jueves, 20 de diciembre de 2012

Homenaje a Marina Vilte, maestra detenida-desaparecida

Ayer recordamos en Jujuy a Marina Vilte, maestra secuestrada y desaparecida el 31 de diciembre de 1976, dirigente de ADEP y de CTERA.

Recordamos sus ideas, sus sueños, su lucha, su temple en medio de las peores condiciones durante los años de la dictadura.

Recordamos su ejemplo, y señalamos a sus asesinos. 

A todos sus asesinos. No nos conformamos con una justicia incompleta, porque no es Justicia. 

No es Justicia si espera a que cada uno de sus asesinos muera para simplemente declarar extinguida la acción penal. No es Justicia si solo se juzga a los que mostraron la cara del terror, y no se persigue a TODOS: queremos a Videla y toda la junta y sus ministros en Jujuy, condenados por el asesinato de Marina. 

Queremos a todos los complices del gobierno provincial de Jujuy en el banquillo. No nos alcanza con la cadena de mandos desde Menendez hacia abajo. 
Seguir el ejemplo de Marina, la lucha de su familia por su aparición con vida, la de nuestro pueblo por Justicia, es ir por TODO; inclaudicables, sin dar tregua. 

¡QUE SE ABRAN LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA! Queremos saberles todos los nombres, todas las órdenes. 
QUEREMOS JUSTICIA COMPLETA. 
Marina: presente!!

jueves, 22 de noviembre de 2012

Apelan la libertad provisional de Blaquier y Lemos

El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario el pasado 15 de noviembre, pero lo dejó libre. Se presentará el recurso.

Los abogados que llevan adelante la querella contra Carlos Pedro Blaquier, acusado de participar directamente en los operativos de desaparición de militantes y trabajadores del ingenio Ledesma durante la dictadura militar, apelarán hoy la resolución del juez federal Fernando Poviña de mantener la libertad del empresario, y reclamarán su detención inmediata. Por otro lado, el pedido también se extenderá al ex administrador de la planta, Alberto Enrique Lemos, sindicado como "partícipe secundario" de aquellos operativos. Los letrados entienden que Lemos, debido a su alta responsabilidad en áreas logísticas de la firma, fue una pieza clave para que las camionetas de Ledesma hayan sido utilizadas en los secuestros masivos de la Noche del Apagón (en rigor, razias que duraron varios días, entre el 20 y el 27 de julio de 1976), y que el término "partícipe secundario" le queda chico. 

Para los abogados, tanto Blaquier como Lemos son "coautores mediatos" de las desapariciones, en un mismo plano de responsabilidad al de los uniformados que secuestraron y torturaron.
El conjunto de letrados trabajó en la apelación durante toda la tarde de ayer, y adelantó a Tiempo Argentino los contenidos principales de lo que hoy presentarán en los tribunales federales de Jujuy. La redacción final estuvo coordinada entre el grupo de abogados que se desempeña en esa provincia, encabezado por María José Castillo, y un grupo asesor especial desde Buenos Aires, que conforman Ernesto Moreau, Oscar Rodríguez y Antenor Ferreyra, entre otros miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
 
En su resolución del pasado 15 de noviembre, Poviña procesó a Blaquier por considerarlo "responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada" contra 26 personas "en grado de cómplice primario", pero optó por "mantener la situación de libertad provisional" del imputado. En el caso de Lemos, su procesamiento lo sindica como "partícipe secundario". "Apelaremos por entender que ambos son coautores mediatos, en momentos en que tenían enorme poder económico y político para hacer lo que hicieron. Jujuy es una prueba contundente de que lo vivido en la Argentina después del golpe de Estado de 1976 fue una dictadura cívico militar", 
 
Por: Daniel Enzetti

martes, 20 de noviembre de 2012

El empresario cómplice

Los fundamentos del fallo que dictó el procesamiento de Pedro Blaquier.

El juez Fernando Poviña apeló a hechos juzgados en el Tribunal de Nuremberg para explicar la colaboración de grandes empresas con Estados que pusieron en práctica un genocidio. Esa responsabilidad fue considerada imprescriptible.

 Por Adriana Meyer

El juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado fue demostrando que hubo capellanes cómplices e incluso jueces partícipes de tales delitos de lesa humanidad. A partir del fallo del juez federal Fernando Poviña por los secuestros en Jujuy de Luis Arédez y otras 28 personas durante la Noche del Apagón, se abrió el capítulo de la complicidad empresaria con la dictadura. Más allá de la valoración de gran cantidad de pruebas –documentos, testimonios, películas– y de una sustanciada descripción del contexto histórico, el joven magistrado tucumano agregó a los ya conocidos antecedentes de los juicios a empresarios derivados de las sentencias de Nuremberg el desarrollo de casos en los que se afianzó una doctrina referida a la “complicidad corporativa como forma de responsabilidad penal”. Y concluyó que “en el plano internacional, la responsabilidad penal de los ejecutivos de las empresas como cómplices de graves violaciones a los derechos humanos ha sido largamente reconocida”.

En sendas resoluciones (Arédez y Noche del Apagón), el juez Poviña dio por probados los hechos y desarrolló el marco jurídico en el que ubicó la imputación contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su administrador, Alberto Lemos. La situó entre los delitos de lesa humanidad contemplados en el Derecho penal internacional, para dejar sentado que son imprescriptibles, y mencionó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la anulación de los indultos.
Socios de genocidas

Poviña pasó luego a reseñar las formas de participación en el Derecho penal internacional, para demostrar que “la participación como responsabilidad individual por crímenes de lesa humanidad no es una cuestión de reciente data, sino que tuvo un intenso desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los juicios internacionales realizados por el Consejo Aliado para juzgar a los criminales del Eje, como asimismo por los Estados Unidos en contra de generales y civiles japoneses acusados de delitos internacionales”. En tal sentido citó a Héctor Olásolo: “Los estatutos del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fueron los primeros en introducir en el Derecho penal internacional ciertas reglas básicas relativas a la responsabilidad penal individual”. Y retoma Poviña: “La jurisprudencia de Nuremberg no distinguió entre autor principal y accesorio sino que más bien consideró cualquier forma de participación actual en el crimen como suficiente para considerar al partícipe responsable”. Por ejemplo, en el principal juicio de Nuremberg, el empresario alemán Gustav Krupp fue originalmente acusado junto con la jerarquía del gobierno del Partido Nazi y los líderes militares, y escapó a la Justicia sólo por razones de edad y enfermedad, pero en un juicio posterior fue condenado a doce años de prisión el segundo a cargo de la empresa, su hijo Alfried Krupp.

El fallo recordó que el Tribunal de Nuremberg también aplicó el criterio del conocimiento a los condenados en virtud de una teoría de la complicidad de la responsabilidad a tres ejecutivos de la empresa IG Farben que estuvieron involucrados en la construcción de una fábrica de trabajo esclavo en Auschwitz. Y en otro caso trascendental, el industrial civil alemán Friedrich Flick fue condenado por sus vitales contribuciones financieras a las Schutzstaffel (SS) bajo dirección del jerarca nazi Heinrich Himmler, cuando se logró demostrar su pleno conocimiento sobre las sanguinarias actividades de ese grupo de tareas.

En 1950, reseña el fallo del juez, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU elaboró un informe recopilatorio de estos procesos, en el que se señala que “la complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o de un crimen contra la humanidad (...), es un crimen de Derecho internacional”. A partir de allí se fue demarcando cada vez más la diferencia entre la autoría y la participación, y alcanzó su máximo desarrollo a mediados de los años ‘90 en los fallos de los Tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. Además, el Estatuto de Roma –sancionado en 1998 y que entró en vigor en julio de 2002– adopta esta distinción en su articulado, al igual que la Corte Penal Internacional.

