledesma en los hechos que se conmemoraron hoy.

Se sumaron organizaciones sociales, pueblos originarios, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Milagro Sala, de la Tupac Amaru; Adolfo Pérez Esquivel, de Serpaj e Hilda Figueroa e Inés Peña, de Madres y Familiares de ex detenidos y desaparecidos de la provincia de Jujuy.

También Hugo Condorí, de la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy; los diputados Horacio Pietragalla, Martín Sabbatella y Carlos Junio; Victoria Montenegro y Carlos Raimundi, entre otros.

Durante los siete kilómetros que separan un pueblo del otro, la multitudinaria asistencia calculada en unas 40 mil personas,  fue nombrando a las víctimas, al igual que consignas en favor de la "verdad y justicia" a la vez que pidieron "castigo" a los culpables de detenciones y secuestros, en los que están involucrados el empresario Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general del ingenio, Alberto Lemos.

Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, dijo a Télam que estaba en Libertador para recordar a los desaparecidos "a Olga Aredez y a tantos luchadores a pesar de la campaña en contra"  que en las últimas horas se desató para desprestigiar el homenaje a los desaparecidos.

Los militantes presumían que el "abrazo en defensa del ingenio" organizado ayer por un grupo de vecinos en Libertador "fue impulsada por los directivos del ingenio Ledesma".

Sobre este punto, Milagro Sala consideró que "el tenso clima provocado por la empresa busca generar miedo entre la población al afirmar que las organizaciones sociales y de derechos humanos provocarían incidentes y que Ledesma podría cerrar sus puertas dejando sin su fuente laboral a los habitantes de la zona. Esto es parte de la táctica de Blaquier que busca victimizarse para no dar cuenta".

 Antes de ingresar al mencionado pueblo, unos 70 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, la marcha hizo un alto frente al monolito que tiene inscriptos los nombres de los detenidos desaparecidos en el departamento de Ledesma.

"Estoy emocionada como todos los que tienen incorporada una vida de lucha y compromiso y pueden ver participar a muchos que no vivieron" aquellos años de la dictadura militar expresó a Télam por su parte, Mirta Acuña, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la Línea Fundadora.

Dijo ver a los participantes "concentrados y convencidos que sin lucha es muy difícil conseguir" los objetivos que se proponen por los derechos humanos.

En cuanto a los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en Jujuy, manifestó que "son un avance de la justicia" y de los que están reclamando  que se conozca la verdad de los hechos.

Asistieron también representantes del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, la Asociación de ex detenido desaparecidos regional Ledesma, la agrupación HIJOS, dirigentes de la CTA, ATE, trabajadores del azúcar de La Esperanza, ingenio La Mendieta, dirigentes de la CONADU histórica, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJU.

Participaron militantes de La Cámpora y la agrupación Kolina. Hubo representantes de la CCC, el PC,  y cerró la marcha  una gruesa columna de la Tupac Amaru y otras organizaciones de la Red Social.

Temprano, representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, homenajearon a los detenidos desaparecidos que fueron alumnos de la Escuela Normal Superior de Libertador, la mayoría de la promoción 1972, estudiantes universitarios cuando fueron secuestrados.

miércoles, 25 de julio de 2012

Comienza el Juicio por la desaparición del dirigente minero Avelino Bazán.


El Tribunal Oral Federal de Jujuy, que lleva adelante los juicios de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, comenzará a abordar, en una audiencia que se realizará este miércoles, la causa por la desaparición de nueve mineros detenidos el mismo día del golpe de Estado de 1976.

Fuentes judiciales consignaron que ese día el Tribunal abordará la causa 3512, que investiga la desaparición del dirigente minero Avelino Bazán y otros trabajadores mineros, y que tiene como principales imputados a los ex represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Orlando Vargas.

Ambos ex represores están acusados de haber sido partícipes necesarios de la privación ilegítima de la libertad de 18 personas y como partícipe secundario de privación ilegítima de libertad calificada de 9 personas.

Todas las víctimas del "caso Bazán" eran mineros y la mayoría fue detenida el 24 de marzo de 1976 en la localidad de El Aguilar, en el departamento de Humahuaca, por personal del Ejército, Gendarmería Nacional y de la policía provincial, en un operativo a cargo del coronel
Carlos Néstor Bulacios.

Entre las personas que participaron de las detenciones se encontraba, además de Bulacios, el comandante de Gendarmería Jorge Borges de Canto.

Según los testimonios que constan en la causa, la mayoría de los detenidos fueron llevados en vehículos de la compañía Minera El Aguilar a La Quiaca, mientras que otros fueron trasladados a la localidad de Tres Cruces, doonde fueron alojados en la sede de la  Gendarmería.

Desde La Quiaca y Tres Cruces, los trabajadores mineros fueron llevados al RIM 20 y, posteriormente, al Penal de Villa Gorriti, donde Vargas era el interventor militar.

En tanto, el mítico dirigente minero Avelino Bazán fue detenido el 29 de marzo de 1976 en su vivienda en el barrio Ciudad de Nieva, en el marco de un operativo encabezado por Bulacios.

El dirigente minero fue trasladado a la cárcel de Villa Gorriti y, luego, junto con otros compañeros, fue llevado en avión a la Unidad 9 de La Plata el 7 de octubre de 1976.

Luego de las torturas recibidas durante todo ese período de cautiverio, este grupo de trabajadores minero de Jujuy recuperó la libertad el 23 de julio de 1977.

Tras su regreso a la provincia, Bazán fue detenido nuevamente el 25 de octubre de 1978 y, desde esa fecha, permanece detenido desaparecido.
Las víctimas en esta causa son, además de Bazán, Juan Bejarano, Venancio Cárdenas, Rubén Andrés Cari, Anastasio Colmenares, Bruno René Díaz, Efrén Guzmán, Cirilo Carlos Paredes, Santiago Quispe, Alberto Hugo Rodríguez, Mariano Rodríguez, Ángel Ricardo Rozo, Mariano Fernando Sosa y Alejandro Subelza. . También se suman Roberto Valeriano, Eleuterio Zapana, Luis Ramón Romitti, Alberto Aramayo, Faustino Farfán, Fausto Calapeña, Reinaldo Aguilar, Martiniano Espinoza, Manuel Bautista González, Demetrio Erdulfo Mendoza, Roberto Quiroga, Roberto Troncoso y Juan Carlos Ovalle.

