viernes, 31 de agosto de 2012

Otro obispo que colaboraba

Una victima de la represión involucró al vicario castrense José Medina

Juan Bosco Mecchia declaró en el juicio de Jujuy en la causa que investiga el secuestro de un grupo de militantes del Partido Comunista. Acusó al cura de ocultar información sobre su paradero cuando estaba detenido en el penal de Gorriti.

La activa participación de una parte de la Iglesia en los delitos cometidos por los sicarios del terrorismo de Estado durante la dictadura no es novedad, pero sí lo son cada uno de los testimonios que van ratificando la connivencia eclesiástica con los represores. Es el caso de Juan Bosco Mecchia, que declaró ayer ante la Justicia de Jujuy y acusó al ex obispo José Miguel Medina de haber ocultado información sobre su paradero, cuando estuvo detenido en el penal de Gorriti. El testigo estuvo encarcelado durante la dictadura y aseguró ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que, en la central de policía y en el penal de barrio Gorriti de Jujuy, vio a varios detenidos, que hoy se encuentran desaparecidos.

Bosco Mecchia, un ex aspirante a hermano Lasallano, declaró en el marco de la causa “Galeán, Paulino y otros”, que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura, y tiene como principal imputado al ex teniente primero José Eduardo Bul-gheroni en su condición de presunto partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado por alevosía. Bosco Mecchia fue interrogado en la cárcel por Bulgheroni, y le dijo que “me tenía hambre”, lo cual fue interpretado como que quería “torturarlo o matarlo”. En un tramo de su relato recordó que cuando le preguntó al entonces obispo Medina por Bul-gheroni, el religioso le dijo: “Uy, ése es un asesino”. Según otros testimonios de la causa, entre ellos el reciente del sobreviviente Carlos Alberto Melián, Medina iba dos veces por semana a dar misa a esa prisión jujeña, y transmitía a los represores lo que escuchaba durante la confesión de los detenidos.

Medina fue vicario general de las Fuerzas Armadas y cobró notoriedad a partir del 2 de abril de 1987 cuando aprovechó la atención pública de una misa por los combatientes de Malvinas para criticar en duros términos al gobierno alfonsinista. Sentado en primera fila en la iglesia Stella Maris, el ex presidente Raúl Alfonsín fue hasta el púlpito y le respondió con el dedo en alto, según recogieron las crónicas de la época. El episodio marcó uno de los momentos más tensos entre esa administración y la Iglesia.

A Bosco Mecchia lo detuvieron en noviembre de 1976 cuando bajó de un Falcon un policía que lo conocía, le apuntó con una pistola y lo llevaron a la central de policía, donde estuvo con cinco personas, en el denominado grupo Tumbaya, cuyos integrantes están de-saparecidos. En su declaración testimonial dijo no saber por qué lo detuvieron en el barrio Azopardo, donde vivía y trabajaba para ayudar a los chicos y en catequesis. Afirmó también que los cinco integrantes del grupo Tumbaya, los hermanos Paulino y Cresente Galeán, Elías Toconás, Rosa Mamaní y Rosalía Ríos, “no sabían de qué los acusaban”, y decían que les habían encontrado una escopeta y estaban afiliados al PC. “Eran chicos de nuestra Quebrada, tímidos, estaban como avergonzados de estar en la policía”, dijo de ellos el testigo.

En la cárcel jujeña también vio a Jorge Weis y a Carlos Ernesto Patrignani, detenidos-desaparecidos de Ledesma, y a Narciso Santiesteban, un policía que militaba en la JP de San Pedro. En torno de la desaparición de César Hugo Lo-cker y su esposa Carmen Vilte, ambos psicólogos y docentes del Instituto del Profesorado, dijo que los vio por última vez en la calle el 24 de mayo de 1976 y le encargaron un trabajo de carpintería, pero cuando fue a la casa al día siguiente ya no estaban. Y mencionó también al desaparecido Armando Tilca, y a otras víctimas y represores.

En marzo de 1978, Bosco Mecchia fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, y desde allí al aeropuerto jujeño hacia Buenos Aires, donde quedó alojado en Coordinación Federal. A los pocos días lo embarcaron en un avión hacia Venezuela, y regresó al país en marzo de 1984.

martes, 28 de agosto de 2012

Jujuy: El ex jugador y ex DT Kairuz, que integró un "grupo de tareas", declaró ante el TOF

Lo acusan de conducir la camioneta en que secuestraron a Aredez.
 
Jujuy.- Juan de la Cruz Kairuz, ex jugador y técnico de fútbol que participó como agente de Inteligencia en la represión ilegal durante la dictadura y que está acusado de haber conducido la camioneta de la empresa Ledesma en la que trasladaron a Luis Aredez, el intendente de Libertador General San Martín desaparecido el 13 de mayo de 1977, prestó hoy declaración indagatoria en el Juzgado Federal II de Jujuy y quedó en libertad. Ariel Ruarte, abogado querellante y Adriana Aredez, hija de Luis, confirmaron a Télam sobre la instancia judicial que se cumplió en horas de la mañana hasta poco antes de las 13. Ruarte dijo que ahora la decisión de la Justicia sobre la situación de Kairuz, quien negó los cargos, quedó en manos del juez federal subrogante, Fernando Poviña, quien tiene 10 días para pronunciarse sobre la situación del ex DT de los equipos de Talleres de Jujuy, Mitre de Santiago del Estero y Juventud Antoniana de Salta.

Adriana Aredez manifestó hoy a Télam que Kairuz fue el chofer de la camioneta de ingenio Ledesma en la que se llevaron a su padre desde su domicilios el 24 de marzo de 1976 a una sede policial de Ledesma, posteriormente al Penal de barrio Gorriti en Jujuy y luego al Penal Modelo de La Plata. Aredez fue puesto en libertad el 7 de octubre de 1976, regresó a Libertador, pero el 13 de mayo de 1977, cuando retornaba a su casa luego de haber trabajado hasta el mediodía en el Hospital de Fraile Pintado, su coche fue interceptado por un automóvil con tres ocupantes, y nunca más se supo de él.
   
La hija de la víctima señaló que Kairuz está acusado por ella y sus hermanos, Olga, Ricardo y Luis, por hostigamiento, allanamientos ilegales, saqueos, comandar operativos realizados en el domicilio de Libertador con armas de fuego, además de robar escrituras de propiedades de la familia y de haber extorsionado a su madre.
   
En las primeras horas de la mañana de hoy también fue indagado el teniente coronel retirado Mariano Braga, quien durante la declaración de Adriana Aredez hace dos audiencias, la insultó por lo que el Tribunal le revocó la prisión domiciliaria y lo trasladó a la Unidad Federal 8 de esta provincia.

Fuentes judiciales dijeron que Braga, quien es reconocido por los testigos en el Juicio como el secuestrador de Julio Rolando Álvarez García, fue indagado en torno al expediente "Galean, Paulino y otros". En esta causa también está imputado el capitán del Ejército Argentino (RE) José Eduardo Bulgheroni por privación ilegítima de la libertad, coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios  agravado por alevosía, quien se encuentra detenido en Jujuy.

domingo, 26 de agosto de 2012

Jujuy: Revocan la detención domiciliaria a un imputado que insultó a una testigo

San Salvador de Jujuy.- El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Jujuy, revocó esta noche la detención domiciliaria al represor Mariano Braga, quien profirió insultos a Adriana Arédez, al promediar esta tarde su declaración en la causa por la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredez. 

El TOF de Jujuy ordenó el traslado del imputado a la Unidad Carcelaria Federal 8 en esta ciudad, tras el pedido realizado por el abogado querellante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Oscar Rodríguez, y la adhesión de fiscales y el resto de las querellas. 

Braga, que además está imputado en el expediente de “Alvarez García, Julio Rolando” por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía, se lo juzga como partícipe necesario en una de las cinco causas acumuladas.

14° Jornada del primer juicio por delitos de Lesa Humanidad

Testigos que abarcaron causas diferentes y uno que enmarco impunidad y horror

Jujuy al día® – “ALGUNOS DE GANA  Y OTROS NO SE POR QUE”, tal vez esta frase defina el testimonio de EMILIO AVALOS, con la que explica las razones de encarcelamiento propias y de sus compañeros circunstanciales.  Puneño,  por razones de trabajo vivia  en Tumbaya donde fue secuestrado por la Policía de la Provincia, golpeado,  finalmente trasladado hasta el Penal de Villa Gorriti  pasando antes por diferentes comisarías.  Su recuerdo es difuso, aunque con certeza menciona haber visto a pobladores de Tumbaya como “Mamani, Ramos, Guerra, Lacsi”. Sabe por comentarios  que Galean también estaba pero él no lo vio. En una “casita” que ubica dentro del Penal, dice haber visto a un hombre vendado, esposado y torturado; no lo conocía. Nunca supo que quiere decir subversivo. Lo liberaron después de “7 u 8” meses. Algunos datos importantes los anoto, serán aportara al Tribunal para contribuir con más detalle a su testimonio.

