viernes, 15 de noviembre de 2013

Jujuy: Para la querella del juicio, la colaboración inter-fuerzas habla de un "plan sistemático"

En el área 323 colaboraron miembros del Ejército, la Federal, la provincial, Gendarmería

 El secuestro de Dominga Alvarez de Scurta respondió a "un plan sistemático" del terrorismo de Estado, afirmó hoy el abogado de los hijos de la víctima, Ariel
Ruarte, tras una nueva audiencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Los secuestros, torturas y desapariciones (de las siete víctimas comprendidas en este juicio) no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a un plan sistemático" ejecutado por "un aparato aceitado que actuó en forma sistemática", subrayó.
"Ha quedado demostrado también en Jujuy que hubo una estudiada relación entre fuerzas de seguridad provinciales y el Ejército", en la represiva "Area 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacio", dijo  el abogado que representa a la querella de los hijos de Dominga, una de las siete víctimas en este juicio.
  
Ruarte subrayó además que seis de los ahora imputados fueron nombrados por testigos en el primer juicio de lesa humanidad que concluyó en mayo último en Jujuy.
  
Videos con estos testimonios fueron reproducidos en la audiencia de hoy para ganar tiempo pero, sobre todo, "para evitar la revictimización de los testigos", quienes más adelante podrán responder "preguntas concretas", explicó.
  
Uno de los videos exhibidos en esta audiencia correspondió a las declaraciones de Ramón Bueno, prisionero político de la dictadura y, en esa época, dirigente del Sindicato del ingenio azucarero Ledesma, empresa perteneciente a la familia Blaquier. El testimonio de Bueno aludió a la detención y posterior desaparición del médico Luis Aredez, exjefe comunal de Libertador San Martín, la localidad jujeña donde se encuentran la planta principal de Ledesma y "La Rosadita", residencia de los Blaquier.

También fueron reproducidos en video los testimonios del médico, asesor del mismo Sindicato y ex preso político Carlos Cardozo, recientemente fallecido, y del sacerdote Juan Bosco Mecchia, quien implicó en hechos represivos al obispo José Miguel Medina.

Los imputados en este segundo juicio por secuestros, torturas y homicidios son Antonio Orlando Vargas, exoficial de Ejército, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio; el suboficial de la misma fuerza César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
  
Con excepción de Vargas, que se encuentra en el Penal de Ezeiza,  el resto de los imputados estuvo en la sala en esta audiencia.
  
Además de Dominga Alvarez de Scurta, las víctimas en este segundo juicio son Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
  

El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió que este jueves y el miércoles de la semana próxima prosiga la exhibición de videos con declaraciones de testigos.El jueves 21, realizará inspecciones oculares en la Jefatura de Policía y la cárcel de Gorriti, entre otras reparticiones que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.

jueves, 14 de noviembre de 2013

19° Audiencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy

Exhibición del registro audiovisual de testimonios del primer juicio de Jujuy a los imputados

Se desarrolló en la sala del Tribunal Oral Federal con la exhibición del registro audiovisual de testimonios del primer juicio cuyos dichos tienes relevancia para las causas del que actualmente se realiza.

Estuvieron presentes en la sala por primera de tiempo completo los imputados penitenciarios Carlos y Ricardo Ortíz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y el oficial del Ejército César D Díaz. En cambio Antonio Orlando Vargas optó por que se le envíen los videos al Hospital de Ezeiza donde permanece internado.

El Presidente del TOF en ejercicio, Dr. Daniel Morín, inició la audiencia con la presencia además, del fiscal adhoc Pablo Pelazzo y los abogados querellantes Paula Alvares Carreras, María José Castillo y Ariel Ruarte.  No presenciaron los defensores.

Se programaron para hoy los testimonios del ex  sindicalista de Ledesma Luis Ramón Bueno que vio detenido a Luis Aredez, de espaldas y vendado. Supone, ya que nunca nadie le dijo porque fue dos veces detenido, que su actividad sindical molestaba al Ingenio y esa era la  manera de aquietar al sindicalismo. En segundo lugar fue la testimonial del recientemente fallecido Dr. Carlos Cardozo, presidente del Colegio Médico, Secretario de APUAP, pero fundamentalmente comprometido con los problemas sociales de la población. Destacó “el valor y la inocencia de los chicos de Tumbaya” , “los Mineros de Aguilar no han perdido la conciencia de clase ni de raza” y sostuvo el recuerdo de algunos de sus torturadores:  los Ortíz y Vargas. En contrario a lo que en la audiencia 17° había declarado el médico del penal Oscar Bracamonte,  cuando sufrió isquemia cerebral transitoria no tuvo atención ni medicación.

Otra de las testimoniales en la jornada fue la Juan Bosco Meccia, religioso de la orden de La Salle, detenido a fines de 1976 estuvo 15 días en  la policía de la provincia y hasta marzo de 1978 cuando elige el exilio, en el penal de Gorriti. Sus recuerdos tiene presente a muchos de sus compañeros , muchos de ellos desaparecidos como Jorge Weisz, Carlos Patrignani, Reynaldo Aragón, los jóvenes del grupo “Tumbaya”, Armando Tilca, Narciso Santiesteban. Destacó que entre el personal carcelario que más castigaba a los presos estaba “Lacsi, Zárate, Aguaysol y Gutierrez”. Y recordó  que” el “Negro” Vale(fallecido)  mencionó como responsable de tortura y picana al penitenciario Zárate cuando lo trajeron  golpeado”. En el final Juan B Meccia reivindicó su ideales de lucha por los que estuvo detenido y tuvo que irse de su patria.

Finalmente estuvo el testimonio de Eladio Mercado, personal de la morgue del hospital Pablo Soria que trabajó desde 1973 y aseguró que a partir del golpe de Estado, las irregularidades en su sector eran comunes. Cuando llegaba por la mañana se encontraba con cadáveres NN que los traían de tarde o de noche. Habló de traslados de cadáveres al cementerio de Yala en dos ocasiones por parte de la personal de la policía, uno se trataba  de” una mujer que tenía un abrigo a cuadros y botones marrones, lleno de barro supe que era la señora de Scurta”. En El Cucho y en El Chingo se llevaba cadáveres de pacientes “porque se pedía autorización a la Justicia pero llamaba la atención que el trabajo de cavar la zanja de 50 100mts y tirarlos lo hacía la policía”.

Compartir una sala tan pequeña como la del Tribunal Oral Federal con imputados que se negaron estar en las audiencias acogiéndose a los derechos que les corresponde en cumplimento de leyes, era un momento ansiado en razón de querer saber cuáles son sus reacciones frente a la acusación de los testigos o a las dudas y contradicciones de sus colegas. Encontramos cinco detenidos poco demostrativos, por ejemplo  a quién se lo vió muy atento anotando los datos que los favorecían fue a Ricardo Ortíz, su hermano Carlos parecía aburrido. En cambio Herminio Zárate se notaba  preocupado aunque los bostezos acudían a él. César Díaz miraba las pantallas y en un momento con señas a los penitenciarios indicaba que no quería aire acondicionado(al contrario de  los demás presentes). La nota particular la puso Mario Gutierrez que no paró de comer y tomar jugo en lo que duró la audiencia. Permanecieron sentados uno al lado del otro sin esposas ni grilletes.

Por:  Equipo de comunicación. Prensa  -- juiciosdejujuy@gmail.com

jueves, 31 de octubre de 2013

El obispo Medina me apuntó” testimonió Eblogia Cordero de Garnica de 81 años

 El obispo Medina me apuntó” dijo Eblogia, quien estuvo junto a su nieta que tenía 8 meses cuando desapareció su hijo.

Por Mariana Mamani
Fuerte testimonio de una gran luchadora
Una jornada muy fuerte se vivió en una nueva audiencia de este segundo juicio oral y público con testimonios dolorosos de tres expresas políticas Martina Chávez y Ninfa Hokofler que declararon a través de videoconferencia desde el Consulado de Argentina en Francia; y luego Eblogia Cordero de Garnica firme con su pañuelo blanco declaró ante el Tribunal Oral Federal en lo criminal Nº 1 de Jujuy. Momentos muy emocionantes en la sala ya que por video conferencia las tres se saludaron y se reanimaron para buscar la verdad y la justicia con una firme memoria.

Martina Chávez declaró por primera vez, emocionada y por primera vez relataba en castellano el horror del infierno de su detención, ya que fue Francia quien la acogió después del destierro que padeció en 1980 y tuvo que integrarse a otra lengua, otra cultura. “Hablar francés fue sobrevivir de nuevo. Las palabras no son suficientes para describir el horror, el despojo, la soledad”

Martina, secuestrada en 1975 en San Pedro de Jujuy. La llevaron a la seccional de Gendarmería de Ledesma, vendada y atada donde fue humillada, golpeada, torturada fue interrogada por su compromiso político. Ella era alfabetizadora de los zafreros y eso parecía un “delito”.

Luego trasladada al Buen Pastor hasta noviembre y tras un gran operativo bélico llevada a Villa Gorriti.