El viernes último, el Tribunal le suspendió al imputado Vargas la prisión domiciliaria de la que gozaba en su domicilio en Córdoba y ordenó su trasladado a la Cárcel 1 de Ezeiza, donde atenderán su salud y seguirá por teleconferencia el proceso en su contra.

El Tribunal que lleva adelante los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Jujuy está integrado por los jueces René Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín.

domingo, 22 de julio de 2012

El testimonio que vincula dos causas

Declaración de Hugo Condori en el juicio por crímenes de lesa humanidad
Condorí, quien presidió la obra social del sindicato de empleados del azúcar, relacionó el crimen del ex intendente Arédez con las desapariciones de representantes gremiales del Ingenio Ledesma.

 Por Alejandra Dandan

Hugo Condorí era presidente de la obra social del sindicato de empleados del azúcar, una entidad que reunió en la comisión directiva a quienes terminaron secuestrados y desaparecidos antes y después del golpe de 1976, en medio de un proceso de largas demandas y conflictos con la empresa Ledesma. Entre ellos, el ex intendente Luis Arédez, que era asesor del área de salud, y Jorge Osvaldo Weisz, vicepresidente de la obra social, detenido en 1974 y desaparecido a partir de diciembre de 1976. Condorí hoy es presidente de la asociación de ex presos políticos de Jujuy y declaró el viernes pasado en el juzgado de instrucción federal de esa provincia. Su testimonio de más de cuatro horas es clave en los expedientes en los que se investiga la posible relación del empresario Pedro Blaquier con los crímenes de la dictadura. Su declaración consolida el vínculo entre la llamada causa Bernard, que incluye a los hombres del sindicato, y la del ex intendente, en la que la fiscalía está pidiendo una ampliación de la acusación del empresario, a priori, por el delito de homicidio.

“Acá todo el mundo recuerda a Arédez porque era intendente”, dice Condorí a Página/12. “Pero eso fue secundario, lo primario es que él era asesor nuestro: Arédez, Weisz, (Carlos) Patrignani y yo fundamos la obra social que es la que se encargó de luchar por el cumplimiento de la Ley de Salubridad, pero nunca la (empresa la) había cumplido. Nosotros veníamos del peronismo, había radicales, Weisz era de Vanguardia Comunista, pero lo que nosotros discutíamos era cómo profundizar las políticas de salubridad o de vivienda, porque más allá de las ideologías había un problema que había que solucionar.”

En 1972, “a 26 años de haberse promulgado la ley recién empezamos a pelear con la dirigencia por el cumplimiento de la ley con el asesoramiento del doctor Arédez”, explica, “con Carlos Patrignani y toda la articulación con la obra social, el cuerpo de delegados y los obreros de Ledesma”. Como los costos que debía asumir la empresa formaban parte del costo primario del azúcar y el azúcar tenía precios máximos, la compañía no los quería asumir. Arédez asesoró a los trabajadores sobre la asistencia médica de la que se tenía que hacer responsable la compañía según las leyes vigentes, sobre los tipos de medicamentos y tratamientos.

Aquellos hombres de la comisión directiva, Arédez, Patrignani y Weisz están desaparecidos. El legajo de Weisz apareció en las oficinas de Ledesma en el allanamiento que ordenó este año el juzgado federal de Fernando Poviña. Allí, además de la carpeta con la firma de la empresa que documenta la actividad de espionaje sobre la Marcha del Apagón de 2005, estaba su legajo y un informe de inteligencia elaborado por una empresa llamada World División Psicología Industrial con datos sobre sus familiares, amigos, compañeros y allegados.

El pasado 6 de julio, cuando Blaquier se presentó en el Juzgado Federal, la Unidad de Coordinación y seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración presentó un escrito con nuevas pruebas y –según el expediente– pidió que se amplíen los cargos por los que se lo iba a interrogar. Así, a las cargos por violación de domicilio, privaciones de la libertad agravadas, aplicación de tormentos en varios de los tramos de las dos causas principales, la fiscalía agregó las pruebas para que el juzgado acepte la indagatoria prima facie por el homicidio de Arédez. Esa decisión es la que aún está pendiente y es el contexto desde el que puede leerse la declaración de Condorí, uno de los pocos dirigentes azucareros de aquella obra social que sobrevivió a la dictadura.

En medio de las idas y vueltas de la causa y de la suspensión de la indagatoria, la defensa de Blaquier consiguió ganar tiempo. La ampliación no está decidida porque el juzgado se encontró con otro tema. Ese mismo 6 de julio, o pocas horas después, los abogados de Blaquier recusaron a uno de los fiscales entre otras razones porque pasó de ser abogado por la querella a funcionario ad hoc de la fiscalía. Aunque no es condición definitiva, es probable que el juzgado defina la ampliación o no de los cargos una vez que resuelva el planteo de recusación.

A Arédez lo secuestraron el 24 de marzo de 1976. Esa noche también secuestraron a Ramón Bueno, Antonio Felliu, Omar Gainza y Carlos Alberto Melian. Las patotas de la policía y el Ejército que se los llevaron se movilizaron en vehículos de Ledesma SAAI, conducidos por personal de la empresa que hicieron subir a los detenidos. A Arédez lo liberaron el 5 de marzo del ’77. El 13 de mayo lo interceptaron por la ruta 34. Esta vez lo hizo otro vehículo, conducido por Juan de la Cruz Kairuz, policía y empleado de Ledesma. Desde entonces permanece desaparecido.

El expediente recuerda aquello sobre lo que declaró Condorí: Arédez fue asesor médico de los sindicatos azucareros de Ledesma y Calilegua y de la mutual de obreros y empleados del Ingenio Ledesma. También menciona que fueron notorios sus reclamos sobre la falta de cuidados médicos y de seguridad que padecían los empleados del ingenio y de los que la empresa debía hacerse cargo. Los directivos de Ledesma decidieron despedirlo indicando que proveía a los trabajadores de demasiados medicamentos sin cobrar. Años más tarde, en 1973, era elegido intendente.