OLGA NOEMI TELL, (declaró en el contexto de las causas Aredez y Aragón) pudo hablar  de su padre MAXIMO ALBERTO TELL, Secretario General de FOETRA quien junto a su pareja TERESITA SARRICA, todavía permanecen desaparecidos desde el  13 de mayo de 1.977. Marco el comportamiento llamativo del abogado de ENTEL, Dr. Conesa Mones Ruiz quien después de preparar un Habeas Corpus no lo presento por ello en ocasión de reclamárselo, el abogado le dijo que  “Haig (Ernesto) se abatato y lo mato”. La vigilancia que tuvo la familia era tal, que hasta en las misas que oficiaban a nombre de su padre había policía, pero no les estaba permitido publicar en el diario la invitación. A través de las preguntas de la fiscalía, recordó que recibió llamados de un hombre que se daba a conocer como Lescano que la citaba al B° 23 de Agosto donde le entregaría información de su padre. Nunca se animo a concretar el encuentro. Respecto a “Cachirichi” Herrera, supo por  comentarios, que era el ejecutor en el RIM 20. En 1976 fue detenido y el Cnel. Carlos Bulacios le da la libertad y en ese punto recuerda que en una de las  entrevistas con el militar, encontraron a Jefes de ENTEL en su oficina.

El último testimonio  fue ELADIO MERCADO, empleado en la morgue del Hospital. Esto le permitió ser testigo de la desaparición de cadáveres en diferentes escenarios de la ciudad. Una noche en La que personal de Policía de la Provincia fu a su casa” a pedir que colabore a trasladar un cadáver a Yala” por curiosidad compartida con la Monja Superiora, siguieron al furgón azul y apostados a varios metros, observaron como lo enterraban en una fosa. Otro recuerdo fue el del cadáver de una señora con un “abrigo a cuadros con botones marrones lleno de barro como NN”. Fue a la Policía a averiguar su identidad y allí un oficial le marco claramente que “esas cosas no le incumben”.  Después del ’83, se fueron descubriendo algunos rastros del horror, y encontraron el cadáver de esa señora que supo  “era Scurta” (Dominga Álvarez de). Otro de sus recuerdos fueron las” tres zanjas grandes en El Chingo” o “con permiso del Juez, el Director (del Hospital) hacia llevar los cadáveres al Cucho, ya no había mas lugar en el Hospital”. La curiosidad parece una característica de Eladio Mercado. No entendía como ocurrían las hechos ya que se hablaba de guerrilleros “pero esos no eran guerrilleros” concluye.

sábado, 25 de agosto de 2012

Declararon en Jujuy tres hijos de Luis Aredez

Un acusado a la cárcel por insultar

Uno de los represores involucrados en el juicio oral perdió el beneficio de la prisión domiciliaria por amedrentar a una testigo. Ricardo, Olga y Adriana Arédez hablaron sobre la participación de la empresa Ledesma en el secuestro de su padre.

 Por Adriana Meyer

“Pusimos plata para sacar del medio gente molesta.” La frase habría sido pronunciada por altos gerentes de Ledesma y quedó plasmada ayer ante la Justicia. Esto, sumado a la existencia de listas de personas a detener en manos de personal jerárquico del Ingenio de los Blaquier y la descripción de prácticas ilegales de la medicina en el hospital que manejaba esa empresa, fueron los aportes más impactantes que hicieron los hijos de Luis Arédez, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy en el juicio oral por su desaparición. En el demorado proceso, que unificó cinco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia, hubo una agitada y extensa audiencia que incluyó la identificación de un imputado in situ, quien insultó a las hermanas Arédez y terminó perdiendo el arresto domiciliario. “Siento que termina una parte muy importante y empieza otra, es el comienzo de un final porque éstos son los esbirros de la dictadura, luego viene la parte brava que es Blaquier, la pata empresaria que como vemos da pelea, no se queda quieta así nomás”, dijo a Página/12 Adriana Arédez en un cuarto intermedio.

Su testimonio duró casi seis horas. Empezó pidiéndole a uno de los imputados, el oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Braga, que se quitara los lentes, la bufanda y las curitas que usa para disimular una cicatriz que permite a las víctimas reconocerlo. En ese momento, la testigo aseguró que lo vio en el penal de Gorriti cuando fue con su madre a visitar a su padre, que estaba allí detenido. “Ese es Braga”, dijo Adriana que le dijo Olga, su mamá, que lo conocía porque era quien atendía a las víctimas en una dependencia del Ejército. Braga no estaba ahí de casualidad, revistaba como segundo del principal imputado, el teniente del Ejército e interventor del penal, Antonio Orlando Vargas.

No sería el único incidente con Braga. Durante el testimonio de las hermanas Arédez lo escucharon decir “esta vieja de mierda” y otros insultos cada vez que lo nombraban. Por ese motivo, al finalizar las declaraciones, los abogados querellantes Juan Manuel Sivila y Oscar Alberto Rodríguez, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, respectivamente, pidieron que le fuera revocado el beneficio del arresto domiciliario por “obstrucción de prueba, dado que intimidó a una testigo” y lo enviaran a una cárcel común. Se abrió un “incidente” en el que tuvo que declarar el diputado provincial Miguel Angel Tito, quien en su condición de víctima estaba presenciando la audiencia, y como se ubicó detrás de Braga pudo confirmar sus insultos hacia las Arédez. La decisión del tribunal llegó pasadas las 20 y fue festejada por los Arédez y sus abogados como un triunfo.

Otro de los tramos salientes de la jornada fue cuando Adriana Arédez relató que escuchó decir a personal de alta jerarquía de la empresa Ledesma que hicieron importantes aportes económicos antes del golpe de Estado de 1976. “Pusimos mucho dinero a cambio de sacar del medio a gente que molestaba”, dijo la testigo que dijeron los gerentes del ingenio. Y también de esas mismas fuentes supo de la existencia de las “listas de personas a detener que estaban en poder de personal jerárquico de la empresa”. Adriana Arédez estuvo casada con Raúl Paz, que era sobrino de Mario Paz, el ex capataz del ingenio que de no haber fallecido estaría en el banquillo junto a los demás imputados. Además, la existencia de estas nóminas la comprobó a través de su madre, a quien Paz le dijo: “Déjese de andar moviendo gente que usted está en la lista y también va a desaparecer”. Adriana aportó cartas que su padre escribió en prisión en la que les pedía que vieran a Paz y a Alberto Lemos, porque ellos sabían sobre su situación.

Cuando fue el turno de Olga Arédez, contó lo que su padre le había dicho en reiteradas oportunidades, cuando ella era estudiante de medicina, sobre lo que sucedía en el hospital de Ledesma. “Médicos recién recibidos realizaban prácticas antiéticas, sin respetar el consentimiento y la información al paciente, que no eran necesarias y las hacían sólo como entrenamiento y aprendizaje sobre el cuerpo de los zafreros”, dijo Olga a Página/12 reconstruyendo sus palabras ante el tribunal. “Ellos no se animaban ni a preguntar y los médicos se iban especializando a costa de tomarlos como conejillos de indias, y como mi padre cuando fue intendente quiso poner normas a ese servicio hospitalario, le pasó todo lo que le pasó”, agregó. La mayor de los cuatro hermanos, que es psiquiatra, afirmó que era un hospital privado que recibía dinero de organizaciones internacionales para investigación, que hay médicos que lo saben y podrían ser citados, y que algunas prácticas sobre el mal de Chagas se hicieron allí. Consultada sobre si hay alguna constancia escrita de estas prácticas, la mujer respondió: “Era todo ilegal, no dejaron huellas”. Según el abogado Rodríguez, “usaban a los obreros y sus hijos, llegaban con dolor de cabeza y los suturaban para practicar”. El letrado anticipó que pedirán que estas declaraciones sean incorporadas a la causa que tiene el juez Fernando Poviña, en la que está imputado Blaquier.

La audiencia había comenzado temprano, con la negativa del tribunal a incorporar varias declaraciones de Olga Márquez de Arédez, la fallecida esposa del ex intendente de Libertador General San Martín. Pero la presión de la querella logró que fuera leída al menos una de esas testimoniales. Sus hijos reiteraron ayer la participación del ex entrenador Juan Kairuz como chofer de la camioneta de Ledesma con la que secuestraron a su marido.