El juez Poviña dedicó un apartado a la complicidad corporativa como forma de responsabilidad penal. “La punición penal internacional –dice el magistrado–, desde sus tempranas manifestaciones en Nuremberg y Tokio hasta los tribunales contemporáneos, no se ha focalizado tanto en el autor material o de primera línea (torturadores, sicarios, verdugos, etc.), sino en reprimir a los líderes y dirigentes, que en la generalidad de los casos han sido definidas como personas urbanas y sofisticadas, con poca o nula experiencia en matar y torturar.” El desafío, entonces, fue elaborar una teoría penal para demostrar que algunas relaciones comerciales con los autores principales de tales crímenes podían llegar a ser consideradas como la “verdadera contribución significativa que ameritase un reproche penal”. En el caso del Zyklon B (gas usado como herramienta de exterminio por los nazis en los campos de concentración), se condenó a dos altos funcionarios de una empresa (Tesch y Weinbacher) por haber vendido el producto letal, responsabilizándolos por un comportamiento accesorio a los crímenes de guerra, bajo el argumento de que los empresarios comercializaban el pesticida con pleno conocimiento de que estaba siendo utilizado con un propósito criminal.
En América Latina

Poviña destacó que, en consonancia con el plano internacional, los tribunales norteamericanos han establecido progresivamente la “responsabilidad corporativa por complicidad”, basándose en el Derecho de Gentes, a partir de reclamos de víctimas de graves abusos y violaciones a los derechos humanos en que se vieron involucradas empresas y entidades financieras, aun cuando dichos crímenes hubieran acontecido en territorio extranjero. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos en el caso Unocal estableció los criterios de la responsabilidad por complicidad bajo tres criterios. “Bajo estos parámetros, en un caso de similares características al que nos ocupa, la Compañía Minera Australiana Río Tinto fue denunciada por complicidad en graves violaciones a los derechos humanos por haber provisto a sabiendas al ejército de Papua Nueva Guinea de vehículos y helicópteros para llevar a cabo operaciones de traslado forzoso de comunidades originarias que se negaban a abandonar sus territorios sagrados para la explotación de la mina, aun cuando los crímenes internacionales cometidos por los militares papuenses en esa época ya eran de público conocimiento a nivel mundial”, dijo el magistrado al referirse a un fallo que está pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Blaquier: cómplice en primer grado

El procesamiento de Blaquier también “es un giro sustancial en la Justicia”

Así lo aseguró el fiscal general, Jorge Auat, para quien esa medida judicial “abona nuestro reclamo” ante el Consejo de la Magistratura contra el anterior magistrado de la causa, Carlos Olivera Pastor, quien “entorpecía el avance de los juicios" en Jujuy. Por su parte, el fiscal de la causa Pablo Pelazzo, afirmó que la decisión "marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad de civiles" en el terrorismo de Estado, y la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, opinó que, a partir de ahora, "la Justicia sabrá determinar la responsabilidad", tanto de Pedro Blaquier como de su exgerente administrativo Alberto Lemos.

Auat, también titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, recordó los reclamos efectuados tanto al Consejo de la Magistratura como a la Corte Suprema que determinaron la renuncia de Olivera Pastor y la designación de Fernando Poviña. "Más allá de los trámites y de lo que significa una causa intrínsecamente, lo que queda expuesto es la anomalía de un sistema que era necesario visibilizarlo y que desde esta Unidad exhortamos para que los funcionarios judiciales actúen con celeridad en estas causas que luchan contra la impunidad biológica", señaló.

Es que Poviña fue quien dictó el procesamiento del empresario dueño del ingenio Ledesma por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio y violación de domicilio" como parte de los operativos de las fuerzas represivas. Además dictó un embargo por 11 millones de pesos para Blaquier, mientras que en el caso de Lemos el embargo alcanza a 5 millones y medio de pesos.

El fiscal Pelazzo también elogió la decisión, consideró "muy importante que se haya evaluado que existen pruebas fuertes en relación a la comisión de esos delitos" e interpretó que "el procesamiento de ambos implica que se confirman los elementos presentados en la causa".

Por su parte, Inés Peña, de Madres de Jujuy, destacó que los procesamientos fueron producto de resultado de "medidas de carácter técnico, abogados, como de la lucha política en defensa de los principios como memoria, verdad y justicia por los derechos humanos".

"El juez Fernando Poviña ha comprendido el reclamo de familiares y la Noche del Apagón no es un mito, sino un hecho trágico, una tragedia social", opinó la mujer, quien remarcó que desde la organización que representa "no queremos venganza, tampoco nos alegramos, lo tomamos con responsabilidad".

Señaló además que Blaquier y Lemos "tendrán la garantía de defenderse" y nosotros vamos a "continuar nuestra lucha hasta llegar a la verdad por otros hechos también".

jueves, 15 de noviembre de 2012

Blaquier, procesado por los secuestros en Jujuy

Complicidad civil con la dictadura

El dueño del ingenio Ledesma está imputado por su participación en la privación ilegal de la libertad de 29 personas durante la dictadura. El procesamiento alcanza también al ex administrador general de la empresa, Alberto Lemos, como partícipe secundario. Incluye la causa por la desaparición del ex jefe comunal de Libertador San Martín, Luis Arédez, y 26 secuestros durante la llamada "Noche del Apagón".

El juez Federal N° 2 de Jujuy, Fernando Luis Poviña, dictó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, acusado como partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en 29 casos, ocurridos durante el último gobierno militar.

En las mismas investigaciones también resultó procesado Alberto Lemos, a quien se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de partícipe secundario. Blaquier fue embargado por 11 millones de pesos y Lemos por 5 millones y medio. Ambos mantendrán la libertad provisional, pero no podrán salir del país.

El fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo, informó que ambos fueron procesados por 26 hechos en la causa Luis Burgos y 3 en la causa Luis Arédez, ex jefe comunal de Libertador San Martín.

La llamada “causa Arédez” tiene cinco víctimas, secuestradas de sus casas la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal del ejército y de la policía. Eran Luis Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. La quinta fue Carlos Alberto Melían, que no estaba en su casa, pero lo secuestraron finalmente el 9 de abril. En los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma SAAI, en los que también se trasladó a los nombrados”, dice la presentación de la fiscalía. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó con lógica de centro clandestino. Recibieron torturas, les derramaron agua caliente sobre el cuerpo y latigazos en las zonas íntimas en el trayecto a los baños. El 7 de octubre de 1976 los llevaron a la Unidad 9 de La Plata.

Todos fueron liberados en distintos momentos, pero a Arédez lo volvieron a secuestrar. Lo soltaron el 5 de marzo de 1977 y lo secuestraron de nuevo el 13 de mayo de ese año, en la Ruta 34, cuando volvía del Hospital Escolástico Zegada de Fraile Pintado. Según la causa, Arédez fue interceptado por otro vehículo y desde entonces permanece desaparecido.

La otra causa incluye a treinta víctimas de la Noche del Apagón. Los secuestros se produjeron entre el 20 y el 23 de julio de 1976 en Ledesma, y seis personas permanecen desaparecidas. Son Tomás Córdoba, los hermanos Miguel Angel y Horacio Garnica, Jhonny Vargas Orozco, Salvador Cruz y Román Patricio Rivero.


 Según la resolución, la investigación no está cerrada, sino que debe continuar sobre el resto de las acusaciones realizadas por el fiscal Pablo Pelazzo y las querellas. Están pendientes la imputación por tormentos y homicidios y el pedido de detención.

Hasta ahora, las resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad hicieron hincapié en la persecución política e ideológica de la última dictadura, explican desde el juzgado. Esta resolución intenta modificar conceptualmente la forma de concebir la confluencia de intereses entre el sector empresario y los militares. Ese es el corazón del escrito. Luego analiza la contribución de Ledesma, marcada especialmente por el aporte de vehículos para trasladar a los detenidos en forma ilegal en el contexto de dos expedientes: 1) la llamada “causa Arédez” y 2) la causa conocida por “la Noche del Apagón”.

1) En la causa Arédez, los procesaron por tres de las cinco víctimas. Fueron detenidas el 24 de marzo, las llevaron a la cárcel de Villa Gorritti, luego a la Unidad 9 de La Plata y las dejaron en libertad. Todos eran dirigentes sindicales conocidos y quedó demostrado que con tres de ellos usaron las camionetas de la empresa para los traslados. Todos fueron individualizados, detenidos de forma aislada, y en general en sus domicilios.

2) El otro expediente son las víctimas de las noches de apagones del 20 al 27 de julio de 1976. Aunque no son todas las víctimas, el procesamiento probó la complicidad de los empresarios en 26 traslados. Así como las otras estaban “invididualizadas”, estos secuestros fueron colectivos. “Las detenciones fueron masivas y, en ese caso, donde para poder hacer todo eso la policía provincial contaba con poco parque automotor, necesitaban más vehículos, porque eran muchas las personas que se iban a detener”, explica una fuente de la causa. “Ellos no eran los ‘referentes’ sindicales sino los que quedaban ‘por las dudas’: tenían algún tipo de vínculos con la empresa o familiares, no eran las personas individualizadas como parte de la lucha sindical”.