Testigos aportaron más datos sobre el secuestro de "Pampero" y señalaron al "hombre de la cicatriz"

En la cuarta audiencia del juicio donde se investiga el secuestro, la detención y posterior desaparición del dirigente de la JUP, Julio Rolando Alvarez García se escucharon testimonios que reconstruyeron el episodio y fortalecieron la postura de la querella que señala al ex Tte. Mariano Rafael Braga como responsable del operativo represivo llevado a cabo el 21 de agosto de 1976.
En la primera parte del debate testimoniaron dos hermanos de la víctima, Guillermo y Normando Alvarez García y dos amigo de la familia, Miguel Angel Maidana y Jorge Zalazar, quienes presenciaron el momento en que se ejecutaba el operativo de secuestro. Estos testigos aportaron abundantes detalles y coincidieron en señalar al "hombre de la cicatriz", como uno de los partícipes de la detención de Pampero.
 Posteriormente, brindaron testimonio  dos testigos de la querella, Joaquin Salas, quien fuera Jefe de la Comisaría de ciudad de Nieva y Luis Almeyda  quien se desempeñó como director de Personal del Ejército.

“UNA LUCHA INTERIOR” ENTRE EL OLVIDO Y LA MEMORIA

Guillermo Alvarez García, hermano de Pampero inició su testimonio señalando que desde el secuestro se había debatido entre el olvido y el recuerdo. “Fue una lucha interior” describió, “por una parte quería olvidar todo y olvidar sobre todo el martirio al que imaginaba había sido sometido mi hermano. Pero, por otra parte, quería recordarlo todo para que un día como hoy los responsables pudieran ser castigados”. En el marco de esa tensión “hay cosas que he olvidado, otras que recuerdo como flashes de ese momento traumático, otras que fueron volviendo a la memoria no sé  por qué  extraño mecanismo”.
Recordó el día del secuestro del hermano, cuando una patota vestida de civil irrumpió en la casa familiar de Ciudad de Nieva donde celebraban un cumpleaños. “Era un día de viento norte” dijo y señaló que una vez detenido, su hermano fue ingresado a un vehículo, uno de los varios que estaban apostados en la zona. Los siguió y vió que algunos se perdían en el Regimiento 20.
Señaló que su padre intentó hacer inmediatamente una denuncia en la Comisaria 5ta de Ciudad de Nieva, pero se lo impidieron porque no podía decir quién había detenido a su hijo.
Cuando volvió a su casa, después de haber visto los autos que entraban al RIM 20, el testigo recordó que sus padres -por los rasgos físicos- ya sabían que había sido Braga, por un pariente lo había identificado. Poco después, relató, el abogado Próspero Nieva presenta un habeas corpus por Pampero.
Al tiempo conocieron que su hermano había sido detenido por el Ejército, por instrucciones emanadas desde Tucumán.
Puso de relieve el testigo que su familia y los amigos, siempre recordaron a “un hombre con una cicatriz en la cara” y señaló que su madre “siempre estuvo convencida que fue Braga”.
Dio detalles del sufrimiento y del largo peregrinar de su madre por el Regimiento 20, donde fue sometida a maltratos y largas esperas, y donde además escuchó también el nombre de Braga. Pero además tuvo que soportar “la perorata” de los militares que hablaban de “canallas subversivos”  y calificativos de ese tipo

“ERA BRAGA QUE ANDABA SECUESTRANDO”

El segundo testigo, Normando Alvarez García, también hermano de Pampero, se refirió a las circunstancias del secuestro de Pampero, el 21 de agosto de 1976. Precisó que los efectivos de civil que ingresaron al domicilio  pusieron un revolver en la cabeza a su padre y llevaron a Pampero a una habitación del fondo de la casa donde fue esposado por la espalda.
Recordó que su padre, en la desesperación se comunicó con su tío Ulises Orellana, quien por la descripción que hizo su padre y por la cicatriz en la cara le dijo que ese era “Braga que andaba secuestrando”.
Destacó Alvarez García que su padre, una vez que tuvo los datos de Braga, volvió a la Comisaría para efectuar la denuncia y que al día siguiente de ese episodio Orellana fue detenido. “Se salvó por un oficial de la federal, santiagueño que lo conocía” dijo e interpretó que esa detención fue en represalia por haber aportado los datos de Braga.

UN ASCENSO FRUSTRADO

Tras el retorno de la democracia, en 1998 o 1999, Alvarez García tuvo conocimiento de que el pliego de Braga estaba en consideración del Senado para su ascenso militar. “Yo era diputado nacional, hablé con Leopoldo Moreau y le dije que Baga había participado del secuestro de mi hermano.El ascenso fue impugnado y quedó en stand by” relató.
Mencionó un encuentro posterior con el Dr. Raúl Alfonsín, a quien el General Martín Balza había solicitado que intermediaria por Braga ante la impugnación de su pliego, ya que había sido uno de los pocos militares que lo había acompañado en la “famosa autocrítica”.
“Yo le conté todo a Alfonsín y él me dijo: “no hay nadas más que hablar. Hacé todo lo que tengas que hacer”.

“TODOS ERAN MENOS EL”