Relató que vio a Dominga Álvarez, Alicia Ranzoni y Juana Torres llegar al centro clandestino de Villa Gorriti el 1 de junio, muy golpeadas, “estaban torturadas tenían hematomas, muy humilladas”, dijo. Las sacaban a cualquier hora del día y de la noche en comisiones. “Me impresionó que guardaban su dignidad hasta el final. Una celadora les había contado que a las chicas las llevaban al RIM 20 área 323 y al centro clandestino de Guerrero. La última noche antes que se las llevarán, estaban aterrorizadas, esa noche tenían el presentimiento que no volvían. Juana entregó a Artunduaga una medallita y un mensaje a su beba - Laura López- “Si yo no vuelvo es porque deseaba una sociedad justa” dijo Martina ante el tribunal y resaltó que pertenece a una generación diezmada. En varias oportunidades destacó el acuerdo tácito que tenían las detenidas, ante el plan de exterminio de los militares; por ello se daban fuerza, no se quebraban ante tanto maltrato físico, psíquico, aislamiento, requisas violentas, sin atención médica, interrogatorios. Los militares iban de día y de noche al pabellón Singh, Braga, los hermanos Ortíz “yo lo ví varias veces sacarlas a torturar”. También entraba el obispo Miguel Medina que tenía posibilidad de entrar. Los Ortíz amenazaban, requisaban, “eran dueños de nuestras vidas decían que íbamos a salir locas”, afirmó. Describió que las celdas eran una tumba, tapiadas sin noción del día la noche. Salían una vez al baño, tenían un tarro para sus necesidades.

Relató su exilio con mucho dolor, destacó la humanidad que recibió de los franceses. Sostuvo que “no nos destruyeron, los sobrevivientes seguimos denunciando el sistema terrorista argentino. Reivindicamos nuestra lucha por otro mundo posible de solidaridad”.

Calvario de las madres

También testimonió Ninfa Hokofler, detenida en 1975 en San Pedro del hospital Paterson la sacan apuntando la llevan al ingenio La Mendieta, luego a la seccional de San Pedro y al Buen Pastor. En noviembre la llevan a Gorriti. Relató el calvario de las madres para ver a sus hijos pidiendo permiso al coronel Bulacio jefe del Area 323. Después del golpe del 76 llevaron muchas mujeres detenidas, vendadas de Ledesma, Quebrada. La recordó a Eblogia, Hilda Figueroa, Olga Demitropulos, Marina Vilte entre otras. Otro día llegaron las tres chicas Dominga, Juana y Alicia golpeadas y que Ernesto Jaig las sacaba a torturar. Ninfa pidió hablar con el obispo Miguel Medina que le dijo que tuviera paciencia, y también se encontró con Bulacios quien le preguntó si estaba de acuerdo con el gobierno militar y si no lo estaba la enviaría a la Antártida donde están los desaparecidos.

Al finalizar pidió justicia y que entreguen los cuerpos a los familiares.

“Medina me apuntó”

Eblogia Garnica, con mucha entereza a sus 81 años se traslado hasta este juicio para declarar y pedir justicia por sus hijos Domingo y Miguel Angel, desaparecidos. “No quiero que me devuelvan los huesos quiero a mis hijos” dijo destrozada a 37 años de la desaparición.

Eblogia fue detenida en 1976 por la noche junto a su hijo Domingo, y luego su hijo Miguel Angel detenido por Gendarmería. Su esposo había sido detenido el 28 de agosto de 1974 era fundador del Sindicato de Cañeros de Calilegua. Cuando la detiene le ponen un número y le quitan su documento, los llevan a Gendarmería de Ledesma y luego a Guerrero donde estuvo 10 días. Luego a Villa Gorriti, incomunicada, celdas individuales. Relató que estuvo a punto de perder la mano, “un enfermero me tiraba agua con kerosene y en Devoto me terminaron de curar” lastimaduras de ataduras en Guerrero. Al comisario Jaig dijo haberlo visto cuando visitaba a su marido en la cárcel y decían que estaba en Guerrero. También lo vio a Braga en el traslado a Villa Devoto a cargo del operativo. Recordó a Medina “se murió el desgraciado, estaba en Guerrero, no podía levantarme. Tenés que confesarte le dijo, qué hacía su familia y sacó una pistola y me apuntó. Si es ministro de Dios donde están mis hijos”.

jueves, 3 de octubre de 2013

La maestra Gladys Artunduaga fue la última presa que vio con vida a Juana Torres Cabrera

"Le puse a Juana un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño"

Jujuy.- La maestra Gladys Artunduaga relató ayer las últimas horas de la detenida-desaparecida Juana Francisca Torres Cabrera en el penal de Villa Gorriti, al declarar como testigo en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Le pedí a la celadora que le permita a Juanita estar unos minutos en mi celda y ella (Torres Cabrera) me dijo: `esta noche me van a boletear`. Le puse un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño", contó Gladys, sollozante, al Tribunal Oral Federal de Jujuy.
Artunduaga fue la última presa política que vio con vida a Torres Cabrera, horas antes de que fuera sacada del penal de Gorriti junto a María Alicia del Valle Ranzoni y Dominga Alvarez de Scurta, las tres desaparecidas desde el 10 de junio de 1976.

"Lo único que tengo es esta cadenita", le dijo en ese último encuentro Juana Francisca Torres Cabrera y le pidió que se la hiciera llegar a su hija Laura. "Estaba plenamente consciente de que las iban a matar a las tres", contó Gladys. La maestra declaró además que celadoras de la cárcel de Gorriti decían en aquella época que las personas que eran trasladadas al centro clandestino de detención en el paraje de Guerrero, eran ejecutadas.
  
Gladys Artunduaga estuvo detenida desde mayo de 1975 en la cárcel del Buen Pastor y luego en la de Gorriti, donde vio llegar a las tres desaparecidas, bárbaramente torturadas, tormento que también padecieron en esta última prisión. Dijo que Alicia Ranzoni pudo mostrarle quemaduras en sus manos y decirle que sufría un insoportable dolor de oídos, consecuencia de ese martirio.
También contó que Dominga Alvarez de Scurta estaba "muy dolorida" y acostada en la celda, a raíz de sesiones diarias de tortura. Coincidente con las declaraciones de Mercedes Susana Salazar, otra testigo víctima en este juicio, Artunduaga identificó a los carceleros imputados Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz y Néstor Sing como los responsables del pabellón de mujeres.
  
Caminaban "metiendo mucho miedo y decían a las detenidas que les quedaba poco tiempo, siempre con esas expresiones", acotó y dijo que la relación de los hermanos Ortiz con los represores militares era de "subordinación".
  
Artunduaga expresó además que su permanencia en el penal hasta noviembre de 1976 fue "de terror y angustia. Nos desesperábamos cuando abrían una celda, teníamos la idea de que nos sacaban para aniquilarnos". "La sensación era que estábamos en manos de asesinos, porque lo manifestaban con palabras y hechos", puntualizó.
  
Eulogia se negó a recibir al obispo Medina

La testigo aludió también al caso de Eulogia Cordero de Garnica, detenida de Ledesma y con dos hijos desaparecidos, quien le relató que el obispo José Miguel Medina había querido confesarla en la cárcel de Gorriti. "Ella se negó y Medina le dijo entonces: `si tus hijos están en algo, van a tener lo que se merecen`", contó.
  
En esta audiencia declaró también como testigo Carlos Alberto Villarroel, que era guardiacárcel y a quien otros testigos de la defensa lo sindicaron como la persona que llevaba los registros de ingresos a los pabellones de los detenidos. Según los citados testimonios de la defensa de los acusados, también tenía a su cargo el libro de los vehículos que ingresaban o egresaban.
  
En su declaración testimonial, Villarroel incurrió en repetidas contradicciones en torno a los mecanismos de funcionamiento interno del penal del barrio de Gorriti.

Por ejemplo, aseguró que desconocía la existencia de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y "presos subversivos", y a la vez dijo que habían recibido la instrucción de "no asomar la nariz" en el pabellón 3, de prisioneros políticos y sociales.
  
Entre los acusados en este juicio por delitos de lesa humanidad, el represor Antonio Orlando Vargas era oficial del Ejército, a cargo del Servicio Penitenciario jujeño desde el 24 de marzo de 1976, y fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio. Los restantes imputados son los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, algunos de ellos integrantes del Area 323 que coordinó la represión terrorista estatal en Jujuy.
  
En este segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy se investigan las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Una testigo relató que vio a tres víctimas en su lugar de detención

En una nueva audiencia por el segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy, declaró Mercedes Susana Zalazar, quien fue apresada en 1975 y pudo ver durante su detención a tres de las víctimas cuyas causas se ventilan en estas audiencias.

Mercedes Susana Zalazar, quien ya había declarado en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy como testigo de contexto histórico, relató hoy ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy su largo cautiverio en calidad de detenida-desaparecida, que se inició en 1975.

