sábado, 13 de octubre de 2012

Los vínculos del terror con Ledesma


Testimonio de Hugo Vondori, ex titular de la Obra Social Azucarera, víctima de la dictadura

Durante cinco horas, Condorí explicó al tribunal de Jujuy que el ingenio, propiedad de Pedro Blaquier, “era considerado como una empresa de interés nacional” por la dictadura. Contó cómo los gerentes intentaron extorsionar a sindicalistas para que se fueran.

Por Adriana Meyer
“Ledesma era considerada (por el gobierno militar) como una empresa de interés nacional”, fue una de las frases con las que Hugo Condorí, ex sindicalista sobreviviente de la dictadura, resumió el fuerte vínculo entre el ingenio de los Blaquier y el terrorismo de Estado. A pesar de haber sufrido sucesivas amenazas e intimidaciones, el testigo prestó una extensa y detallada declaración en el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, antes y después del golpe de 1976.

Condorí, ex presidente de la obra social del Sindicato Azucarero de Ledesma, respondió durante cinco horas las preguntas del Tribunal Oral Federal de Jujuy, y afirmó que “era terrible la vinculación del Estado con la empresa” Ledesma. Dijo que el propio brigadier Teodoro Alvarez, ante una pregunta que le hizo el ex comandante de la Fuerza Aérea y encargado de seguridad de la empresa, le respondió que Ledesma es “una empresa de interés nacional”.

En cuanto a las víctimas cuyos casos están siendo juzgados, el testigo recordó que la desaparición de Jorge Weiss y Carlos Ernesto Patrignani ocurrió cuando fueron sacados del penal de Barrio Gorriti de Jujuy y “no volvieron”. Sostuvo que uno de los gerentes de Ledesma, el fallecido Mario Paz, le ofreció un “portafolio lleno de dinero” a Weiss para que se fuera de Libertador San Martín y dejara de trabajar en la empresa. Lo mismo le pasó a él, pero ambos se negaron a aceptarlo. Luego explicó que a Weiss el propio gremio lo dejó sin cobertura porque ya había sido intervenido.

Tal como había indicado en su testimonio durante la instrucción del caso, Condorí relacionó la desaparición de Luis Arédez, ex intendente de Libertador General San Martín, con sus exigencias a la empresa Ledesma para mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores y con haber logrado cobrarle impuestos a esa firma, al menos durante el breve período de su mandato.

Sobre sus propios padecimientos, contó que la primera detención que sufrió se produjo a fines de 1972, por parte del grupo encabezado por “el Astiz Jujeño”, un policía federal ahora detenido que identificó como el “El gaucho” Martín, en la calle Belgrano, entre Otero y Sarmiento. En cuanto a la segunda detención, dijo que fue en abril de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando presidía una comisión de huelga del ingenio. En esa oportunidad fue llevado al penal de Gorriti, y mencionó al oficial Américo Lezcano, como quien lo detuvo, hasta que logró luego una libertad limitada. Y sobre los imputados del juicio –Rafael Braga, José Bulgheroni y Antonio Vargas– apuntó que no los conoció, pero sabía que formaban parte de la cadena de mandos del área 323, cuyo jefe era el coronel Néstor Bulacios.

“La información que aporta Condorí y el contexto histórico de su relato ubica claramente que los motivos de los secuestros de Arédez y las demás víctimas tuvieron su origen en el enfrentamiento que tenían con la empresa Ledesma”, dijo a Página/12 el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Y precisó que pedirá al tribunal copia para agregar este testimonio a la causa en la que está siendo investigada la presunta participación de Carlos Pedro Blaquier y otros empleados jerárquicos del ingenio en la denominada Noche del Apagón y otros delitos de lesa humanidad ocurridos en Ledesma durante la dictadura.

“Hemos vivido una jornada muy intensa, Hugo Condorí hizo una denuncia contundente de todos los vejámenes y violencias a los que fueron sometidos los trabajadores azucareros, y detalló cuál fue el papel del ingenio Ledesma y toda su complicidad en la política represiva de la dictadura”, dijo desde Jujuy el diputado nacional Juan Carlos Junio, del Frente Nuevo Encuentro que integra el ex gremialista, tras acompañarlo ante la Justicia. Junio hizo referencia a los ataques que sufrió el testigo y su familia, uno de ellos a pocas horas de haber dado una entrevista a este diario. “Como sabían que su testimonio era trascendente quisieron doblegarlo a través del miedo, intentaron secuestrar a uno de sus nietos, amenazaron a una de sus hijas y sufrió otras agresiones directas, pero no lo quebraron y su declaración fue un acto de conciencia y valentía”, expresó.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Testimonio clave de ex preso que fue torturado junto con “Rudy” Miguel


Se trata del doctor Carlos Gallardo, quien aportó datos a la investigación sobre la desaparición del ex diputado provincial.