El aporte “doloso” quedó fundado en las pruebas que demuestran la persecución que ejerció Ledesma sobre los trabajadores. Entre ellas está el material que recogió el juzgado en los allanamientos, como los legajos con indicaciones de filiación política y biográfica de los delegados y obreros. Y los informes que demuestran que iban siguiendo el recorrido interno de los detenidos. El caso de Arédez es especialmente representativo porque todas las pruebas indican que su persecución se fundó en el importantísimo rol que tuvo a nivel sindical la reivindicación de derechos sociales y la decisión de cobrarle impuestos a la empresa, como lo dijo una y otra vez su mujer, Olga Arédez, hasta su muerte, una figura que también es destacada en el procesamiento. Blaquier y Lemos hasta ahora fueron procesados por su primer secuestro, todavía queda pendiente el segundo y su desaparición.

El aporte de los vehículos se sostiene en innumerables testimonios, pero además en documentos que permitieron consolidar la prueba: el libro de novedades del destacamento de Orán que marca el ingreso de camiones de Ledesma el día del golpe y, entre otros, un convenio hallado la semana pasada entre el jefe de Gendarmería de la zona y la empresa Ledesma para la provisión del camiones. El jefe de Gendarmería en ese momento era Antonio Domingo Bussi, el convenio es posterior a los hechos, pero para el juzgado vino a blanquear la situación de hecho.

sábado, 13 de octubre de 2012

Los vínculos del terror con Ledesma


Testimonio de Hugo Vondori, ex titular de la Obra Social Azucarera, víctima de la dictadura

Durante cinco horas, Condorí explicó al tribunal de Jujuy que el ingenio, propiedad de Pedro Blaquier, “era considerado como una empresa de interés nacional” por la dictadura. Contó cómo los gerentes intentaron extorsionar a sindicalistas para que se fueran.

Por Adriana Meyer
“Ledesma era considerada (por el gobierno militar) como una empresa de interés nacional”, fue una de las frases con las que Hugo Condorí, ex sindicalista sobreviviente de la dictadura, resumió el fuerte vínculo entre el ingenio de los Blaquier y el terrorismo de Estado. A pesar de haber sufrido sucesivas amenazas e intimidaciones, el testigo prestó una extensa y detallada declaración en el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, antes y después del golpe de 1976.

Condorí, ex presidente de la obra social del Sindicato Azucarero de Ledesma, respondió durante cinco horas las preguntas del Tribunal Oral Federal de Jujuy, y afirmó que “era terrible la vinculación del Estado con la empresa” Ledesma. Dijo que el propio brigadier Teodoro Alvarez, ante una pregunta que le hizo el ex comandante de la Fuerza Aérea y encargado de seguridad de la empresa, le respondió que Ledesma es “una empresa de interés nacional”.

En cuanto a las víctimas cuyos casos están siendo juzgados, el testigo recordó que la desaparición de Jorge Weiss y Carlos Ernesto Patrignani ocurrió cuando fueron sacados del penal de Barrio Gorriti de Jujuy y “no volvieron”. Sostuvo que uno de los gerentes de Ledesma, el fallecido Mario Paz, le ofreció un “portafolio lleno de dinero” a Weiss para que se fuera de Libertador San Martín y dejara de trabajar en la empresa. Lo mismo le pasó a él, pero ambos se negaron a aceptarlo. Luego explicó que a Weiss el propio gremio lo dejó sin cobertura porque ya había sido intervenido.

Tal como había indicado en su testimonio durante la instrucción del caso, Condorí relacionó la desaparición de Luis Arédez, ex intendente de Libertador General San Martín, con sus exigencias a la empresa Ledesma para mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores y con haber logrado cobrarle impuestos a esa firma, al menos durante el breve período de su mandato.

Sobre sus propios padecimientos, contó que la primera detención que sufrió se produjo a fines de 1972, por parte del grupo encabezado por “el Astiz Jujeño”, un policía federal ahora detenido que identificó como el “El gaucho” Martín, en la calle Belgrano, entre Otero y Sarmiento. En cuanto a la segunda detención, dijo que fue en abril de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando presidía una comisión de huelga del ingenio. En esa oportunidad fue llevado al penal de Gorriti, y mencionó al oficial Américo Lezcano, como quien lo detuvo, hasta que logró luego una libertad limitada. Y sobre los imputados del juicio –Rafael Braga, José Bulgheroni y Antonio Vargas– apuntó que no los conoció, pero sabía que formaban parte de la cadena de mandos del área 323, cuyo jefe era el coronel Néstor Bulacios.

“La información que aporta Condorí y el contexto histórico de su relato ubica claramente que los motivos de los secuestros de Arédez y las demás víctimas tuvieron su origen en el enfrentamiento que tenían con la empresa Ledesma”, dijo a Página/12 el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Y precisó que pedirá al tribunal copia para agregar este testimonio a la causa en la que está siendo investigada la presunta participación de Carlos Pedro Blaquier y otros empleados jerárquicos del ingenio en la denominada Noche del Apagón y otros delitos de lesa humanidad ocurridos en Ledesma durante la dictadura.

“Hemos vivido una jornada muy intensa, Hugo Condorí hizo una denuncia contundente de todos los vejámenes y violencias a los que fueron sometidos los trabajadores azucareros, y detalló cuál fue el papel del ingenio Ledesma y toda su complicidad en la política represiva de la dictadura”, dijo desde Jujuy el diputado nacional Juan Carlos Junio, del Frente Nuevo Encuentro que integra el ex gremialista, tras acompañarlo ante la Justicia. Junio hizo referencia a los ataques que sufrió el testigo y su familia, uno de ellos a pocas horas de haber dado una entrevista a este diario. “Como sabían que su testimonio era trascendente quisieron doblegarlo a través del miedo, intentaron secuestrar a uno de sus nietos, amenazaron a una de sus hijas y sufrió otras agresiones directas, pero no lo quebraron y su declaración fue un acto de conciencia y valentía”, expresó.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Testimonio clave de ex preso que fue torturado junto con “Rudy” Miguel


Se trata del doctor Carlos Gallardo, quien aportó datos a la investigación sobre la desaparición del ex diputado provincial.

El abogado Gallardo y Eduardo, hijo del desaparecido “Rudy”.

El doctor Carlos Gallardo fue uno de los testigos claves en torno a la causa sobre la desaparición de “Rudy” Miguel. El abogado contó ayer que estuvo preso junto al ex diputado santiagueño en las celdas de la Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán. Gallardo resaltó los valores humanos de Miguel, al decir: “Un tipo valiente, con coraje, que se interesaba por los demás”. Luego recordó que “en varias oportunidades, cuando estuvimos detenidos, me preguntaba cómo estaba”. 

Ante el Tribunal Oral Federal, el doctor Gallardo reveló que “Rudy” Miguel le contó que había sido detenido el 23 de noviembre del año 1976 en Las Termas, pero que no había visto las caras de sus secuestradores. 
“En la noche del 5 de enero de 1977, nos sacaron de las celdas del centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, nos hicieron hacer un trencito y muchos de los que no volvieron, como el caso de ‘Rudy’ Miguel, están hoy desaparecidos”, reveló el doctor Gallardo. 

Pedido 
Uno de los momentos más emotivos y fuerte que se vivió tras la declaración de Gallardo fue cuando recordó que “poco antes de desaparecer, ‘Rudy’ me pidió que si lograba zafar de ésta, le contara a su familia de todo lo sucedido”. 
“Lo único que se escuchaba en ese centro clandestino de detención eran los golpes y los gritos de las torturas”, precisó. 

El doctor Gallardo dijo que venía a declarar en la Megacausa porque siente que de esa manera está haciendo honor a los lazos de amistad que se formaron mientras estuvo detenido en la Jefatura de Policía de Tucumán junto a “Rudy” Miguel. 

Al salir del recinto, Gallardo se estrechó en un fuerte abrazo con el hijo de “Rudy”, Eduardo Miguel. Las lágrimas del hijo del ex diputado desaparecido, brotaron. Ante la prensa, Gallardo remarcó que no es la primera vez que mantiene contacto con la familia Miguel, sino que lo hizo en varias oportunidades. 

“Abdala fue quemado...”
Isabel del Valle Leiva fue una empleada doméstica de la familia Abdala Auat. 
En el testimonio de ayer, dijo que, “por comentarios, supe que el doctor fue quemado en los hornos de la FACA”, una fábrica de carbón activado de la localidad de La Banda. “Por comentarios de la familia, se supo que el cuerpo de Abdala Auat fue quemado en los hornos de la FACA, aunque sus restos nunca fueron encontrados”, dijo Isabel del Valle Leiva. 

Leiva recordó que días previos a su desaparición, el abogado “recibió amenazas y le pedían que dejara el caso del Nuevo Banco”.

domingo, 7 de octubre de 2012

"Las últimas pruebas justifican que Blaquier sea procesado ya"


Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez, explica que el empresario no sólo apoyó a la dictadura, sino que tuvo un papel clave en la represión provincial.