Testimonió que el primero de junio de 1976 vio entrar a la cárcel de Villa Gorriti a Dominga Álvarez de Scurta, Juana Francisca Torres Cabrera y María Alicia del Valle Ranzoni, entre otros detenidos, y que durante los diez días posteriores las mujeres eran sacadas de penal para ser torturadas. "Siempre regresaban muy golpeadas, y estaban amenazadas de muerte", recordó. Contó luego que un día vio cómo un policía se llevaba a las tres mujeres, y nunca las volvió a ver.

 Zalazar dijo que luego, por comentarios de las celadoras, se enteró de que las habían entregado al comisario Ernesto Jaig, que era el enlace entre la fuerza policial jujeña y el ejército argentino que operaba en la provincia.

 Juana Francisca Torres Cabrera y María Alicia del Valle Ranzoni permanecen aún en calidad de desaparecidas, mientras que el cuerpo de Dominga Álvarez de Scurta fue identificado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido depositado como NN.

 En la época de su detención, Zalazar pertenecía a la Juventud Peronista, lo que era "una molestia" para el comisario Morales, el jefe policial de San Pedro de Jujuy, y para el dirigente político Eusebio Macías.

 Su detención se produjo en 1975 en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, cuando fue a preguntar por el paradero de su novio, Francisco Gallardo, que habia sido apresado. En ese momento, el jefe de la seccional policial de esa localidad, de apellido Lescano (actualmente preso), la detuvo. "Me apuntó con un arma y me amenazó, me dijo que si no hablaba, me violaban. Ese hombre cumplió con su palabra”, narró Zalazar.

 Luego fue trasladada junto a su novio, que estaba muy golpeado por los tormentos sufridos, y Juan Giménez, a San Pedro de Jujuy. Más tarde, la llevaron al hogar El Buen Pastor y posteriormente a la cárcel de Villa Gorriti, donde fue alojada en un pabellón junto a Dora Weisz, que tuvo a su hija en cautiverio, Soledad López, Gladys Artunduaga, Ninfa Coffler, Martina Chavéz e Hilda Figueroa.

Relató que cada vez que podía se subía a un banco que había en su celda para ver cómo Dora criaba a su hija 'Poty' en el patio de la cárcel.

Reveló que luego del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, las celadoras contaron que algunos oficiales del servicio penitenciario habían ido al regimiento militar a ocupar puestos de inteligencia y actuar como nexos entre el penal y el Área 323, que comandaba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 20 el coronel Carlos Bulacio. Tres de estos oficiales eran Ricardo Ortiz, su hermano Carlos y Herminio Zárate, tres de los acusados en este proceso.

Finalmente, la mujer relató que en octubre de ese año fueron trasladadas a Villa Devoto en avión, y que durante el vuelo, además de castigarlas físicamente, las amenazaban con tirarlas al vacío.

El segundo testimonio de la jornada fue el del penitenciario Santos Jesús Vásquez, quien calificó a los procesados Ricardo Ortiz, Carlos Ortiz, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez como "excelentes compañeros de trabajo”.

Sin embargo, aseguró no recordar los hechos de aquellos tiempos, aunque ante la insistencia del tribunal evocó que el 25 de marzo de 1976 prestaba servicio en la guardia externa del penal, que todos los puestos allí estaban ocupados por soldados y que un oficial de guardia, cuyo apellido olvidó, le había dicho que no podían "tomar contacto con los presos políticos".

Antes de finalizar la audiencia, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo pidió al tribunal la comparecencia de Ninfa Coffler y Martina Chávez, ambas exdetenidas que actualmente viven en Francia y podrían testimoniar por videoconferencia gracias a un acuerdo que existe con el Consulado de ese país.

En este juicio se están ventilando las causas por el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, una docente miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuyo cuerpo apareció en el cementerio de Yala, y “Giribaldi, Osvaldo Gregorio y otros”. En esta última causa, se investiga la detención y desaparición de, además de Giribaldi, de Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

La próxima audiencia será el miércoles venidero, donde testimoniará otro testigo-vícitma del horror y ex miembros del servicio penitenciario, que son convocados por la defensa de los procesados.

Fuente: http://elsubmarinojujuy.com.ar

domingo, 22 de septiembre de 2013

Claudia Lassaletta, única sobreviviente de las detenciones en mayo de 1976

“Lo peor fue estar viva”, dijo conmovida
La testigo víctima recordó que fue una culpa haber sobrevivido el terror en los centros clandestinos de la Central y el Penal.
ACOMPAÑARON EL TESTIMONIO DE CLAUDIA LASSALETTA, SUS FAMILIARES.
Por Mariana Mamani
 
La reconocida plástica Lassaletta relató muy conmovida, dejando sentir el horror y el dolor de su detención en mayo de 1976.
Cabe recordar que en este juicio se investiga lo que sucedió con las víctimas Dominga Álvarez de Scurta, los hermanos Juana y Pedro Torres Cabrera, Ernesto Turk Llapur, Alicia Ranzoni, Osvaldo Giribaldi y Jaime Lara Torres, de este grupo de esa razzia que realizaron los militares en mayo de 1976 la que sobrevivió fue Claudia Lassaletta.
Recordó que una noche mientras su exmarido -médico- estaba de guardia, a las 4 de la mañana le tocaron la puerta y era el comisario Ernesto Jaig quien le pregunto por “José y Sofía” -matrimonio de Ledesma que conocía, eran los nombres de fantasía- y le informó que estaba detenida. Sus niños dormían.
Claudia explicó que ante la situación decidió hacer el papel de tarada, negando lo que le preguntaba. Se cambió ante la presencia de Jaig y la llevaron a la Central de Policía, la dejaron en una oficina.“Escuché a Néstor -su marido- que me buscaba y un cana me apuntó la sien”.
Esos días, tres quizás, Jaig la interrogaba durante el día y la noche preguntando por Lara, Jorge y Sofía.
Recordó que antes de su detención un amigo Gustavo Lara le pidió que entregara unos niños de Jorge y Sofía -que estaban detenidos- a la abuela en San Pedrito. Claudia cumplió y vio a una maestra y a Dominga de Scurta; y a los días la detienen.
También recordó que una piba luchadora le pidió que averigüe a través de su marido, por una niña que estaba internada y que no podía ver.
Claudia en la Central vio por una ventana a “Dumbo” Turk, la quebró el recuerdo “se encontraron con Elenita y la beba. Me dí cuenta que se despedía de su hija. Eso me marcó en mi futuro”.
A los días lo volvió a ver a “Dumbo”, Lara, Juana Torres, Dominga y otros, cuando los trasladan a Gorriti.
Los revisan “nos desnudan, la piba tenía desde la cadera hasta el tobillo una mancha negra, era la única. todos estabamos bien”. En Gorriti estuvo una semana, en ese pabellón vio a Dominga y a una niña de año y medio “Poty”, la hija del matrimonio Weisz que nació en cautiverio. También a Marina Vilte. Una celadora la llevó a una oficina y estaba el capitán Jones Tamayo quien la sermoneó “eso le pasa por juntarse con esta gente”, y a su marido le dijo que “tenía que encerrarla porque los guerrilleros la liquidarían”
“Esa es mi historia en esta tortura de estos años”, dijo Claudia al TOF.
Recordó que en el 85 la llamaron a declarar, y al preguntar por el grupo de detenidos, le dijeron que era la única que vivía, “no fue una alegría. Lo peor fue estar vivo”, dijo por el sistema que había propiciado esa culpa ante la sociedad.
Al finalizar su testimonio fue aplaudida y se abrazó de su familia y de Claudia Scurta, hija de Dominga.
Guardiacárceles de Gorriti
Clemente Vera, Carlota Batallanes, Ernesto López y Luis Cancino quienes se desempeñaban en el penal, fueron consultados sobre lo que sucedió cuando se inicio el Golpe Militar de 1976, coincidieron que estaban los militares, que Vargas era el director, a los imputados. Conocían el pabellón 1 donde estaban los presos políticos y algunos reconocieron el pabellón de mujeres.

Fuente: El Tribuno

jueves, 12 de septiembre de 2013

“Vaya organizando su vida porque a su marido no lo volverá a ver”, le dijo el coronel Bulacio.

Dramático testimonio de Elena Mateo de Turk
 
En esta nueva audiencia de debate del segundo juicio de lesa humanidad en Jujuy,  se escucho el dramático y firme testimonio de Elena Mateo de Turk, esposa del desparecido Ernesto Turk Llapur, abogado del foro local que detallo la detención y posterior desaparición.
Tambien el testimonio de un agente penitenciario Alberto Guzmán quien afirmo la intervención de Antonio Vargas en el penal y la presencia de militares y el obispo Medina.
Hoy se reanuda la audiencia a las 9 , en el Colegio de Abogados  se escuchara el testimonio de Claudia Lazzaletta.
 