El abogado Gallardo y Eduardo, hijo del desaparecido “Rudy”.

El doctor Carlos Gallardo fue uno de los testigos claves en torno a la causa sobre la desaparición de “Rudy” Miguel. El abogado contó ayer que estuvo preso junto al ex diputado santiagueño en las celdas de la Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán. Gallardo resaltó los valores humanos de Miguel, al decir: “Un tipo valiente, con coraje, que se interesaba por los demás”. Luego recordó que “en varias oportunidades, cuando estuvimos detenidos, me preguntaba cómo estaba”. 

Ante el Tribunal Oral Federal, el doctor Gallardo reveló que “Rudy” Miguel le contó que había sido detenido el 23 de noviembre del año 1976 en Las Termas, pero que no había visto las caras de sus secuestradores. 
“En la noche del 5 de enero de 1977, nos sacaron de las celdas del centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, nos hicieron hacer un trencito y muchos de los que no volvieron, como el caso de ‘Rudy’ Miguel, están hoy desaparecidos”, reveló el doctor Gallardo. 

Pedido 
Uno de los momentos más emotivos y fuerte que se vivió tras la declaración de Gallardo fue cuando recordó que “poco antes de desaparecer, ‘Rudy’ me pidió que si lograba zafar de ésta, le contara a su familia de todo lo sucedido”. 
“Lo único que se escuchaba en ese centro clandestino de detención eran los golpes y los gritos de las torturas”, precisó. 

El doctor Gallardo dijo que venía a declarar en la Megacausa porque siente que de esa manera está haciendo honor a los lazos de amistad que se formaron mientras estuvo detenido en la Jefatura de Policía de Tucumán junto a “Rudy” Miguel. 

Al salir del recinto, Gallardo se estrechó en un fuerte abrazo con el hijo de “Rudy”, Eduardo Miguel. Las lágrimas del hijo del ex diputado desaparecido, brotaron. Ante la prensa, Gallardo remarcó que no es la primera vez que mantiene contacto con la familia Miguel, sino que lo hizo en varias oportunidades. 

“Abdala fue quemado...”
Isabel del Valle Leiva fue una empleada doméstica de la familia Abdala Auat. 
En el testimonio de ayer, dijo que, “por comentarios, supe que el doctor fue quemado en los hornos de la FACA”, una fábrica de carbón activado de la localidad de La Banda. “Por comentarios de la familia, se supo que el cuerpo de Abdala Auat fue quemado en los hornos de la FACA, aunque sus restos nunca fueron encontrados”, dijo Isabel del Valle Leiva. 

Leiva recordó que días previos a su desaparición, el abogado “recibió amenazas y le pedían que dejara el caso del Nuevo Banco”.

domingo, 7 de octubre de 2012

"Las últimas pruebas justifican que Blaquier sea procesado ya"


Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez, explica que el empresario no sólo apoyó a la dictadura, sino que tuvo un papel clave en la represión provincial.

Por Daniel Enzetti

Oscar Rodríguez, abogado de la familia Aredez y representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a nivel nacional, solicitará esta semana ampliar la denuncia contra Antonio Orlando Vargas, jefe del penal jujeño de Villa Gorriti donde permaneció secuestrado el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, en 1976. En este proceso, el represor figura como imputado por "privación ilegítima de la libertad calificada", un cargo que Rodríguez definió de "ridículo, si tenemos en cuenta la información de mayor gravedad que incorporaron los últimos testimonios". 