Normando Alvarez García se refirió también a encuentros que tuvo con Braga, en el estudio de un abogado de apellido Costa, quien intermedió para concretar esas reuniones, por insistencia del propio Braga.
Recordó el testigo que Braga dijo entonces que no había tenido nada que ver con el suecuestro. “Yo le dije que lo único que quería era saber qué hicieron con mi hermano  y donde estaba, a donde estaba su cuerpo. Mi madre siempre lloraba porque quería saber, para poder ponerle flores” afirmó.
Señaló que tuvo tres encuentros con Braga y que el imputado siempre negó su participación y en cambio incriminó a Jones Tamayo, como la persona que había conducido el operativo y que por entonces era jefe de seguridad de Aeropuertos 2000. “Todos eran (responsbales) menos él”.
Alvarez García recordó a Braga como un hombre con mucha información  “era un agente de inteligencia” e infirió que “en el proceso, no se dedicaba al escritorio” como siempre quiso hacer creer.
“No es creíble, el no era un oficial de escritorio, era un hombre importante” fue categórico Alvarez García y agregó que por eso tuvo el apoyo de Balza y de otros militares como el Cnel .Bulacios o Domingo Bussi, quienes trataron de desvincular a Braga de este caso.
 “Eran conversaciones donde él buscaba una cosa y yo buscaba otra. El lo único que quería era que lo ayudaran a ascender, yo quería información”, dijo Alvarez Garcia.
“Me llama la atención que siendo él uno de los de la autocrítica, en ninguno encuentro se mostró arrepentido, ni hizo alguna autocrítica. Lo único que quería -enfatizó Alvarez García- era que diga que él no había sido para que pudiera ascender”.
En el último encuentro que mantuvo con Braga, relató, “le dije que no lo odiaba, porque el odio estanca y tenemos que seguir viviendo y que lo único que quería era la verdad y ahora la justicia”, agregó el testigo.
Al igual que su hermano, Normando recordó que sus padres estaban seguros que Braga había sido el hombre que comandó el secuestro de su hermano. Y acotó que la detención de su tío Ulises Orellana que es quien señala a Braga, lo confirma.

“UNA HERIDA ABIERTA QUE NO CIERRA”

Finalmente Alvarez García, se refirió al contexto familiar, de fuerte tradición católica. “Fuimos criados, no para aferrarnos a lo material, sino para ser idealistas y solidarios”, dijo y puso de relieve que la desaparición de Pampero es “una herida abierta que no cierra”.
“Lo bueno es que se va a hacer justicia, no venganza” agregó y manifestó –refiriéndose al juicio y al trauma que importa el recuerdo- “esto tiene que servir para que sea un “nunca más para nadie”. Pido solamente justicia, por esa manera animal, (la desaparición) eso no se hace”.

Miguel Maidana
“UN HOMBRE CON UNA CICATRIZ O UNA MANCHA QUE
 APUNTABA A PAMPERO A LA ALTURA DEL ESTOMAGO”

Miguel Angel Maidana, el tercer testigo de la jornada, recordó que el mediodía del 21 de agosto de 1976, cuando llegó a la casa de la familia Alvarez García, un hombre alto de traje le impidió el ingreso y ante su insistencia, abrió su saco y le mostró un arma. “Me quedé en la plaza donde me encontré con otro amigo Jorge Salazar que estaba viendo lo que sucedía. Se abrió la puerta y salió Pampero esposado”.
Vió la escena de la salida de Pampero apresado y conducido por dos personas,  a una distancia no mayor de 10 metros. Detalló que una de las personas que llevaba a Pampero, que estaba sobre el lado izquierdo, tenía una cicatriz o una mancha en la cara y le apuntaba a Pampero con una pistola a la altura del estómago. Ese hombre, “alto, de 170 o 1,75mt, de estado atlético, joven entre 26 y 27 años, de pelo corto”, era quien después Ulises Orellana, ayudaría a identificar como Braga.


OTRO TESTIGO QUE HABLO DE LA CICATRIZ
El cuarto testigo de la jornada del miércoles, Eduardo J Zalazar, validó los dichos por otros anteriores y en algunos tramos con mayores detalles. Por ejemplo , dijo que alcanzó a divisar una “renoleta” con chapa patente “E” (Entre Rios) de donde bajaron 3 hombres, que después de charlar cruzaron por los jardines hacia la vivienda de la calle Libertad . Logró visualizarlos y distinguir la “cicatriz en la cara del lado izquierdo”  a uno de ellos. En una ocasión vio a una de esas personas, apenas el hombre se dio cuenta que lo estaba mirando, salió corriendo.

LA DEFENSA TAMBIEN PRESENTO SUS TESTIGOS

El primer testigo propuesto por la defensa de Braga, Joaquín Salas,  manifestó no entender  por qué lo citaron. En 1.976 se había desempeñado como Jefe de la Comisaria 5ta, correspondiente al Barrio Ciudad de Nieva.
 Aseguró haberse enterado del secuestro de Pampero Alvarez García por comentarios, dijo que no recibió denuncia de la familia y se encargó de aclarar que él se encargaba de los “delitos comunes”, en tanto que otros policías, en contacto con el Ejército, hacían inteligencia.
Dijo que recibió órdenes superiores para que no hiciera nada, ni siquiera de oficio, frente al hecho del secuestro. Detalló también las ocupaciones de lo que denominó “el otro grupo de policía”. “Si hay un secuestro seguro que es el Ejercito” contó que le manifestó el Jefe Regional Silvera.
El último testigo de la jornada fue el Coronel Luis Maria Almeyda,  Director de Personal del Ejército, especialista en Personal y Legajos. La defensa explicó que lo requería a fin de corroborar la autenticidad de  la calificación anual en el Legajo de Mariano Braga, cuyo original obra en depósito del Tribunal de Jujuy desde hace mucho tiempo.
Determinó  que un Oficial de Inteligencia de Batería Comando ( tal la especialización del imputado Braga), debe tener información  del oponente (enemigo), condiciones del terreno, condiciones meteorológicas, etc. Mencionó que respecto a las licencias y algunos otros datos podían o no figurar en el Legajo, que ignoraba cuál era el mecanismo de control del mismo.
Entre los datos que brindó del Legajo, es la pertenencia de Braga al Batallon 601.
Sobre el final, de la jornada, el Tribunal Oral Federal –haciendo lugar a un pedido de la defensa del imputado Orlando Vargas- resolvió que sea evaluado en sus condiciones físicas para autorizar el traslado desde el Hospital San Roque hacia un centro médico privado.
El juicio continuará este jueves, a partir de las 9:00. En la Audiencia se prevé la comparencia de siete testigos.
 