“Me siento aliviado, queremos justicia sin odio, hasta los defensores de Braga se conmovieron porque relaté todo lo que sufrí cuando hice el servicio militar en 1978, y ni me hicieron preguntas”, dijo Ricardo Arédez, del brazo de sus hermanas y ya camino a descansar tras la jornada que esperaron durante tres décadas.

viernes, 17 de agosto de 2012

Represión en Ledesma: testigo responzabilizó a empresarios

En el marco del juicio contra delitos de lesa humanidad en Jujuy, el ex docente y dirigente gremial Carlos Alberto Melián, aseguró ante el tribunal que "los empresarios fueron los ideólogos, no los colaboracionistas" de la dictadura militar.

El ex docente y dirigente gremial Carlos Alberto Melián, detenido en abril de 1976 en Ledesma, aseguró hoy que "los empresarios fueron los ideólogos, no los colaboracionistas" de la dictadura militar que interrumpió la democracia el 24 de marzo de 1976.

Melián lo expresó ante el Tribunal Oral Federal 2 de Jujuy, en el marco del inicio del juicio "Arédez, Luis y otros" que investiga delitos de lesa humanidad en Jujuy y que tiene como principal imputado a Antonio Orlando Vargas, director del Servicio Penitenciario de Jujuy. Vargas se encuentra acusado de partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.

En tanto el dueño de ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, está vinculado a esta causa y a la denominada "Noche del Apagón", cuando fueron detenidas cuatrocientas personas y desaparecidas más de una treintena. El Fiscal ad hoc, Pablo Pellazzo pidió la detención de Blaquier luego de analizar las respuestas y la presentación que realizó el empresario el miércoles de la semana pasada por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura y la sala del TOF jujeño ante el juez Federal Fernando Poviña, quien tiene que resolver el tema.

La noche del apagon Blaquier Ledesma

Carlos Alberto Melián, detenido el 9 de abril de 1976 en Ledesma, trasladado luego el Penal de barrio Gorriti de Jujuy en una camioneta de la empresa Ledesma, declaró hoy en el juicio y dijo que "los empresarios fueron los ideólogos, no los colaboracionistas" de la dictadura militar.

Relató hoy al Tribunal oral que cuando estuvo detenido en la Unidad Penal 9 de La Plata "había trabajadores de Ford, de ingenio Ledesma y mineros de El Aguilar", que habían sido entregado por las empresas para que los detuvieran.

Antes de subir al avión Hércules "nos sacaron todo, anillos, cadenas, relojes y arriban nos hacían cantar el Carnavalito, al que no cantaba le daban un garrotazo", dijo entre otras formas de torturas físicas o que los iban a tirar al vacío.

Manifestó que cuando se encontraba detenido en La Plata, lo fue a ver José Eduardo Bulgheroni, otro de los imputados en Jujuy por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y torturas en la causa "Galean Paulino y otros", y le dijo que cuando saliera en Libertad no tenía que volver jamás a Libertador y lo mismo le habían dicho a su esposa, con tres hijos y otro por venir.
Melián, quien dijo haber militado en el PI, pero además fue dirigente sindical en Agua y Energía de Jujuy, era docente de la Escuela Técnica de la Fundación Ledesma, desde donde fue dejado cesante.

Recordó que en la Cárcel de Jujuy el obispo Miguel Medina iba dos veces a la semana a dar misa y una vez le preguntó por los desaparecidos Jorge Turk, Osvaldo Giribaldi, Jaime Lara, Dominga Alvarez de Scurta y María Alicia Ranzoni, y le respondió que habían sido "trasladados y juzgados en Tucumán y luego fusilados", por lo que relacionó a la Iglesia con la represión.
"La reparación tiene que llegar a todos, como dijo Néstor Kirchner, señaló en otro tramo de su exposición, al tiempo que señaló que en Ledesma "Blaquier uso al Estado para hacer estos crímenes y busco a militares y policías para que hagan el trabajo sucio".

Relató ante el TOF que en el penal de Jujuy, lo vio y habló con Jorge Weis, sindicalistas de Ledesma, desaparecido, lo mismo que a Jorge Turk y Osvaldo Giribaldi, detenidos desaparecidos que estuvieron en el pabellón 1 y los sacaron de las celdas y los llevaron mientras pedían que avisen a sus familias.

María Alicia Ranzoni, otra de las jujeñas desaparecidas, también fue vista por Melián en la cárcel de Jujuy, donde también había un pabellón de mujeres.

Cuando le preguntaron que hablaban con Luis Arédez en el Penal de la Plata mencionó "cómo sobrevivir" echados de Ledesma, por lo que tiene "un exilio interior" de casi 40 años en Santiago del Estero, desde donde vino a declarar.

También prestaron declaraciones Luis Ramón Bueno, quien un año antes había sido despedido de Ledesma por su tarea sindical, y detenido el 24 de marzo de 1976 llevado a la seccional 11 de Ledesma, donde estaba también Luis Arédez, trasladados en camioneta del ingenio al Penal Jujeño y posteriormente a la Plata.

Calificó al viaje a la cárcel modelo como "un martirio" porque les pegaban patadas "como salvajes, unos verdaderos locos".
También en La Plata fue interrogado por Bulgheroni, quien estuvo presente hoy en una habitación contigua a la sala de audiencias, mientras que Vargas lo hizo desde el Penal de Ezeiza por videoconferencia.

Antonio Filliu, el tercer testigo de la jornada, era un comerciante y lo detuvieron el 24 de marzo del 76.
Estuvo retenido en una comisaría de Ledesma esa noche y al día siguiente cuando lo fue a buscar el Ejército, el capitán Arenas, jefe de policía, le dijo que no lo tenía en ninguna lista.

No obstante fue llevado a la cárcel jujeña y luego a La Plata donde fue golpeado, aunque recuperó la libertad en la primera lista que firmó Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, según le relató al Tribunal.

Juicio Histórico: Descubren el “expediente: Avelino Bazán – Muerte blanca”

Durante la mañana de ayer prestó declaración testimonial Olga Ovalle de Bazán, esposa del dirigente desaparecido, quien en varias oportunidades durante su relato, fue embargada por la emoción.

Olga Ovalle de Bazán, esposa del desaparecido Avelino Bazán
La mujer inició su testimonio recordando que Avelino Bazán comenzó a trabajar en Mina El Aguilar en 1947, a los 17 años, como jornalero.  Dijo que en 1958, durante una asamblea de trabajadores, a la que él no asistió por motivos familiares, fue elegido Secretario General de del Sindicato de Obreros Mineros de El Aguilar. Al día siguiente fue notificado de su designación.

Olga Ovalle recuerda a su esposo como “un hombre que siempre trabajó por los obreros, que eran los que menos tenían”, opinión que fue compartida por la mayoría de los testigos que desfilaron durante las diferentes jornadas.

La esposa del minero dijo que Bazán se retiró de Mina El Aguilar al despuntar la década del setenta, y que en 1973 comenzó  a trabajar en política junto con el ingeniero Guillermo Snopek. Al ganar el peronismo las elecciones de ese año, fue designado Director de Trabajo y luego Director de Tierras Fiscales. Desligó a su esposo de la huelga conocida como “El Aguilarazo”, porque en esa época ya no trabajaba en la mina.

Pocos días después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, Avelino Bazán fue detenido. Había dicho que ese día volvería tarde a la casa, por lo que Olga no se preocupó, hasta que se hizo presente en la vivienda una compañera de trabajo, para decirle su marido había sido detenido.

Allí comenzó su peregrinar con familiares por diferentes comisarías y dependencias policiales y militares.  Finalmente lo localizaron en el Penal de Gorriti, pero como estaba incomunicado no lo pudieron ver. Solamente pudieron hacerle llegar una frazada y café caliente.

Durante ese lapso, Olga Ovalle sólo pudo ver a su esposo en una oportunidad durante cinco minutos, los suficientes como para que él le diera instrucciones para cobrar un dinero.  El 7 de octubre, día de visita, se dirigió a la cárcel una vez más, pero Bazán había sido trasladado con otros trabajadores de El Aguilar, al Penal Nº 9 de La Plata.

Desde ese entonces se mantuvo en contacto mediante cartas y recién pudo verlo el 24 de diciembre en su lugar de detención.