Por Daniel Enzetti

Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez y representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a nivel nacional, solicitará esta semana ampliar la denuncia contra Antonio Orlando Vargas, jefe del penal jujeño de Villa Gorriti donde permaneció secuestrado el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, en 1976. En este proceso, el represor figura como imputado por "privación ilegítima de la libertad calificada", un cargo que Rodríguez definió de "ridículo, si tenemos en cuenta la información de mayor gravedad que incorporaron los últimos testimonios". 

Vargas tiene hoy 70 años, sus camaradas siempre lo llamaron "Tono", y se retiró de las Fuerzas Armadas con el grado de mayor. En los años de plomo fue el hombre fuerte puesto por la dictadura en el Servicio Penitenciario de Jujuy, que eligió Gorriti como una de las principales cárceles clandestinas de la región. "Lo vamos a acusar por torturas y tormentos –adelantó el letrado a Tiempo Argentino–, porque surgieron datos que demuestran el castigo no sólo sufrido por Aredez, sino además por el grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron secuestrados junto con él."
La causa iniciada en los tribunales que encabeza el juez federal Fernando Poviña se caratula "Aredez, Luis Ramón y otros", e investiga, además del caso del ex intendente, las detenciones ilegales de Ramón Luis Bueno, Antonio Felliú, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. 
La querella buscará la mayor pena posible para el genocida, pero en realidad sus expectativas están puestas en las pruebas que este expediente viene aportando para el juicio que tendrá como protagonista al empresario Pedro Blaquier, dueño de Ledesma. "El material que se agregó el mes pasado es suficiente como para que a Blaquier lo procesen ya mismo", explicó Rodríguez a este diario. Y agregó: "Son muchísimos los datos que estamos utilizando para fundamentar la idea que Blaquier, además de colaborar con la dictadura, fue un engranaje fundamental dentro del aparato represivo de la provincia."
El secuestro de Aredez y el grupo de operarios, según la reconstrucción de los hechos, fue comandado por el coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y del Área 323. El operativo contó con camionetas de Ledesma, personal de la policía provincial y efectivos del Ejército. Otra de las tareas de los abogados querellantes apunta a determinar el papel que desempeñaron varios integrantes de las fuerzas de choque, como el mayor Donato Arenas, un comisario de Libertador de apellido Alfaro, y el teniente primero Horacio Domingo Marengo. Este último fue el que ordenó el traslado de los detenidos de Gorriti al aeropuerto El Cadillal, para ser llevados en avión a la Unidad 9 de La Plata. "Fueron golpeados con palos y patadas, les vendaron los ojos, los amenazaron con ser tirados del avión", y en la U9 "fueron objeto de severos castigos por parte del personal penitenciario", quedó asentado en el escrito judicial. 
"A Aredez le ataron las manos y los pies con alambres –relató Rodríguez–, lo golpearon y tenía toda la ropa desgarrada. Cuando entró al penal de Villa Gorriti pesaba 80 kilos, y al salir no llegaba a 60. No tenemos dudas que esas fueron las consecuencias de la tortura."
En la comisaría instalada dentro del Ingenio, Gainza recibió una advertencia: "Es mejor que acá te portes bien porque si no, te reventamos", le dijo el comisario. 
A medida que se acerca el procesamiento de Blaquier, las contradicciones entre los miembros del Ingenio sobre el famoso tema de las camionetas se agudizan. Alberto Lemos, administrador de Ledesma, reconoció que la empresa puso a disposición de la dictadura sus vehículos para los operativos, con la idea de "limpiar el país de indeseables". Pero ahora, la fábrica fogonea la versión de que en la Noche del Apagón "las camionetas habían sido donadas", y "ya no pertenecían a la planta". El abogado afirma que "estamos frente a una maniobra bastante burda, y es evidente que quieren confundir. Dicen que los camiones no eran de ellos, a pesar de que mostraban la identificación. Pero olvidan un detalle: los choferes que manejaban, que también pertenecían a Ledesma. Ahora, lo único que falta es que Blaquier diga que los había despedido, y que en el momento de los secuestros ya no formaban parte de su personal."
Rodríguez lleva adelante la querella contra Blaquier junto a su colega Pablo Pelazzo y a un grupo de letrados que asesoran en la causa, como Juan Manuel Sivila (representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Ernesto Moreau, Beinusz Szmukler, Antenor Ferreyra y Carlos Slepoy. 
"Si yo tuviera que definir el siguiente paso en el tema Derechos Humanos y Justicia –afirma–, pondría el acento en investigar y llevar a juicio a la pata civil de la dictadura, y no estoy hablando sólo de actores económicos. Los médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos e intervinieron en partos clandestinos, y los jueces que acomodaron o taparon procesos en aquella época, son otros ejemplos de ese engranaje represivo. Y no olvidemos los casos de San Nicolás, de Tandil, y de la complicidad de la empresa Loma Negra."
"La indagatoria a Blaquier –sostiene– y la posibilidad de procesarlo, son cosas trascendentes en una provincia donde la impunidad duró décadas enteras. Pero hay que estar atentos, porque el poder empresario vinculado a esa impunidad sigue bien parado. El mensaje mafioso a Antenor fue una advertencia." La semana pasada, Tiempo informó sobre una serie de amenazas sufridas por Ferreyra en su estudio y casa particular, de donde robaron celulares con datos referidos a la causa jujeña y otras en las que interviene el representante de la APDH. En uno de los llamados anónimos, al hijo del abogado le dijeron que su padre estaba secuestrado, y que como prueba recibiría "un dedo". Los apretadores habían hecho inteligencia: sabían que Ferreyra estaba en Mendoza recorriendo cárceles y recibiendo denuncias por torturas a detenidos, y lo dejaron claro en otra de las comunicaciones telefónicas.
"Cada juicio de lesa humanidad es un gran acto pedagógico –explica Rodríguez–, y por eso es tan importante que se multipliquen. Porque ahí vos tenés a las víctimas, a los que sufrieron, que te cuentan todo de primera mano. Es la única forma de dimensionar lo terrible que fue la dictadura. Como decía Jean Paul Sartre, hay una diferencia sustancial entre conocer y comprender. Uno puede conocer aspectos de la represión, los asesinatos, el robo de bebés, pero comprender sólo se logra mirando a las víctimas a los ojos, y escuchándolas."
Y finaliza: "Nunca antes, desde el progresismo, habíamos pensado al Derecho como interpelador del poder, y los tiempos actuales dan esa posibilidad. En Jujuy confluyeron varias cosas para que eso se esté logrando. Por un lado, el trabajo de los organismos de Derechos Humanos y de la gente movilizada, y, por otro, la decisión política de un Estado Nacional que supo canalizar ese esfuerzo."

sábado, 22 de septiembre de 2012

Un testigo reconoció a sus secuestradores en las oficinas del Ingenio Ledesma

Jujuy al día® – El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó el relato de un testigo y a la vez víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura, quien dijo que a dos de sus secuestradores los volvió a encontrar en la oficina de personal del Ingenio Ledesma -donde trabajaba como empleado de abastecimiento-, y uno de ellos, intimidándolo, le hizo ver un arma de fuego que portaba en la cintura.

Ernesto Reinaldo Samán, declaró ayer en la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad, donde están imputados tres ex militares acusados de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura: Orlando Vargas, director del Penal de Jujuy, y los represores Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, ambos de inteligencia del Área 323.

Relató Samán que luego de una semana en la Central de Policía de Jujuy tras haber pasado por la comisaría de Ledesma, secuestrado por “dos hombres de traje negro el 24 de junio de 1976″, y luego de “recobrar la libertad en una semana”, volvió a la fábrica y se presentó.

Por equivocación, relató, entró a la oficina de personal y “ahí estaba el jefe de personal, Peverelli, y me dice qué hace aquí Samán; estaba con los dos hombres que me habían secuestrado de la puerta de la fábrica”.

El 21 de julio de 1976, el día siguiente del comienzo de la Noche del Apagón, operativo de grupos de tareas que duró una semana, acudió a la comisaria seccional 24, y quedó detenido “a cargo de los militares”.

De Ledesma, Samán fue traído a la central policial de Jujuy y por primera vez escucha el nombre del represor Braga, siendo trasladado al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, donde lo torturaron junto a otros detenidos de Ledesma y Calilegua.

No sólo escuchó en el lugar llanto de mujeres que eran abusadas sexualmente sino también el de un detenido de apellido Córdoba, del que dijeron “mirá como habla”, y “lo violaron”.

Tras 13 días de torturas lo llevaron al Penal de Gorriti en donde el obispo JoséMiguel Medinaquiso confesarlo, pero se negó porque lo había reconocido en Guerrero. El 7 de octubre del 76 fue llevado a la unidad penal de la Plata donde fue torturado.