El grupo que marcaba
 
Un ex jefe de la seccional quinta de la policía provincial de Jujuy admitió ayer que durante la última dictadura funcionó en la provincia un grupo de oficiales y personal subalterno que se encargaba de “marcar” ciudadanos y viviendas de presuntos subversivos. Joaquín Sala, testigo por la defensa del militar retirado Mariano Braga, imputado en el juicio por el secuestro de Julio Alvarez García, ocurrido en 1976, señaló que le habían hablado sobre la existencia de un operativo que se realizó en la casa de la familia de Alvarez García, pero cuando se lo dijo a su jefe superior, el comisario Antonio Silvera, éste le manifestó que “no se meta” y que si se trataba de un secuestro era “el Ejército”.

sábado, 21 de julio de 2012

Día de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy

La fecha fue establecida con motivo de recordarse la Noche del Apagón. Aquella noche, en medio de la clandestinidad, secuestraron a cerca de 400 personas, 30 continúan desaparecidas.

El 20 de julio de 1976 se montó un gran operativo en las ciudades de El Talar, Calilegua y Libertador Gral. San Martín, que incluyó cortes de energía eléctrica en todo el territorio.

Aquella noche, en medio de la clandestinidad, secuestraron a cerca de 400 personas, en su mayoría sindicalistas, maestros rurales, obreros y estudiantes. Fueron llevadas al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, donde sufrieron torturas, y alrededor de 30 de ellas aun continúan desaparecidas.

Este es un año distinto para los derechos humanos en Jujuy, la apertura y el progreso de las causas judiciales en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad nos permite albergar la esperanza de consolidar un la memoria, la verdad y la justicia como consignas que guíen el proceso hacia una sociedad más digna.  

Por este motivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia hizo llegar su acompañamiento en este día a las víctimas, familiares y ex-presos políticos de la última dictadura militar argentina.

Vargas el penal de Ezeiza ¿?

Vargas al penal de Ezeiza, la jugada menos esperada

Trasladar al ex militar Antonio Vargas a un penal que cuenta con un centro de salud de alta complejidad y puede estar aislado, si bien pudo haber sido una de las medidas más justas que dispuso el Tribunal, dejó disconforme  a las partes que intervienen en el proceso judicial.

Vargas sería llevado este mismo fin de semana a su nuevo destino de detención, razón por la cual el proceso continuará con un acusado menos, que ahora deberá seguir las alternativas del juicio por video conferencia.

Para la querella y la defensa, “la decisión de los magistrados imposibilitaría que el procesado presencie el juicio y rinda cuenta de sus actos en esta ciudad”. A pesar que Vargas estará en un lugar donde existe un centro de salud de alta complejidad, los abogados defensores, no están muy contentos  porque pretendían que vuelva a su casa, en la provincia de Córdoba,  donde cumplía arresto domicilio.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos tampoco se mostraron del todo conformes, porque también ellos buscaban que esté en Jujuy durante todo el proceso y reciba condena aquí y no en otro lugar.

miércoles, 18 de julio de 2012

Declararon los hermanos de Álvarez García

Guillermo y Normando Álvarez García fueron los primeros en prestar declaración en la cuarta audiencia del juicio a represores que se realiza en Jujuy. Braga fue nuevamente nombrado como partícipe del secuestro.

Se desarrolló hoy la cuarta audiencia de los juicios de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, donde se ventila la causa Álvarez García en primera instancia, por la que está imputado Mariano Rafael Braga.
La recepción de testimoniales fue lo principal de la jornada. Para hoy están previstas las declaraciones de seis testigos: Joaquín Salas, Miguel Ángel Maidana, Miguel Ángel Salazar, Luis María Almeida y Guillermo y Normando Álvarez García (ambos hermanos del desaparecido Julio Ricardo Álvarez García). Además hubo otros cinco testigos que no fueron ubicados y otros cuatro que ya han fallecido.

La audiencia prevista para las 9 comenzó media hora más tarde con el informe de Secretaría, acerca de algunos testigos que no pudieron ser localizados y otros que ya han fallecido.

Antes de la recepción de las testimoniales, el abogado Matías Gutiérrez Perea, defensor de Antonio Vargas,  pidió una nueva pericia médica para verificar el estado de salud actual de su defendido, quien continúa internado en el Hospital San Roque de esta ciudad. Además, se solicitó también que Vargas sea trasladado a una clínica privada.

En tanto, el abogado defensor de José Eduardo Bulgheroni, Dr. Carlos Rodríguez Vega no se presentó a la audiencia con anuencia del Tribunal, por lo que el Dr. Horacio Vittellini (defensor de Braga) asumió como co-defensor de Bulgheroni en la audiencia de hoy.

A las 09.45 inició la declaratoria del primer testigo, Guillermo Héctor Álvarez García (hermano de Julio), quien comentó al Tribunal que vivió “una lucha interna” durante todos estos años, tratando de olvidar lo sucedido por el dolor que le significaban esos recuerdos, pero al mismo tiempo quería recordar todo para el día en que pudiera declarar en juicio.

Normando Miguel Álvarez García, otro de los hermanos del desaparecido, fue el segundo testigo en prestar declaración. De sus dichos salió nuevamente el nombre de Braga como responsable del secuestro de Julio Álvarez García. Normando comentó que en el momento en que se llevaron a su hermano, ninguno de los familiares sabían quién era Braga, pero que después, al comentar cómo sucedieron los hechos a un tío suyo, Ulises Orellana (cuñado de Álvarez García padre), y de la descripción física que se hizo de uno de los hombres que participó en el secuestro, Orellana dijo que se trataba de Braga. A las pocas horas de esto, Orellana también fue secuestrado.

El tercero en declarar fue Miguel Ángel Maidana, amigo íntimo de la familia Álvarez García, quien esa tarde fue a cenar con ellos. Al llegar a la casa de los padres de Julio, en el barrio Ciudad de Nieva, los militares se encontraban allí e impidieron que Maidana ingresara a la casa, por lo que se fue a la plaza que está enfrente del domicilio. Desde allí, Maidana vio cómo se llevaron a su amigo y dio detalles de la situación.

lunes, 16 de julio de 2012

Escrache a Blaquier y quejas del Ingenio Ledesma

LEDESMA INICIARA ACCIONES LEGALES PORQUE SE SEñALIZO LA COMPLICIDAD DE LA EMPRESA CON LA DICTADURA
A Blaquier le molesta verse en un cartel

La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno jujeño impulsaron la instalación de carteles marcando lugares en los que la empresa azucarera colaboró con la represión ilegal. Pedro Blaquier, citado por la Justicia, contraatacó.