El 20 de julio de 1978, Ovalle, estando en Salta, se enteró por los diarios de que su marido había sido puesto en libertad. Bazán se quedó unos días en Buenos Aires en casa de un familiar y volvió a Jujuy el 7 de agosto.

A raíz de encontrarse desocupado, y no obteniendo trabajo en ningún lado, Avelino Bazán decidió solicitar un crédito bancario para poder ampliar el pequeño quiosco que atendía su esposa. El 27 de octubre tenían turno en el banco para realizar la operación.

Por esos días, un hombre que se identificó como “vendedor ambulante”, fue varias veces al quiosco y en una oportunidad preguntó por Bazán. Una vecina que lo había visto, le dijo que se cuidaran, porque era un agente de inteligencia de apellido Castagno. Avelino Bazán fue citado a declarar en el RIN 20 y días después, el 26 de octubre, desapareció.

En un tramo del relato, se debió pasar a un cuarto intermedio porque la emoción le ocasionó una pequeña descompostura a la mujer, que fue atendida por personal del SAME. Una vez restablecida continuó prestando declaración.

Olga Ovalle de Bazán pidió justicia varias veces para su esposo y otros desaparecidos, y alguna respuesta para saber qué pasó con su marido. Dijo que una amiga le contó que en una oportunidad pudo ver un expediente que decía “Avelino Bazán – Muerte blanca”, pero que nunca supo qué significa esa expresión.
 
“Avelino ¿dónde estás? Quiero justicia para vos y para todos” dijo la mujer.

miércoles, 15 de agosto de 2012

Denuncian amenazas y amedrentamiento a testigos de la causa de lesa humanidad


Organismos de derechos Humanos denuncian una psicosis generalizada en Ledesma por los delitos de lesa humanidad y se presentó un habeas corpus para proteger a testigos.



Familiares, madres e hijos de desaparecidos, revelaron una campaña mediática de la Empresa que dirige Carlos Blaquier, tendiente a amedrentar a la sociedad de Libertador General San Martín, actuando contra testigos de las distintas causas por delitos de lesa humanidad que ventila el Tribunal Oral N° 2.

También se confirmó la presentación de un recurso de Habeas Corpus, tendiente a que la justicia proteja los testigos claves de la causa Ledesma y la Noche del Apagón, que también estarían siendo amenazados y amedrentados de distinta maneras.

En conferencia  de prensa brindada en la Sede del INADI, Inés Peña, Eva Arroyo y dirigentes de organismo de derechos humanos, pusieron en conocimiento de la sociedad los distintos métodos que utiliza la gente de Blaquier para culpar a estas entidades por la “psicosis” generalizada que hay en Ledesma, con temor a la pérdida de fuentes laborales, presiones a entidades públicas, etcétera.

“Estamos preocupados por la campaña de la empresa Ledesma, contra nuestros principios y nuestros postulados como organismo de Derechos Humanos, de Verdad, Memoria y Justicia, que hace 36 años venimos sosteniendo. Hay una sola  voz, la de este empresario poderoso y las voces  nuestras que están acalladas, porque tiene tanto poder que ha comprado medios, compra el espacio público, campañas de amedrentamiento y  desinformación a la población” resaltó Inés Peña.

“También pretende negar  un hecho tan importante y tan doloroso  y costoso para los organismos, como ha sido la noche del apagón. No tenemos recursos como para sacar una solicitada, como hace la empresa, por eso es que recurrimos a este medio para informar”, agregó Peña.

Eva Arroyo, aclaró que “se está dando una situación de manipulación bastante importante, específicamente en  Libertador General San Martín. Consiste, en la vieja extorsión de la posibilidad de quedarse sin trabajo. Eso obviamente a las personas que se han criado en ese lugar, tiene una representación especial, se sienten  como contrariadas en el contexto que se está dando en relación a los juicios”.

Reclamó Arroyo que Blaquier rinda cuenta en el lugar donde se cometieron los hechos y no desde Buenos Aires, porque demostró tener un buen estado de salud. “Si él habla  tanto de la paz y la reconciliación, que deje  que la justicia actúe y que no esté hostigando, alentando a la gente que  vive allí y que depende de la empresa, alimentando el odio como lo alimentan él y deje que la justicia  transite por los caminos que tenga que transitar.

Insistió Arroyo en que Blaquier tiene que venir a declarar a Jujuy. “Nosotros queremos que venga aquí a declarar, porque tuvo  la capacidad de venir hace dos días atrás a hacer  una conferencia de prensa en Ledesma. Entonces, si no está enfermo  puede venir a Jujuy. Para venir  aquí a declarar está enfermo y hay falta de seguridad. Para dar una conferencia de prensa no” sostuvo.

También se pidió que se investigue y se sancione al Dr. Olivera Pastor, el ex juez que tenía en su mano las causas de lesa humanidad y que demoró los juicios por más de siete años.

Finalmente resaltaron su preocupación por la seguridad de los compañeros que deben declarar por la causa Ledesma. “Estuvimos conversando y la mayoría de las víctimas y sobrevivientes están siendo  amedrentados, amenazados y están como creando un clima de hostilidad  y psicosis contra cualquier persona. Con tanto bombardeo mediático, están creando un clima de psicosis, contra cualquier compañero militante de derechos humanos” sostuvieron Peña y Arroyo.

El Dr. Ariel Ruarte, con respecto a la presentación del Habeas Corpus para proteger a los testigos, dijo que “Presentamos hoy en horas de la mañana en el juzgado del Dr. Poviña un habeas Corpus destinado a proteger a las personas  que están siendo víctimas de acoso y persecución. Tratamos de lograr un nivel de tranquilidad que para nosotros es muy necesario porque  estamos en la búsqueda de la verdad real.

Consideró que  “la idea es tratar de dar una cierta protección jurídica a las personas que nosotros estamos interesados que no sufran las consecuencias  de esta presión, que se está provocando de parte del sector empresarial de Ledesma”.

lunes, 13 de agosto de 2012

Las razones del pedido de detención

La presentación de la Fiscalía para solicitar que a Blaquier se le retire la exención de prisión

El fiscal basó su solicitud en la decisión del juzgado de ampliar la indagatoria a Blaquier por homicidio y en las nuevas pruebas que muestran la colaboración del Ingenio Ledesma con Gendarmería.

 Por Alejandra Dandan

Pedro Blaquier está con una exención de prisión desde mayo de este año. A pedido de sus defensores y con el acuerdo de la fiscalía federal de Jujuy, el juez Fernando Poviña le otorgó ese beneficio antes del ya muy lejano primer llamado a indagatoria. Pasó el tiempo y nuevas pruebas cambiaron el escenario. En ese contexto, el fiscal ad hoc de la causa Pablo Pelazzo presentó el viernes pasado un pedido de detención para el empresario. Menciona dos razones: la decisión del juzgado de aceptar ampliar la indagatoria por homicidio, una figura que no es excarcelable. Y el aporte de nuevos documentos –algunos de los cuales presentó este diario en su edición de ayer– que muestran al Ingenio Ledesma ingresando camiones al Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán el 24 y 25 de marzo de 1976, entre otras fechas. Los camiones trasladaron gendarmes, en una estructura que funcionó como centro clandestino de detención. El juez Poviña a partir de hoy deberá valorar el pedido para ver si altera las razones del beneficio.

“En fecha 17 de mayo de 2012, mediante dictamen fiscal, se consideró que podía concederse al imputado el beneficio de exención de prisión manteniendo vigente la prohibición de salir del país sin autorización judicial”, explica el fiscal en el escrito. “No obstante, han variado diametralmente las circunstancias tenidas en cuenta en aquel momento.” En ese dictamen, se “tuvo presente” que “al decir de los abogados defensores” Blaquier “no pertenecía a las fuerzas de seguridad ni al aparato represor que gobernaba por entonces, siendo ajeno a toda decisión u orden impartida a los integrantes de la fuerza de seguridad para cometer delitos de lesa humanidad”. Pero, sigue el escrito, “contrariamente a lo expresado, de las copias certificadas del Libro de Guardia del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional” que acaban de presentarse surgen indicios que señalarían que, “en su calidad de presidente de la Empresa Ledesma S.A.A.I., Blaquier facilitó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad los medios de transporte pertenecientes a dicha compañía, que fueron utilizados para trasladar a los ilegalmente detenidos”.