Samán de La Plata es trasladado a Sierra Chica, donde fue “rehén, junto con otros detenidos por si le pasaba algo a algún jefe militar”, siendo liberado el 8 de abril de 1978.

A su regreso a Libertador lo convocaron del cuartel RIM 20, donde lo recibió el represor Eduardo Bulgheroni, quien le dijo que no se aflija porque “ya hablamos con Ledesma”, por el trabajo, pero lo invitaba a “colaborar” con la represión haciendo de “informante”.

Desechó el segundo ofrecimiento, volviendo al ingenio, y de personal calificado fue destinado a tareas de limpieza.

En la jornada de hoy también declaró Julio Moisés, actual intendente de Sa nPedro de Jujuy, quien fue detenido el 24 de marzo de 1976 y liberado el 23 de diciembre del mismo año, desde la jefatura de policía, tras haber pasado por el Penal de Gorriti.

Moisés dijo que la cabeza de la represión en Jujuy fue “Bulacios, Jones Tamayo, y que Dios me perdone si no es cierto, el obispo Medina”. Moisés relató que no fue torturado.

Durante su cautiverio fue llevado varias veces ala Policía Federal para ser interrogado, a veces dentro del Penal donde a veces estaba Jones, dando cuenta de la presencia de Vargas, Bulgheroni y el mayor Arenas, por aquel entonces Jefe de la Policía.

“Todos los hombres de las fuerzas armadas de Jujuy estuvieron comprometidos con el terrorismo de Estado”, aseguró, y sobre los sacerdotes que se desempeñaban en la provincia dijo que “eran peores que los militares en ese entonces”.

El jefe comunal relató que el día que los iban a liberar lo trasladaron “desde el Penal a la central, junto con el dirigente sindical Calapeña, Jorge Weis y Petrignani”, y precisó que los dos últimos “quedaron ahí y están desaparecidos” hasta hoy.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Jorge Isaac Ripoll del Pino: Represor detenido

El capitán retirado Jorge Isaac Ripoll del Pino, segundo en jerarquía en el área militar 323 durante la última dictadura, quedó detenido ayer luego de abstenerse de testimoniar ante el juez federal subrogante de Jujuy, Fernando Poviña. 

El militar se desempeñó como secretario del jefe del Area 323, coronel Néstor Bulacios, interventor militar de la provincia tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de quien dependía la vida de los detenidos.

 Ariel Ruarte, querellante por la familia del desa-parecido Luis Arédez, manifestó  que Ripoll del Pino era el segundo en la línea de mando después de Bulacios y le seguían los tenientes Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni. 

Ambos integraban el área inteligencia y fueron mencionados por la mayor parte de los testigos del juicio oral como partícipes en secuestros y torturas.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Cruentos testimonios en las audiencias de los juicios por violaciones a los derechos humanos

Los rostros de dos de los desaparecidos.
Este viernes, en la audiencia Nº 18 del juicio por delitos de lesa humanidad, comparecieron ante el Tribunal Oral Federal, testigos correspondientes a las causas Aredez y otros, Galeán y otros y Aragón y otros. Una de los revelaciones más conmocionantes de la jornada fue realizada por la prima de Olga Márquez Aredez. Nelly Márquez señaló que un hombre apodado “El turco” le relató en el 2004 -durante un encuentro en Libertador- que a Luis Aredez “lo levantaron en una camioneta de Ledesma, lo llevaron atrás del Ingenio, cerca de unos cañaverales, lo hicieron arrodillar y le dieron dos tiros en la nuca. Yo creo que lo enterraron vivo, ahí mismo”. Es la primera vez que durante el juicio aparecen datos referidos al destino final de Aredez.

También durante la jornada declararon Patricio Vidal Lazarte, una víctima sobreviviente de la causa Aragón; Juan Anún, un ex trabajador de LedesMa, quien no aportó datos sobre las causas y Jorgelina Díaz, esposa del policía sampedreño Narciso Santiesteban, víctima desaparecida de la causa Aragón. La mujer –en un conmovedor relato- dio detalles de todos los padecimientos que soportó tras la desaparición de su esposo, un joven policía que militaba en la JP y que, por los datos recabados hasta ahora, habría sido desaparecido por disposición del ex Tte. Bulgheroni.

Jorgelina Díaz, esposa del detenido desaparecido Narciso Santisteban “Chichi“, recordó que la última vez que vio a su marido fue en abril de 1977 cuando a él lo llamaron desde Libertador en forma urgente porque se había desbordado un río, él se despidió de sus dos hijos pequeños y de ella diciéndole “negrita yo no quiero ningún error”, y nunca más volvió.

Relató que al ver que su esposo no volvía se presenta en la Comisaría de Libertador General San Martín donde un oficial le dice que Santiestéban estaba detenido en la Central de Policía de San Salvador de Jujuy y que la detención se debía a una orden militar.

“En la central me atendió Jaig, me dijo que mi esposo estaba detenido incomunicado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que no iba a poder verlo hasta que haga los trámites correspondientes, pero nunca lo pude ver”, luego le informan a Jorgelina que su esposo había sido trasladado al Penal del Barrio Gorriti y que para verlo debía ir el día domingo.

La testigo contó que junto a su cuñada y sus dos hijos se presentaron en el penal el día domingo llevando comida y ropa para Narciso, “ese día fue bochornoso, porque los desnudaron a mis hijos, a mí y a mi cuñada, yo les dije que solo quería ver a mi marido y me dijeron que tenía que sacar una orden para verlo, les decía por favor déjenme pasar, aunque sea un momentito, pero nos tuvimos que volver”.

Después Jorgelina comenzó a recorrer el GAM 5 y el RIM 20 para poder conseguir la orden de visita, recordó que una oportunidad la atendió Bulgheroni quien le entrega un papel escrito a máquina donde decía que su marido había sido liberado a las tres de la tarde, y luego le dijo “debería dejarse de joder si no quiere correr la misma suerte de su marido, me dijo eso pero no le presté atención yo solo quería volver a mi casa con mi marido”, agregó Jorgelina, quien dijo haber visto en otras oportunidades a Bulgheroni pero nunca más la quiso recibir, ni darle noticias sobre “Chichí”.

La mujer relató que debía trabajar para criar a sus hijos, y que se le hacía difícil continuar la búsqueda: “hasta hoy miro los programas de televisión, cuando aparece mucha gente lo busco a él, no hay un lugar donde ponerle una flor, o decirles a mis hijos ahí está sepultado su papá. Hasta ahora espero. Yo quería que sea una pesadilla, que no haya pasado”.

“Me fui enterando cosas de a poco, después de 36 años, un vecino, Robustiano Ávila, que estuvo detenido en esa época, me contó que lo vio a Chichí detenido, mi esposo le dijo que estaba detenido por subversivo, y Robustiano le decía mirá como estás y Narciso le respondió: es porque me picanean todos los días”, relató consternada Jorgelina.

Luego, también narró que otro amigo, Enrique, que en esa época era el encargado de la limpieza de celdas en el penal, le contó que una noche lo llevaron a limpiar una habitación donde había mucha sangre, y que en la de al lado vio a “Chichí” al que lo escuchó gritar, y que quien lo golpeaba le decía “hablá, vamos a traer a tu mamá, a tus hijos y les va a pasar lo mismo”, y que Narciso no contestaba.

Jorgelina expresó que junto a su marido eran jóvenes con muchos sueños, y que a él no le gustaba trabajar en la policía, que lo hacía por necesidad. “Los jóvenes se reunían en mi casa, compartíamos los sueños que teníamos, no eran belicosos ni malintencionados, tenían un pensamiento diferente”.

“Luego de lo que pasó no volví nunca más a Ledesma, la gente en el barrio no me hablaba, no me miraba. Y este año, el 24 de marzo, Juan Meccia me dijo que estuvo detenido con Narciso, que lo vio”, concluyó Jorgelina.