 Por Alejandra Dandan

El Ingenio Ledesma parece estar inquieto. Mientras gota a gota, van apareciendo nuevas pruebas de lo que los sobrevivientes y ex detenidos políticos denuncian desde hace 36 años como la relación entre la compañía de Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado, el empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Recurriremos a la Justicia para que el cartel sea removido”, indica el comunicado de la empresa ubicado en el portal oficial. “Ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes.” El cartel tiene ya algunas señales de daño (ver imagen).

La política de señalización de espacios que estuvieron ligados a los crímenes del terrorismo de Estado avanza en todo el país, en ocasiones antes de que esos mismos lugares sean señalados con sentencias judiciales. Como sucedió hace años con los escraches, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos y las políticas del Ejecutivo van instalando marcas que empiezan a funcionar en los distintos territorios como espacios de memoria, e impulsan a la vez procesos de reconocimiento social. El miércoles pasado eso sucedió en el departamento General San Martín de Jujuy. En el cruce de la Ruta 34, ante la frontera que marca el comienzo del polo industrial y la entrada al barrio de los poderosos directivos del ingenio, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas áreas del Ejecutivo provincial instalaron un letrero de las mismas características que el que se colocó en la planta de Ford en marzo de este año.

Con muchísimo cuidado, el cartel da cuenta de lo que sostienen los testimonios que están en el Archivo Nacional de la Memoria –continuación de la Conadep–, dice Judith Said, encargada del archivo. En ese sentido, bajo el nombre de la empresa y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el letrero recoge una descripción de los hechos que durante años vinieron denunciado los ex detenidos sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha –dice al comienzo–, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”

Los carteles se replicaron en otros tres espacios del mismo departamento. Lugares por donde pasaron los secuestrados: la comisaría de Calilegua y la sede de la comisaría y la Gendarmería que están aún ubicadas adentro del barrio de la empresa, a metros de la llamada La Rosadita, la mansión de los Blaquier, a la que los lugareños reconocen como el espacio desde donde él mismo intentó emular las condiciones estéticas del poder.

Los carteles que llevan los logos de los organismos del Estado que trabajaron en la instalación ahora son motivo de críticas de parte de la empresa, que emitió un comunicado este último domingo.

“El 11 de julio pasado, organizaciones de DD.HH., con el apoyo de las secretarías de DD.HH. de la Nación y de la provincia de Jujuy, instalaron un cartel ilegal frente a la planta de producción de Ledesma S.A.A.I., ubicada en Libertador General San Martín (Jujuy), que pretende vincular a la empresa con el terrorismo de Estado ejercido durante la década del ’70”, indica. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos.” Y luego de hablar del repudio, explicaron que “no existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S. A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”.

El comunicado continúa. No hace ninguna mención a la intrincada trama judicial que impidió durante años avanzar con la causa. No explica por qué, por ejemplo, uno de sus abogados fue antes juez federal de las causas que tenían a Blaquier entre los principales denunciados, en el boca a boca que durante años sostuvieron las víctimas y sus familiares. Habla, en cambio, de “este ataque a Ledesma” y a la “moral de sus empleados y directivos”. Menciona nuevamente las “agresiones de las que fue víctima” en las últimas semanas, en un escenario que refuerza la lógica de la victimización. Y agrega: “En este contexto de agresiones permanentes a sus derechos, Ledesma S. A. ratifica una vez más que nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno. Ledesma es una empresa argentina agroindustrial con más de cien años de vida. Emplea a casi 8000 personas y lidera los mercados del azúcar y papel para impresión, y el de cuadernos y repuestos escolares”.

Blaquier, en este momento, tiene dos frentes judiciales abiertos en la provincia, por las causas de lesa humanidad. Por un lado, la indagatoria todavía pendiente por las víctimas de la Noche del Apagón y la causa en la que está el ex intendente de General San Martín, Luis Arédez. Por otro, y casi sin quererlo, su nombre empieza a aparecer en el contraplano del primer juicio oral que empezó la semana pasada. Si bien allí no está entre los imputados, las testimoniales que vayan reconstruyendo el universo y las pruebas de las víctimas podrían ponerlo en escena. El viernes pasado, de hecho, empezó a suceder. En ese caso, el nombre de la empresa apareció en la declaración indagatoria de un imputado Mariano Braga, ex teniente, integrante de las patotas de secuestro. Aunque dijo que él era inocente de todo, Braga dio un dato del que la fiscalía tomó nota. “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes”, dijo. Y explicó que su auto casi choca con un vehículo del ingenio de Pedro Blaquier. La camioneta, según contó, se dirigía al penal de Villa Gorriti, un dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis del vínculo entre la empresa y los ejecutores del terrorismo de Estado.

Desde el pueblo de Ledesma, en tanto, siguen llegando noticias. Los carteles todavía están en pie. Sin embargo, el más grande de todos, y más simbólico, aquel que está en el ingreso del Polo industrial, éste por el que está enojado Blaquier, amaneció en los últimos días con algunos agujeros. Para algunos las huellas de posibles piedrazos.
Los testimonios siguen aún en la feria

En una señal destinada a todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, esta semana y la próxima continuarán las audiencias del primer juicio oral de lesa humanidad pese a la feria judicial. Miércoles, jueves y viernes declararán varios testigos a través de una video conferencia desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. El primer testigo será Juan Martín, un ex integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros que estuvo detenido ilegalmente en un centro clandestino de Tucumán antes de exiliarse. Martín es uno de los testigos convocados en la causa de Julio “Pampero” Alvarez García, una de las 43 víctimas del juicio, detenido en febrero de 1976 en Tucumán y luego liberado y vuelto a secuestrar en agosto de ese año en Jujuy, desde cuando continúa desaparecido.

La decisión de continuar con las testimoniales pese a la feria no es un dato menor. Está basada en el retraso histórico que tuvo el desarrollo de este juicio en Jujuy y la búsqueda de encontrar un conjuro para acelerarlo. El tribunal está integrado por René Casas en ejercicio de la presidencia, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín, de Jujuy, Salta y Buenos Aires, respectivamente. Morín y la cuarta jueza (suplente), Fátima Ruiz López, fueron designados desde la Cámara de Casación de Buenos Aires.