Búsqueda incansable
 
El 28 de mayo de 1976, esa mañana recibió el mensaje en su estudio que la policía lo buscaba que no dejaron nada y que sí tenía tiempo vaya por la Central.
Ante ese mensaje el abogado buscó a su colega Héctor Tizón y revisaron alguna causa que fuera el motivo de la visita recibida en su estudio. Junto a Tizón fueron a la Central y al ingresar le hizo una seña a su amigo que estaba todo bien.
Ese día después del almuerzo una policía aviso al padre de Elena que su yerno estaba en la Central. La familia se movilizo, y empezaron un camino de mentiras. En la Central le negaron la detención, hasta que un primo Llapur Said hablo con el comisario Ernesto Jaig y le afirma que sí estaba detenido por averiguación de antecedentes. Esa noche lo trasladan a Turk a la comisaria de Villa San Martín donde pudieron llevarle ropa de abrigo y comida.
Al otro día van a Villa San Martin junto a familiares y le informan que Jaig lo traslado a la Central de policía. Jaig les dice que estaba por orden de los tenientes de inteligencia Jones Tamayo y Peigge.
Esa tarde en la central pudieron ver a Turk en el fondo y “estuvimos con él, estaba bien,  angustiado le habían dicho que a mí también me habían detenido”.    
A un primo de la familia le habían dicho que el lunes o martes lo dejaban en libertad a Turk.
Elena le llevo la comida y le avisan que a Turk lo llevaron a dormir a Villa San Martín.
Luego va a la Central y Jaig le informa que “no puede hacer nada lo trasladaron al penal de Gorriti”.
Para visitarlo le informan que debía tener una autorización del Coronel Bulacio.
 
“Mucha gente detenida en el penitenciario”.
 
En el RIM 20 anotaban a los familiares de 3 a 7 de la mañana. La primera vez no la atienden a Elena y al otro día la anotan y le informan que la atenderá el teniente Rafael Braga.
A las 9 la atienden en un pasillo donde estaba Braga y cuando le toco el turno. El represor corrió la mesa- había un charco-  le dijo “un paso adelante”. Hice un paso al costado “quienes es ud. para que yo hable desde un charco”.El militar se enojo, y un soldado le apunto la espalda y la llevo a una oficina. Elena tenía 22 años.
Braga le dijo “esas son las mujeres que me gustan, que no hagan caso”. Elena le solicitó una orden para ver a su marido en el penal. Le dijo que llamaría para que la dejen pasar y que llevara su hija y todo lo que quiera, sin darle un papel.
Al llegar al penal no la dejan pasar a pesar de nombrar que tenía orden de Bulacio y Braga. “Había llevado fotos de mi hija, ropa” le recibieron y le trajeron un nota de Turk donde decía que estaba bien, que quería hacer un poder para que sigan los juicios. A los días debía recibir la ropa sucia, pero le informan que por orden del Ejército no podían pasar o recibir nada.
Un día, permaneció en el penal para que la atiendan y a las 23 no la llamaban y un soldado se apiado y le aviso que “fueron sacados por orden Jaig y Díaz en comisión y le sugiere que fuera al RIM 20.
 
“Vaya organizando su vida por que a su marido no lo volverá a ver”
 
Elena a las 3 de la mañana pide hablar con Bulacio para saber de su marido. “A pesar que no hablo con mujeres de terroristas que quiere saber? “ y le aconsejo que “vaya organizando su vida por que a su marido no lo volverá a ver”. La jóven irritada intenta arrojarle un cenicero.  El represor llamo a soldados y la sacaron a punta de fusil.
Junto a la familia empezaron a presentar una serie de habeas Corpus sin respuesta. Pidió entrevistarse con Jones Tamayo, Peigge y Jaig pero no la atendieron.
Pasaron junio y julio y recibieron la noticia de un enfrentamiento que habían asesinado a personas jóvenes que una de esas podía ser Turk. Parientes hablaron con médicos del hospital Soria y una versión fue que eran cuatro cuerpos, pero que dejaron tres cuerpos y uno retiro el ejército.
Bulacio contesto un habeas corpus donde dice que Turk había sido traslado el 6 de julio al área 322 Salta.
Viajaron a Salta con una cuñada y las atiende el Capitán Zenarrusa que conocía a Turk, era un jujeño que trabajaba en Salta y le dice “Acá nunca fue trasladado”. Este militar le avisa que viajaba al otro día a Jujuy que las esperaba en la Central para aclarar la situación. Esa tarde la atiende Arenas jefe de policía y le sugiere que hable con Bulacios. “Yo de detenidos políticos no se nada”.
En el regimiento no la atienden y le dicen que vuelva a hablar con Arenas. Este la recibe y en su escritorio tenía una arma “lamentó comunicarle que su marido murió en el enfrentamiento. Se evadieron de Córdoba y fue encontrado en el Ticuho, Tucumán”. Ante el dicho Elena hizo el amague de tomar el arma y lo amenazo. La echaron.
Viajan a Tucumán y logran hablar con el juez Landa quien le informa que sí hubo un enfrentamiento el 7 de julio y entre las víctimas no estaba el apellido Turk. Fueron al regimiento y un primo reconoció los cuerpos asesinados pero Turk no era.
Siguieron presentando habeas corpus, nadie la recibió .
Elena continuaba yendo a la cárcel, entre esas visitas sin novedades, un soldado le dice “averigüe en la Federal, su marido no volvió más“.
Recordó que a fines del 76 en un brindis de fin de año el comisario Morales lamento que “en su gestión haya sucedido lo de Turk”. Elena destacó que una versión decía que a turk lo llevo el ejército a la federal a mediados de junio del 76 muy golpeado. En esta dependencia había una sótano y al bajar se desnuco y murió. Después el ejército se entero y saco el cuerpo”, no se nada son versiones dijo Elena.
De ahí en más nada hasta el día de hoy.
Ante las preguntas del fiscal Snopek  si en la búsqueda vio a Bulgheroni dijo que si lo fue a ver y que estaba Bernal Soto que reemplazaba a Bulacios quine le dijo que “no se preocupara que  le darían una constancia en trámite de defunción”.
También recordó la malicia de los militares que el 30 de diciembre la llamaron a las 23 para mostrarle el expediente de su marido con la foto que le sacaron en cautiverio y le dijeron “no la citamos antes porque su hija hoy cumple un año y seguro estaba de fiesta”.

martes, 10 de septiembre de 2013

"Que la amnesia nunca nos bese la boca, que nunca nos bese...."

Por Lucho Soria, editor agencia de noticias DDHH.

A diez años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final se desarrolla el segundo juicio en una sala del Colegio de Abogados de la capital. En el mismo ámbito donde el jueves 9 de marzo del año pasado el fiscal general Jorge Auat, junto a Lisandro Pellegrini, denunciaron la complicidad del juez Olivera Pastor y de otros miembros del Poder Judicial de esa provincia.

Es que las palabras, lágrimas y silencios de Claudia Scurta y Mario López, estremecieron a los presentes en la sala, quienes las acompañaron con emotivos aplausos y después interminables, postergados abrazos de reencuentros.

Claudia reveló su detención cuando tenía apenas 15 años junto a su madre Dominga Álvarez de Scurta, militante del PRT. Una narración que arranco mas de una lagrima a los presentes, inclusive a la presidenta del Tribunal Fátima López Ruiz.

Un escenario que registra en la sala la presencia de familiares de las victimas que se aborda en este juicio, militantes de los organismos de derechos humanos, sociales, políticos de esa provincia y de Salta y afuera la alegría bullanguera tupakera.

De un lado se ubican Maria José, Paula, Ariel, Juan Manuel, Pablo, Francisco, Hernán, Liliana, quienes cuando el terrorismo de Estado desataba su furia genocida desde y antes del 24 de marzo de 1976, jamás se imaginaron que por los cursos de acción de la historia les tocaría ser los abogados y fiscales, de quienes fueron fusilados, torturados, desaparecidos en aquellos bellos y trágicos años de los setenta.

Al frente de ellos los defensores privados y oficiales de los imputados, quienes optaron por esconderse en una sala contigua, para tapar sus oídos de los testimonios que lo acusan y de las imágenes de sus victimas portadas por sus familiares y compañeros de militancia. Depositan su confianza política en sus defensores para que atenúen sus futuras condenas. Un grupo de tarea de defensores, incluido el oficial, si el oficial, de cuestionar la legitimidad del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo.

Roxana Giribaldi, hija de Osvaldo Giribaldi, empleado de Ledesma, dijo que, al hacerse justicia, “paralelamente se reconstruye la verdad y se reorganiza la identidad, perdida por el silencio, perdida por el silencio de la sociedad. Creo que se pierde el miedo a la militancia, es una vuelta a la esperanza”. Roxana tenia una particular alegría después de conversar con quienes habían compartido la cárcel ( salió en libertad el 25 de mayo del 73) y militancia con su padre y ahora estaban juntos en el juicio por su papá, como dijo.