Causa Aragón: relato de un sobreviviente
La jornada comenzó con el testimonio de Patricio Vidal Lazarte, la única víctima sobreviviente de la causa Aragón y otros, donde se encuentra imputado José Eduardo Bulgheroni. Lazarte compareció vía teleconferencia, desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal, donde además esta semana estuvo la doctora  Fátima Ruiz López, miembro suplente del Tribunal.
Vidal Lazarte estuvo afiliado al Partido Comunista, fue secuestrado el 3 de enero de 1977, en horas de la madrugada, de su casa en Ingenio La Esperanza. El operativo estuvo a cargo de personal civil armado. Fue trasladado a la Comisaría de La Esperanza, donde permaneció atado de pies y manos. Luego fue llevado a la Seccional 9na de San Pedro y sometido a sesiones de torturas, algunas en sede policial, otras en un lugar cercano a un río. El testigo que siempre permaneció vendado pudo identificar el lugar por los ruidos del agua y de las piedras. En una de esas sesiones –donde le pedían su “nombre de guerrillero”- padeció un simulacro de fusilamiento.
“Tenía miedo, no entendía por qué me trataban así. Me preguntaban cosas políticas” relató y señaló que luego de estos episodios fue trasladado a la capital jujeña. Uno de los guardias que acompañó su traslado le advirtió entonces “algo vas a tener que confesar porque si no te van a torturar más”.
Estuvo detenido en la Central de Policía de San Salvador de Jujuy. Allí pudo ver -durante una golpiza donde se le corrieron las vendas- a un “señor con la cara quemada”, a quien más adelante identificó como Jaig. “Me dolía todo el cuerpo, había llegado en la mañana y eran las 4 de la tarde y seguían golpeándome” recordó y acotó que entonces un policía joven le acercó “una declaración para que firme, donde pusieron lo que ellos quisieron. Firmé como estaba, para no provocar, tenía miedo”.
De la Central de Policía –donde estuvo alrededor de 2 días- fue llevado al Penal de Gorriti donde estuvo alrededor de 18 meses. Recién a los tres meses de su detención es puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
En el Penal, relató, recibía junto a otros presos, visitas periódicas del teniente José E. Bulgheroni. Entre los detenidos entonces mencionó al doctor Ricardo Ovando, al doctor Carlos Cardozo, a un dirigente obrero de apellido Vega y a Rosa Santos Mamaní.
“Una vez me amenazó de muerte, me reí pensaba que era una broma”, dijo Lazarte quien señaló que insistentemente trató de explicarle a Bulgheroni su situación, pero no fue escuchado. “Calláte porque si no vas a desaparecer”, recordó Lazarte que dijo entonces Bulgheroni.
Recordó a Bulgheroni como “un tipo petulante, con la cabeza erguida que nos miraba desde arriba. Nos daba unas sanatas y no decía nada. Nosotros queríamos saber sobre nuestra situación, cuándo nos iban a liberar”.
El testigo víctima, también  buscó la asistencia del Obispo de Jujuy Miguel Medina. “No,  vos sos comunista” le respondió el cura.
También relató que la Cruz Roja visitó el penal para entrevistar a los presos. En esa oportunidad, antes de ser entrevistado por la gente de la Cruz Roja, Lazarte, fue nuevamente amenazado por Bulgheroni y sus secuaces que vigilaban ese suceso bajo una mirada atenta. “Tené cuidado con lo que vas a decir. Vaya con Dios” le dijeron irónicamente.
Narró el testigo que en la cárcel de Gorriti los presos eran sometidos a requisas periódicas y reveló que en las noches se escuchaba que “sacaban a algunos y después las celdas quedaban vacías”.
18 meses después de su ingreso a Gorriti, en junio de 1978, fue conducido junto a otros presos al Regimiento 20, intuían que iban a ser liberados. En el grupo que fue trasladado al RIM 20 se encontraban también Rosa Santos Mamaní (detenido desaparecido de Tumbaya, en la causa Galeán y otros), Vega y dos hermanos de apellido Sanabria.
Lazarte afirmó que allí en forma individual se fueron entrevistando con Bulgheroni. “Mamaní salió llorando porque le dijeron que si no confesaba le iba a pasar lo mismo que a los otros y no le iban a dar la libertad”, contó Lazarte y aseguró que el resto de los presos recuperaron su libertad, menos Rosa Santos Mamaní que continúa actualmente detenido desaparecido. Lazarte escuchó cuando un militar le dijo a Mamaní “usted se queda”.
Tras estos sucesos, Vidal Lazarte regresó a San Pedro. “Tuve que irme de San Pedro me dijeron que era conveniente que me fuera” narró.

El testimonio de Nelly del Valle Márquez

El segundo testimonio –convocado por la Fiscalía en el marco de la causa Luis Aredez y otros, donde se encuentra imputado Antonio Vargas- fue el de Nelly del Valle Márquez, prima hermana de Olga Márquez de Aredez.
La testigo fue compañera de Olga durante su larga enfermedad. Estuvo con ella en Buenos Aires y después por su solicitud, se trasladó hasta Libertador, a donde insistía en retornar, no obstante las dolencias.
“Durante ese lapso me ha contado muchas cosas, hizo catarsis conmigo”, dijo la testigo y recordó que Olga le había contado que Luis Arédez trabajaba para el Ingenio Ledesma, pero había tenido problemas con la empresa a raíz de la medicación que recetaba y que enojaba a los directivos de Ledesma, porque era onerosa.  Aredez “no quiso acatar las órdenes y ahí comenzaron los problemas”. Tiempo después se produjo su primer secuestro. “Cuando volvió de esa primer detención, estaba anímicamente muy mal, no era el mismo, le habían sacado su personalidad”, dijo Nelly del Valle Márquez.
También recordó que Olga le había relatado las torturas psicológicas que padecía en Ledesma. “Cuando ella volvía de Buenos Aires encontraba todo en orden, pero la computadora, el lavarropa, la heladera, todo estaba descompuesto”.
Nelly Márquez relató que le sugirió a Olga que se fuera de esa ciudad, pero ella no quiso. “No quería, decía que esa era su casa y quería saber que había pasado con su marido”.
Durante su esa estadía en Libertador – en septiembre de 2004- Nelly conoció a Alfredo Tapia con quien trabó una amistad. Un día en la casa de este, llegó una persona a la que apodaban “El turco”. Cuando este supo que Nelly era cuñada de Aredez le dijo: “Le cuento a usted porque su prima no me quiso recibir. Yo sabía que iban a secuestrar a Aredez. Se lo había dicho. Le había dicho que se vaya de Ledesma por un tiempo, porque estaba en la lista”, afirmó. Ante esto Aredez le respondió  “no voy a irme, no tengo por qué, no hice nada”.
“El turco” – durante el encuentro- afirmó la testigo, dijo que le había advertido  a otra gente que se fuera y esas personas hoy estaban vivas y habían podido volver a Libertador. “El Doctor Aredez fue un cabezón, un caprichoso, un tonto y ahora está muerto” acotó “El Turco”.
Ante la consulta de la testigo, esta persona le narró que “a Aredez lo levantaron en una camioneta de Ledesma, lo llevaron atrás del Ingenio donde hay unos cañaverales altos, lo hicieron arrodillar y le metieron dos tiros en la nuca. Yo creo que lo enterraron vivo, ahí mismo. Está enterrado al fondo del ingenio”.
Nelly Márquez dijo que le solicitó a “El turco” que la llevara al lugar donde lo habían enterrado, pero este se negó expresando “para qué si la Doctora no quiere escuchar”.
Después de este episodio, Nelly regresó a la casa de Olga, le contó lo sucedido con “El turco” y Olga muy asustada, le pidió que se fuera de Libertador, que se cuidara, porque temía por su vida. “Estaba muerta de miedo” dijo la testigo y resaltó que pudo comprobar entonces el trabajo psicológico que le hacían a Olga. Al respecto, recordó también que una vez al volver  de San Salvador “la casa estaba ordenada pero los aparatos no funcionaban”, tal como lo había descripto anteriormente Olga.  Pero además, dijo que en Libertador, cuando conocían su vinculación con Aredez, “nadie quería hablar conmigo”.

domingo, 16 de septiembre de 2012

“Me obligaron a renunciar en la cárcel”

 El testimonio de un médico que trabajó en el hospital del Talar del Ingenio Ledesma.

Miguel Angel Vadamar fue secuestrado en Jujuy, voló vendado y atado en el piso de un avión a la Unidad 9 de La Plata. El 16 de mayo de 1979 una escribana de la empresa Ledesma lo visitó en la cárcel en compañía de dos militares y lo obligó a firmar su renuncia.

 Por Alejandra Dandan

Miguel Angel Vadamar trabajó de médico pediatra en el hospital del Talar del Ingenio Ledesma en 1978. Lo secuestraron al final de ese año, estuvo desaparecido en Jujuy, voló vendado y atado en el piso de un avión a la Unidad 9 de La Plata. El 16 de mayo de 1979 una escribana de la empresa Ledesma lo visitó en la cárcel en compañía de dos militares y un hombre del Servicio Penitenciario. Lo obligó a firmar “su renuncia indeclinable” al puesto de “médico pediatra de la Administración del Ingenio Ledesma”. Esa historia quedó dormida hasta que las imágenes del juicio de Jujuy la despertaron. Los datos quedaron documentados en papeles que guardó la familia. Miguel Angel declaró en Santa Fe, donde vive, y su relato acaba de pasar a la Justicia federal jujeña. Para el fiscal Pablo Pelazzo es uno de los testimonios más importantes de la causa al Ingenio Ledesma.