El testimonio de Juan Martín es esperado por las querellas. Inés Peña, la compañera de Julio “Pampero” Alvarez García, es una de las que lo está esperando hace tiempo. Inés declaró el sábado pasado, identificó al represor Mario Rafael Braga como la persona que encañonó a su suegro el 21 de agosto de 1976 entrando a la casa para llevarse a su esposo. Braga la estaba escuchando. “Sentí presión pero por las actitudes de él, de su mujer y el abogado defensor –dice Inés–, porque estábamos al lado y nos sentíamos mirados.”

Palabras que reconstruyen la verdad

La tercera jornada del juicio confirmó la participación de braga en la desaparición de Julio Álvarez García y la del ejército en centros clandestinos de detención de la provincia.

Jujuy al día® – La tercera jornada de audiencias del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy contó con declaraciones que detallaron la participación de Braga en el secuestro y desaparición de Julio Rolando Álvarez García, además de datos que suman a dar cuenta del entramado que conformaron las instituciones de defensa y seguridad del Estado y la colaboración de sectores civiles.

Declararon Inés Peña, compañera del joven desaparecido Álvarez García y Marcos Medina, también testigo del secuestro. Luis Alberto Morales, quien fuera chofer del coronel Bulacio, confirmó haber visto a Álvarez García en Tucumán y, aunque entre varios “no recuerdo”, declaró haber visto a personas detenidas y vendadas en el RIM 20.

La declaración de Inés sobre el secuestro de su compañero Pampero

Tras el ingreso de los imputados Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni y la aclaración sobre cuestiones que advirtieron los médicos que el día viernes observaron a los imputados, el Tribunal resolvió incorporar por lectura la indagatoria de Bulgheroni y se dio entonces paso a la sala a la Sra. Inés Irene Peña, testigo clave en la causa que tiene como víctima a su compañero Julio Rolando “Pampero” Álvarez García e imputa a Braga por los delitos por violación de domicilio y privación ilegitima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.

La declaración de Inés Peña se extendió por dos horas y media, e inició dando cuenta de lo significativo que para ella resulta el hecho de poder declarar en la instancia de este juicio oral y público, expresando que fueron muchos años de búsqueda de su compañero y de impunidad que intentó silenciar esa búsqueda. Este momento histórico, valoró, nos permite a la sociedad tener en la sala del juicio a los perpetradores de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, remarcando que los acusados tienen hoy garantías y defensa, posibilidad que no les dieron a jóvenes como su esposo que secuestraron en aquellos años. Peña, destacando que ese plan para callar a las personas y al país quiso luego callar y borrar además de los rostros de quienes desaparecieron  también los de quienes lucharon luego por la verdad, la justicia y la memoria, narró sobre el clima político y de compromiso social que como jóvenes ella y su marido vivían en Tucumán para febrero de 1976, todavía en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y año en que Julio Álvarez García fue secuestrado por primera vez en lo que se nombró “operativo Independencia”. Para ese entonces su compañero, que militaba en la JUP (Juventud Universitaria Peronista), ya era parte de Montoneros. Fueron 35 días de un peregrinar si respuestas tras los que Inés Peña se reencontró a su marido con 35 kilos menos y signos evidentes de tortura. En Jujuy, adonde se mudaron tras ese primer secuestro, se daría el segundo, y el que marcaría la desaparición de su compañero.

Inés Peña, en una declaración fuertemente cargada de datos de la memoria dolorosos pero también de una entereza admirable, relató el 21 de agosto de 1976 en que su marido fue secuestrado en circunstancias en que se hallaba junto a ella, sus hijas y otros familiares en la casa de los padres de Álvarez García, en el barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad. Describiendo tal momento, la esposa de Pampero narró cómo al día de hoy puede identificar a Mariano Rafael Braga como quien irrumpió al mando del operativo en su hogar y se llevó a su marido la última vez que lo vio con vida. La identificación fue ratificada al momento de las preguntas del abogado querellante Antenor Ferreyra, e incluso reforzada tras una pregunta desde el Tribunal que inquirió sobre si Inés Peña podía lograr tal identificación aunque la seña particular de la cicatriz que se recuerda en el rostro no fuera la mayor referencia, a lo que la titular de Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy respondió que sí.

La esposa de Álvarez García, que en ese entonces se encontraba embarazada de 5 meses y junto a sus dos hijas pequeñas, narró cómo, en esas circunstancias de una situación que calificó como indigna, ese día Braga ingresó violentamente y encañonando a su suegro le pidió al mismo que entregara a su hijo. Tras esto, contó Inés, Julio Rolando Álvarez García salió al encuentro de las personas armadas y vestidas de civil que dirigía Braga, quien se lo llevó.

A la declaración de Inés Peña se suman también en la causa las del padre y de la madre de Julio Rolando Álvarez García, ambos fallecidos, que declararon también confirmando la irrupción en su domicilio de Ciudad de Nieva y el posterior secuestro perpetrado su hijo por parte de Braga.

Otro dato mencionado que corrobora la identidad de Braga como autor de los hechos que se relataron fue la confirmación, el mismo día del secuestro, de que la persona responsable era Braga, por parte de Ulises Orellana, quien confirma esto por el rasgo particular de la cicatriz en el rostro del entonces oficial de inteligencia y porque su esposa, familiar de los Álvarez García también lo corrobora como funcionaria del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Peña remarcó las huellas imborrables que las situaciones de secuestro dejaron en ella y en su familia, destacando que su marido era un joven de 26 años y que por pensar un proyecto político le fue negada la vida, y a sus hijas les fue negada la posibilidad de crecer con su padre.

También, refirió a las oportunidades en las que Braga intentó comunicarse y disuadir la búsqueda de justicia por la desaparición de su compañero, como las sucesivas cartas que recibió del represor e incluso de la esposa de éste. Otra mención fue para las circunstancias más cercanas, sobre todo en 2005 en el marco de los juicios por la verdad, en las que ella fue amenazada y amedrentada a través de sustracciones de su auto, de material que había recopilado a través de tantos años, o cartas anónimas que denuncian el cuerpo represivo y los cómplices civiles, entre otras.