Las palabras de Claudia y Mario, hicieron suyas las pronunciadas por el poeta de mexicano Roberto Bolaño en 1975: “Que la amnesia nunca nos bese la boca, que nunca nos bese. Soñábamos con utopías y nos despertamos gritando”.

lunes, 26 de agosto de 2013

El vínculo de Blaquier con un grupo sostén de la dictadura

Un petit hotel para la usina civil del golpe de Estado

Un certificado oficial revela que el dueño del Ingenio Ledesma, cuyo procesamiento por complicidad en delitos de lesa humanidad acaba de ser ratificado por la Cámara Federal de Salta, era propietario del inmueble donde se reunía en los ’70 el Grupo Azcuénaga.
 Por Alejandra Dandan

La causa del Ingenio Ledesma incorporó una nueva prueba: el certificado del registro de propiedad de un petit hotel de la calle Azcuénaga 1673, en la Ciudad de Buenos Aires. El petit hotel es un lugar legendario en la historia de las articulaciones políticas previas al golpe. Dio nombre al llamado Grupo Azcuénaga, creado en 1973, desde donde tras la muerte de Perón salió la “mesa chica” de intelectuales orgánicos de la dictadura nucleados en lo que se conoció como “Grupo Perriaux”. Según el registro, la residencia perteneció a Carlos Pedro Blaquier entre 1971 y 1977. La Cámara Federal de Salta acaba de confirmar el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy por complicidad con crímenes de lesa humanidad. En su indagatoria, Blaquier negó conocer el llamado Grupo Azcuénaga. El documento, que muestra su relación con la casa de la calle Azcuénaga y por lo tanto con ese grupo, refuerza las pruebas de su vínculo con el gobierno militar, al mostrar su compromiso con “el grupo de apoyo y sostén teórico de la dictadura” de la que se aprovechó económicamente.

Lejos de Jujuy, el impulso que tenga la investigación sobre esta nueva prueba puede a su vez servir en Buenos Aires para destrabar otra causa que tramita sin pena ni gloria desde los años ’80. Se trata de una causa que intentó “desentrañar la complicidad civil” en la “rebelión” o golpe de Estado de marzo de 1976. Tuvo un avance en 2007 y un dictamen en 2011 del fiscal Federico Delgado, quien intentó darle algo de movimiento pero aún no lo logró (ver aparte).
El grupo

El Grupo Azcuénaga y el grupo Perriaux formaron parte de una serie de clubes y ateneos que emergieron con distintos nombres y, a grandes rasgos, con los mismos integrantes, a partir del primer peronismo. La historia de esas trayectorias fue reconstruida, entre otros, por Vicente Muleiro en su libro fundamental 1976: El golpe civil. Sus datos integran el análisis jurídico que hizo la Justicia federal de Jujuy para reconstruir las características del contexto histórico en que el Ingenio Ledesma aportó camionetas para los secuestros de marzo y julio de 1976.

Quienes aparecen en ambos grupos son funcionarios de las distintas dictaduras o empresarios que integraron grupos de lobby antes y después del golpe de marzo de 1976. Forman parte de lo que algunos describen como el sistema de “puertas giratorias”: un mecanismo que siempre dejó puertas abiertas y cruzadas entre los grupos económicos y el Estado.

Como indica uno de los investigadores de la causa en Buenos Aires, “a vuelo de pájaro y sin mayor rigor metodológico, esos ‘civiles’ son los mismos que protagonizaron el proceso de la deuda externa y los que, a la hora presente, están ligados al último canje de deuda y a los litigios que hacen bailar al país en Nueva York”.

En términos históricos, no fue lo mismo el Grupo Azcuénaga que el Perriaux, pero tuvieron un mismo origen. “El Grupo Azcuénaga se conforma en 1973 –dice Muleiro a Página/12– con el gorilaje desorientado tras el rotundo triunfo del peronismo. Se lo denomina así porque funcionaba en el petit hotel de Azcuénaga 1673. “Daban charlas, conferencias y había reuniones semanales con debates de dos horas. Pasaban unas 40 personas: abogados, militares, periodistas. A medida que el gobierno peronista, tras la muerte de su líder, entra en crisis y se debilita, la actividad del grupo se acelera. Uno de los contertulios era Jaime Perriaux, que saca de allí una ‘mesa chica’, que se reúne en Recoleta, donde sale la pata civil del videlismo con eje en José Alfredo Martínez de Hoz y la participación de Mario Cadenas Madariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, Enrique Loncan y Armando Braun.”

Perriaux era abogado, pero suele ser retratado como un intelectual, conservador, operador de acuerdos políticos, con dotes de filósofo, amigo y representante en Buenos Aires de Ortega y Gasset y alterado en el contexto de los años ’70 por “el ascenso del movimiento de masas”. Hombre de fortuna, fue representante de una empresa alemana llamada Staud y Cía, cruzada por sus relaciones con el nazismo. Perriaux fue ministro de Justicia de Levingston en 1970 y 1971, de Lanusse entre 1971 y 1973 y creador de la Cámara Federal en lo Penal, el “Camarón”, diseñado en los primeros años ’70 para perseguir a la oposición política, ya bajo la figura de la “subversión”. Amigo de José Alfredo Martínez de Hoz, fue además una figura clave en los acuerdos y consensos políticos entre los sectores de la derecha y el ala militar videlista antes del golpe.

Muleiro recuerda en su libro que, mientras se aceleraba las crisis en el peronismo tras la muerte de Perón, Perriaux convocaba a los integrantes de la “mesa chica” a reuniones en su estudio de Pueyrredón y Vicente López o en su fastuosa casa de Gelly y Obes.

En esa “élite” o “mesa chica” había otra figura clave: el general retirado del Ejército Hugo Mario Miatello, muy amigo de Videla, que había sido jefe de Inteligencia del Ejército en 1970 y jefe de la SIDE entre 1971 y 1973. Muleiro lo evalúa como figura en espejo de Perriaux. Especialista en técnicas de contrainsurgencia, “sovietología”, Perriaux trabó con él vínculos mientras ambos estuvieron en funciones en la gestión de Lanusse: uno en la SIDE y el otro en Justicia. En el Grupo era un enlace con el “ala militar”. “Como réplica anticipada y también paralela de la dupla Videla-Martínez de Hoz, otro monstruo bifronte representa la dupla cívico-militar que prohijó el golpe –dice Muleiro–. Es la que conformaron el abogado Jaime Perriaux como coordinador del núcleo duro de civiles que conspiraron y prepararon planes para el golpe de Estado y el general de inteligencia (Miatello), enlace ante su amigo Videla.”

Es siguiendo el camino de estos dos nombres y los de la “mesa chica” que el libro va describiendo en clave de prueba la intervención de los civiles en el golpe. Revisa las políticas de desgaste sobre el gobierno peronista impulsadas desde las organizaciones empresarias, los lockouts patronales, la construcción de consensos o la legitimación del golpe de Estado desde las usinas políticas y sobre todo desde los medios de comunicación.

Muleiro también revisa en ese sentido la autoría del programa económico que puso en marcha Martínez de Hoz, un dato que también fue analizado en busca de indicios en la causa de la “rebelión” en Buenos Aires. El libro señala reuniones, entre ellas una previa al golpe y que juntó al Perriaux con Martínez de Hoz y un equipo llamado “Equipo Compatibilizador Interfuerzas”. Recuerda una declaración de García Belsunce padre en el diario La Prensa o un editorial del diario La Nación de 1979 en el que se indica que “el plan económico comenzó a gestarse poco después de la muerte del ex presidente”, por cinco personas, que son las mismas que Muleiro menciona como integrantes de la “mesa chica” del Perriaux.
La lista

Entre esos nombres pueden pensarse dos grupos: una parte fue “orgánica” del Ministerio de Economía de la dictadura y otra aparece entre los grupos de poder que antes del golpe actuaron en el desgaste del gobierno peronista y luego se beneficiaron con las políticas económicas. O, como dice Muleiro, “recuperando el paraguas estatal para engordar sus negocios”. Estos son:

1) Mario Cadenas Madariaga, que será futuro secretario de Agricultura en el período de Jorge Videla.

2) Horacio García Belsunce (padre), abogado, había sido secretario de Hacienda en 1962 y 1963 y presidente, síndico y director de diversas empresas privadas, entre ellas, Acinplast, Maltería Quilmes, Philips, Santa Rosa, Coroplast y Fiat Argentina.

3) Guillermo Zubarán será secretario de Energía durante la presidencia de Jorge Videla.

4) Enrique Loncan, abogado y economista, en los años ’60 dictó clases en la Escuela Superior de Guerra, entre los años 1966 y 1970 fue embajador en Sudáfrica y luego asesor de la Cámara Argentina de Comercio. También presidió empresas mineras. Años después fue el fundador de Barrick Gold Exploraciones Argentina, puso en marcha el proyecto de La Alumbrera y fue director del Banco General de Negocios.

5) Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio, es parte de Apege, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, caracterizada por sus campañas de desgaste, y donde confluyeron los sectores agropecuarios y comerciales cuyos integrantes todavía resuenan en el presente: la Sociedad Rural, Carbap, CRA, Jorge Zorreguieta. “La arremetida de la Apege fue intensa, durísima y pública”, escribe Muleiro sobre el combate al gobierno durante 1975 y los preparativos para el lockout de febrero de 1976. “Las figuras retóricas eran reiteradas y sonaban como tambores de guerra: ‘disolución nacional’, ‘camino al marxismo’, ‘falta de autoridad’, ‘violación de la propiedad privada’, ‘estatismo’, ‘privilegios irritantes’”. En febrero, Armando Braun decía: “De poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vida de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva”.
El procesamiento

Blaquier está procesado por haber entregado los vehículos a las fuerzas de seguridad para los secuestros de dirigentes sindicales y referentes sociales de la industria del azúcar en marzo y julio de 1976. La Cámara Federal de Salta confirmó ese procesamiento el viernes pasado. Las imputaciones están sostenidas sobre distintos testimonios pero, además, pruebas documentales. Estos elementos refuerzan lo que el derecho menciona como “responsabilidad objetiva” y “subjetiva” en el delito. La nueva prueba del certificado es vista como un elemento más para reforzar el “carácter subjetivo” de su intervención, su compromiso con el grupo de operadores que entendió que el golpe era necesario. Esto es importante sobre todo al cotejar los argumentos de la defensa, que luego de negar el aporte de camionetas ahora intenta mostrarlo en todo caso como un elemento “inocuo” de alguien que eventualmente colaboraba sin saber.

Esta línea del “compromiso” consciente está reforzada por otros antecedentes. Una solicitada de Ledesma en la que saludaba el primer aniversario del golpe. O la carta destinada a “mi querido Joe”, en la que Blaquier escribe a José Alfredo Martínez de Hoz y analiza cómo conseguir fondos entre los empresarios para sostener una campaña de prensa en el exterior que diluya las críticas hacia la Argentina. El regreso a la historia del Grupo Azcuénaga es así un nuevo elemento de peso.








UNA CAUSA POR LA COMPLICIDAD CIVIL EN EL GOLPE
La investigación por la “rebelión”

 Por Alejandra Dandan

En los años ’80, en Buenos Aires, se abrió una investigación para revisar la participación civil en el delito de “rebelión contra el orden constitucional” o golpe de Estado. Esta causa fue llevada adelante por la jueza Amalia Berraz de Vidal, más recordada quizá porque en 2007 renunció mientras formaba parte de la “sala militar” de la Cámara de Casación Penal, denunciada por los organismos de Derechos Humanos y el Ejecutivo por tabicar el avance de las causas de lesa humanidad. En 1980, la jueza había llamado a declarar en el expediente de la “rebelión”, según recuerdan en Tribunales, a “ricos y famosos” y a algunos integrantes del grupo Perriaux, que negaron los vínculos con el complot, según señalan quienes revisaron esa causa. Finalmente, la causa terminó investigando sólo a los tres primeros integrantes de la Junta Militar.

Durante los ’90, el expediente se congeló por las leyes de impunidad. La causa volvió a reactivarse en 2007, con el impulso de las investigaciones tras la derogación de las leyes de impunidad, pero tuvo un límite procesal: debía dictar sentencia sólo sobre la actuación de los comandantes Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intentó abrir un nuevo camino de investigación sobre el papel de los civiles en el golpe y pidió abrir una causa para “desentrañar la complicidad de civiles en el delito de rebelión o, lo que es lo mismo, golpe de Estado”.

Pero en el año 2011, mientras ese pedido todavía debía ser resuelto por la Corte, la fiscalía de Federico Delgado decidió revisar la causa, compulsó testimonios y emitió un dictamen en el que sugirió la apertura de la investigación. Delgado entregó el dictamen al juzgado de Ariel Lijo, donde espera una respuesta definitiva.

Delgado señala que, así como está planteada la acusación, la “lógica jurídica” no tiene “prueba directa” para imputar el posible delito a los civiles, pero despliega una serie de indicios a través de los cuales muestra que hace falta seguir adelante con la investigación.

Para llegar a esta síntesis, analizó el origen del plan económico y reconstruyó la historia del grupo Perriaux y el Azcuénaga. Señaló que el indicio más fuerte de la participación civil podría surgir del camino que siguieron los nombres de quienes formaron parte del grupo Azcuénaga y Perriaux y luego del nuevo gobierno (ver lista aparte). Sin embargo, a su criterio la lista no aporta de momento más que eso: es una lista que en sí misma no podría vincularse con la idea de la “rebelión”. Por todas estas razones, el fiscal entiende que más que mirar el “antes del 24 de marzo” habría que mirar las políticas públicas posteriores y a sus beneficiarios para reconstruir el modo que asumió esa articulación.

En ese contexto pueden leerse varios tramos de su dictamen. Por un lado, un análisis de “caso” sobre la estatización de la compañía de energía Italo, que aparece en clave de “corrupción” y entonces como elemento que puede ser investigado. Pero por otro lado, en su aporte quizá más importante, lo que aparece es un análisis acerca de las formas en las que puede ser pensado el Estado represor y la articulación con los grupos económicos.

“Esas transformaciones que se observan al considerar sólo el primer año de la dictadura militar reafirman la importancia de la centralización del capital y que la oligarquía diversificada no compartió el control estatal durante la dictadura, sino que lo poseyó de una manera irrestricta y determinó el sentido de las transferencias directas e indirectas vinculadas no sólo a la valorización financiera sino también a la inversión, las compras de bienes y servicios, el financiamiento interno, etc. En otras palabras, la pieza clave no fue el mercado sino el control sobre el Estado, que permitió inicialmente asegurarse una acelerada expansión, en detrimento de las restantes fracciones del capital y de los sectores populares”. En otro momento dice: “Muchas veces narramos historias que se naturalizan como ‘oficiales’ y adquieren tanta autoridad como pecan de resultar en tremendas simplificaciones. Vaya un ejemplo: reducir el 24 de marzo de 1976 al diletantismo militar. Es por ello que cada tanto tiene algún sentido montar relatos con independencia de que exista o no un real potencial punitivo”.

El dictamen de Delgado no es categórico, señala que no hay pruebas de la “rebelión” pero también habla de un Estado “poseído” por estos sectores. Y finalmente, según explica él mismo, lo que pretende es mostrar que es necesario seguir trabajando sobre esta causa. Como se dijo, el dictamen se entregó en 2011, no está resuelto, pero además ahora se encuentra en un limbo jurídico, dado que el único imputado todavía vivo, que era Videla, ahora también murió.

viernes, 23 de agosto de 2013

Empieza el juicio por la desaparición y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta

En septiembre empieza el juicio por la detención y asesinato de la docente Dominga Álvarez de Scurta. Su hija Claudia Scurta dijo a El Submarino que "la expectativa es enorme". Es el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy en la última dictadura militar.

Estarán en el banquillo de los acusados el interventor del Servicio Penitenciario por esos años, Antonio Vargas —que fue condenado a 25 años de cárcel en el juicio anterior— y cinco jefes carceleros: los hermanos Ortiz, Carlos y Ricardo, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz.

La docente y militante Dominga Álvarez de Scurta fue secuestrada por las fuerzas represivas que actuaron en la provincia el 26 de mayo de 1976, de su domicilio en avenida Fascio de esta ciudad, por personal del Ejército Argentino. Estuvo cautiva en el centro clandestino que funcionaba en el Departamento Central de la Policía Provincial y luego fue trasladada a la cárcel de Villa Gorriti.
 
"El de mi madre es un caso particular porque nunca fue desaparecida", relató a El Submarino Claudia Scurta, que tenía 15 años en 1976 y fue detenida junto con Dominga. "A ella la secuestraron el 26 de mayo y la matan al mes. La primera vez que apareció el cuerpo, fue en territorio militar, arriba del GAM 5. Pero Nadie la reconoció porque nadie sabía nada, y ahí la entierran en Yala como NN en 1982", relató Claudia.

"La expectativa ante este juicio es enorme, porque por fin después de tanto tenemos la oportunidad de que se haga justicia", señaló Claudia Scurta, y agregó: "Espero que esta historia se termine, se cierre el círculo, y cuando eso pase esta historia ya no va a ser mía, va a ser de todo el país, porque aunque no lo quieran reconocer, esto nos tocó a todos".

Al momento de la detención de Dominga Scurta, Claudia tenía apenas 15 años. Creció con sus abuelos maternos y su hermano Raúl. "Fue de terror, en una sociedad que niega mucho. Se cerraron puertas, tuve muy poca contención, pero esas cosas me han fortalecido, veo la vida desde otro lugar. Ahora hay que empezar a contar esta historia a los chicos, a mi hijo de siete años, porque esta gente afectó hasta a la generación de él. Pero soy feliz, aunque parezca una locura, porque aposté a la vida".

Claudia Scurta está ansiosa de que empiece el juicio por el secuestro y asesinato de su madre para "dar mi testimonio, mi granito de arena para que se haga justicia".

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, en diálogo con El Submarino lamentó que en este juicio se ventile solo un caso, el de Álvarez de Scurta: "Nos hubiese gustado una acumulación de causas, que hubiera más imputados y más víctimas, pero no queremos demorar más las cosas. Tenemos la expectativa de que haya condena y que los imputados tengan la posibilidad de defenderse con todas las garantías constitucionales".