Vargas tiene hoy 70 años, sus camaradas siempre lo llamaron "Tono", y se retiró de las Fuerzas Armadas con el grado de mayor. En los años de plomo fue el hombre fuerte puesto por la dictadura en el Servicio Penitenciario de Jujuy, que eligió Gorriti como una de las principales cárceles clandestinas de la región. "Lo vamos a acusar por torturas y tormentos –adelantó el letrado a Tiempo Argentino–, porque surgieron datos que demuestran el castigo no sólo sufrido por Aredez, sino además por el grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron secuestrados junto con él."
La causa iniciada en los tribunales que encabeza el juez federal Fernando Poviña se caratula "Aredez, Luis Ramón y otros", e investiga, además del caso del ex intendente, las detenciones ilegales de Ramón Luis Bueno, Antonio Felliú, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. 
La querella buscará la mayor pena posible para el genocida, pero en realidad sus expectativas están puestas en las pruebas que este expediente viene aportando para el juicio que tendrá como protagonista al empresario Pedro Blaquier, dueño de Ledesma. "El material que se agregó el mes pasado es suficiente como para que a Blaquier lo procesen ya mismo", explicó Rodríguez a este diario. Y agregó: "Son muchísimos los datos que estamos utilizando para fundamentar la idea que Blaquier, además de colaborar con la dictadura, fue un engranaje fundamental dentro del aparato represivo de la provincia."
El secuestro de Aredez y el grupo de operarios, según la reconstrucción de los hechos, fue comandado por el coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y del Área 323. El operativo contó con camionetas de Ledesma, personal de la policía provincial y efectivos del Ejército. Otra de las tareas de los abogados querellantes apunta a determinar el papel que desempeñaron varios integrantes de las fuerzas de choque, como el mayor Donato Arenas, un comisario de Libertador de apellido Alfaro, y el teniente primero Horacio Domingo Marengo. Este último fue el que ordenó el traslado de los detenidos de Gorriti al aeropuerto El Cadillal, para ser llevados en avión a la Unidad 9 de La Plata. "Fueron golpeados con palos y patadas, les vendaron los ojos, los amenazaron con ser tirados del avión", y en la U9 "fueron objeto de severos castigos por parte del personal penitenciario", quedó asentado en el escrito judicial. 
"A Aredez le ataron las manos y los pies con alambres –relató Rodríguez–, lo golpearon y tenía toda la ropa desgarrada. Cuando entró al penal de Villa Gorriti pesaba 80 kilos, y al salir no llegaba a 60. No tenemos dudas que esas fueron las consecuencias de la tortura."
En la comisaría instalada dentro del Ingenio, Gainza recibió una advertencia: "Es mejor que acá te portes bien porque si no, te reventamos", le dijo el comisario. 
A medida que se acerca el procesamiento de Blaquier, las contradicciones entre los miembros del Ingenio sobre el famoso tema de las camionetas se agudizan. Alberto Lemos, administrador de Ledesma, reconoció que la empresa puso a disposición de la dictadura sus vehículos para los operativos, con la idea de "limpiar el país de indeseables". Pero ahora, la fábrica fogonea la versión de que en la Noche del Apagón "las camionetas habían sido donadas", y "ya no pertenecían a la planta". El abogado afirma que "estamos frente a una maniobra bastante burda, y es evidente que quieren confundir. Dicen que los camiones no eran de ellos, a pesar de que mostraban la identificación. Pero olvidan un detalle: los choferes que manejaban, que también pertenecían a Ledesma. Ahora, lo único que falta es que Blaquier diga que los había despedido, y que en el momento de los secuestros ya no formaban parte de su personal."
Rodríguez lleva adelante la querella contra Blaquier junto a su colega Pablo Pelazzo y a un grupo de letrados que asesoran en la causa, como Juan Manuel Sivila (representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Ernesto Moreau, Beinusz Szmukler, Antenor Ferreyra y Carlos Slepoy. 
"Si yo tuviera que definir el siguiente paso en el tema Derechos Humanos y Justicia –afirma–, pondría el acento en investigar y llevar a juicio a la pata civil de la dictadura, y no estoy hablando sólo de actores económicos. Los médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos e intervinieron en partos clandestinos, y los jueces que acomodaron o taparon procesos en aquella época, son otros ejemplos de ese engranaje represivo. Y no olvidemos los casos de San Nicolás, de Tandil, y de la complicidad de la empresa Loma Negra."
"La indagatoria a Blaquier –sostiene– y la posibilidad de procesarlo, son cosas trascendentes en una provincia donde la impunidad duró décadas enteras. Pero hay que estar atentos, porque el poder empresario vinculado a esa impunidad sigue bien parado. El mensaje mafioso a Antenor fue una advertencia." La semana pasada, Tiempo informó sobre una serie de amenazas sufridas por Ferreyra en su estudio y casa particular, de donde robaron celulares con datos referidos a la causa jujeña y otras en las que interviene el representante de la APDH. En uno de los llamados anónimos, al hijo del abogado le dijeron que su padre estaba secuestrado, y que como prueba recibiría "un dedo". Los apretadores habían hecho inteligencia: sabían que Ferreyra estaba en Mendoza recorriendo cárceles y recibiendo denuncias por torturas a detenidos, y lo dejaron claro en otra de las comunicaciones telefónicas.
"Cada juicio de lesa humanidad es un gran acto pedagógico –explica Rodríguez–, y por eso es tan importante que se multipliquen. Porque ahí vos tenés a las víctimas, a los que sufrieron, que te cuentan todo de primera mano. Es la única forma de dimensionar lo terrible que fue la dictadura. Como decía Jean Paul Sartre, hay una diferencia sustancial entre conocer y comprender. Uno puede conocer aspectos de la represión, los asesinatos, el robo de bebés, pero comprender sólo se logra mirando a las víctimas a los ojos, y escuchándolas."
Y finaliza: "Nunca antes, desde el progresismo, habíamos pensado al Derecho como interpelador del poder, y los tiempos actuales dan esa posibilidad. En Jujuy confluyeron varias cosas para que eso se esté logrando. Por un lado, el trabajo de los organismos de Derechos Humanos y de la gente movilizada, y, por otro, la decisión política de un Estado Nacional que supo canalizar ese esfuerzo."