Los documentos son del Libro de Guardia del centro clandestino de detención que funcionó en el Escuadrón 20 de Orán, provincia de Salta. El fiscal recuerda que, para el 13 de abril de 1976, el Libro señala el regreso del “camión 1114 Mercedes Benz 01021 conducido por el cabo 1 Horacio Santander del Ingenio Ledesma” llevando 500 litros de nafta y mil litros de gasoil. Una hora después, se presentaron el “sargento ayudante Nicolás Bogado; cabo Simón Miranda; sargento Angel Soto del grupo Ledesma, en vehículo particular”. El 24 y 25 de marzo de 1976 “salen las camionetas pertenecientes al Ingenio Ledesma Nros. 59 y 69 conducidas por los señores Bernabé Flores y Ramón Bacena con destino a Aguas Blancas y Urundel respectivamente”. Y la foja 198/199 señala: “Regresa camioneta del Ingenio Ledesma N 69 conducida por Ramón Bacena de la Sección Aguas Blancas y el Alférez Fociad”.

Un dato que surge de la lectura del Libro es el modo en el que se hicieron los registros: los vehículos de Ledesma se listaron de la misma manera que los móviles del Ejército: unimovs, jeeps, patrulleros y camiones que a la luz de las actas hicieron numerosos movimientos esos días. En todos los casos, incluso con Ledesma, señalan: número de identificación; destinos y nombre de los choferes, incluso los civiles. Pese a que no dicen qué estaban haciendo ahí esos camiones, para la fiscalía el valor de la prueba está dado por el contexto que determina el propio Libro.

“Esto es una prueba documental que refuerza de forma indiciaria el traslado de prisioneros”, dice Pelazzo a Página/12. “Está mostrando cómo vehículos de la empresa van a un centro clandestino. ¿Y a qué iban? ¿A llevar comida a los detenidos? ¿A llevar algo para un catering o a llevarlos a ellos? En principio el contexto indica que iban a llevarlos a ellos.”

El 24 de marzo de 1976 en el Escuadrón 20 de Orán había un grupo de detenidos incomunicados, de acuerdo con el Libro archivado en la Justicia de Salta. Entre ellos estaba René Ruso –citado en el libro–, un militante comunista desaparecido. Para David Leiva, de la querella de Salta, los documentos que muestran que los camiones de Ledesma fueron a Aguas Blancas, Urundel y Colonia Santa Rosa “revelan acabadamente cómo esta empresa colaboró con la dictadura terrorista justo el 24 de marzo de 1976. El pueblo conoce esta colaboración y lo manifiesta en cada marcha del Apagón, sólo falta que la Justicia lo escriba a través de sus resoluciones y sentencias”.

Además de este punto, el escrito tomó en cuenta los cargos por los que el zar del azúcar fue indagado la semana pasada. A la hipótesis de su responsabilidad en los secuestros y tormentos de 35 víctimas, el juez también lo indagó por la hipótesis de homicidio de seis desaparecidos. Ese delito no fue ponderado en la eximición. A partir de hoy el juzgado podría empezar a evaluar todo esto.

domingo, 12 de agosto de 2012

Nuevas pruebas y pedido de detención para Blaquier

Documentos de Gendarmería de Salta mencionan camionetas y un auto de Ledesma en un centro clandestino de Orán.

El fiscal Pablo Pelazzo solicitó la detención del dueño de Ledesma, Pedro Blaquier, pedido que ahora debe responder el juez. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán indican que vehículos de Ledesma entraron y salieron de allí el 24 y 25 de marzo de 1976.

 Por Alejandra Dandan

El primer dato es conocido. En el Ingenio Ledesma hay una delegación de Gendarmería adonde llegaron y desde donde salieron los secuestrados de 1976. Los testigos y sobrevivientes aseguran que al menos una parte de los traslados se hicieron en vehículos de la empresa de Pedro Blaquier. La empresa sostuvo en un comunicado difundido la semana pasada, en letras mayúsculas, que “no prestó ninguna camioneta para operaciones militares”. Pero hay nuevos indicios que contradicen esta afirmación. Varios libros foliados y preservados como prueba por el Tribunal Oral Federal de Salta en otra causa muestran el tránsito de dos camiones con los “números 59 y 69” y de un auto de Ledesma en un centro clandestino de Orán. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán –a algunas de cuyas hojas tuvo acceso Página/12– indican que los vehículos entraron y salieron el 24 y 25 de marzo de 1976 entre los infinitos desplazamientos que esos días hicieron unimogs, jeeps, camiones y patrulleros del Ejército en una zona que consideraba “endiablada” por el desarrollo de las organizaciones políticas y la frontera con Bolivia. La región dependía de la subárea 322–2 del Regimiento de Monte 28 del Ejército. Los datos no dicen qué hacían los vehículos en el Escuadrón, pero las anotaciones y el modo de listarlas pueden ser leídas como nuevos indicios de la colaboración entre el zar azucarero y los ejecutores del golpe. Con la nueva prueba, el fiscal Pablo Pelazzo pidió la detención de Blaquier.

Los datos están en el Registro de Novedades de la Guardia de Prevención, del Escuadrón 20 de Orán, del norte de Salta, del que dependía la seccional Gendarmería del Ingenio Ledesma. Tres de los libros están archivados bajo llave en el tribunal de Salta. El fin de semana pasado, el abogado querellante David Leiva se encontró con esos datos. Se había sentado a mirar los papeles “con una lupa” porque buscaba información sobre un desaparecido y sobre la articulación entre Gendarmería y el Ejército. En el camino se encontró con este material, que el viernes entró como “nueva prueba” en el Juzgado Federal de Jujuy. La Unidad de Coordinación de las Causas de Lesa Humanidad de la Procuración, a cargo de Jorge Auat, y el fiscal de la causa presentaron copias certificadas de los libros.

“Para mí la lectura es clarísima –dice David Leiva–. La presencia de los vehículos del Ingenio Ledesma conducidos por civiles en el Escuadrón 20 de Orán, trasladando personal de la Gendarmería hacia la frontera de Aguas Blancas, a Urundel y hacia la Colonia Santa Rosa, revela acabadamente cómo esta empresa colaboró con la dictadura terrorista justo el 24 de marzo de 1976. El pueblo conoce de esta colaboración y lo manifiesta en cada marcha del Apagón. Sólo falta que la Justicia lo escriba a través de sus resoluciones y sentencias.”

El Registro no dice exactamente qué fueron a hacer los vehículos de Ledesma: ésa es la información que debe evaluar la Justicia. Sí habla del contexto: las planillas en las que aquellos movimientos se hicieron, se elaboraron durante los operativos del día del golpe.
Los datos

Según las hojas 192 y 193 del Libro de Novedades, el 24 de marzo de 1976 fue un día complicado. En el Escuadrón 20 de Orán empezó con un grupo de “detenidos incomunicados”, entre los que se lee el nombre de René Ruzo, ahora desaparecido. También recibieron “cinco sobres cerrados y lacrados que dicen contener claves de los distintos servicios de la Unidad”, en alusión a lo que podrían ser directivas operativas del día del golpe. Firmaron las novedades los “Jefes de guardia” Ceferino Gutiérrez y Lázaro Rolón y otros dos subalféreces.

Los movimientos de vehículos aparecen a las “7.05”: “Sale al Hospital base el cabo Ferreyra a realizar el relevo”, dice el Registro. A las “7.25”, ingresa el “Jeep 1404” y a las “7.55” sale a la “localidad (de San Ramón de la Nueva Orán) conducido” por dos cabos identificaron por los nombres. A las “9.15” aparece la primera referencia a Ledesma.

Los datos están registrados igual que los otros vehículos, número de identificación del móvil, nombre de los choferes y destino del traslado.

- A las “9.15” entraron dos “camionetas pertenecientes al Ingenio Ledesma, Nros. 59 y 69”.

- A las “11.00” salieron “conducidas por los señores Bernabé Flores y Ramón Basena con destino a Aguas Blancas y Urundel, respectivamente”.

En las fojas 198 y 199, vuelven a mencionarlos entre otras entradas y salidas de Unimogs, patrulleros y Jeeps desplazados para “cubrir objetivos”, por ejemplo. O “en comisión reservada”:

- A las “23.30” del 24 de marzo “regresa la camioneta Ingenio Ledesma N0 69 conducida por Ramón Basena desde la Sección Agua Blanca”, acompañado con un gendarme, “el alférez Faciad”.

- Quince minutos después, a las 23.45, “sale el Alférez Juárez a la Colonia Santa Rosa en vehículo particular de la Empresa Ingenio Ledesma”.

Los datos vuelven a aparecer en abril, siempre de acuerdo con esta primera mirada de los libros:

- El día 13 de abril el Libro dice que el Ingenio Ledesma remitió “500 litros de nafta y 1000 litros de gasoil”.
Los destinos

¿Qué hacen los camiones de Ledesma ahí? ¿Por qué están anotados? ¿Qué era Aguas Blancas? ¿Por qué viajaron a Urundel?