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy tendrá una nueva composición, tras el retiro de Vicente René Casas. Está integrado por Fátima Ruiz López y Daniel Morín, quienes estuvieron en el primer juicio, a los que se suma Federico Díaz.

Peña confirmó además que aún se está buscando el espacio físico en el que se desarrollarán las audiencias de este juicio, pues el anterior estará afectado al operativo electoral de octubre. "Vimos espacios en Tribunales, la Biblioteca, el Concejo Deliberante y el Ministerio de la Producción, en Bajo La Viña. Este puede ser, porque cumple con varios requisitos. Hace falta la infraestructura tecnológica para las videoconferencias, dos entradas de auto independientes, porque los imputados tienen que circular por un lugar especial...", detalló Peña.

Sobre otros temas pendientes, la dirigente de derechos humanos dijo que están esperando que se cumpla la promesa del gobernador de trasladar el Departamento Central de Policía, para instalar allí un espacio de memoria, al igual que en otros doce centros clandestinos que falta señalizar en la provincia. "Esperamos un pronunciamiento sobre eso, porque la provincia no tiene una política activa, comprometida con el tema. Pero no vamos a permitir que quede en el olvido".

viernes, 26 de julio de 2013

Marcha por la Noche del Apagón

La movilización unió Calilegua y Libertador General San Martín.
 
Con consignas de repudio a la impunidad, a 30 años de la primera marcha encabezada por Olga Arédez para reclamar justicia, se realizó ayer en Jujuy una multitudinaria movilización desde Calilegua a Libertador General San Martín. Más de 50 mil personas homenajearon a las víctimas de la Noche del Apagón y pidieron que se condene al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y al ex administrador general, Alberto Lemos, que están procesados por estos hechos.

La marcha se realizó a 37 años de la Noche del Apagón, como se conoce al accionar de las fuerzas conjuntas de la policía provincial, la federal, efectivos de Gendarmería Nacional y del Ejército, que irrumpieron en las localidades de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar tras producir cortes en el suministro de energía eléctrica y en las que entre el 20 y el 27 de julio de 1977 secuestraron a unas 400 personas de las cuales 33 permanecen todavía desaparecidas.

Junto a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y los pueblos originarios participaron de la marcha Milagro Sala, de la Tupac Amaru; Hilda Figueroa ex detenida y Hugo “Coya” Condorí, de la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, la hija de Olga Arédez, los diputados Horacio Pietragalla y Gabriela Alegre, entre otros.

Según dieron cuenta distintas investigaciones y testimonios, los detenidos desaparecidos, entre los que se encontraba el intendente Luis Arédez, eran alojados en la Comisaría 41 de Calilegua, en la 21 ubicada en el interior del Ingenio Ledesma, y en la sede de Gendarmería Nacional, además de utilizarse galpones de la fábrica de azúcar.

viernes, 14 de junio de 2013

Dos directivos de Mina El Aguilar, procesados por delitos de lesa humanidad

Luis Arzuaga y Telésforo Zurita están acusados de ser partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad de ex mineros

El juez Fernando Luis Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, dictó el procesamiento a dos ex jerárquicos de lo que fue la compañía Mina El Aguilar, Luis Arzuaga (ex administrador) y Telésforo Zurita (ex encargado en Tres Cruces) durante la última dictadura cívico-militar, por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad. El magistrado los consideró responsables como partícipes secundarios de delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de obreros mineros de dicha empresa y vinculados al gremio, durante el año 1976.

Los procesados mantendrán libertad provisional, bajo las condiciones impuestas, teniendo prohibido salir del país.También le trabaron embargos a Arzuaga sobre bienes de su propiedad por un millón de pesos a fin de garantizar eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas procesales. En tanto que a Zurita, el embargo es por 50 mil pesos, también sobre bienes de su propiedad.

Arzuaga es considerado responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada (27 hechos), cometido en perjuicio de Bazán, Bejarano, Cárdenas, Cari, Colmenares, Díaz,Guzmán, Paredes. También de Quispe, Rodríguez,Rodríguez, Rozo, Sosa, Subelza, Valeriano, Zapana y Romitti. La lista continúa con Aramayo, Farfán, Calapeña, Aguilar, Espinoza, González, Mendoza, Quiroga, Troncoso y Ovalle.

La acusación sobre Zurita es por un hecho cometido en perjuicio de Troncoso, en calidad de partícipe secundario.El juez declaró la falta de mérito para procesar, por lo que sobreseyó a Eduardo López con relación a los hechos por los que fuera indagado, y oportunamente imputado, sin perjuicio de continuar la investigación según su estado.

Los trabajadores mineros fueron detenidos por fuerzas conjuntas del Ejército, Gendarmería y policías, trasladados algunos al Escuadrón 21 de La Quiaca, comisarías de la Quebrada de Humahuaca, al RIM 20 y a la Jefatura de la Policía provincial y Delegación de la Federal, tras lo cual fueron llevados a la Unidad Penitencia 1 de Jujuy, que funcionó como centro clandestino de detención donde padecieron torturas y tormentos. La mayoría de los mineros declararon en el primer juicio de lesa humanidad que condenó a los represores Rafael Braga, Eduardo Bulgheroni y al ex interventor de la Unidad Penitenciaria, Antonio Vargas ( Mariana Mamani)

Fuente: El Tribuno

jueves, 16 de mayo de 2013

Destrabada la causa del Ingenio Ledesma, frenada desde noviembre

Blaquier ya tiene tribunal

Un juez que era conocido del empresario fue recusado por las querellas y había decidido apartarse. La defensa aprovechó para protestar y logró frenar la causa que finalmente, gracias a un fallo de la Cámara de Casación, se puso en marcha esta semana.

 Por Alejandra Dandan

Nuevamente se abre una etapa clave en la causa del Ingenio Ledesma. En noviembre del año pasado, la Justicia federal de Jujuy procesó a Carlos Pedro Blaquier en dos causas por complicidad en grado primario de 29 secuestros ocurridos durante la última dictadura. La fiscalía, las querellas y los defensores del dueño del Ingenio Ledesma apelaron los fallos y las causas pasaron a la Cámara Federal de Salta. La presencia en esa Cámara del juez Renato Rabbi-Baldi Cabanillas –denunciado por el área de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración y que comparte por lo menos un espacio social y académico con el empresario– demoró hasta ahora la decisión de ese tribunal sobre estas causas. Rabbi-Baldi fue recusado por las querellas y él mismo decidió apartarse de los expedientes por “violencia moral”. La Cámara aceptó la separación, pero lo insólito es que la defensa de Blaquier cuestionó ese apartamiento, primero en Salta y luego acudió en “queja” hasta la Cámara de Casación Penal de la Nación. El lunes, la Sala IV de Casación, en una resolución acelerada, confirmó finalmente el despegue de Rabbi-Baldi de las causas del Ingenio Ledesma y esa decisión ahora acelera los tiempos de definiciones sobre el empresario. Un pedido pendiente es la prisión preventiva.

La Sala IV recibió el pedido de resolución a las 9 de la mañana del lunes y la tomó como prioritaria para dar una señal sobre estos planteos que deben ser excepcionales pero se convirtieron en una forma de paralizar el avance de las causas. En un plazo “sumarísimo” los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borisnky y Gustavo Hornos rechazaron las quejas interpuestas por la defensa de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, el entonces gerente administrativo de la empresa, y confirmaron así el apartamiento de Renato Rabbi-Baldi Cabanillas para intervenir en causas de lesa humanidad vinculadas con el Ingenio Ledesma.

En la práctica, la resolución significa no sólo que Rabbi-Baldi va a quedar fuera de estas causas. Señala, además, que está aprobada la integración del nuevo tribunal que se conformó para reemplazar su presencia. Allí se quedan dos de los jueces de siempre: Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea y como tercer integrante ingresa Federico Díaz, santiagueño y desde diciembre del año pasado titular del Tribunal Oral Federal de Salta. Ellos serán ahora los que deberán pronunciarse sobre el caso. Finalmente el fallo es importante porque también está diciendo dos cosas: 1) por un lado la celeridad indica un posicionamiento de la Cámara frente pedidos que suelen servir en la práctica para paralizar las causas; 2) los camaristas también están legitimando el avance del proceso porque indican que en este caso no se da ninguna de las situaciones de excepción que hicieron posible en otros casos, alegados por la defensa, la inhibición del apartamiento de un juez.
Lo que queda pendiente

Blaquier y Lemos están procesados por 29 hechos, en dos causas distintas. La primera es la llamada causa “Arédez y otros”, que se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976. Entre ellos está el médico Luis Arédez, que en 1973 fue intendente de Libertador General San Martín (donde está ubicado el ingenio) a pedido de los vecinos y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Arédez había sido asesor del sindicato y de la mutual. No son las únicas víctimas de esa causa, pero sí por las que fue procesado Blaquier. Estos secuestros tuvieron como característica que fueron particularizados, las personas eran referentes reconocidos, estaban en listas negras y a cada uno fueron a buscarlos a sus casas. La segunda causa es la llamada causa “Burgos”, conocida como las Noches de los Apagones, por la serie de secuestros producidos en julio de 1976 durante noches de apagones en los tres pueblos que rodean al ingenio. La mayor parte de las víctimas estaban sindicadas por algún vínculo familiar con el ingenio o con el movimiento sindical o social. El juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como partícipes primarios, probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados y les imputó privación ilegal de la libertad. Pero dejó en suspenso otras imputaciones pedidas por querellas y fiscalía como violación de domicilio, tormentos y homicidio, para el caso de las víctimas de las Noches de los Apagones que permanecieron en el centro clandestino que funcionó en un hotel de Guerrero, y que están desaparecidas.