Como conclusión, Inés Peña expresó que seguramente en su declaración se olvidaba de algunas cosas, aunque estaba segura de que no se olvidaba del hombre que aquel último día que vio a su joven esposo entró a su casa y se lo llevó, el ex teniente Mariano Rafael Braga. Lo sucedido, señaló, no fueron excesos, sino un plan criminal, y hoy las 30 mil víctimas desaparecidas interpelan para que sigamos reclamando justicia por eso.

Las preguntas de la querella indagaron sobre fechas de los secuestros y estadía tanto en Tucumán como en Jujuy, y también en qué caminos se siguieron para la búsqueda de su esposo tras el secuestro en agosto del 77. Peña respondió aportando datos de una entrevista que solicitó la madre de Álvarez García con el coronel Bulacio en el RIM 20, donde la madre vio a Braga, de la modalidad de irrupción en su hogar (donde los agentes no se identificaron ni tenían uniformes ni exhibieron órdenes de arresto n allanamiento), de la falta de respuestas a los innumerables habeas corpus colectivos que presentaban junto a otros familiares. También, dio cuenta de cómo por expresiones del comisario Cafaggi conoció que su marido probablemente había sido trasladado a Tucumán.

La declaración de Inés terminó con un aplauso extendido de la mayoría de las personas presentes en la sala del Tribunal Oral Federal. Los carteles con rostros de Julio Alvarez García no dejaron de mostrarse hacia el banquillo de los acusados. Braga levantó su bufanda cada vez que nombraron su cicatriz, y Bulgheroni no dejó de esconderse tras una columna de la pared. Pero en la sala todos pudieron ver los rostros de estos represores y se les hizo escuchar voces que intentaron silenciar.

Marcos Medina también aportó con sus recuerdos

Pasado el cuarto intermedio tras la declaración de Inés peña, los integrantes del Tribunal llamaron a prestar declaración al segundo testigo en la causa en la que se investiga la desaparición de Julio Álvarez García, detenido-desaparecido el 21 de agosto de 1976.

Fue el turno de Miguel Marcos Medina, quien a requisitoria de la querella relató aspectos de la relación que lo unía con la familia Álvarez García y brindó detalles de lo que le tocó presenciar el día en el que secuestraron a “Pampero” Álvarez García. Ene se sentido, afirmó que fue un operativo del que participaron  varias personas, armadas y bien organizadas.

Quebrado por la emoción, Medina contó que el día del secuestro de “Pampero”, había concurrido a almorzar a la casa  Horacio y Gladys Álvarez García en Ciudad de Nieva, y que ya al momento de dirigirse a la casa, se dio cuenta que un auto lo seguía, aunque igual avanzaron porque doña Gladys esperaba la reunión de todos para servir la mesa, recordó. En medio de ese contexto familiar se produjo el allanamiento, describió contando que golpearon la puerta varios hombres de civil que estaban distribuidos en lugares cercanos a la vivienda, en la calle y en la plaza.

Aseguró Medina que todo parecía muy bien planeado, ya que a él lo obligaron a quedarse sentado y quieto en un banco de la plaza cuando intentó salir en su Fiat 600 a avisar a un pariente lo que estaba sucediendo.

Posteriormente recordó que la hija menor salió de la casa y se refugió en sus brazos. Finalmente, narró, sacaron a “Pampero” y lo llevaron unos metros en donde los esperaban unos autos, lo subieron y se fueron.

Relató también que con Guillermo, el hermano de Pampero, intentaron seguir los autos pero los perdieron. Cuando volvió a la casa, recordó, la familia ya había decidido hacer la denuncia en la comisaria 5ta porque ya sabían que el Teniente Braga era el que estuvo al frente del secuestro.

Así, Medina sumó, superando toda la movilización emocional que le provocó la instancia de recordar tal momento en estas instancias del juicio, a la reconstrucción de la verdad, reconstrucción necesaria para poder construirnos como una sociedad que respeta sus propias bases de justicia.

Un relato contradictorio y evasivo, pero que confirma parte de lo denunciado

La última declaración de la jornada fue la de Luis Alberto Morales, quien en sus palabras se identificó como un “soldado” designado para ser chofer del entonces coronel Bulacio, a quien denominó el “mandamás”. Con varias respuestas reducidas a un “no recuerdo”, Morales dio cuenta sin embargo de movimientos de Bulacio entre lugares de las localidades de Guerrero, Famaillá, Tucumán, entre otras. En esos lugares, detalló Morales, siempre había personal del ejército, cuestión que también refuerza las imputaciones.

Como datos significativos, Morales también declaró que vio a Julio Rolando Álvarez García en un lugar de Tucumán que no identificó con nombre sino espacialmente, expresando que se encontraba en una avenida con palmeras en Tucumán. Que allí vio a Pampero, pero no brindó mayores detalles de cómo se encontraba, aunque definió que se lo notaba “abatido”.

La falta de precisión con respecto a las fechas de los eventos que mencionaba también se extendió al dato que brindó sobre que en una estadía en Tucumán también había visto la foto de Álvarez García en Famaillá (centro clandestino de detención  que se conoce como “la escuelita) señalada con un círculo rojo, que, recordó, le dijeron significaba que esa persona estaba marcada para su exterminio.

Otro dato sumamente importante que aportó en su declaración quien fuera chofer de Bulacio fue que en el RIM 20 vio a través de una mirilla a personas sentadas contra la pared de una habitación con los ojos vendados, lo que confirmaría que el RIM20 sirvió como lugar de detención ilegal. Sobre ese lugar, también detalló el lugar de la oficina de Bulacio y  evitó dar cuenta de qué personas transitaban el Regimiento en ese entonces.

Consultado sobre si sabía qué sucedía en Guerrero, el testigo respondió que se notaba que allí había gente detenida pero que ellos (los soldados) no sabían nada de lo que hacían los superiores.

La declaración de Morales fue seguida con atención y agudizó la tensión en la sala cada vez que se esperaban datos precisos de quien fue testigo tan cercano de los movimientos de Carlos Néstor Bulacio, datos que en su mayoría evitó brindar, aunque igualmente se deslizaron varios e importantes en su declaración.