- Aguas Blancas: es el último pueblo del territorio argentino en el borde de la frontera con Bolivia, sobre el río Bermejo. Para David Leiva, era un lugar clave el día del golpe porque, para muchos, el paso era una vía de escape. La camioneta se fue con un chofer y volvió de Aguas Blancas con un gendarme de compañía. En Aguas Blancas había una seccional de Gendarmería.

- Urundel: está ubicado en el sur de Orán, en la frontera jujeña. Ahí había una finca que, según las querellas, vendía cañas al Ingenio Ledesma. Uno dato llamativo es el recorrido que ese día hizo el camión 59: Urundel está entre Ledesma y San Ramón de la Nueva Orán, si el camión iba de Ledesma a Urundel, el Registro demuestra que hizo un trayecto de más para llegar hasta el Escuadrón y luego regresar a la zona. En el lugar había integrantes del gremio azucarero. Aunque no hay registros de desaparecidos o de secuestros, fue uno de los gremios más castigados en Orán.

- La colonia Santa Rosa: es el destino que asumió el “auto particular” de la empresa. Para 1976, era un territorio de las organizaciones políticas; había fincas agrícolas y hubo desaparecidos emblemáticos como Raúl Osores, la persona por la que Leiva llegó al Libro de Registros. Osores era de la Federación Unica de Trabajadores Rurales y Estibadores y dirigente de la JUP. Estuvo preso en el gobierno de Onganía, explica Elena Corvalán, periodista e investigadora, directora de Radio Nacional de Salta y editora del Nuevo Diario. El 24 de marzo de 1976, Osores discutió con su mujer, convencido de que iban a ir a buscarlos. El se fue; a ella la secuestraron ese día. Dicen que él vivía en el monte y a la noche bajaba para comer algo y cambiarse a la casa de un compañero. Los gendarmes lo secuestraron en abril de 1976. Estuvo desaparecido en el Escuadrón 20. Los registros indican que figuró una semana en el parte de novedades; lo trasladaron en ambulancia; pasó por el penal de Salta y luego desapareció.
La zona maldita

El Escuadrón 20 está señalizado como centro clandestino de detención. Su jurisdicción llegaba hasta el departamento de Ledesma en Jujuy y hasta Salvador Maza, en la frontera con Bolivia. Estaba bajo las órdenes del Regimiento de Monte 28 con base en Tartagal, a cargo del ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, juzgado en estos días en Salta. Todavía se investiga si la subárea dependió, además, de Domingo Bussi en Tucumán.

La zona tenía dos áreas muy movilizados políticamente: Orán, donde están las tres localidades hacia las que fueron los vehículos de Ledesma según los registros; y el Departamento de San Martín, donde están Tartagal y Mosconi. Para los militares, era una “zona maldita”, dice Corvalán, porque allí se había consolidado la primera guerrilla de Jorge Ricardo Masetti. Allí hubo muchos militantes desaparecidos. Muchos fueron dinamitados, entre ellos varias víctimas del juicio en Salta. En los traslados se usaron camiones de YPF, que estaba intervenida. Ríos Ereñú admitió que requirió una camioneta para un traslado. En los registros, se indica además que transportaron explosivos.

La aparición de estos documentos complicó a Blaquier, a quien la fiscalía pidió detener. La solicitud, realizada no sólo por esta información sino por las pruebas acumuladas en el expediente, debe evaluarla ahora el juez Fernando Poviña.

viernes, 10 de agosto de 2012

Amenaza a un testigo

El único sobreviviente de la comisión directiva de la obra social del Ingenio Ledesma en los ’70, testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad, Hugo Condorí, reclamó a las autoridades “protección” tras el segundo ataque a sus familiares por parte de desconocidos en Libertador General San Martín, donde está ubicado el ingenio de los Blaquier. 

El jueves cerca de las 21, Cristina Condorí fue interceptada en pleno centro por un hombre que intentó atropellarla y la amenazó: “Decile a tu viejo que se deje de joder contra Ledesma, los vamos a hacer pelota”.

 El hecho sucedió el mismo día en que Página/12 publicó una entrevista a Condorí. “En el pueblo hay un clima de rechazo a los juicios alentado desde las FM locales que dicen que la empresa se va a mudar a Brasil. Además, intendentes de varios pueblos encabezan marchas en apoyo a Blaquier”, se indignó ayer Condorí.
 Dirigentes de Nuevo Encuentro, el partido al que pertenece, pidieron a la Secretaría de Derechos Humanos que investigue los hechos y “el resguardo efectivo de la integridad de los testigos”.

Reafirman relación entre Cía Aguilar y las fuerzas represoras

El Tribunal Oral Federal (TOF) retomó las audiencias en el primer juicio de lesa humanidad en Jujuy, los testigos citados ayer aportaron datos en la causa “Avelino Bazán y otros” y confirmaron la relación estrecha entre la Compañía Minera El Aguilar y las fuerzas de seguridad en 1976.
  
Reafirman relación entre Cía Aguilar y las fuerzas

El Tribunal Oral Federal (TOF) retomó las audiencias en el primer juicio de lesa humanidad en Jujuy, los testigos citados ayer aportaron datos en la causa “Avelino Bazán y otros” y confirmaron la relación estrecha entre la Compañía Minera El Aguilar y las fuerzas de seguridad en 1976.
Fueron cuatro los testigos víctimas sobrevivientes al terrorismo de estado, propuesto por el Ministerio Público Fiscal. Fueron extrabajadores mineros de la Compañía Minera El Aguilar quienes fueron detenidos por la Gendarmería Nacional y la Policía en 1976.

La audiencia fue seguida por el imputado Antonio Vargas, ex director del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti en 1976, por videoconferencia desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, asistido por sus defensores.
El primer testigo, Alberto Aramayo, brindó su testimonio ante el tribunal jujeño por videoconferencia desde el TOF de Salta.
Relató su detención e identificó al comisario de Policía Justino Rivera y al comandante de Gendarmería Jorge Borges Do Canto, quienes no le mostraron orden de detención. Fue vendado y esposado y trasladado en una camioneta. Aramayo se desempeñaba en la empresa en los movimientos de los vehículos, y le habían pedido que se apurara con una camioneta que Gendarmería necesitaba -posteriormente fue usada para su detención y traslado-. Luego fue llevado a la Central de Policía de esta capital, “por suerte mía, estaba un agente de guardia, amigo de la infancia y gracias a él mi familia se enteró”. En la central de Policía fue torturado, y pudo identificar al comisario Ernesto Jaigh. “Me golpearon para que hable y diga que era extremista, marxista. Querían que diga cosas que no sabía. Preguntaron por Avelino Bazán”, recordó. Aramayo no había tenido actuación gremial.
Días después, un sábado fue traslado al Penal de Gorriti hasta el lunes. Relató que una hermana se movilizó y se comunicó con el obispo José Márquez Bernal de la Prelatura de Humahuaca, quien gestionó su libertad, a fines de septiembre.

Aramayo antes de finalizar su testimonio pidió cobrar una indemnización por daños morales, robo, psicológico y el sufrimiento de su familia. El TOF se comprometió en remitir el acta a las autoridades pertinentes en esta etapa procesal.
 
Lo culpaban por el Aguilarazo

Reynaldo Aguilar relató que al volver de vacaciones el 26 de marzo al reintegrarse a su trabajo en la compañía se presentó en la oficina de personal y Luis Arzuaga lo recibió con mala cara. Luego en su casa fue detenido y llevado al destacamento de la Mina y trasladado luego en la camioneta de la empresa a la Policía Federal y luego al Penitenciario. Estuvo a disposición del PEN. “Nos tomaron declaración, nos preguntaban quienes eran los subversivos, y querían que culparan a Bazán por el Aguilarazo en 1973”. En la declaración estaba Borges Do Canto con una pistola en el escritorio y Vargas del Penal. “Querían que firme una declaración que decía que Bazán era el que organizó el Aguilarazo”.

Además relató que su señora fue obligada a renunciar a la empresa y al negarse la echaron, junto a sus hijos pequeños. “Por el miedo nadie lo quiso ayudar. La empresa hizo un daño enorme a los trabajadores”.
Cuando estuvo incomunicado en el penal, apareció monseñor Medina “digan la verdad y los voy a sacar”. Fue liberado el 6 de agosto.
Bruno Díaz fue detenido en Tres Cruces, sección de la compañía, por Gendarmería. Luego trasladado a la Federal y a Gorriti 47 días incomunicado. En el Penitenciario dijo que habían gendarmes y militares.
El 6 de octubre los cargan en el camión del Regimiento al aeropuerto rumbo a La Plata, “me negué a firmar una declaración contra Bazán”.