Fiscales y especialistas laborales creen que la escena de la escribana –y por extensión la de la empresa– configura la figura extorsiva por la falta de libertad de acción de la víctima. Consultados por Página/12, compararon la situación con los empresarios obligados a firmar trasferencias de activos mientras estuvieron secuestrados. O los detenidos-desaparecidos obligados a firmar ventas fraguadas de sus bienes.

–¿Cómo llegó a trabajar al Ingenio?

–Yo soy de Santa Fe. Me fui a estudiar medicina a Córdoba, empiezo a militar en el ’73 aproximadamente, en la parte estudiantil. En el ’75, sin saber qué pasaba, empiezo a no tener más contacto con mis compañeros, y releyendo la historia me doy cuenta de cómo fue.

–¿En ese momento no se daban cuenta?

–No. Empecé a desconectarme. Dejé un poco el estudio, y en 1975 con todo el miedo del mundo empiezo a averiguar cómo hacer para seguir, porque para rendir materias en Córdoba, por cada una, teníamos que presentar certificados de buena conducta. La cuestión es que me animo, me dan el certificado y retomo los estudios. Me recibo en marzo del ’78. Yo trabajaba en la construcción y en una playa de estacionamiento del centro. Es ahí cuando conozco a un brigadier que guardaba su auto en la playa. Tenía una cochera y siempre me veía estudiar en la casilla del trabajo. Un día me dice que cuando me reciba le avise. El brigadier se llamaba Rafael Gandolfo. Cuando terminé, le comenté que me había recibido y me dijo: “¿Quiere ir a trabajar al Ingenio Ledesma?”. Yo ya tenía dos hijos y lo que venía de trabajo, lo agarraba.

–¿Qué pasó después?

–Se hizo el contrato a partir de este militar. Se ve que lo arregló todo por teléfono. Llegué mas o menos en agosto de 1978 a trabajar para Ledesma. En ese momento el Ingenio tenía tres hospitales. Uno en la fábrica de papel, alcohol y azúcar en el pueblo Libertador General San Martín; otro en Calilegua, a seis kilómetros, y un hospitalito que estaba a unos 40 o 50 kilómetros hacia Bolivia, en el pueblo del Talar. Me destinan ahí.

–¿Cómo era el trabajo?

–Es un pueblo muy chiquito, lleno de personas, sobre todo de zafreros de Bolivia, de Jujuy y un almacén de ramos generales, era muy poquita la cosa. Mi trabajo era ir todos los días al hospital. Hacer consultorio y atender lo que había que atender. Ahí aprendí a hacer pediatría, hice mis primeras armas en la medicina, veía cómo se moría la pobre gente en la zafra con las picaduras de víboras, he aprendido de todo. Nos trasladaban en camionetas porque la gente vivía en casillas que eran como trenes, en condiciones infrahumanas. La vida de pueblo me gustaba, trataba mucho con la gente. Un día viene la empresa y me da una orden de sacar una cédula de la Policía de la Provincia, y cuando lo hago salta una orden de captura. Ahí es cuando me detienen. Según averigüé después, me saltó la orden porque hacía tiempo había ido a visitar a un amigo a la cárcel de Coronda. Nos detuvieron a mí y a mi esposa.

–¿Cómo fue?

–Me hacen ir a la comisaría. Ahí veo los Falcon, veo camionetas del Ingenio, yo las conocía bien. Estábamos en la comisaría del Talar. Yo era muy respetado por el comisario por ser médico del pueblo, pero ya había unos tipos grandotes con armas largas y me dice: “Discúlpeme, doctor, pero está detenido”. Quedo en manos de otras personas, que empiezan a tratarme mal, me vendan, me llevan a los sopapos hasta los autos, me meten en uno. Después me entero de que otro grupo fue a mi casa, revolvió todo, estaban los chicos presentes. Estaba mi esposa, y antes de que se la lleven a ella les pidió dejar una valija con ropa para los chicos. Nos llevan a nosotros en autos diferentes. En ese momento nos imaginamos que nos mataban. A mí me depositan en un lugar que nunca supe qué fue. Pudo haber sido la Jefatura de Policía en San Salvador, pero estábamos en un pabellón en el que después me entero de que también estaba mi esposa, estuvimos como tres meses incomunicados.

–¿Sería la cárcel de Gorriti?

–La verdad, no sé. Como al mes de estar ahí me enfermo de una infección urinaria, tenía fiebre. Había un teniente que casi seguro es (José) Bulgheroni, me visitaba dos o tres veces a la semana y me mataba a palos. Un día aparece el obispo (José Miguel) Medina con una cruz de oro grandísima y me hace miércoles, verbalmente. Me trata mal, me dice que confiese todo... Yo lloraba. Lloraba porque cuando veo pasar una sotana –ahora soy ateo– me dije: un ser humano que aparece, me puedo descargar. Pero no. Me retó de arriba abajo, me insultó, me dijo que colabore con Dios, con la patria y con los militares, que cuente todo lo que yo sabía porque soy “un inmundo guerrillero”, una cosa así. Estuvo cinco minutos, y se fue. Después llega un traslado. Los traslados eran fuertes, violentos... Me llevan en avión. Me suben vendado, ahí viajé en el piso, esposado y acostado. Caigo en La Plata y de ahí a Rawson. Y en Rawson de nuevo a La Plata y me liberan en el ’80. Estuve casi todo el ’79 y ’80 detenido. Con la declaración, presenté todos los papeles que me parecían más importantes. En mis manos tengo la renuncia original.

–¿Cómo fue ese momento?

–Ya le digo la fecha ...(busca el papel): “El 16 de mayo de 1979”. Me sacan del pabellón y me llevan a una parte administrativa y ahí estaban esperándome. Dos militares, alguien del Servicio Penitenciario que por las insignias parecía de alta graduación, y la escribana Delia Benigna Anguis. Yo estaba esposado y todo lo demás y me obligan a firmar ese papel. Primero habló el del Servicio Penitenciario. Me dijo: “Acá vienen estos señores” y me dijo que yo tenía que firmar unos papeles. Trae mi Libreta de Enrolamiento. Habla la escribana y los dos militares me dan la orden: “Tiene que firmar la renuncia, sí o sí, así terminamos rápido”. Me hacen un acta muy modesta en la que digo: “Presento la renuncia indeclinable como médico pediatra de la Administración del Ingenio Ledesma”. Firmo yo y la escribana (ver imagen).

–¿Por qué una renuncia?

–La empresa necesitaba que yo me desligara de ellos, pienso. Uno no sabe si fue un acto inteligente, hacerme firmar, porque me podrían haber echado. Al faltar al trabajo, ellos podrían haberse lavado las manos...

–¿Usted pudo decir algo?

–Bueno, imaginate cómo es esa situación: un tipo detenido, que está esposado. Mucha alternativa no tenía. Los militares acompañaron a la escribana. En el texto, yo presento mi renuncia indeclinable al cargo de pediatra, porque allá me estaba dedicando más a la pediatría. El acta dice: “Firmo la presente en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 1979”. Abajo la escribana escribió un “conste” y certifica que la firma es mía, mi número de libreta...

–¿Ella le dijo algo más?

–No mucho, me dijo: “Dada la situación, usted tiene que ir a firmar eso. Me manda la empresa”. Eso solo, estuvo más suave que los otros. Fue muy cortito, no tuve mucho que hablar.
Retrocediendo un poco

–¿Por qué la empresa le pidió un documento de Jujuy?

–Era una cédula de Jujuy. Yo lo tomé como algo natural. Como un trámite más. Pero fue necesario eso para que venga después la detención. A lo mejor ellos sabían algo y me hicieron hacer ese trámite.

–En la comisaría del Talar, usted habla de camionetas de Ledesma. A usted se lo llevan en coches. ¿Por qué están ahí entonces?

–Porque Ledesma es el pueblo, el pueblo es Ledesma. ¿Cómo te puedo decir? Es tan poderoso que no pasa nada si no es de Ledesma, el hospital, todo pasa por ahí. Hay que meterse en un pueblito muy chiquitito del interior, lejano, donde todo es del patrón, es el que les da de comer. Para todos los empleados era así, también el almacén que daba los bonos para comprar la mercadería. Todo era de Ledesma.

–Lo del brigadier, ¿por qué fue tan rápido?

–Yo también me pregunté eso. Pero creo que era porque tenía amigos en el directorio. El directorio tenía militares, uno de los que más se nombraban era (Alcides) López Aufranc.