La fiscalía y las querellas apelaron entonces ante la Cámara de Salta para que incluya estas figuras. Y tanto las querellas como el fiscal general ante la Cámara, Eduardo Villalba, pidieron la detención efectiva de Blaquier como lo habían hecho los fisales en la primera instancia. En tanto, la defensa de Blaquier y de Lemos pidió la falta de mérito y el sobreseimiento. Sobre esto deberá expresarse la Cámara en los próximos días. Según lo que pudo saber este diario, la causa Arédez se encuentra más avanzada en el análisis que la otra. Y es sobre la que primero podría haber novedades.

viernes, 3 de mayo de 2013

A pesar que fuera probado el plan sistemático, las condenas no son por genocidio

Condenados represores en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy condenó a los represores Rafael Braga y José Bulgheroni a prisión perpetua y a Antonio Vargas a 25 años de cárcel, en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura.

Las penas impuestas por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin coincidieron con las solicitadas por la fiscalía y los querellantes, y su lectura fue recibida con una ovación y consignas dentro y fuera de la sala de audiencia.
Antes de leer la parte dispositiva de la sentencia, el TOF rechazó todas las nulidades presentadas por las defensas de los acusados y consideró los hechos juzgados como "delitos de lesa humanidad", por lo tanto imprescriptibles.

La lectura de la condena comenzó cerca de las 18.30, mientras unas 30.000 personas se agolpaban en los alrededores, hasta llegar a los vallados policiales desplegados en todos los accesos a unos 100 metros de la colmada sala de audiencia, próxima al microcentro de la capital provincial.

"Los pedacitos de historia e indicios que se han ido planteando en este juicio han logrado esta condena", dijo Hilda Figueroa, sobreviviente de La Noche del Apagón, cuando fueron secuestrados cientos de obreros y vecinos del ingenio Ledesma en julio de 1976.

Figueroa dijo  "unos los vimos (a los acusados), otros no los vimos y así se va armando la verdad", después de recordar que los sobrevivientes de aquella represión masiva, como en su caso, estaban "vendados, atados, con la mayor indefensión que se puede tener, como animales en un centro clandestino".

El abogado Néstor Ruarte, querellante por familiares de las víctimas en dos de las cinco causas acumuladas en este juicio, señaló a su vez que "la prueba fue directa y clara, no quedó ninguna duda sobre la participación de estas tres personas".

"Ninguna duda sobre su participación en el plan sistemático criminal en Jujuy", agregó sobre la represión con 130 desaparecidos y muchas más víctimas en la provincia, al cabo del juicio que condenó a tres acusados de delitos de lesa humanidad contra 43 víctimas, dos de las cuales fueron asesinadas.

Ruarte agradeció "a la lucha de los organismos de derechos humanos desde el 76 a esta parte" y dijo que "con la participación de las organizaciones sociales hemos logrado estas condenas. Ahora es la verdad real para la justicia argentina".

"Esta condena es resultado de muchos años de lucha, de trabajo, y el inicio de los próximos juicios. Creo que estas penas están a la altura de los hechos" juzgados, dijo a su vez Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc nombrado por la Unidad Fiscal de seguimiento a las causas por crímenes de lesa humanidad.

Pelazzo añadió que quedan por delante "el resto de las causas y los imputados que no han estado sentados en este juicio", que aportó "un poco de justicia para tantos años de impunidad en esta provincia".

"Esta sentencia abre una nueva página en la historia no sólo de los juicio de lesa humanidad en Jujuy, que los inaugura", señaló por su parte Juan Manuel Sivila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para Inés Peña, esposa del militante de la JP Julio Rolando Álvarez García, por cuyo secuestro y homicidio fue condenado Braga, dijo que el fallo marca "un día histórico, una condena ejemplar, que nos insta a continuar e ir por más condenas".

"Sentimos una gran emoción, eran las condenas merecidas y las que esperábamos", declaró a esta agencia Adriana Aredez, hija del desaparecido Luis Aredez, ex intendente de la localidad de Ledesma, ahora Libertador General San Martín.
Acompañada por sus tres hermanos y por nietos, Adriana subrayó que los tres condenados "tuvieron los derechos que no nos dieron a nosotros, ni aun en democracia, porque recién en los gobiernos de Néstor y Cristina hemos podido gozar de plena justicia".

"Los familiares seguimos la lectura de la sentencia acompañados por organizaciones sociales, por Milagro Sala, por  nuestros abogados, por gente solidaria", agradeció.

"Ahora vamos por el otro juicio, que es a los jerarcas de la empresa Ledesma, otros civiles y miembros de la Iglesia" que fueron "cómplices de la dictadura", y "en eso estamos trabajando todos los días", subrayó.

Por su parte, la dirigente político-social jujeña Milagro Sala sostuvo que las condenas de este juicio "demuestran que no hay impunidad, que los familiares, hijos y todos los compañeros que venimos luchando teníamos razón".
"Recién le decíamos a un compañero: `¿Te acordás cuando éramos pocos? Y hoy fijate todos los que somos, porque hemos creído, porque nunca dejamos de estar en una marcha y cada vez éramos más, porque tomamos conciencia de que, si no nos juntábamos todos los sectores, estos tipos se iban a quedar impunes`", añadió.

Sala dijo finalmente que "muchos creían que no se iba a hacer justicia y se hizo justicia acá en Jujuy, una provincia muy sufrida. Ahora vamos por (el dueño del ingenio Ledesma, Carlos) Blaquier y por todos los represores, militares y civiles".

En cuanto a los tres condenados en este juicio, Bulgheroni y Braga eran oficiales de inteligencia del Area 323 de represión, durante el terrorismo de estado, y Vargas se desempañaba como interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, convertido entonces en un centro clandestino de detención.

Los dos primeros fueron condenados por homicidios calificados y el tercero por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra numerosas víctimas.

jueves, 4 de abril de 2013

Organismos de derechos humanos repudian la liberación de un represor implicado en delitos lesa humanidad

Se trata del Capitán retirado Jorge Ripoll, que era segundo de Bulacios

Para los familiares de las víctimas del Apagón, la Cámara sigue apañando y protegiendo a represores de probada conducta criminal.

Organismo de derechos humanos repudiaron hoy la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de liberar "por falta de méritos" al capitán (re) Jorge Isaac Ripoll, segundo en la cadena de mandos del Área 323, cuyo jefe era el coronel Néstor Bulacios. "Expresamos con indignación nuestro profundo repudio a la decisión de la Cámara, integrada por los jueces Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada, de liberar por "falta de mérito" a uno de los represores emblemáticos de nuestra provincia durante la dictadura militar, el capitán (re)Jorge Isaac Ripoll, quien era Jefe del RIM 20", señalaron en un comunicado. Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Álvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, esposa de Alvarez García detenido desaparecido el 21 de agosto de 1976, dijo  que Ripoll está “implicado en otras causas y esta decisión de la Cámara puede sentar precedente en las causas en las que está vinculado Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma”.

Recordó que el día que secuestraron a su esposo fue al RIM 20 junto con la madre de Julio Rolando y “nos atiende Ripoll y nos dijo que no sabía dónde estaba mi marido, que había sido llevado en un automóvil a esa unidad, según testimonios en el juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en Jujuy".
  
"Ripoll arribo a Jujuy para formar parte del área 323 y recibía a los familiares en el regimiento cuando íbamos en búsqueda del paradero de nuestros seres queridos, compartiendo estructuras, espacio y tiempos con otros represores", destacaron en el comunicado.
  
En Jujuy son juzgados los represores Mariano Braga, Eduardo Bulgheroni y Antonio Orlando Vargas, imputados por secuestro, torturas y homicidios calificados en cinco causas unificadas.

"“Pretender hacernos creer que Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar, es un absurdo"”, adviertieron. Explicaron que "bajo el argumento de falta de prueba directa la Cámara monta una nueva estrategia para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad". Recordaron que "de la misma manera lo hizo anteriormente quien fuera su protegido, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quién demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia".
  
"Olivera Pastor fraccionó las investigaciones e imputaciones en la etapa de instrucción de las causas. Esta ha sido la principal causa, que determino que el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy cuente con tan solo tres imputados", señalaron.
  
Precisaron que "la Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones y además con este accionar evitó investigar a los cómplices civiles como Blaquier, presidente de la empresa Ledesma. A quien,  curiosamente ahora, es esta Cámara la que debe resolver sobre su procesamiento".