El último fue Fausto Calapeña, trabajaba en la sección Molino, fue detenido por la Policía. Luego trasladado al Penal, en un móvil de la Compañía por gendarmes.
Resaltó la relación de la empresa y la Gendarmería “estaban para resguardar el orden de la empresa con un destacamento.
Antes de su libertad, fue llevado al Regimiento y el jefe le advirtió que saldría en libertad y le recomendó que no integre más el sindicato. (Mariana Mamaní)

miércoles, 8 de agosto de 2012

Hugo Condori, testigo en la causa Aredez : “Eramos un obstáculo”,

Estuvo seis meses detenido en el penal de Gorriti. Dice que “los treinta mil habitantes de Libertador saben cuál fue el comportamiento de la empresa durante la última dictadura” y que “la apoyatura de transporte (para los militares) es sólo una parte”.

 Por Adriana Meyer

Hugo Condorí es el único dirigente gremial de la empresa Ledesma que sobrevivió a la dictadura. Era el presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio cuando fue secuestrado, en 1975. Hace pocos días dio su testimonio durante cuatro horas en la causa que investiga la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez, con quien había trabajado cuando era asesor de salud del gremio. Junto al vicepresidente de la obra social, el desaparecido Jorge Weisz, ejercían el control del cumplimiento de la Ley de Salubridad, un asunto que considera clave para entender la impunidad con que se manejan los Blaquier desde hace décadas. Condorí –que aún no se jubiló, está casado, tiene seis hijos, 25 nietos y dos bisnietos– hoy lucha por conseguir una indemnización desde la Asociación de Ex Presos Políticos. Y planea impulsar candidaturas para las próximas elecciones desde el Partido Solidario, que preside a nivel provincial. “Hubo 30 mil desaparecidos que querían un país mejor, que soñaban con un proyecto de independencia económica; hoy está cambiando el país grande, que es América latina, por eso trato de ser un orientador y facilitador con los jóvenes”, dice.

El Colla, como lo llaman, vende productos argentinos en la zona de la frontera con Bolivia, pero ahora no puede viajar porque le pusieron custodia, luego del intento de secuestro de uno de sus nietos, el 16 de junio, cuando salía del colegio. “Se estaba escapando y él gritaba y pataleaba, pero Dios le hizo una zancadilla al secuestrador y cuando se cayó, la criatura salió corriendo”, describe. “Le costó superarlo, ahora sólo duerme si está con la madre”, agrega. Pidió una investigación profunda sobre este incidente, que sucedió apenas comenzaban a reactivarse las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Jujuy. Pero sólo se hizo una cámara Gesell que determinó que el niño no fabuló.

Tras su secuestro, Condorí estuvo seis meses detenido en el penal de Gorriti, donde también estaba alojado Arédez y otros sindicalistas y empleados del ingenio. Ante las preguntas de la querella y la defensa de Blaquier, recordó el relato que le había hecho el ex intendente de Ledesma sobre su primer secuestro, el 24 de marzo de 1976. “Habían ido a su casa a las 3 de la mañana, en un vehículo de Ledesma, y con un chofer, Juan de la Cruz Kairuz, que era policía y empleado de los Blaquier como director técnico del Club Atlético Ledesma”, dice.

“La Ley de Servicio Médico Asistencial obligaba a todas las empresas a cubrir a sus trabajadores, y otra ley les exigía otorgarles una vivienda. Teníamos que controlar el cumplimiento de las dos normas”, dice respecto del rol del sindicato. Arédez había sido cesanteado de Ledesma porque no lo autorizaban a ampliar un vademécum de sólo doce medicamentos. “Para los Blaquier no había que darles otros remedios, y menos si eran caros, porque entendían que los obreros se hacían los enfermos para no ir a trabajar, entonces lo acusaron de tener una actitud demagógica con el personal. Pero Arédez decía que había jurado preservar la vida de sus pacientes, decía que era hijo de obreros y conocía la ley que les daba derecho a la salud”, explica Condorí. “En esa época Ledesma tenía más de 18 mil trabajadores, entre zafreros, transitorios y permanentes, pero jamás hubo 18 mil casas.” Y vuelve a su propia historia. “En 1975 nos intervinieron el sindicato, y caímos unos 30. Sacaron del hospital a mi papá recién operado para exigirle que me entregara. Mi madre fue a la comisaría a rogarle al comisario que no me siguieran torturando. Me liberaron si prometía irme, y me fui a San Salvador, donde aún vivo.”

Sobre la campaña mediática de Ledesma en la que desmiente las acusaciones sobre su responsabilidad en los secuestros de la Noche del Apagón y de Arédez, Condorí responde que “esto no es un problema de los Arédez o los Condorí, los 30 mil habitantes de Libertador saben cuál fue el comportamiento de la empresa. La apoyatura de transporte es sólo una parte, es lo mismo que se dijo en la causa de El Aguilar, a gendarmes, militares y policías les daban comida y alojamiento en un hotel que era de su propiedad. Ahí también dormían los inspectores del Ministerio de Trabajo cuando venían por nuestras denuncias, se imagina qué iban a controlar después. Los sindicalistas, y personas como Arédez, éramos un obstáculo para la empresa. El incumplimiento de esas leyes que mencioné implicaba que se quedaban con el 12,5 por ciento del salario del trabajador, que formaba parte del precio primario del azúcar, que era uniforme y autorizado por el gobierno. Ellos daban algo de esos servicios, pero no gastaban más del 2 o 3 por ciento, el resto iba a sus bolsillos, un fangote de dinero”, dice. “Nuestra detención fue pagada con los mismos bonos que la empresa compra para pagar los impuestos o retenciones de IVA. No sólo nos amasijaron a palos, sino que hicieron negocio con nosotros, en la época de Menem. Por eso hoy pedimos un resarcimiento, hay un proyecto de ley para ampliar a todo el país el que se otorga en Buenos Aires. Fuimos perseguidos, nos tuvieron que mantener hijos y nietos porque cuando pudimos volver a trabajar ya estábamos viejos. Llevamos en el cuerpo las huellas de la tortura y los recuerdos espeluznantes de los padecimientos de tantos compañeros, podemos hablar sobre justicia y reparación”, resume.

–El incidente con su nieto, luego el del auto de Blaquier, ahora la campaña de miedo respecto de abandonar el pueblo, ¿es la forma en que Ledesma da batalla para impedir el cambio que empezó a darse?

–Son las mismas prácticas que antes, según los habitantes del lugar, se iría a Brasil porque nosotros la estamos atacando para destruirla, y con la desocupación que hay, la gente se desespera, ahí casi todos dependen de la empresa. Hoy el clima es de intranquilidad. Y el día que fue al juzgado yo estaba, lo de los golpes fue una cuestión armada, el juez vio con claridad lo que ocurrió. Esperamos 36 años, una lucha permanente de gente que se va muriendo con la esperanza de que les digan dónde está su hijo, su nieto o su marido. No vamos a ir ahora a apedrearle el auto, es carente de toda lógica. Pero alguien que guarda documentos que lo vinculan con terribles delitos se maneja con esta impunidad, pensó que nunca lo iban a tocar. El anterior juez pedía que le hicieran una cárcel para avanzar en estas causas, una tomada de pelo. Ahora con (el fiscal Jorge) Auat, y los organismos estamos en otra realidad. Pero para consolidarla necesitamos que toda la sociedad comprenda que ellos fueron parte de la destrucción del país, el apoyo político y garantías por parte del Estado nacional y provincial para que la gente vea que la Justicia funciona y nadie puede quedar excluido.

–¿Cuál cree que es el clima dentro de la fábrica ante la situación judicial que atraviesa el patrón?

–Hay un cambio, que incluso se refleja en la nueva conducción del sindicato. Hay expectativa y por supuesto que algún miedo deben tener. Pero si prevalece la justicia vamos a estar todos tranquilos.

Blaquier indagado por torturas y desapariciones : El zar del azúcar negó toda responsabilidad

Blaquier llegó temprano al edificio de los tribunales para que nadie lo viera, contestó las preguntas del juez y los fiscales, pero rechazó cualquier vinculación con la represión ilegal en Jujuy. Afuera, familiares de las víctimas lo abuchearon.