–¿Qué pasó con sus hijos?

–Tengo un relato de un tío y de mi padre, que son los que se movieron esos días. A los chicos los tuvieron otros médicos del Talar, uno de apellido Ferro que ojalá lo pueda localizar para agradecerle algún día. Ellos se ponen en contacto con mi tío. Mi señora había alcanzado a darles un teléfono en Salta. Después Ferro tiene que renunciar a la empresa, lo obligaron a renunciar también. A los chicos los llevaron con la ropa que había dejado Diana y de Salta mi padre los trajo a Santa Fe. Pablo se cría con mis padres, y Alfredo con los abuelos maternos. Diana salió en el mismo momento que yo. Después nació nuestro tercer hijo, y después nos divorciamos. Ella borró todo, no quiere saber nada de nada. Yo me movilicé cuando leí las noticias de Ledesma, cuando empiezan los juicios en Jujuy, francamente me empecé a sentir mal, me vi diciendo: “Yo no puedo estar borrado en esto”.

–¿Qué escena le llamó mas la atención cuando decidió contar todo?

–Me movilizó la bronca de lo que vivieron mis hijos. Lo de uno, uno asume la responsabilidad, no me arrepiento de lo que uno hizo como joven, pero no los chicos. Eso me parece que es lo más importante. Pienso en toda la gente que no está y la que está y ha sufrido. Lo mío, no; me siento entero, me siento bien y si hubo que pagar y me tocó eso, ya está. Pero creo que tengo que ayudar un poco ahora, medio tarde quizá.
El acta de renuncia que Miguel Angel Vadamar firmó en la cárcel.

viernes, 31 de agosto de 2012

Otro obispo que colaboraba

Una victima de la represión involucró al vicario castrense José Medina

Juan Bosco Mecchia declaró en el juicio de Jujuy en la causa que investiga el secuestro de un grupo de militantes del Partido Comunista. Acusó al cura de ocultar información sobre su paradero cuando estaba detenido en el penal de Gorriti.

La activa participación de una parte de la Iglesia en los delitos cometidos por los sicarios del terrorismo de Estado durante la dictadura no es novedad, pero sí lo son cada uno de los testimonios que van ratificando la connivencia eclesiástica con los represores. Es el caso de Juan Bosco Mecchia, que declaró ayer ante la Justicia de Jujuy y acusó al ex obispo José Miguel Medina de haber ocultado información sobre su paradero, cuando estuvo detenido en el penal de Gorriti. El testigo estuvo encarcelado durante la dictadura y aseguró ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que, en la central de policía y en el penal de barrio Gorriti de Jujuy, vio a varios detenidos, que hoy se encuentran desaparecidos.

Bosco Mecchia, un ex aspirante a hermano Lasallano, declaró en el marco de la causa “Galeán, Paulino y otros”, que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura, y tiene como principal imputado al ex teniente primero José Eduardo Bul-gheroni en su condición de presunto partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado por alevosía. Bosco Mecchia fue interrogado en la cárcel por Bulgheroni, y le dijo que “me tenía hambre”, lo cual fue interpretado como que quería “torturarlo o matarlo”. En un tramo de su relato recordó que cuando le preguntó al entonces obispo Medina por Bul-gheroni, el religioso le dijo: “Uy, ése es un asesino”. Según otros testimonios de la causa, entre ellos el reciente del sobreviviente Carlos Alberto Melián, Medina iba dos veces por semana a dar misa a esa prisión jujeña, y transmitía a los represores lo que escuchaba durante la confesión de los detenidos.

Medina fue vicario general de las Fuerzas Armadas y cobró notoriedad a partir del 2 de abril de 1987 cuando aprovechó la atención pública de una misa por los combatientes de Malvinas para criticar en duros términos al gobierno alfonsinista. Sentado en primera fila en la iglesia Stella Maris, el ex presidente Raúl Alfonsín fue hasta el púlpito y le respondió con el dedo en alto, según recogieron las crónicas de la época. El episodio marcó uno de los momentos más tensos entre esa administración y la Iglesia.

A Bosco Mecchia lo detuvieron en noviembre de 1976 cuando bajó de un Falcon un policía que lo conocía, le apuntó con una pistola y lo llevaron a la central de policía, donde estuvo con cinco personas, en el denominado grupo Tumbaya, cuyos integrantes están de-saparecidos. En su declaración testimonial dijo no saber por qué lo detuvieron en el barrio Azopardo, donde vivía y trabajaba para ayudar a los chicos y en catequesis. Afirmó también que los cinco integrantes del grupo Tumbaya, los hermanos Paulino y Cresente Galeán, Elías Toconás, Rosa Mamaní y Rosalía Ríos, “no sabían de qué los acusaban”, y decían que les habían encontrado una escopeta y estaban afiliados al PC. “Eran chicos de nuestra Quebrada, tímidos, estaban como avergonzados de estar en la policía”, dijo de ellos el testigo.

En la cárcel jujeña también vio a Jorge Weis y a Carlos Ernesto Patrignani, detenidos-desaparecidos de Ledesma, y a Narciso Santiesteban, un policía que militaba en la JP de San Pedro. En torno de la desaparición de César Hugo Lo-cker y su esposa Carmen Vilte, ambos psicólogos y docentes del Instituto del Profesorado, dijo que los vio por última vez en la calle el 24 de mayo de 1976 y le encargaron un trabajo de carpintería, pero cuando fue a la casa al día siguiente ya no estaban. Y mencionó también al desaparecido Armando Tilca, y a otras víctimas y represores.

En marzo de 1978, Bosco Mecchia fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, y desde allí al aeropuerto jujeño hacia Buenos Aires, donde quedó alojado en Coordinación Federal. A los pocos días lo embarcaron en un avión hacia Venezuela, y regresó al país en marzo de 1984.

martes, 28 de agosto de 2012

Jujuy: El ex jugador y ex DT Kairuz, que integró un "grupo de tareas", declaró ante el TOF

Lo acusan de conducir la camioneta en que secuestraron a Aredez.
 
Jujuy.- Juan de la Cruz Kairuz, ex jugador y técnico de fútbol que participó como agente de Inteligencia en la represión ilegal durante la dictadura y que está acusado de haber conducido la camioneta de la empresa Ledesma en la que trasladaron a Luis Aredez, el intendente de Libertador General San Martín desaparecido el 13 de mayo de 1977, prestó hoy declaración indagatoria en el Juzgado Federal II de Jujuy y quedó en libertad. Ariel Ruarte, abogado querellante y Adriana Aredez, hija de Luis, confirmaron a Télam sobre la instancia judicial que se cumplió en horas de la mañana hasta poco antes de las 13. Ruarte dijo que ahora la decisión de la Justicia sobre la situación de Kairuz, quien negó los cargos, quedó en manos del juez federal subrogante, Fernando Poviña, quien tiene 10 días para pronunciarse sobre la situación del ex DT de los equipos de Talleres de Jujuy, Mitre de Santiago del Estero y Juventud Antoniana de Salta.

Adriana Aredez manifestó hoy a Télam que Kairuz fue el chofer de la camioneta de ingenio Ledesma en la que se llevaron a su padre desde su domicilios el 24 de marzo de 1976 a una sede policial de Ledesma, posteriormente al Penal de barrio Gorriti en Jujuy y luego al Penal Modelo de La Plata. Aredez fue puesto en libertad el 7 de octubre de 1976, regresó a Libertador, pero el 13 de mayo de 1977, cuando retornaba a su casa luego de haber trabajado hasta el mediodía en el Hospital de Fraile Pintado, su coche fue interceptado por un automóvil con tres ocupantes, y nunca más se supo de él.
   
La hija de la víctima señaló que Kairuz está acusado por ella y sus hermanos, Olga, Ricardo y Luis, por hostigamiento, allanamientos ilegales, saqueos, comandar operativos realizados en el domicilio de Libertador con armas de fuego, además de robar escrituras de propiedades de la familia y de haber extorsionado a su madre.
   
En las primeras horas de la mañana de hoy también fue indagado el teniente coronel retirado Mariano Braga, quien durante la declaración de Adriana Aredez hace dos audiencias, la insultó por lo que el Tribunal le revocó la prisión domiciliaria y lo trasladó a la Unidad Federal 8 de esta provincia.

Fuentes judiciales dijeron que Braga, quien es reconocido por los testigos en el Juicio como el secuestrador de Julio Rolando Álvarez García, fue indagado en torno al expediente "Galean, Paulino y otros". En esta causa también está imputado el capitán del Ejército Argentino (RE) José Eduardo Bulgheroni por privación ilegítima de la libertad, coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios  agravado por alevosía, quien se encuentra detenido en Jujuy.