 Por Alejandra Dandan

“Es un hecho histórico que el poder económico, que fue cómplice de la dictadura, se siente a rendir cuentas ante la Justicia”, resopló como aliviado frente al Consejo de la Magistratura uno de los familiares de las víctimas de la dictadura de Jujuy. Todavía era temprano. La entrada del edificio estaba casi vacía. Pedro Blaquier había logrado esquivar las cámaras, estacionó el auto en la cochera del edificio y subió al tercer piso antes de las ocho de la mañana. Con una escolta abultada compuesta por dos de sus hijos, tres abogados, un jefe de prensa y un médico, el presidente del Ingenio Ledesma finalmente se sentó a ser indagado, conectado en videoconferencia con el despacho del juez federal Fernando Poviña en Jujuy. Después de dos intentos frustrados, exámenes médicos y muchos años de espera de las víctimas, el día llegó. Acaso ésa fue la noticia más importante: el dueño de Ledesma fue indagado por violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos a 35 víctimas y homicidio en el caso de seis desaparecidos de la Noche del Apagón. Blaquier respondió al juez y a los fiscales, negó toda responsabilidad de su empresa con los hechos. Se enojó cuando le preguntaron por el color de las camionetas. Y dijo que no conoció a aquel José Alfredo Martínez de Hoz al que llamó “Querido Joe” en una carta de junio de 1978.

Cuando los bombos comenzaron a sonar y el repiqueteo subía hasta el tercer piso del edificio y se escuchaba en los pasillos, la audiencia iba empezando. En la calle, como pudieron, frenados por el paro de subte, caminando desde Constitución, se concentraron organismos de derechos humanos, la agrupación Capoma y los hombres y mujeres de la Tupac Amaru jujeña, que replicaron en Buenos Aires el escenario que Blaquier intentó evitar con las muchas presentaciones que hicieron sus abogados en el juzgado para pedir que el empresario declare fuera de la provincia.

Hubo vallado. Policías. La cita estaba prevista para las 8.30 de la mañana, pero Blaquier llegó antes. Los hombres del Consejo de la Magistratura dijeron que a las siete de la mañana ya estaba ahí, antes que muchos de ellos. Sus abogados dijeron 8.05. A esa hora entró, sin cámaras presentes ni banderas, metiéndose como un fantasma.

A las nueve se abrió la conexión con Jujuy. Adentro de la sala sólo estuvieron él, dos de sus abogados y el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, que llegó especialmente desde Jujuy. Del otro lado de la pantalla, se sentaron Poviña y el fiscal Domingo Batule. En el pasillo quedaron sus hijos, el médico, un abogado civil de la compañía y el jefe de prensa de Buenos Aires. Un hueco entre el pasillo y los ascensores sirvió de base para cámaras y fotógrafos que esperaron y esperaron para tomar las imágenes. Por ese mismo lugar, de pronto, pasó un changarín arrastrando un carrito cargado con una torre de metro y medio de miles de hojas de expedientes. Esas eran las pruebas. Según información del Consejo, viajaron desde Jujuy como parte del protocolo de la audiencia. Se suponía que iban a mostrárselas al imputado ante alguna de las preguntas, pero no. No hizo falta. Blaquier dijo que no quería ver nada, que de eso en todo caso se encargaban sus abogados.

“No hay ninguna circunstancia que vincule al doctor Blaquier con los hechos atroces y aberrantes que vivió la Argentina”, dijo a la salida su defensor Jorge Valerga Aráoz, a modo de síntesis, sobre un período que curiosamente los abogados mencionan como “aberrantes” y “atroces”, pero en aquella carta al “Querido Joe” Blaquier lo festejaba con aquello de mostrar “su profunda admiración” por la “recuperación de la Argentina”.

Lo que siguió

Dentro de la audiencia, sus respuestas tuvieron un tono parecido. Negó el uso de las camionetas del ingenio para el traslado de prisioneros. Se enojó cuando Pelazzo le preguntó de qué color son las camionetas de la empresa: “¡Cómo voy a saber yo de qué color son los vehículos!”, dicen que dijo. “¡De eso se encargan mis empleados!” Cuando la pregunta que le hicieron fue sobre el control de la luz del pueblo, sus abogados se opusieron. Los fiscales querían saber si, tal como sostiene el expediente, el lugar desde donde se opera la luz del pueblo está adentro del predio. No quién controla la luz ni quiénes eran los dueños de la energía, porque se sabe que no era el ingenio. Le preguntaron por la ubicación física de los controles, convencidos de que si el acceso está en el predio, más allá de quiénes eran los dueños, podían subir o bajar el interruptor. El juez Poviña habilitó la pregunta, dijo: “Responda”.

También le preguntaron por Martínez de Hoz, pero sostuvo que no lo conocía. Le preguntaron por el “señor Harry Steinbreder Jr.”, aquel hombre con el que él mismo dijo haberse reunido en la carta que le escribió al “Querido Joe” en 1978. Pero también dijo que no lo conocía. Sí, en cambio, admitió haber conocido al brigadier Teodoro Alvarez, un hombre de relaciones públicas de Ledesma que, según los testimonios de la causa, llevó adelante negociaciones con los delegados. Por el resto, se remitió al informe que presentaron sus abogados. Según pudo saber este diario, similar al que presentó parte de ese mismo equipo en la indagatoria de Alberto Lemos, el ex administrador del ingenio.

En ese escrito, los defensores discuten los testimonios más importantes de las causas, entre ellos el de Olga Arédez, aquella mujer que empezó con las marchas, esposa de Luis Arédez, que no sólo fue intendente de Ledesma, sino que formó parte del grupo fundador de la obra social del sindicato de obreros del ingenio, la mayoría de los cuales está desaparecido. Una parte de esos argumentos puede verse en estos días pululando en los comunicados que difunde la compañía. En la presentación también cuestionan testimonios de varios sobrevivientes. Dicen que el espíritu es –según una de las fuentes– intentar demostrar que las noches de los apagones no existieron, que las camionetas eran las que a esa hora de las seis de la mañana salían en los recorridos habituales, que todo es parte de un mito, que el mito creció, que se hizo más grande a partir de la difusión del documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti.

Cuarenta minutos después del comienzo, la declaración terminó. La secretaria del área de Derechos Humanos del Consejo leyó todo. Los abogados de Blaquier aportaron un informe para pedir la incorporación de nuevos testimonios. Lo mismo hicieron los fiscales: pidieron que se amplíe la prueba con el testimonio de 39 testigos que ya habían sido requeridos por la querella y de otros nuevos. La secretaria terminó con el protocolo. Blaquier firmó los papeles. La transmisión se cerró del otro lado. El empresario del azúcar, en algún momento, preguntó por sus documentos. Se los había pedido sólo para tomarle los datos.

De ahora en más, buena parte de lo que pase queda en manos del juez Poviña. Teóricamente, tiene diez días para decidir si lo procesa o no, pero los tiempos pueden postergarse si acepta las nuevas pruebas.

Un tema pendiente es el pedido de detención. Según Pelazzo, otra persona en su situación después de cumplidos todos los plazos podría quedar detenida. Sobre todo porque uno de los delitos que le imputan –el homicidio– no es excarcelable. Eso puede pasar, pero de momento no sucede. Los abogados de Blaquier pidieron la eximición de prisión para él y para Lemos antes de la primera indagatoria. El juez se las otorgó porque el pedido fue por el fiscal Domingo Batule, el único fiscal que intervenía hasta ese momento en la causa.

Blaquier bajó rapidísimo por uno de los ascensores del edificio. Se fue. Su jefe de prensa y abogado se quedó con las cámaras. Su auto salió por la cochera de Viamonte. Dicen que en la salida cruzó el semáforo de esa esquina en rojo. Alrededor ya estaban los bombos. Las banderas de la Tupac. Y los familiares. Arriba, los abogados declaraban ante las cámaras. Decían que no había “camiones” en la causa. Un periodista de Canal 7 logró preguntarles: ¿Entonces por qué los indagan?” Abajo, la calle cantó el “Como a los nazis...”. Una periodista le dijo a Ricardo Arédez –uno de los hijos de Luis, aquel que había dicho que finalmente llegó la justicia porque el poder económico se sentó a declarar– que los abogados de Blaquier “niegan toda la participación de la firma”. “Por alguna razón estamos nosotros”, dijo Ricardo. “Los hijos de los desaparecidos fuimos testigos y hemos sobrevivido a tantas cosas que nos hizo la empresa Ledesma y estamos aprovechando en este momento el lugar para denunciarlo y buscar la verdad y la justicia.” Las preguntas siguieron. Nora Cortiñas y María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo, estaban en la calle.